MINEÁPOLIS.— La escena ya no empieza con patrullas ni sirenas, sino con una pantalla táctil. Un agente desliza el dedo sobre un mapa y aparecen puntos rojos: direcciones, nombres, puntajes de “confianza”. No es ciencia ficción.
Es ELITE, la nueva herramienta tecnológica que conecta la infraestructura de Palantir con los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), y que está redefiniendo cómo Estados Unidos persigue, localiza y detiene migrantes.
Documentos internos, registros de contratación y testimonios de agentes revisados por medios estadounidenses muestran el vínculo más claro hasta ahora entre el software de análisis de datos de la empresa fundada por Peter Thiel y las redadas en terreno. Ya no se trata solo de cruzar información para investigaciones. Ahora el algoritmo señala la puerta exacta.
Según esos informes, ELITE integra bases de datos gubernamentales en un mapa interactivo que identifica zonas con alta probabilidad de presencia de personas sin estatus migratorio regular. Las direcciones provienen, entre otras fuentes, del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Datos pensados para atención médica o asistencia social terminan guiando operativos policiales.
El sistema no solo marca ubicaciones. Cada “objetivo” despliega un dossier personal: nombre, fecha de nacimiento, antecedentes y un “puntaje de confianza” que estima si esa dirección es correcta. En la práctica, la vida de alguien se resume en una tarjeta digital que decide si vale la pena tocar su puerta a las cinco de la mañana.
TECNOLOGÍA PREDICTIVA, REDADAS REALES
La revelación llega en un momento de máxima tensión por la política migratoria estadounidense. En ciudades como Minneapolis o Miami, la presencia de agentes federales ha generado protestas crecientes, especialmente tras muertes y detenciones controvertidas durante operativos.
La apuesta del gobierno es clara: más datos, más rapidez, más arrestos. Funcionarios sostienen que estas herramientas hacen más eficiente el trabajo. Sus críticos dicen otra cosa: que convierten barrios enteros en tableros de caza.
Organizaciones como la Electronic Frontier Foundation (EFF) advierten que combinar bases de datos sensibles con algoritmos de vigilancia facilita operaciones masivas con escasa supervisión judicial. El riesgo no es solo ético. Es práctico: errores de información pueden llevar a detener a ciudadanos o residentes legales.
“Cuando reutilizas datos de salud o asistencia social con fines policiales, rompes la confianza pública”, señalan expertos en privacidad. El mensaje implícito es devastador: cualquier registro estatal puede volverse evidencia.
DEL APOYO ANALÍTICO A LA DECISIÓN OPERATIVA
La relación entre Palantir y el gobierno federal no es nueva. Durante años la compañía firmó contratos multimillonarios para sistemas de inteligencia y análisis. Pero ELITE marca un salto cualitativo: la tecnología ya no asesora; decide.
Fuentes consultadas describen que los agentes reciben rutas sugeridas, zonas calientes y listas priorizadas. Es una lógica parecida a la del marketing digital: segmentar, focalizar, optimizar. Solo que aquí el “cliente” es una persona por deportar.
Este modelo recuerda a otra herramienta lanzada meses antes: Alien Tracker (Atrac), una aplicación móvil que muestra mapas de calor con órdenes de deportación ejecutables. Cada migrante aparece como una ficha tipo tarjeta deportiva, con información resumida para acción inmediata.
Atrac —desarrollada con apoyo del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), entonces dirigido por Elon Musk— integra más de 700 mil registros y cruza datos del FBI, ATF, IRS, Sheriffs y Seguridad Social. La arquitectura es similar. Todo indica que ELITE sería su evolución o versión ampliada, con mayor integración y automatización.
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LA CUOTA INVISIBLE
El trasfondo político explica la urgencia. La administración de Donald Trump fijó una meta ambiciosa: 3.000 arrestos diarios. Stephen Miller presionó al ICE para acelerar resultados. Durante una semana se alcanzaron 2.000 detenciones por día; luego los números cayeron.
El jueves hubo 1.400 arrestos. El viernes, 1.200. El sábado, apenas 700. En Washington, esas cifras no son estadísticas: son termómetros de éxito o fracaso político.
Esa presión se traduce en operativos más agresivos: redadas en fábricas, clubes, restaurantes y hasta tribunales migratorios, donde personas que acuden a audiencias terminan detenidas. También crecen las “detenciones colaterales”: si un objetivo está acompañado por otros indocumentados, todos son arrestados.
Exfuncionarios del propio ICE advierten sobre el costo humano. Hablan de errores, de ansiedad constante, de decisiones apresuradas. Cuando la meta es numérica, la precisión importa menos.
EL DILEMA DEMOCRÁTICO
El debate de fondo es más amplio que la migración. Es el papel de la inteligencia artificial y el big data en el poder punitivo del Estado. ¿Hasta dónde puede llegar la tecnología antes de vaciar garantías básicas?
Transformar personas en coordenadas reduce la complejidad humana a una probabilidad estadística. Es eficiente, sí. Pero también peligroso. El sesgo de los datos se convierte en sesgo policial.
Estados Unidos, que durante décadas exportó estándares de privacidad y libertades civiles, hoy experimenta con un modelo de vigilancia que recuerda a sistemas predictivos de seguridad usados en regímenes más duros. La frontera entre seguridad y control social se vuelve borrosa.
En nombre de la eficiencia, la deportación se vuelve un proceso automatizado. Y cuando la política se automatiza, la responsabilidad se diluye. Nadie decide: “lo dijo el sistema”.
Al final, la pregunta no es tecnológica sino política: ¿qué tipo de Estado nace cuando la persecución migratoria se diseña como un software? Palantir provee el mapa, ICE ejecuta la redada y la democracia queda mirando cómo la frontera se convierte en algoritmo.
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