En un giro que reverbera tanto en los pasillos judiciales como en el tablero político nacional, el tribunal civil de Miami dictó sentencia contra Genaro García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, imponiendo una restitución histórica por 2,489 millones de dólares al Estado mexicano.
Es la cifra del saqueo institucional que resume una década de corrupción sistémica. Lo relevante no es sólo el monto –que representa el triple del desvío probado–, sino el principio que la sustenta: el Estado mexicano fue víctima, y el ladrón tiene nombre, cargo y padrinazgos.
El ex secretario de Seguridad Pública, mano derecha del expresidente Felipe Calderón, no se presentó al proceso. En términos legales, incurrió en rebeldía; en términos políticos, dejó sola su versión de la historia. Esta ausencia reforzó la contundencia del fallo.
La jueza Lisa Walsh, de la corte del condado de Miami-Dade, firmó algo más que una condena económica: avaló la narrativa de que García Luna operó una red de corrupción desde el corazón del poder, triangulando recursos públicos con ayuda de 44 empresas en paraísos fiscales, desde Barbados e Israel hasta México y Estados Unidos.
Desde su encierro en Estados Unidos, donde enfrenta un proceso penal por narcotráfico, García Luna ha preferido guardar silencio. En paralelo, la UIF –Unidad de Inteligencia Financiera– hizo lo que muchas veces el aparato de justicia nacional no logra: construir un expediente sólido, rastrear operaciones internacionales y plantear un caso judicial viable en tribunales extranjeros.
JUSTICIA AUSENTE AQUÍ
En México, sin embargo, las consecuencias judiciales aún parecen anémicas. Tres órdenes de aprehensión siguen pendientes de ejecución por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).
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Los cargos van desde delincuencia organizada hasta el escandaloso desvío de 64,900 millones de pesos en el sistema penitenciario federal. El aparato de justicia nacional, si aspira a mantener alguna credibilidad, deberá actuar con prontitud y contundencia.
Más allá de las cifras, el juicio expuso algo más incómodo: la dimensión estructural de la corrupción. No se trata sólo de un funcionario deshonesto, sino de un sistema que permitió la circulación de 745.9 millones de dólares en contratos ilícitos. Un sistema donde la impunidad no es una falla, sino una característica.
Esta sentencia también reconfigura el discurso político. El repudio público a Calderón, escenificado en Oviedo, España, donde fue increpado por colectivos ciudadanos, y su lamento por la “falta de intervención de EE.UU. en América Latina”, lo muestran aislado, atrapado entre su pasado de legitimidad cuestionada y un presente donde su legado es, al menos, tóxico.
El nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, al exhibirlo en la conferencia matutina, capitaliza el momento no para el linchamiento, sino para recalcar una ruptura simbólica con el pasado.
RESTITUCIÓN EN MARCHA
Aun si la sentencia puede ser apelada –como legalmente corresponde–, el Estado mexicano ya ha comenzado a ejecutar embargos sobre bienes identificados de García Luna, incluso aquellos que se encuentran a nombre de terceros. La recuperación, aunque mínima (0.4% del total), es una semilla. No se trata de recuperar la totalidad, sino de sentar un precedente: el saqueo institucional puede, eventualmente, tener consecuencias jurídicas.
Hay un matiz que no debe perderse: esta acción judicial no surge del fervor de una administración reformista, sino del trabajo institucional de una entidad técnica como la UIF. Es ahí donde yace la sutil pero importante nota positiva: el Estado mexicano, pese a su corrosión, aún posee herramientas capaces de imponerse al cinismo de la impunidad.
Hoy, lo que está en juego no es sólo una suma de dinero, sino la posibilidad de que este caso se convierta en parteaguas. La justicia en México, tantas veces capturada por intereses políticos o viciada por sus propias prácticas, debe mirar hacia el norte no para copiar, sino para entender que la acción decidida y técnica puede abrir grietas en los muros de la corrupción.
Si se concreta la ejecución completa de esta sentencia y si la FGR actúa con coherencia, el caso García Luna será más que una nota judicial: se convertirá en el símbolo de un giro lento pero firme en el combate a la corrupción, en el que, al menos una vez, la justicia sí mordió.
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