El mérito de un gobierno no siempre está en lo que hace cuando la crisis lo alcanza, sino en lo que prevé para que la crisis no estalle. En tiempos de desmemoria epidemiológica y desgaste institucional, la prevención es más que una política pública: es una decisión de autoridad, de responsabilidad y de control territorial real.
En Tabasco, el regreso del sarampión al país reactivó un viejo reflejo: proteger antes de lamentar. Esa reacción, aunque contenida en el ruido nacional, dice más del gobierno de Javier May que varios discursos juntos.
Mientras en Chihuahua las cifras se disparan y en Sonora se contabilizan decesos, Tabasco resiste con un solo caso confirmado de sarampión en lo que va de 2025. Un caso, ya dado de alta, en un país que suma 3,095 contagios en 77 municipios de 18 entidades.
Un dato frío que, leído con lupa, revela una operación silenciosa pero firme del aparato de salud estatal: más de 129 mil dosis de vacunas desplegadas en tiempo, forma y territorio.
No es casual. Es política.
EL REFLEJO QUE SALVÓ
El 6 de julio, la Secretaría de Salud estatal, sin escándalos ni premura mediática, habilitó 638 centros de vacunación en los 17 municipios. Lo hizo antes de que el rebrote alcanzara al sur del país.
A diferencia de otros estados que reaccionaron al incremento de casos, Tabasco ejecutó una acción preventiva, centrada en la población infantil y en la cobertura comunitaria.
Este movimiento responde a una lógica mayor que trasciende al virus: es una muestra del nuevo control territorial que el gobierno de Javier May ha buscado desde el inicio de su administración.
Las vacunas no solo inmunizan a los cuerpos: también son instrumentos de contacto político y de reafirmación institucional.
EL RIESGO DE LA MEMORIA CORTA
México había olvidado el sarampión. La erradicación de los 90 y los buenos años del siglo XXI generaron una falsa sensación de seguridad. Pero la pandemia por COVID-19 interrumpió esquemas de vacunación, debilitó rutinas médicas y disolvió la percepción del riesgo. El virus regresó por donde menos se esperaba.
Y mientras Chihuahua (2,894 casos), Sonora, Durango y Coahuila contabilizan contagios por centenares, Tabasco no solo registra uno, sino que ha logrado mantener a raya los casos sospechosos. La clave: una estrategia temprana, basada en vigilancia epidemiológica, abastecimiento de biológicos y brigadas comunitarias.
MÁS QUE UNA VACUNA
A primera vista, la activación de la red de vacunación parece un protocolo sanitario. Pero en una lectura política, representa otra cosa: una validación del modelo territorial que el actual gobierno impulsa. Javier May ha insistido en el trabajo de base, en las jornadas comunitarias y en la construcción de un “gobierno con pueblo”.
El caso del sarampión es la prueba viva de que esa narrativa no es solo eslogan: la alerta se atendió desde las unidades médicas rurales, no desde los escritorios. La coordinación con los municipios, la activación de centros comunitarios y la logística anticipada revelan un músculo que no todas las entidades tienen hoy.
En plena temporada de lluvias, con la presión de las enfermedades diarreicas, dengue, escasez presupuestal y riesgos ambientales, mantener al sarampión bajo control en Tabasco no es una coincidencia: es una apuesta por gobernar desde el piso.
EL MENSAJE ENTRE VACUNAS
El mensaje que deja este episodio es doble: uno de salud pública y otro de política real. La salud, como espacio de confianza social, es un terreno clave para cualquier administración.
Y en un entorno nacional donde la credibilidad de las instituciones médicas ha sido erosionada por años de recortes y escándalos, la eficacia de una estrategia preventiva brilla más que cualquier acto ceremonial.
Javier May no hizo un llamado en cadena nacional. No apareció en cadena de WhatsApp vacunando niños. Tampoco encabezó un operativo militarizado. Pero el dato permanece: Tabasco no está en la lista de estados críticos. Está en la lista de los que se anticiparon.
La diferencia no está en la magnitud del brote, sino en la actitud con la que se enfrentó. Y en tiempos donde los gobiernos suelen reaccionar más que prevenir, esa actitud –aun discreta– se convierte en un activo político que bien vale reconocer.
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