CARACAS.— El gobierno de Biden anunció el viernes nuevas sanciones contra el presidente venezolano Nicolás Maduro y otros funcionarios del gobierno, marcando su enojo con Caracas minutos después de que Maduro asumiera el cargo para un tercer mandato luego de una elección que Estados Unidos dice que no ganó.
Pero si la medida tenía como objetivo hacer que Maduro y sus aliados rindieran cuentas por no haber celebrado elecciones libres y justas y por haber intensificado su represión contra la oposición del país, puede que no haya sido suficiente.
Los críticos del régimen de Maduro y los legisladores estadounidenses de ambos partidos habían estado presionando para que se adoptaran nuevas medidas contra la industria petrolera y gasística del petroestado, algo que no se concretó.
#NicolásMaduro @NicolasMaduro tomó juramento para el período presidencial 2025-2031, en un acto protocolar realizado en la sede de la Asamblea Nacional de #Venezuela.
— David de la Paz 戴维 (@daviddelapaz) January 10, 2025
"Si algo caracteriza la historia de 500 años de Venezuela es su resistencia contra todos los imperialismos y… pic.twitter.com/zYNx0cBvw7
Washington, en cambio, elevó las recompensas por la captura de Maduro y del ministro del Interior, Diosdado Cabello, acusados de narcotráfico, hasta los niveles máximos que permite la ley de Estados Unidos. También se anunció una recompensa de 25 millones de dólares por información que conduzca al arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, a quien se señala de facilitar el tráfico de drogas.
En paralelo, altos funcionarios de la administración de Joe Biden revelaron que habrá sanciones coordinadas con aliados europeos contra los máximos jefes de la petrolera estatal PDVSA y la aerolínea Conviasa, así como restricciones de visado para altos funcionarios venezolanos.
Además, se otorgará una extensión de 18 meses del Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos que ingresaron a Estados Unidos después del 31 de julio de 2023, buscando brindar un respiro migratorio a quienes huyen de la crisis en su país.
The Venezuelan people and world know that Nicolas Maduro clearly lost the 2024 presidential election and has no right to claim the presidency today. We stand ready to support a return to democracy in Venezuela.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 10, 2025
Estas acciones, según un funcionario que pidió mantener el anonimato, representan “el último paso para exigirle cuentas a Maduro” por unos comicios que observadores internacionales juzgan fraudulentos.
De hecho, la oposición venezolana ha publicado actas distritales que sugieren la derrota de Maduro frente a Edmundo González Urrutia en la elección presidencial de julio pasado. Pese a la presión internacional, el régimen no ha mostrado esos resultados ni ha dado señales de ceder el poder.
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MADURO ASUME UN MANDATO CUESTIONADO
Nicolás Maduro juró en la Asamblea Nacional el viernes, adjudicándose un tercer periodo (2025-2031) que dio inicio en medio de fuertes protestas y un creciente aislamiento diplomático. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, fue el encargado de imponerle la banda presidencial y declararlo oficialmente investido.
Sin embargo, mientras el chavismo celebraba lo que llama “una victoria de la democracia”, la oposición calificó la ceremonia de “golpe de Estado”.
El acto estuvo acompañado de un amplio despliegue militar y policial en Caracas, con accesos restringidos y presencia de grupos motorizados afines al oficialismo.
La confrontación subió de tono en las redes sociales, donde la oposición insistió en que posee las pruebas de la victoria de González Urrutia. El gobierno, por su parte, minimiza estas denuncias y considera que se trata de una operación de “falsa bandera” para buscar la intervención extranjera.
En tanto, la Casa Blanca se negó a especificar si, a mediano plazo, revocará licencias clave que le permiten a PDVSA vender petróleo y gas en colaboración con empresas estadounidenses y de otras naciones.
También hay una licencia vigente otorgada a Chevron para seguir operando en Venezuela pese a la amplia batería de sanciones contra el sector energético. Ambas licencias generan controversia en el Congreso de Estados Unidos, donde congresistas de ambos partidos exigen una línea más dura.
La administración Biden, hasta ahora, ha optado por mantener cierto margen de maniobra para no desestabilizar por completo la frágil economía venezolana ni afectar los mercados internacionales de crudo.
Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre si se endurecerán las restricciones si el régimen no muestra avances en materia de transparencia electoral y respeto a los derechos humanos.
SUBEN LAS TENSIONES INTERNAS
Paralelamente, la represión contra líderes y activistas de la oposición ha ido en aumento, especialmente en los días previos a la investidura de Maduro. Edmundo González Urrutia y la líder María Corina Machado han sido blanco de amenazas constantes. Muchos de sus asociados que permanecen dentro de Venezuela han sufrido arrestos, hostigamientos o vigilias policiales.
El caso de la ex embajada argentina en Caracas es uno de los ejemplos más recientes de este clima de intimidación. Allí se han refugiado algunos aliados de Machado y, según denuncias de organizaciones de derechos humanos, las fuerzas de seguridad venezolanas mantienen bloqueados los suministros de agua y electricidad del inmueble.
La oposición destaca que la persecución se concentra principalmente en aquellos territorios y núcleos que mayor respaldo dieron a González Urrutia. Por otro lado, el gobierno replica que se trata de una “operación de orden y seguridad”, acusando a los opositores de preparar “actos de sabotaje” para desestabilizar.
Aun con este panorama, las protestas internas no cesan. Ciudadanos han tomado las calles en distintos puntos de Venezuela, mientras que en el extranjero, especialmente en la Ciudad de México y otras localidades de Latinoamérica, la comunidad venezolana ha organizado marchas en rechazo al tercer mandato del líder chavista.
FRACASO DEL DIÁLOGO Y POSTURA INTERNACIONAL
Los esfuerzos por un diálogo entre gobierno y oposición —que en el pasado contó con auspicio internacional— se han estancado. La falta de acuerdos se profundizó tras las elecciones de 2024, que diversos observadores denunciaron como “opacas” y “sin garantías democráticas”. Hoy, el gobierno se considera legítimo vencedor, en tanto la oposición sostiene que González Urrutia cuenta con el respaldo popular y con actas que lo confirman.
En el ámbito internacional, se han alzado múltiples voces reclamando la liberación de presos políticos y la validación del supuesto triunfo opositor. El nuevo endurecimiento de sanciones promovido por la administración Biden apunta a aumentar la presión, aunque parte del Congreso y de la diáspora venezolana esperaban una acción aún más contundente que afectara de forma inmediata a la industria petrolera y gasífera.
Por su parte, la Unión Europea sigue apoyando las iniciativas de sancionar a funcionarios responsables de violaciones de derechos humanos o de actos de corrupción en la gestión de PDVSA. Sin embargo, los líderes del bloque comunitario coinciden en que la medida debe ir acompañada de mecanismos que no agraven la crisis humanitaria que atraviesa la población venezolana.
ARRECIAN DETENCIONES Y BLOQUEOS
En las últimas 72 horas, han trascendido denuncias de mayores detenciones arbitrarias en estados como Trujillo, Yaracuy y Zulia, donde se habrían reportado casos de “desapariciones forzosas” de militantes opositores. Las organizaciones no gubernamentales señalan que el gobierno de Maduro está implementando tácticas de hostigamiento a gran escala, con la movilización de grupos parapoliciales que operan bajo la anuencia de las fuerzas del orden.
Este ambiente contrasta con la insistencia de Nicolás Maduro de que su nueva jura presidencial se dio en un contexto de “paz y normalidad”. Con un país profundamente polarizado, las estructuras estatales se han cerrado en torno al poder ejecutivo, mientras que la disidencia interna requiere un mayor acompañamiento internacional para, según sus portavoces, “detener el autoritarismo”.
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, manifestó su respaldo a González Urrutia al calificarlo de “presidente legítimo de Venezuela” y advirtió al chavismo que “no arremeta contra la oposición”. Entretanto, organizaciones como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional continúan documentando los reclamos de víctimas, abriendo expedientes que podrían servir de base para futuras acciones legales en cortes internacionales.
LAS INCÓGNITAS DEL FUTURO INMEDIATO
La pregunta que se cierne ahora es si la nueva ronda de sanciones de la administración Biden y la presión diplomática creciente podrán realmente forzar a Maduro a ceder. El historial de sanciones previas no ha logrado, hasta la fecha, un cambio significativo en la conducta del régimen. Aun así, el deterioro económico y la desconfianza de inversores generan inestabilidad en un país que depende casi por completo de sus exportaciones petroleras.
Para la oposición, el camino se divide entre seguir apostando por las protestas y la denuncia internacional o buscar una participación más activa en los espacios que aún controla el chavismo. Sin una negociación concreta a la vista, el espectro de una crisis humanitaria más aguda y de una diáspora creciente continúa expandiéndose.
Mientras tanto, la población venezolana sigue enfrentando un escenario de hiperinflación, escasez de bienes esenciales y servicios públicos colapsados. En las calles, aún resuena el pedido de “elecciones libres y justas” que permita un recambio de liderazgo, pero el gobierno se mantiene férreo, alegando que “solo el pueblo decide, y ya decidió”.
SANCIONES CLAVE ANUNCIADAS POR WASHINGTON
- Recompensas incrementadas: Hasta los topes legales para Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, ambos acusados de narcotráfico.
- Nueva recompensa de 15 millones de dólares: Buscan información para el arresto del ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
- Sanciones coordinadas con Europa: Contra la directiva de PDVSA y la aerolínea Conviasa.
- Restricciones de visado: Medidas más estrictas para funcionarios del gobierno de Maduro.
- Extensión de TPS: Venezolanos llegados a EEUU tras el 31 de julio de 2023 contarán con 18 meses adicionales de protección.
El desenlace de este pulso político e institucional es incierto. Aunque la presión desde el exterior se incrementa y la oposición nacional busca una vía para derrocar al chavismo, Maduro exhibe una retórica de invencibilidad.
Con la mira puesta en la industria petrolera —principal fuente de ingresos del régimen—, el gobierno de Estados Unidos aún evalúa opciones más drásticas que podrían alterar la ecuación de poder en Venezuela.
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