El diputado federal de Movimiento Ciudadano, Erubiel Alonso Que, presentó una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno para que se investiguen presuntas irregularidades en la contratación de la cartelera artística de la Feria Tabasco 2026, cuyo contrato asciende a 107 millones 456 mil 600 pesos. No obstante, durante su conferencia de prensa afirmó que esa cantidad corresponde al dinero que, según él, “se robaron”.
La diferencia no es menor. Mientras el discurso político sostuvo que existió un desvío por la totalidad del contrato, el escrito entregado a la autoridad plantea la revisión de posibles faltas administrativas, como Abuso de Funciones y Contratación Indebida, además de solicitar que se determine si existió un probable daño patrimonial.
“La denuncia es por 107 millones de pesos, es un dineral que se robaron”, declaró el legislador al presentar el recurso, acompañado por dirigentes de Movimiento Ciudadano. Incluso sostuvo que contaba con pruebas suficientes para proceder contra quienes resulten responsables y exigió que sean separados de sus cargos.
Sin embargo, el documento revisado no desarrolla una imputación penal por robo o peculado, ni identifica documentalmente que la totalidad de los 107.4 millones de pesos haya sido desviada. Lo que solicita es que la autoridad investigue si el procedimiento de contratación cumplió con las obligaciones legales y si el gasto estuvo debidamente sustentado.
El centro de la denuncia
El argumento principal del expediente no es que el dinero haya desaparecido, sino que el contrato agrupó bajo un servicio integral conceptos distintos —artistas, producción, logística e infraestructura— sin incorporar, según el denunciante, un desglose que permitiera conocer el costo individual de cada componente.
La denuncia sostiene que tampoco fueron localizados estudios de mercado, comparativos de precios, cotizaciones alternativas ni evaluaciones de costo-beneficio que justificaran que el Gobierno obtuvo las mejores condiciones para el Estado. Sobre esa base solicita abrir una investigación y requerir el expediente completo para verificar la legalidad de la contratación.
Ese planteamiento coloca el debate en un terreno distinto al expuesto durante la conferencia. Una cosa es cuestionar la forma en que fue contratado un servicio público y otra afirmar que el monto completo del contrato constituye un desvío de recursos. La primera corresponde al contenido de la denuncia; la segunda forma parte de la interpretación política presentada por el legislador.
Contrato y acusación
| Declaración pública | Lo que contiene la denuncia |
|---|---|
| “Se robaron” los 107 millones. | Solicita investigar posibles faltas administrativas. |
| Presenta el monto total como desvío. | Cuestiona la contratación y la falta de desglose. |
| Afirma contar con pruebas del robo. | Pide determinar si existió daño patrimonial. |
Turismo rechaza la acusación
Horas después de que la denuncia fuera presentada y difundida en medios, la secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, respondió mediante un mensaje en video. Sin mencionar por su nombre a Erubiel Alonso, sostuvo que la Feria Tabasco 2026 se organizó con “total transparencia y honestidad” y rechazó de manera categórica que existiera un desvío de recursos.
“Tabasco es un estado de libertades y toda persona puede hacer incluso denuncias con argumentos leguleyos”, afirmó la funcionaria, antes de asegurar que el Gobierno eligió la mejor opción para la realización del evento y que la respuesta del público confirmó el éxito de la organización, con asistencias de hasta 160 mil personas en algunos espectáculos.
Ornelas atribuyó las críticas al proceso político que vive el estado y sostuvo que quienes hoy cuestionan la Feria representan prácticas del pasado. “El pueblo no va a permitir el regreso de los corruptos que estaban acostumbrados a hacer eso que hoy señalan”, expresó, al tiempo que adelantó que la edición 2027 será superior a la realizada este año.
La respuesta oficial, sin embargo, se concentró en rechazar la acusación de desvío y defender los resultados del evento. El mensaje no abordó de manera específica los cuestionamientos contenidos en la denuncia sobre el desglose de costos, los estudios de mercado o los criterios utilizados para justificar la contratación.
Dos versiones del mismo caso
El procedimiento apenas comienza
Más allá de las declaraciones cruzadas, el procedimiento apenas inicia. La denuncia solicita que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno admita el expediente, reúna la documentación relacionada con la contratación, determine si existieron irregularidades administrativas y, en caso de encontrar elementos suficientes, formule un Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) para que el asunto sea resuelto por el Tribunal de Justicia Administrativa.
Por ahora existen dos planos claramente diferenciados. El primero corresponde al terreno político, donde el diputado presentó públicamente el valor total del contrato como el monto de un supuesto robo. El segundo pertenece al ámbito jurídico, donde el documento plantea una investigación sobre la legalidad del procedimiento y la posible existencia de un daño patrimonial, sin acreditar que los 107 millones 456 mil 600 pesos hayan sido desviados.
La diferencia entre ambos planos será determinante para el desenlace del caso. Mientras la discusión pública ya colocó la cifra de 107.4 millones de pesos en el centro del debate, será la autoridad investigadora la que deba establecer si las observaciones de la denuncia constituyen únicamente deficiencias administrativas o si existen elementos suficientes para acreditar responsabilidades y, en su caso, cuantificar un eventual perjuicio al patrimonio estatal.
¡Mantente informado en WhatsApp!
Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.
ÚNETE AL CANAL AQUÍ