La reciente resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que invalidó varias disposiciones clave de la Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco (LSSET) no solo abrió un debate sobre la justicia social y los derechos adquiridos de los trabajadores, sino que también ha generado incertidumbre sobre el impacto económico que tendrá en las finanzas del estado.
Dos voces dentro del Congreso de Tabasco, Miguel Ángel Moheno Piñera del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Marcos Rosendo Medina Filigrana, presidente de la Mesa Directiva de la LXV Legislatura, han manifestado posturas contrastantes sobre las implicaciones del fallo.
El fallo de la SCJN fue una respuesta a la acción de inconstitucionalidad promovida en contra de la Ley del ISSET, que había sido promulgada en el sexenio del exgobernador Arturo Núñez. La Corte determinó que varias disposiciones de la ley, como la imposición de cuotas adicionales para cubrir a los padres de los trabajadores o la negativa a pagar pensiones caídas, vulneraban derechos fundamentales como la certeza jurídica y la seguridad social.
Además, se dictaminó que las nuevas reglas para acceder a una pensión afectaban injustamente a aquellos trabajadores que habían cotizado durante gran parte de su vida bajo el antiguo régimen.
MOHENO: “YA SE HABÍA TARDADO LA CORTE”
El coordinador del PVEM, Miguel Ángel Moheno Piñera, no ocultó su satisfacción con la resolución de la SCJN. “Ya se había tardado la Corte en resolver esta acción de inconstitucionalidad”, comentó, en referencia al largo proceso judicial que tomó casi una década.
No obstante, fue cauto al señalar que aún no se conocen los alcances concretos del fallo y qué tanto afectará a las finanzas estatales. “Si el fallo implica un impacto presupuestal, la federación tendrá que apoyar a Tabasco”, agregó, dejando claro que si se requiere un ajuste financiero para cumplir con el resolutivo, el Estado no podrá asumirlo sin ayuda externa.
Sus declaraciones reflejan la preocupación de muchos actores políticos sobre las posibles repercusiones económicas de la decisión de la Corte. La Ley del ISSET, aunque controvertida por sus impactos sobre los derechos de los trabajadores, fue defendida por algunos como una medida necesaria para garantizar la viabilidad financiera del sistema de pensiones. Ahora, con su invalidación parcial, se teme que el gobierno estatal deba asumir obligaciones adicionales que podrían comprometer otros sectores del presupuesto.
“NO HABRÁ IMPACTO ECONÓMICO, PERO… ”
Por su parte, Marcos Rosendo Medina Filigrana se mostró más moderado en sus declaraciones. Si bien reconoció la importancia del fallo de la SCJN, llamó a la prudencia. Aseguró que, por el momento, no habrá un impacto económico inmediato, pero también admitió que aún faltan por revisar los alcances del resolutivo. “Si hay un impacto, no debe ser motivo de satisfacción para nadie, sino de actuar con responsabilidad”, subrayó.
Medina Filigrana también recordó que la ley promulgada en el sexenio de Arturo Núñez no fue diseñada de manera adecuada, generando “estragos a los trabajadores de forma arbitraria”. Esta observación conecta directamente con uno de los puntos más sensibles del fallo de la Corte: la protección de los derechos adquiridos.
Bajo la ley ahora parcialmente invalidada, muchos trabajadores vieron recortadas sus expectativas de pensión y se les aplicaron reglas más severas para su retiro, lo que provocó un profundo malestar entre los empleados estatales.
LA INCÓGNITA DEL IMPACTO FINANCIERO
Mientras Moheno Piñera y Medina Filigrana coinciden en la necesidad de acatar el fallo de la SCJN, el gran interrogante sigue siendo el posible impacto financiero en las finanzas del estado.
Moheno Piñera plantea que, de ser necesario, el gobierno federal deberá intervenir para apoyar a Tabasco. Medina Filigrana, por otro lado, advierte que si se necesita realizar ajustes en el presupuesto, podrían verse afectadas otras áreas esenciales del gobierno estatal.
La SCJN, al señalar que el Congreso de Tabasco debe legislar nuevamente para proteger los derechos de aquellos trabajadores que se vieron afectados por la transición entre regímenes de pensiones, ha dejado una carga considerable sobre los hombros de los legisladores locales.
La incertidumbre sobre cómo implementar el fallo sin agravar el déficit financiero del estado es palpable, y parece que, aunque la resolución es un paso hacia la justicia social, las implicaciones económicas aún están por determinarse.
La decisión de la SCJN representa una victoria parcial para los trabajadores de Tabasco, pero también abre un nuevo capítulo lleno de incertidumbres. Mientras los legisladores llaman a la prudencia, las finanzas del estado enfrentan posibles desafíos que requerirán decisiones complejas y, quizás, apoyo federal.
Lo que es indiscutible es que el sistema de pensiones de Tabasco está en crisis, y la resolución de la Corte, aunque crucial, no resolverá por sí sola todos los problemas estructurales del ISSET.
En un estado donde los derechos laborales han sido vulnerados, esta decisión judicial podría sentar un precedente sobre cómo deben equilibrarse la justicia social y la viabilidad financiera. Sin embargo, las voces de los legisladores reflejan una preocupación compartida: cualquier solución debe hacerse con responsabilidad, pensando en el bienestar de todos los tabasqueños.
¿QUÉ INVALIDA LA SCJN?
- Cuotas adicionales para cubrir a los padres de los trabajadores asegurados.
- Pensiones caídas: la SCJN invalidó la disposición que permitía al ISSET quedarse con pensiones no reclamadas.
- Transición de régimen: se protegieron los derechos adquiridos por los trabajadores antes de la reforma de 2015.
- Adeudos y pensiones: el ISSET no podrá retener las pensiones por deudas pendientes de los trabajadores.