La misma mañana en que el gobernador Javier May Rodríguez presentaba cifras históricas en materia de seguridad, un hecho violento de alto simbolismo sacudía el corazón de Tabasco: el intento de asesinato de un sacerdote en plena vía pública. El contraste no podía ser más brutal.
Mientras el gobierno hablaba de tranquilidad recuperada, un “hombre de Dios” se debatía entre la vida y la muerte en un quirófano del Hospital Rovirosa.
Era lunes 30 de junio. A las 9:00 de la mañana, el Palacio de Gobierno abría sus puertas para una conferencia de prensa encabezada por el gobernador y el comandante de la 30 Zona Militar.
En el mes de junio fueron detenidos 217 generadores de violencia, ya no podrán continuar haciendo daño, se decomisaron 104 armas, 11 mil dosis de droga que no llegarán a jóvenes y 1.2 millones de litros de hidrocarburo. pic.twitter.com/pZ7qDgqmsL
— JAVIER MAY (@TabascoJavier) June 30, 2025
El tema, anunciado desde el domingo por la tarde, era contundente: Seguridad. Era la primera rueda de prensa desde el interior del recinto oficial. Había razones para hacerlo ahí: 987 personas detenidas en seis meses, un aumento del 309% respecto a 2024, una reducción de 33% en homicidios dolosos en todo el estado, y un dato más fino: en el municipio de Centro, los asesinatos habían bajado 56.41% entre febrero y junio.
HECHO SIMBÓLICO
Pero mientras se proyectaban gráficas y se hablaba de cambio de rumbo, el atentado contra el sacerdote Héctor Alejandro Pérez, perpetrado alrededor de las 6:00 a.m., ganaba fuerza en medios, redes y grupos eclesiásticos.
El padre, párroco de la iglesia San Francisco de Asís, fue atacado por sujetos armados cuando salía de su domicilio para atender a un enfermo. El hecho ocurrió en Torno Largo, Centro.
Según el reporte médico, recibió múltiples heridas internas, fractura expuesta de húmero, lesiones hepáticas y la extirpación del bazo. A las 3:34 p.m., la Diócesis de Tabasco confirmó que su estado era muy grave, con pronóstico reservado.
REACCIÓN INMEDIATA
En la conferencia de las 9:00 a.m., el gobernador Javier May Rodríguez sí lamentó el atentado contra el sacerdote Héctor Alejandro Pérez. Se solidarizó con la Iglesia católica y prometió que el ataque no quedará impune.
Aunque el hecho aún estaba en desarrollo y se conocían pocos detalles, el mandatario aseguró que las investigaciones estaban en curso y que se trabajaba para dar con los responsables. Su mensaje fue claro: “No va a quedar impune”.
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Sin embargo, la simultaneidad entre los anuncios oficiales sobre la baja de homicidios y el ataque contra un hombre de fe provocó un ruido simbólico inevitable. Mientras el Ejecutivo estatal hablaba de resultados en seguridad, el atentado ocupaba el centro de la conversación pública. Ese contraste fue aprovechado por la oposición.
OPOSICIÓN EN BLOQUE
A las 12:30 p.m., el PRI estatal ofreció una rueda de prensa. Media hora después, el PRD hacía lo propio. Aunque no coordinaron horarios ni guion, ambos partidos leyeron el mismo libreto político: Tabasco vive en el terror, el gobierno está rebasado y la estrategia de seguridad ha fracasado.
Para la oposición, los hechos invalidaban las cifras. No importó que las detenciones se hayan triplicado o que los homicidios dolosos cayeran 33%; lo que pesó fue la imagen de un sacerdote baleado al amanecer.
El dirigente del PRD, Rafael Acosta León, fue el más directo: “Los tabasqueños seguimos viviendo en el terror. El gobernador está rebasado. Urge la intervención federal”.
Y aprovechó para vincular el caso del sacerdote con su llamado a resistencia civil y a la lucha contra los cobros excesivos de luz. La narrativa estaba armada: inseguridad, abandono federal, omisión estatal y colapso de confianza.
Por su parte, el PRI, encabezado por Miguel Barrueta y Mari Carmen García, adoptó un tono institucional, pero igual de crítico: “Tabasco está entre los 10 primeros lugares en feminicidio. No hay estrategia clara ni resultados visibles”.
Y sumaron un tema nacional: el desabasto de medicamentos en el sector salud.
LA RESPUESTA MORAL
Horas más tarde, la Diócesis de Tabasco lanzó un mensaje de repudio. El obispo Gerardo de Jesús Rojas pidió oraciones, unidad y donadores de sangre para el sacerdote herido. Pero su posicionamiento no fue solo espiritual.
Fue también político: Repudiamos esta acción de barbarie. Que el Señor mueva los corazones de los agresores a la conversión. Y que todos los fieles se unan en la búsqueda de la paz”.
En un contexto donde el gobierno guardó silencio durante las primeras horas, la Iglesia asumió la vocería simbólica del dolor social.
POLÍTICA EN CRUCE
Lo sucedido ese lunes condensó una serie de tensiones políticas que venían acumulándose: la presentación de resultados en seguridad, la exigencia de la oposición por mayor presencia federal, la presión moral de la Iglesia, y el riesgo de que la narrativa de éxito se desplome por un hecho aislado pero muy simbólico.
Aunque las cifras son contundentes —más detenciones, más aseguramientos, más órdenes judiciales cumplidas, reducción real de homicidios— el relato se fracturó en el momento menos oportuno.
Y es que la pregunta que flota en el aire no es solo quién atacó al sacerdote, sino quién se beneficia de que ese ataque ocurriera justo ese día. ¿Fue casualidad? ¿Un golpe del destino? ¿O alguien —dentro o fuera del sistema— está jugando en contra del nuevo orden que se pretende construir en Tabasco?
DETENCIONES CLAVE
De enero a junio se reportan 982 personas detenidas, incluidas 20 consideradas objetivos prioritarios. Entre ellos:
- “Los Chinos Adela”, señalados por secuestro y extorsión
- Jorge Enrique “N”, alias “El Luzbel”, cabecilla en Centla
- Amado “N”, distribuidor de droga en Centro
- Alejandro “N”, alias “El Fursio”, generador de violencia
La llamada FIRT Olmeca, agrupamiento táctico estatal, ha sido clave en la desarticulación de seis células criminales.
¿QUIÉN JUEGA EN CONTRA?
A diferencia del pasado reciente, donde se denunciaron supuestos pactos de “no agresión” con grupos delictivos como “La Barredora”, hoy se presume cero impunidad. Pero los hechos recientes abren dudas: ¿hay mafias que buscan recuperar privilegios perdidos? ¿Hay actores políticos dispuestos a incendiar la plaza para deslegitimar al nuevo gobierno?
La pregunta sigue abierta. ¿Quién juega en contra del gobernador? ¿Las cifras, las balas, los opositores, los cómplices? ¿O todos a la vez?
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