CDMX.— El gobierno federal decidió apretar donde durante años se ha fugado el dinero público. No es una reforma fiscal ni un ajuste de tasas: es una ofensiva directa contra la evasión, las factureras y las prácticas irregulares en aduanas, dos espacios donde —admiten las propias autoridades— todavía se pierden cientos de miles de millones de pesos cada año.
El anuncio lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al presentar los resultados de la recaudación y las previsiones para 2026. El objetivo es ambicioso: recaudar casi 500 mil millones de pesos adicionales frente al ejercicio anterior, sin crear nuevos impuestos y sin modificar los existentes.
El mensaje político es claro: el Estado no irá por los contribuyentes cumplidos, sino por quienes han encontrado resquicios para no pagar.
En 2025, los ingresos tributarios crecieron 487 mil 464 millones de pesos respecto a 2024, lo que significó un aumento real de 4.8%, explicó la mandataria. Ese desempeño es la base sobre la cual se construye la meta de 2026.
OBJETIVO FISCAL
“Hay dos áreas donde todavía existe mucha fuga de recursos que no llegan al erario”, dijo: factureras y aduanas, dos palabras que desde hace años aparecen en diagnósticos oficiales, pero que ahora se colocan en el centro de la estrategia fiscal.
El encargado de aterrizar los números fue Édgar Amador, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
De acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación, para 2026 se proyecta una recaudación de 6 billones 448 mil millones de pesos, un incremento nominal de 496 mil millones —unos 28 mil millones de dólares— y un crecimiento real de 4.6%. “Sin aumentar impuestos, solo por seguir trabajando contra la evasión fiscal”, subrayó.
RUTA TÉCNICA
El plan no es retórico. Desde la Servicio de Administración Tributaria, su titular Antonio Martínez Dagnino detalló las conductas que serán prioridad en auditorías: operaciones con empresas factureras o nomineras que simulan pérdidas, deducciones ilegales, ingresos no declarados, abuso de estímulos fiscales, inconsistencias entre importaciones y ventas, subvaluación de mercancías, evasión de retenciones laborales, uso de paraísos fiscales y devoluciones improcedentes.
El foco en aduanas no es menor. Solo en 2025, por esa vía se recaudaron 246 mil millones de pesos, equivalentes al 27% de los ingresos tributarios netos. Para el gobierno, ese dato es una señal doble: muestra la relevancia del comercio exterior para las finanzas públicas, pero también el tamaño del margen donde persisten prácticas irregulares.
En paralelo, Hacienda buscó desactivar un frente de incertidumbre. Sobre la adenda que el Congreso incluyó en la Ley de Ingresos respecto a aseguradoras, Amador explicó que el precio de las primas se determinará por el mercado, sin intervención directa del gobierno. “No vemos condiciones para que de manera inmediata haya un incremento”, afirmó, en un intento por enviar certidumbre al sector financiero.
El destino de los recursos adicionales también forma parte del mensaje político. La presidenta Sheinbaum precisó que los ingresos extra de 2025 se canalizaron principalmente a programas de Bienestar, obras públicas, salud y educación, una narrativa que busca ligar eficiencia recaudatoria con gasto social y legitimidad fiscal.
El enfoque no es menor: apostar por recaudar más sin subir impuestos implica un equilibrio delicado entre firmeza y credibilidad institucional. La administración federal se juega aquí algo más que cifras: demostrar que combatir la corrupción fiscal puede ser una política de Estado sostenida, no solo un eslogan sexenal. Si la estrategia funciona, el impacto no será solo contable, sino político.
Sigue nuestro canal de WhatsApp
Recibe las noticias más importantes del día. Haz clic aquí