CDMX.— En México, las palabras “justicia” y “crimen organizado” no debieran coincidir en una misma frase —y menos aún en un mismo proceso electoral—, pero hoy lo hacen. La selección de jueces y magistrados a través de la inédita vía del voto ciudadano, como parte de la llamada reforma judicial, ha encendido una alarma grave: candidatos ligados al narcotráfico y a grupos religiosos investigados por abuso sexual se encuentran en las listas.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, en su reciente visita a Tabasco, lo dijo sin eufemismos: si hay pruebas, deben presentarse denuncias formales.
Esquivel Mossa, quien realiza una gira nacional como candidata 08 a ministra de la SCJN, lanzó un mensaje que, en el fondo, admite la magnitud del problema: la justicia está en riesgo de ser capturada. Y con ella, la independencia judicial, esa última línea que separa al poder del abuso.
EL PODER JUDICIAL EN DISPUTA
Organizaciones civiles, legisladores de oposición e incluso miembros del clero han alertado que más de 20 aspirantes a cargos judiciales presentan presuntos vínculos con el narcotráfico, acusaciones por delitos graves o nexos con grupos religiosos señalados por prácticas criminales.
EN LA MIRA: PERFILES JUDICIALES BAJO SOSPECHA
| Nombre | Cargo aspirado | Señalamiento |
|---|---|---|
| Jacqueline Silva | Jueza en Edomex | Abusos laborales |
| Fernando Villarreal | Juez penal en NL | Abogado del Z-40 |
| Jesús Padilla | Juez en NL | Detenido con drogas y armas |
| Betzabeth Almazán | Jueza en Jalisco | Defensora de Naasón Joaquín |
| Francisco M. Hernández | Magistrado en CDMX | Destituido por corrupción |
En este clima de desconfianza, Esquivel Mossa intenta marcar distancia. En su discurso en Villahermosa, afirmó que “no puede haber personas que no tengan un modo honesto de vivir, dice la Constitución, entonces tienen que estar fuera de la boleta”. Más allá de lo legal, la frase tiene un peso moral: la legitimidad de los futuros jueces está en entredicho.
La estrategia de Esquivel es clara: fortalecer su imagen como una voz sensata, defensora del Estado de Derecho, en medio de una tormenta política que amenaza con desfondar la credibilidad de la reforma impulsada por el actual gobierno.
DE LA DENUNCIA PÚBLICA A LA FORMAL
La ministra fue enfática: no basta señalar en redes sociales o ante los medios. Si hay pruebas, deben ser llevadas ante las autoridades competentes.
El mensaje, aunque correcto desde el punto de vista legal, evade otra dimensión del problema: la opacidad en los filtros previos de selección. ¿Cómo es que estos perfiles llegaron a las boletas?
El proceso judicial-electoral está siendo minado desde dentro. Evaluados por comités controlados por los poderes Ejecutivo y Legislativo, muchos de los nombres que aparecen en las listas fueron legitimados por tómbola. El azar no puede sustituir al criterio técnico ni a los estándares éticos.
EL CRIMEN ORGANIZADO TOCA LA PUERTA DEL PODER JUDICIAL
No es una exageración. Voces como la del diputado de MC, Raúl Lozano, sostienen que el crimen organizado busca colocar jueces a modo. La afirmación no es gratuita.
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Lo ocurrido en estados como Guerrero, Jalisco o Sinaloa, donde fiscales, jueces y policías han sido cooptados o amenazados, da sustento a la sospecha.
Más aún: el propio Episcopado mexicano ha reconocido su preocupación ante una eventual captura del sistema judicial por parte del crimen, ante el silencio o la inacción institucional. Es, en palabras del obispo Ramón Castro, “una amenaza que ya está dentro del aparato estatal”.
EL VOTO COMO CASTIGO (Y TRAMPA)
Esquivel Mossa insiste en que el mayor castigo es no votar por los perfiles cuestionables. Pero en un país donde el acceso a información verificada es limitado, y donde muchos de los electores no conocen ni las funciones de los jueces ni los nombres de los candidatos, esa invitación puede sonar ingenua.
Dejar en manos del voto popular la elección de quienes impartirán justicia sin mecanismos de control eficaces es, por decir lo menos, un acto de fe. Y en tiempos de violencia y captura institucional, la fe no basta.
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