May se deslinda, MC acusa y Morena presiona a Baca para que comparezca

Héctor I. Tapia

Alfonso Baca Sevilla reapareció, pero no regresó. Desde la Ciudad de México negó estar prófugo y acusó una persecución política; en Tabasco, Movimiento Ciudadano cerró filas alrededor de su alcalde, Javier May separó al Gobierno estatal de la investigación y Morena convirtió la defensa grabada en un emplazamiento: si sostiene que es inocente, debe comparecer ante las autoridades.

El expediente federal que alcanzó al Ayuntamiento de Paraíso abrió así tres frentes políticos. MC intenta presentar los cateos y las detenciones como una acción con “tintes políticos”; el gobernador rechaza cualquier represalia y remite las explicaciones a la FGR; Morena exige pruebas de la supuesta persecución y reclama que Baca aplique ahora el mismo respeto al proceso judicial que pidió cuando fue detenido un mando de su propia policía.

En medio de esos posicionamientos, el alcalde conserva formalmente el cargo, pero permanece fuera del municipio. Su video le permitió recuperar la voz, negar las acusaciones y anunciar una defensa penal; no resolvió cuándo regresará, si comparecerá ante la autoridad ni quién conduce presencialmente el gobierno de Paraíso.

Admite la carpeta

Baca reconoció que contrató a un abogado penalista y que la FGR mantiene abierta la carpeta FED/TAB/VHS/0000749/2026. Según la información que dijo haber recibido de su defensa, la investigación contempla seis posibles delitos: uso ilícito de atribuciones y facultades, tortura, portación de arma sin licencia, portación de armas reservadas a las Fuerzas Armadas, posesión ilícita de hidrocarburos y posesión de narcóticos.

El alcalde negó categóricamente haber participado en esas conductas y prometió demostrar su inocencia. También sostuvo que los cateos violaron los principios de legalidad y debido proceso porque, de acuerdo con su versión, las órdenes no precisaban suficientemente los domicilios, las personas buscadas ni los servidores públicos autorizados para intervenir.

Hasta ahora, sin embargo, la FGR no ha informado públicamente cuáles de esas conductas atribuye directamente a Baca ni cuáles corresponderían a los demás funcionarios y personas investigadas. La relación de los seis delitos procede del propio mensaje del alcalde, no de una imputación federal divulgada oficialmente.

Visual 1 · Caso Paraíso

TRES VACÍOS

La defensa de Baca confirmó dos hechos, negó otros y dejó preguntas centrales sin respuesta.

Reconoció

La existencia de una carpeta federal y la contratación de una defensa penal.

Negó

Haberse fugado y haber cometido los delitos mencionados en su mensaje.

No aclaró

Cuándo regresará, si existe una orden de aprehensión y cómo ejercerá presencialmente el cargo.

Fuente: mensaje público de Alfonso Baca Sevilla, 20 de agosto de 2026.

Promesa sin fecha

Baca aseguró que se presentará nuevamente en el Ayuntamiento cuando concluya sus compromisos y que, paralelamente, atenderá el procedimiento por la vía jurídica. No anunció su renuncia, no solicitó públicamente licencia ni fijó una fecha para regresar a Paraíso.

Ese vacío convierte su mensaje en una defensa política todavía incompleta. El video acredita que está localizable, acompañado por abogados y dispuesto a disputar públicamente la acusación, pero no resuelve si podrá retomar el control presencial del gobierno ni bajo qué condiciones jurídicas volvería.

Su estrategia tiene dos destinatarios. Frente a la ciudadanía, busca conservar la investidura y rechazar la etiqueta de prófugo. Frente a la FGR, anticipa una defensa basada tanto en la negación de los delitos como en el cuestionamiento de la legalidad de los cateos.

Cierre naranja

El mensaje fue presentado durante una rueda de prensa encabezada por Pedro Palomeque Calzada, coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, acompañado por legisladores, integrantes de la estructura partidista y los alcaldes de Emiliano Zapata y Tacotalpa. Palomeque sostuvo que no existen pruebas contundentes contra Baca y atribuyó “tintes políticos” a las acciones federales.

La fotografía del respaldo, sin embargo, tuvo una ausencia relevante. Karla María Rabelo Estrada, coordinadora estatal del partido, no participó. Palomeque explicó que tenía programada previamente una gira y que la conferencia se había organizado entre el miércoles y el jueves.

La explicación puede ser cierta, pero no elimina el dato político: en la primera defensa pública de un alcalde de MC investigado por posibles delitos federales, la principal dirigente estatal no apareció.

Su ausencia no prueba una fractura ni permite afirmar que haya retirado su respaldo. Sí dejó incompleta la imagen de unidad con la que Movimiento Ciudadano intentó arropar a Baca y convertir un expediente penal en una causa política.

El alcalde tuvo video, abogados, legisladores y presidentes municipales alrededor de su defensa. Lo que todavía no tuvo fue presencia física en Paraíso, una fecha de regreso ni el acompañamiento visible de la máxima autoridad estatal de su partido.

El expediente es federal

Javier May Rodríguez buscó sacar al Gobierno de Tabasco del centro de la confrontación. Rechazó que las investigaciones contra Alfonso Baca y funcionarios del Ayuntamiento de Paraíso constituyan una represalia o una persecución política y sostuvo que el expediente es responsabilidad exclusiva de la Fiscalía General de la República.

“El Ejecutivo no litiga ni persigue a nadie”, expresó el gobernador. Aseguró que existen libertades y garantías plenas en el estado, pero acompañó el deslinde con una definición política: “No hay intocables”.

May no acusó a Baca ni adelantó responsabilidades. Señaló que corresponderá a la FGR informar cuáles son los delitos investigados y a los jueces determinar la situación jurídica de las personas involucradas. También consideró que las actuaciones se han realizado conforme a derecho, aunque pidió preservar el debido proceso.

Su postura colocó una frontera entre el Gobierno estatal y la investigación federal. Con ella respondió a Movimiento Ciudadano, que atribuyó “tintes políticos” al operativo, pero evitó convertir al Ejecutivo en parte acusadora.

El mensaje fue doble: Baca no recibirá una condena anticipada desde Palacio de Gobierno, pero tampoco encontrará ahí una protección política frente al expediente.

Sin vacío formal

May también rechazó que exista un vacío de poder en Paraíso. Recordó que el Ayuntamiento no se reduce al presidente municipal y que los regidores conservan representación y facultades para garantizar la continuidad administrativa.

La afirmación tiene una lectura política inmediata. Mientras Baca se defiende desde Ciudad de México, el gobernador reconoce al Cabildo como la instancia capaz de mantener funcionando el municipio. No destituye al alcalde ni anticipa quién debe sustituirlo, pero deja claro que la gobernabilidad de Paraíso no depende de su regreso.

El Ejecutivo estatal, agregó, mantendrá la coordinación con las fuerzas federales y estatales para preservar la seguridad. El expediente penal queda en manos de la FGR; el gobierno municipal, en las del Cabildo.

Este punto será desarrollado por separado en la información sobre la posible suplencia. Aquí basta la fotografía política: el alcalde conserva el cargo, pero el poder institucional comienza a organizarse alrededor de su ausencia.

Morena entra al choque

Horas después, Morena Tabasco endureció la respuesta contra Movimiento Ciudadano. El partido sostuvo que los cateos y las detenciones derivan de una investigación federal y no de una decisión del gobernador ni de la administración estatal.

El comunicado acusó una contradicción en la postura naranja: MC afirma que nadie debe estar por encima de la ley, pero califica como persecución política una investigación que alcanzó a uno de sus propios gobiernos.

“Se pretende exigir justicia cuando se investiga al adversario y denunciar persecución cuando la justicia toca la puerta de los propios”, sintetizó Morena.

El partido oficialista exigió que, si MC cuenta con pruebas de una utilización política de las instituciones, las presente ante las instancias correspondientes. También advirtió que defender la presunción de inocencia no equivale a declarar anticipadamente inocentes a los investigados ni a descalificar a la FGR antes de que se conozca el expediente.

Visual 2 · Caso Paraíso

CUATRO POSICIONES

El caso enfrenta defensa, respaldo partidista, deslinde oficial y presión política.

Actor	Postura pública	Lectura política	Clave pendiente
Alfonso Baca Se defiende	Niega haberse fugado y rechaza haber cometido los seis posibles delitos mencionados en su video.	Busca conservar la investidura y trasladar la discusión hacia la legalidad de los cateos.	Ver pregunta ¿Cuándo comparecerá y regresará presencialmente a Paraíso?
Movimiento Ciudadano Lo respalda	Invoca la presunción de inocencia y atribuye “tintes políticos” al operativo federal.	Intenta proteger a su alcalde y evitar que el expediente golpee al partido completo.	Ver pregunta ¿Presentará pruebas de la persecución que denuncia?
Javier May Se deslinda	Rechaza represalias, afirma que la investigación es federal y sostiene que no hay intocables.	Separa al Ejecutivo estatal del expediente sin ofrecer protección ni adelantar una condena.	Ver pregunta La FGR debe precisar delitos, imputados y situación judicial.
Morena Lo presiona	Exige a MC probar la supuesta persecución y aplicar la misma regla judicial a propios y adversarios.	Presiona a Baca para que sostenga su inocencia ante las autoridades y no solamente mediante videos.	Ver precisión Morena no pidió literalmente que se entregara; ese es el sentido político de su posicionamiento.

Lectura editorial: las posiciones políticas no sustituyen la información judicial que todavía debe hacer pública la FGR.

Fuente: mensajes y posicionamientos públicos de Alfonso Baca, Movimiento Ciudadano, Javier May y Morena Tabasco; 20 de agosto de 2026.

Sus propias palabras

Morena incorporó un antecedente diseñado para devolverle a Baca su propio argumento. Recordó que, cuando el entonces subdirector de Seguridad Pública de Paraíso, Rubicel Pérez Chablé, fue detenido y posteriormente vinculado a proceso, el alcalde pidió respetar el procedimiento judicial.

El señalamiento busca encerrar políticamente a Baca en una regla formulada por él mismo: si el proceso debía respetarse cuando alcanzó a un subordinado, también debe respetarse cuando la investigación se acerca al presidente municipal y a otros integrantes de su administración.

Morena no escribió literalmente que Baca deba entregarse ni confirmó que exista una orden de aprehensión en su contra. Su emplazamiento, sin embargo, es transparente: si sostiene que es inocente, debe responder ante las autoridades, acreditar las supuestas violaciones procesales y presentar ahí su defensa.

La presión política consiste precisamente en trasladar el caso de la pantalla al juzgado.

La disputa y el expediente

La confrontación dejó delimitadas las posiciones. Baca niega los delitos y denuncia irregularidades; MC lo respalda y acusa motivaciones políticas; May se deslinda y coloca la responsabilidad en la FGR; Morena exige que el alcalde sostenga su defensa ante las instituciones.

Pero ninguno de esos posicionamientos resuelve todavía las preguntas decisivas: qué conductas atribuye la Fiscalía a cada investigado, si existe una orden judicial contra el presidente municipal y cuándo comparecerá.

Baca reapareció con voz, abogados y respaldo partidista. No reapareció en Paraíso. Esa distancia es, por ahora, el dato que ninguna declaración consigue borrar: mientras el alcalde defiende su inocencia desde un video, el expediente federal avanza sin esperar su regreso.