La nota roja del México moderno se escribe no solo con sangre, sino con el silencio institucional. A 18 años de la desaparición forzada de los activistas Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, la lucha por justicia expone la continuidad de las omisiones estatales en gobiernos que, de distinto color, han fallado en garantizar el derecho a la verdad y a la búsqueda. La sentencia histórica obtenida en 2022 contrasta con la indolencia de las autoridades para cumplirla.
La desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), cumple este mayo 18 años sin justicia.
El caso, uno de los más emblemáticos del país, continúa atrapado entre la burocracia judicial y el desinterés político, mientras los familiares insisten en una verdad incómoda: el Estado sigue garantizando la impunidad.
Durante una conferencia celebrada en la Glorieta de los Desaparecidos, en Ciudad de México, Margarita Cruz Sánchez, hermana de Gabriel, volvió a poner sobre la mesa una realidad que incomoda al poder: “La desaparición forzada es un crimen de Estado, continuo e imprescriptible, y esta administración no ha hecho lo necesario para dar con nuestros familiares ni para castigar a los responsables.”
La cifra es abrumadora. Desde 2006, al menos 230 luchadores sociales y defensores de derechos humanos han sido víctimas de desaparición forzada, de los cuales 64 se documentan en el periodo del actual gobierno federal, bajo la bandera de la Cuarta Transformación. Lejos de cesar, la represión ha mutado, pero no ha desaparecido.
UN JUICIO QUE MARCÓ PRECEDENTE
La sentencia del amparo en revisión 51/2020, emitida el 10 de agosto de 2022, representó un triunfo jurídico tras años de resistencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó por primera vez al Estado la búsqueda sin previo aviso en instalaciones militares, reconociendo implícitamente la posible participación castrense en estos hechos.
La resolución también estableció la creación de grupos interinstitucionales de búsqueda y medidas de reparación integral, bajo una lógica de garantía de no repetición. Se trata de criterios que, en teoría, deberían aplicarse a todos los casos de desaparición forzada en México.
Sin embargo, la Fiscalía General de la República (FGR) ha incumplido con la ejecución plena del fallo. Entre las omisiones señaladas se encuentra la falta de ejercicio penal contra más de 10 funcionarios públicos de la Fiscalía de Oaxaca, quienes presuntamente encubrieron o facilitaron la desaparición. A 18 años, ninguno ha sido llamado a declarar.
PERSISTENCIA FRENTE AL OLVIDO
La lucha de las familias ha sido tenaz. No sólo por el paso del tiempo, sino por la constante revictimización institucional. “Durante tres sexenios, hemos escuchado los mismos discursos. PAN, PRI y ahora Morena… y ninguno ha hecho justicia”, lamentó Cruz Sánchez.
La postura oficial ha oscilado entre la negación del crimen, el ocultamiento de evidencias y una estrategia de dilación judicial que en los hechos invisibiliza la verdad.
La estrategia de los familiares ha sido jurídica, política y social. Han acudido a instancias nacionales e internacionales, movilizado apoyos de organismos de derechos humanos, y documentado ampliamente el caso. Pese a ello, el aparato judicial mexicano no ha rendido cuentas.
EL MURO MILITAR
Uno de los puntos más sensibles del caso —y del fallo judicial— es el papel de las Fuerzas Armadas. La SCJN ordenó el acceso a instalaciones militares sin previo aviso, una medida sin precedentes y considerada crucial, dada la hipótesis de que Reyes y Cruz fueron detenidos y posiblemente trasladados a instalaciones castrenses.
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Este mandato sigue sin cumplirse. En los hechos, el Ejército mexicano permanece como una institución blindada a la fiscalización judicial. La opacidad ha sido un sello constante, aún bajo un gobierno que presume haber “militarizado con rostro humano”.
EL ROSTRO HUMANO DE LA IMPUNIDAD
Gabriel y Edmundo no son sólo dos nombres en una lista. Representan a los más de 100 mil desaparecidos en México y a las decenas de activistas perseguidos por su labor. La narrativa oficial ha querido reducir su historia a una “militancia radical”, sin considerar que la desaparición forzada, aun en contextos de lucha armada, no es justificable ni prescriptible.
DATOS CLAVE: ACTIVISTAS DESAPARECIDOS EN MÉXICO
- 230 activistas desaparecidos desde 2006.
- 64 en el sexenio de la Cuarta Transformación.
- +100 mil personas desaparecidas en México, según el RNPDNO.
- 0 sentencias firmes por desaparición forzada de luchadores sociales.
Sus familias no han pedido privilegios, sólo el derecho a saber, a buscar, a que el Estado cumpla con la ley que jura respetar.
Hoy, 18 años después, los resultados judiciales son mínimos y el peso de la impunidad sigue cayendo con fuerza sobre los hombros de quienes no han dejado de buscar.
La historia no absuelve a quienes callan.
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