CDMX.— En México, la tragedia no tarda en ser aprovechada. El hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, desató indignación y exigencias de justicia, pero también se convirtió en un nuevo campo de batalla político.
Entre las omisiones de la Fiscalía de Jalisco, el involucramiento tardío de la Fiscalía General de la República (FGR) y la rápida conversión del tema en un insumo de confrontación electoral, la verdad se diluye entre el escándalo y la manipulación.
HALLAZGO Y RESPUESTAS TARDÍAS
El Rancho Izaguirre fue identificado como un posible centro de exterminio y reclutamiento criminal en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional irrumpió en el lugar tras una denuncia anónima.
Se detuvo a diez personas, se hallaron restos humanos y armas y se rescataron dos víctimas. Sin embargo, lo que parecía el inicio de una investigación clave se transformó en un caso enterrado en el olvido.
Durante seis meses, la Fiscalía de Jalisco no avanzó en la indagatoria y dejó el sitio sin resguardo. Cuando en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores Jalisco ingresó al rancho, lo que hallaron fue escalofriante: fosas clandestinas, cientos de zapatos, documentos personales y lo que podrían ser crematorios clandestinos. Más grave aún: la escena había sido alterada, con evidencias saqueadas y vehículos robados.
El fiscal Alejandro Gertz Manero responsabilizó a la fiscalía estatal por su falta de acción, pero también evitó reconocer la inacción de las instancias federales, que nunca dieron seguimiento a un caso con señales claras de crimen organizado. La ausencia de coordinación entre niveles de gobierno no solo permitió la alteración de la escena, sino que dejó a las víctimas sin justicia.
LA POLITIZACIÓN DEL HORROR
El escándalo del Rancho Izaguirre rápidamente trascendió la arena judicial y se convirtió en un nuevo frente de confrontación política. Mientras que el gobierno federal denunciaba omisiones de Jalisco, la oposición señalaba al oficialismo por su incapacidad para frenar el avance del crimen organizado.
Pero lo más llamativo no fue el cruce de acusaciones entre políticos, sino la operación digital que se desplegó en la red social X (antes Twitter). Según el coordinador de Infodemia, Miguel Elorza Vásquez, en solo cuatro días se detectaron 147 mil 200 cuentas falsas (bots) que generaron 1.36 millones de menciones con etiquetas como #NarcoPresidentaClaudia y #NarcoExPresidenteAMLO.
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De acuerdo con el análisis oficial, la campaña tuvo un costo de 20 millones de pesos, destinados a promover una narrativa de colusión del gobierno con el crimen organizado. La estrategia digital no fue espontánea, sino una inversión calculada para posicionar una tendencia artificial en redes.
¿NARRATIVA O REALIDAD?
El problema de fondo no es solo la guerra sucia digital, sino que su existencia desvía la atención del verdadero problema: la crisis de desapariciones y la impunidad del crimen organizado en México. Mientras se debate sobre tendencias en redes sociales, los hechos duros del caso siguen sin respuesta:
- ¿Por qué la Fiscalía de Jalisco dejó sin resguardo el rancho?
- ¿Cuántas víctimas pasaron por el lugar y quiénes eran?
- ¿Hubo colusión de autoridades locales con el crimen?
- ¿Por qué el gobierno federal no intervino antes?
Lo cierto es que, más allá del uso político del caso, el Rancho Izaguirre es un espejo del estado de la seguridad en el país. La realidad es que el crimen organizado no solo asesina y desaparece personas, sino que impone su propia estructura de poder en territorios completos, mientras las autoridades siguen sin una estrategia eficaz para combatirlo.
EL DUELO ENTRE REDES Y JUSTICIA
El caso Teuchitlán nos enfrenta a una paradoja: mientras el país exige justicia real, la conversación pública se ha trasladado a la arena de las narrativas digitales. La existencia de una operación de desinformación no es excusa para minimizar el problema de fondo, pero tampoco se puede ignorar el uso de la tragedia como arma de desgaste político.
Por un lado, la reacción del gobierno de Claudia Sheinbaum ha sido predecible: denuncia la guerra sucia digital y minimiza la tendencia, confiando en que el respaldo popular se mantendrá inmune a este tipo de estrategias. Sin embargo, el verdadero desafío de su administración no está en combatir campañas de bots, sino en enfrentar la crisis de seguridad con acciones contundentes.
En un país donde decenas de miles de personas han desaparecido en los últimos años, las víctimas no pueden convertirse en piezas de ajedrez político. Más allá de las campañas digitales, lo que sigue pendiente es lo más importante: hallar la verdad, hacer justicia y garantizar que hechos como los de Teuchitlán no vuelvan a ocurrir.
Hallazgos Clave en el Rancho Izaguirre
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