En la administración pública, hay decisiones que revelan más que un anuncio. El destino de la obra pública —ese campo donde confluyen recursos, intereses y prioridades— es uno de esos terrenos donde se define si un gobierno apuesta por la redistribución real o por la simulación de progreso.
En ese sentido, la presidenta municipal de Centro, Yolanda Osuna Huerta, ha delineado una política clara: la infraestructura que se construye en el municipio, la construyen manos tabasqueñas.
Durante una reunión con integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tabasco, la alcaldesa reafirmó que el paquete de obra pública en curso, por un monto de 500 millones de pesos, se ejecutará exclusivamente con constructoras locales.
Más que un acto de protección comercial, se trata de una definición de política pública con consecuencias económicas, sociales y administrativas para el municipio.
PRIORIZAR LO LOCAL: ¿DECISIÓN POLÍTICA O PRAGMATISMO ECONÓMICO?
En un país donde buena parte de la obra pública es absorbida por grandes empresas con operaciones nacionales o multinacionales, optar por adjudicar proyectos a firmas estatales rompe con una inercia que suele deslocalizar la inversión pública. No es una medida inédita, pero sí poco común en gobiernos municipales, y menos aún con este nivel de presupuesto asignado.
Según datos de la propia CMIC y del IMSS, el sector de la construcción empleó a más de 67 mil personas en Tabasco durante el primer trimestre de 2024, lo que representa una porción relevante de la actividad económica regional.
Además, el 61.6% del PIB estatal proviene de actividades secundarias —entre ellas la construcción—, lo que permite inferir que el presupuesto municipal destinado a obra puede tener un efecto multiplicador si se queda en la entidad.
UNA POLÍTICA CON BENEFICIOS… Y DESAFÍOS
El planteamiento tiene lógica territorial: se evita la fuga de capital, se promueve el empleo local y se desarrollan capacidades empresariales en firmas pequeñas y medianas que históricamente quedan fuera del reparto de contratos.
La apuesta también puede derivar en mayor transparencia: al tratarse de empresas conocidas en la comunidad, la supervisión ciudadana es más viable, y los procesos menos opacos.
Pero el modelo también exige condiciones: profesionalización del sector local, vigilancia técnica y administrativa, y un marco de licitación equitativo. No basta con que la obra se quede en Tabasco: debe ejecutarse bien, con eficiencia y sin caer en prácticas de favoritismo local que sustituyan a los monopolios nacionales por redes cerradas de adjudicación regional.
EL PAPEL DE LOS CONSTRUCTORES Y EL MARGEN INSTITUCIONAL
El presidente de la CMIC Tabasco, Carlos Villegas Adriano, reconoció la importancia del gesto institucional, pero también dejó entrever la expectativa de corresponsabilidad: “Tenemos la voluntad y la capacidad técnica para estar a la altura del reto.” La declaración no es menor.
Cuando dialogamos y sumamos esfuerzos, el bienestar colectivo se convierte en realidad. Así lo reafirmé hoy con las y los constructores de la CMIC Tabasco, en un encuentro de propuestas, respuestas y compromisos por el progreso y la transformación de Centro. Gracias a Carlos… pic.twitter.com/J9AqRoZRKf
— Yolanda Osuna Huerta (@YolandaOsunaH) April 23, 2025
En la medida que esta política se mantenga, también crece la obligación de los contratistas locales de entregar resultados con rigor y transparencia.
La alcaldesa ha buscado perfilar su administración con un sello técnico más que político. Su frase —“la honestidad no es un eslogan, es mi forma de vida”— dicha ante empresarios del sector, busca delimitar una narrativa de gobierno basada más en control de procesos que en propaganda de obra.
No se trata de una ruptura con el pasado, pero sí de una reorientación hacia una gestión más ordenada, enfocada en resultados operativos.
¿MODELO REPLICABLE O EXCEPCIÓN MUNICIPAL?
La pregunta ahora es si esta fórmula —inversión local, constructores locales, fiscalización local— puede sostenerse como modelo de política pública más allá de una administración.
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Porque si la obra pública se convierte en un instrumento de reconstrucción del tejido económico, y no solo en un insumo para campañas, entonces el impacto trasciende el trienio.
Por ahora, Centro marca una línea distinta. No es una revolución en la gestión de la obra, pero sí una señal de que las decisiones de fondo pueden tener origen en lo local y efectos sistémicos más amplios.
Sin reflectores ni espectacularidad, una política municipal define el rumbo de cientos de millones de pesos, y con ello, el tipo de desarrollo que se quiere para Tabasco.
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