La eliminación del taxímetro en Tabasco no fue un ajuste técnico: fue la respuesta a un rechazo que se volvió imposible de ignorar. En la calle, el mensaje llevaba meses repitiéndose: el sistema no funcionaba.
El Consejo Estatal de Movilidad aprobó retirar el acuerdo que obligaba a usar taxímetro y su versión digital. La decisión corrige una política diseñada en 2023 y empujada durante 2024, que nunca logró sostenerse fuera del papel.
El taxímetro no era una idea nueva. En teoría, es el mecanismo más simple para ordenar el servicio: cobrar por distancia y tiempo, eliminar la negociación y dar certeza al usuario. En ciudades donde funciona, se volvió sinónimo de transparencia. En Tabasco ocurrió lo contrario. El sistema arrancaba con una tarifa base y aumentaba en bloques —alrededor de 7 pesos por kilómetro—, pero en la práctica muchos usuarios percibieron que el costo final se duplicaba frente al esquema tradicional. Lo que debía dar claridad terminó generando desconfianza.
La ruptura fue inmediata. Pasajeros que preferían bajarse antes de pagar con taxímetro; choferes que perdían viajes; una dinámica que dejó de ser funcional. La tecnología no falló: falló su aterrizaje en la realidad cotidiana.
El golpe de la calle
El dato que terminó por cerrar el debate fue contundente. En octubre de 2024, el 90.4% de los usuarios rechazó el uso del taxímetro en una consulta pública. No fue una opinión aislada, fue una señal política directa.
Ahí se rompió el argumento técnico. Sostener el modelo ya no implicaba modernizar el transporte, sino sostener una política sin respaldo social. Y en ese punto, el costo político empezó a ser mayor que el beneficio.
La actual administración optó por desmontar el esquema. El argumento: el taxímetro se convirtió en un instrumento que limitaba el servicio en lugar de ampliarlo. El secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, lo resumió en una línea que define el giro: facilitar el acceso, no condicionarlo.
Pero detrás de la decisión hay algo más profundo. El modelo anterior apostó por imponer orden desde el diseño institucional; este opta por ajustarse a lo que la calle ya había definido. No es solo una eliminación, es una corrección de lectura.
Lo que se gana… y lo que regresa
Quitar el taxímetro resuelve un problema inmediato: elimina la fricción que estaba rompiendo el servicio. Pero abre otro que Tabasco conoce bien. Sin un mecanismo de medición, el control de tarifas vuelve a depender de acuerdos informales entre conductor y pasajero.
Ahí está el riesgo. Lo que hoy se celebra como alivio puede convertirse mañana en discrecionalidad. El desafío no era solo quitar el taxímetro, sino sustituirlo por algo que funcione mejor. Y eso todavía no está claro.
En paralelo, se formalizó la creación de Consejos Municipales de Movilidad, con la promesa de corregir una falla estructural: la distancia entre las decisiones estatales y la realidad local.
La apuesta es que las soluciones surjan desde territorio. Que cada municipio participe, opine y ajuste. El planteamiento es correcto en papel. La incógnita es si esos consejos tendrán capacidad real de incidir o terminarán siendo espacios de validación.
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Lo que sigue
El taxímetro cae, pero la discusión apenas empieza. El gobierno gana margen al alinearse con el rechazo ciudadano, pero ahora enfrenta una prueba más compleja: construir un sistema que funcione sin necesidad de imponerse.
Porque en Tabasco ya quedó una lección clara: cuando una política pública no se sostiene en la experiencia diaria, no importa qué tan bien esté diseñada. Tarde o temprano, la calle la termina por derribar.
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