La muerte de un estudiante universitario, una sentencia que su familia considera insuficiente y una caravana hacia Palenque terminaron colocando al Gobierno de Tabasco frente a un nuevo desafío. La protesta quedó suspendida, pero el reclamo de justicia sigue abierto y tiene una fecha límite.
El 13 de noviembre, la administración estatal consiguió detener temporalmente la movilización que encabezaría Lucio Isidro Álvarez, padre de Rodrigo Isidro Ricárdez, asesinado el 14 de noviembre de 2025 durante una intervención de policías estatales en Villahermosa.
La llamada Caravana por la justicia pretendía llegar hasta la quinta La Chingada, residencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, en Palenque, Chiapas. Sin embargo, una reunión convocada por la Secretaría de Gobierno cambió el curso de la protesta.

Una tregua condicionada
El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, recibió al padre del universitario junto con el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alejandro Leal López, y un subsecretario. El ofrecimiento consistió en revisar el expediente y analizar las posibilidades legales de reponer el procedimiento judicial.
Tras consultar con su familia, Lucio Isidro Álvarez aceptó suspender la caminata durante siete días. La decisión evitó que el reclamo llegara hasta la residencia del exmandatario, pero no significó conformidad con las actuaciones judiciales.
“No quiero que digan que estuve cerrado; lo que me mueve es la justicia, lo que quiero es que se reponga el procedimiento, que se actúe conforme a derecho, no estoy pidiendo ningún favor”, expresó.
Después precisó el alcance de su decisión: “Estoy pidiendo justicia y las autoridades cumplan con su chamba. En ese sentido yo opté por dar el beneficio de la duda, porque lo que busco es justicia”.
La intervención gubernamental abrió un espacio de interlocución que hasta entonces no había logrado contener las protestas. No obstante, el compromiso tiene límites: el Ejecutivo puede revisar y gestionar información, pero no sustituir las decisiones de jueces y fiscales.
UN AÑO DESPUÉS
Del homicidio de Rodrigo Isidro al plazo concedido para revisar su expediente.
La negociación
Lucio Isidro Álvarez suspende la caravana hacia Palenque tras dialogar con autoridades.
La sentencia discutida
El conflicto tiene como antecedente inmediato la condena dictada en octubre contra cuatro policías estatales. Cada uno recibió 24 años de prisión por el homicidio del joven estudiante de Veterinaria, quien tenía 20 años.
Para su padre, la resolución no agota las responsabilidades. Reclama penas de hasta 50 años, considerando las agravantes que, sostiene, corresponden por la participación de servidores públicos.
Además, afirma que en los hechos intervinieron entre 12 y 15 policías. Según su versión, faltarían 11 presuntos participantes por detener, incluidos mandos operativos que continuarían dentro de la corporación.
Estas acusaciones requieren investigación y determinaciones judiciales. Las condenas existentes acreditan responsabilidades de cuatro agentes, pero no permiten establecer automáticamente la culpabilidad de otras personas señaladas.
PENA EN DISPUTA
La condena judicial contrasta con la pena máxima reclamada por la familia.
La pena de 50 años es una exigencia familiar y no una sentencia judicial.
Investigación bajo cuestionamiento
La inconformidad también alcanza a la Fiscalía General del Estado (FGE). Lucio Isidro sostiene que se le restringió el acceso a la carpeta de investigación, situación que habría dificultado aportar nuevos elementos probatorios.
El padre asegura disponer del testimonio del agente que disparó contra Rodrigo. También denuncia un presunto encubrimiento institucional, aunque esas afirmaciones deben contrastarse con las actuaciones ministeriales y las respuestas de las autoridades señaladas.
Por ello, la revisión prometida deberá aclarar dos cuestiones distintas: la viabilidad jurídica de modificar el procedimiento y la existencia de elementos para investigar a otros posibles participantes.
La reposición procesal no depende exclusivamente de un acuerdo político. Corresponde a las autoridades judiciales resolver los recursos procedentes, mientras la Fiscalía conserva sus atribuciones para investigar posibles responsabilidades adicionales.

Palenque como presión
La elección de Palenque tampoco fue accidental. Lucio Isidro Álvarez, quien asegura haber trabajado como chofer de Andrés Manuel López Obrador y participado en la fundación de su movimiento, pretendía solicitar personalmente su intervención.
La caravana estaba programada para el cumpleaños del expresidente y contemplaba una misa al día siguiente, cuando se cumplió el primer aniversario del homicidio.
El recorrido habría trasladado un conflicto judicial de Tabasco hasta un espacio de considerable simbolismo político. En ese escenario, el diálogo encabezado por José Ramiro López Obrador, hermano del exmandatario, también permitió contener una exposición pública adicional del caso.
Sin embargo, la suspensión no equivale a una solución. Durante el último año, la familia ha protestado frente a la Fiscalía, Palacio de Gobierno y el Centro de Convenciones, reclamando responsabilidades más allá de los agentes condenados.
RESPONSABILIDADES POR ACLARAR
Cuatro agentes fueron sentenciados; la familia reclama investigar a otros presuntos participantes.
Siete días decisivos
El padre estableció una condición: si no obtiene respuestas satisfactorias, retomará la caminata hacia Palenque o considerará una huelga de hambre frente al Palacio de Gobierno.
“Una semana para que me dé respuesta, porque el señor Andrés Manuel López Obrador va a seguir viviendo ahí en ‘La Chingada’ y yo puedo ir cualquier día y cualquier hora. Pasando esta semana yo tengo que tener una respuesta”. Y remató: “Si no la tengo, continúo con esto, porque esto es parte de la responsabilidad”.
Así, el próximo 20 de noviembre aparece como fecha decisiva para evaluar el compromiso asumido por la Secretaría de Gobierno. La prueba no será solamente recibir nuevamente a la familia, sino presentar una respuesta sustentada y jurídicamente viable.
El Gobierno ganó una semana de diálogo. Para la familia, en cambio, la espera representa otra oportunidad de esclarecer lo ocurrido. Entre ambas posiciones permanece una exigencia que ninguna tregua puede cancelar: determinar todas las responsabilidades por la muerte de Rodrigo.



