CDMX.— La captura de José Gregorio “N” en la Alcaldía Cuajimalpa de la Ciudad de México, anunciada hace unos días por autoridades federales, ha encendido los reflectores sobre la compleja red de reclutamiento que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha tejido dentro y fuera de Jalisco.
Según fuentes del gabinete de Seguridad, este hombre —de 51 años— figura como “uno de los operadores” clave del grupo delictivo en la formación de sicarios y la supuesta coordinación de actividades en lugares como Rancho Izaguirre, en el municipio de Teuchitlán, donde se investigan indicios de inhumaciones clandestinas y la posible existencia de un centro de adiestramiento criminal.
Más allá de la noticia en sí, la detención encierra múltiples lecturas que no deben pasar inadvertidas. Los operativos de Marina, Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional y la propia Fiscalía General de la República (FGR) confluyen en este caso, buscando frenar el poder de un cártel que ha logrado extenderse por buena parte de México.
En un país donde la violencia persiste, la noticia de un detenido ligado a uno de los grupos criminales más peligrosos quizá pueda parecer un éxito aislado, pero también es un recordatorio de la deuda institucional con las familias que aún buscan a sus desaparecidos, como ocurre con los colectivos que centran su atención en el Rancho Izaguirre.
UN CAMPAMENTO DE RECLUTAMIENTO BAJO LA LUPA
La historia reciente del Rancho Izaguirre —ubicado a 60 kilómetros de Guadalajara— ha estado marcada por hallazgos que apuntan a un centro de exterminio presuntamente manejado por el CJNG.
¿QUIÉN ES?
Nombre completo: José Gregorio Lastra Hermida, de 51 años.
Fecha y lugar de captura: 23:03 horas en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México.
Acompañante detenida: Mujer identificada como Abril Dianeh, de 43 años.
Presunta responsabilidad: Reclutamiento de sicarios y vínculos con el CJNG.
Autoridades participantes: Sedena, Semar, SSPC, FGR y el Centro Nacional de Inteligencia.
Desde septiembre de 2024 se aludía a investigaciones en el lugar, donde varios puntos delimitados con cintas amarillas exhibían restos humanos, ropa, documentos y zapatos, aunque el proceso pericial parecía avanzar a cuentagotas.
Con el paso de los meses, grupos de madres buscadoras y organizaciones civiles denunciaron el rezago en las indagatorias, lo que desató un choque entre la Fiscalía de Jalisco y la FGR, cada una argumentando sus competencias y la necesidad de coordinaciones más efectivas.
En ese contexto, la irrupción de José Gregorio “N” como personaje clave en el reclutamiento de jóvenes que terminan inmiscuidos en la violencia del cártel resulta fundamental para comprender la relevancia que adquiere este rancho en el municipio de Teuchitlán.
De acuerdo con las fuentes federales, el detenido estaría a cargo del reclutamiento y la adiestramiento de civiles —incluyendo mujeres— a quienes se forzaba o convencía de ingresar a las filas del CJNG. Muchos de estos individuos, sugieren los testimonios de familiares de desaparecidos, jamás regresaron a sus casas.
EL CONTEXTO DETRÁS DE LA CAPTURA
El Gabinete de Seguridad ha sido parco en divulgar detalles concretos, posponiendo la información más sustanciosa para los próximos días. Sin embargo, se han filtrado antecedentes relevantes: José Gregorio “N” mantenía una relación cercana con Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”, líder regional del CJNG y principal responsable de la expansión del cártel en los Altos de Jalisco.
Cronología Esencial del Rancho Izaguirre
En esa región —donde destacan Lagos de Moreno, Encarnación de Díaz, Ojuelos, San Juan de Los Lagos, Teocaltiche y otros municipios— operan diversas células de sicarios, entre ellas el llamado “Grupo Élite Delictivo de Reacción Inmediata” (GEDDRI).
Las autoridades ligan al GEDDRI con secuestros y ejecuciones que han conmocionado al estado en los años recientes. Ejemplo extremo de su crueldad fue el caso de los cinco jóvenes que desaparecieron en Lagos de Moreno en agosto de 2023, quienes fueron obligados a golpearse entre sí para luego ser presuntamente asesinados, según un video que circuló en redes sociales.
El macabro hallazgo de restos humanos en una finca cercana reforzó la teoría de la implicación del CJNG y, especialmente, de estos grupos armados de reacción inmediata. Ahora, con la detención de uno de sus supuestos reclutadores, cobra sentido la estrategia institucional de cerrar el cerco sobre los principales operadores.
UNA DESAPARICIÓN QUE ENCUBRE UNA DOBLE VIDA
En un giro que revela la complejidad del caso, la ficha 0260/2020 de la Fiscalía del Estado de Chiapas señala que José Gregorio, alias “Lastra”, fue reportado como desaparecido hace más de tres años.
Nuestro reconocimiento al Ejército Mexicano @Defensamx1 @GN_MEXICO_ y al Centro Nacional de Inteligencia por esta detención tan importante qué contribuye a la pacificación de nuestro país. https://t.co/xidhvwbh7Y
— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 22, 2025
El 25 de agosto de 2020, este individuo de 51 años dejó de comunicarse con su familia tras informar que acudiría a la Colonia Club Campestre de Tuxtla Gutiérrez. Ni la denuncia ni la ficha proporcionaron mayor claridad sobre su paradero hasta hace unos días, cuando fue asegurado en la Ciudad de México mientras viajaba con una mujer de 43 años.
De acuerdo con las versiones preliminares, la mujer, identificada como Abril Dianeh, tenía la tarea de coordinar la incorporación de otras mujeres al cártel.
La aparente contradicción entre haber sido reportado como desaparecido y ahora ser acusado de liderar uno de los brazos de reclutamiento del CJNG, habla no solo de la forma en que los operadores criminales pueden reinventar su identidad, sino también de la capacidad de evasión que logran mantener en estados con menor vigilancia mediática o menos recursos de seguridad.
UNA RED DE CONTROL EN JALISCO
La relación de Lastra con la cúpula del CJNG subraya el extenso control territorial que ejerce este grupo en Jalisco. Teuchitlán y sus alrededores han sido mencionados en reportes de inteligencia militar y federal como zonas de reclutamiento masivo, al igual que lugares donde se efectúan ejecuciones y se ocultan las evidencias.
El Rancho Izaguirre supone la pieza principal en este rompecabezas delictivo, al perfilarse, según testigos, como un sitio donde se practicaban ejercicios de adiestramiento y, de forma aún más alarmante, se habrían cometido desapariciones forzadas.
Colectivos de madres buscadoras de diversas entidades como Colima, Nayarit, Zacatecas e incluso de la propia región de Jalisco han acudido a este predio, con la esperanza de dar con indicios que confirmen lo peor o, en un giro menos usual, que ofrezcan una respuesta que termine con la angustia.
En cada punto marcado con un banderín, en cada pedazo de tela hallado, late la incertidumbre sobre cuántas historias, cuántas vidas truncadas yacen bajo la tierra.
VACÍOS INSTITUCIONALES Y EL LLAMADO A LA COORDINACIÓN
La reciente movilización de autoridades federales para detener a José Gregorio “N” podría ser vista como un paso positivo hacia la desarticulación de la red de violencia que mantiene en jaque a Jalisco.
Sin embargo, los vacíos institucionales continúan. La Fiscalía de Jalisco aún no entrega a la FGR la carpeta completa de investigación relacionada con el Rancho Izaguirre, argumentando que no han concluido los peritajes.
Al mismo tiempo, familiares de desaparecidos se quejan de la forma en que se organizan las visitas al rancho, denuncian la falta de tacto y lamentan la ausencia de un verdadero plan de procesamiento forense inmediato.
En el aire flota la pregunta de si la FGR terminará por atraer formalmente el caso, un paso que —según los colectivos— podría acelerar las investigaciones y evitar la contaminación de las pruebas.
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Las pugnas entre autoridades estatales y federales, las noticias de hallazgos que nunca se esclarecen y la magnitud de la violencia cometida en la zona, hacen ver que la detención de José Gregorio “N” requiere una profundización exhaustiva y, sobre todo, una coordinación institucional que no se limite al golpe mediático.
Las madres buscadoras han reiterado que cualquier avance que no derive en la localización e identificación de sus familiares se queda en un titular vacío.
UNA MIRADA A LO QUE VIENE
Lo que suceda en los siguientes días tras la captura de José Gregorio “N” será clave para delinear el futuro de las pesquisas. Desde el Gabinete de Seguridad han prometido que pronto se conocerán más detalles sobre los vínculos de este operador con el CJNG y, en particular, sus nexos con sitios emblemáticos del terror, como el Rancho Izaguirre.
En el trasfondo, decenas de hombres y mujeres permanecen desaparecidos, mientras sus familias libran una batalla contra la indiferencia burocrática y la violencia institucional.
Pese a las sombras, la noticia de este arresto deja abierta la posibilidad de que, ahora sí, se abran senderos para destapar la red oculta detrás de la desaparición de tantas personas.
Subyace la esperanza de que, por fin, las autoridades logren interrogar a quien durante años habría reclutado jóvenes para convertirlos en eslabones de la muerte, o en el peor de los casos, en víctimas más de un engranaje criminal que no para de crecer.
Puntos Clave del Caso
El país entero contempla este caso como un espejo de la debilidad y el desafío que significan las organizaciones criminales. Sería un error minimizarlo a un simple número en la larga lista de aprehensiones.
Resulta imprescindible que el Rancho Izaguirre y todos los contextos vinculados a él dejen de ser apenas nombres en un expediente. Las historias que residen bajo la tierra exigen justicia y un compromiso real del Estado.
Porque allí donde se han producido actos atroces, una genuina rendición de cuentas puede ser el único gesto de reparo hacia quienes, día con día, buscan desesperadamente la verdad.
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