Reductores ilegales en Pomoca provocaron caos vial y exhibieron el desorden institucional tabasqueño.

Reductores bajo sospecha frente a Pomoca: un tope más al desorden institucional; Nacajuca se deslinda

NACAJUCA.— En Tabasco el problema no es que falten reglas, sino que cada autoridad hace como que interpreta las suyas al gusto. El caso de los reductores de velocidad colocados frente al fraccionamiento Pomoca, en la carretera Nacajuca–Villahermosa, lo resume bien: un enredo de competencias, un vacío legal y un jaloneo entre municipio y Estado.

Esta semana, el Ayuntamiento de Nacajuca se deslindó públicamente de los topes que aparecieron sin aviso frente al acceso principal de Pomoca. En redes y en un comunicado, el gobierno municipal aclaró que no tenía facultad alguna para modificar una vía estatal, y que su administración no participó en la instalación.

Rápido y sin titubeos, la Junta Estatal de Caminos (JEC) respondió: no otorgó permiso ni autorizó los reductores. Y no se quedó ahí: anunció sanciones contra quien resulte responsable por daños a la infraestructura y por alterar el orden vial.

Lo que parecía una anécdota de tránsito, se convirtió en síntoma del caos con que aún operan algunos territorios metropolitanos en Tabasco.

TOPE IMPROVISADO, PROBLEMA EXPUESTO

Los reductores fueron colocados sin autorización, sin estudio técnico y sin criterio. Pero no pasaron desapercibidos: los automovilistas —particulares, taxis y combis— reportaron daños a vehículos, frenazos riesgosos y embotellamientos.

Las quejas llegaron pronto a redes sociales y noticieros locales. La presión obligó a los gobiernos —municipal y estatal— a salir a dar la cara.

Nacajuca se desmarcó. La JEC actuó. Pero la pregunta sigue en el aire: quién puso los topes y por qué. Y esa pregunta revela algo más profundo: la debilidad institucional para coordinar servicios y obras en zonas de alta densidad urbana.

Pomoca es todo menos un punto menor en el mapa. Es el fraccionamiento más grande de Tabasco, con más de 20 mil habitantes. Está a medio camino entre Villahermosa y Nacajuca. Viven ahí familias trabajadoras, jóvenes, adultos mayores. Y desde hace años, reclaman atención urbana, seguridad y transporte.

JAVIER MAY: ORDENAR SIN HACER ESCÁNDALO

El gobernador Javier May no ha dado declaraciones sobre este caso, pero su política se está viendo reflejada en cómo actúan sus dependencias. La JEC no sólo retiró los topes. Lo hizo sin escándalo, pero marcando el límite entre lo permitido y lo ilegal.

No se trata sólo de sancionar. Se trata de dejar claro que en Tabasco hay un gobierno estatal que busca ordenar el territorio. En este caso, sin linchamientos políticos ni discursos vacíos. Sólo con acciones.

Y eso es lo que distingue esta administración: actuar donde otros sólo hablaban. La decisión de retirar los reductores y establecer responsabilidades parece pequeña, pero marca un parteaguas: en el espacio público ya no manda quien grita más fuerte o quien actúa por su cuenta.

YOLANDA OSUNA: UN CONTRASTE POSITIVO

Aunque el caso estalló fuera de Villahermosa, lo que pasa en Centro ayuda a entender lo que falta en otros lados. La presidenta Yolanda Osuna ha implementado una estrategia distinta: ordenamiento urbano con reglas claras y atención constante a vialidades.

En el municipio capital no hay topes clandestinos, no porque no haya problemas, sino porque hay una gestión urbana funcional. Osuna ha mostrado que sí se puede actuar con planeación y sin improvisación.

LOS DATOS DUROS DEL CASO

Motivo de la sanción: Alteración al tránsito, daño a la infraestructura y afectación al orden público.

Ubicación: Carretera Nacajuca–Villahermosa, acceso a Pomoca.

Reductores instalados: Número no especificado, pero con múltiples reportes ciudadanos.

• Entidad responsable de la vía: Junta Estatal de Caminos (JEC).

• Postura municipal: Nacajuca se deslindó de la instalación.

• Acciones del Estado: Retiro de reductores y anuncio de sanciones administrativas.

Por eso este caso contrasta tanto: mientras en Centro hay reglamentos y ejecución, en Pomoca el vacío permitió que cualquiera interviniera una carretera estatal sin permiso.

Lo ocurrido deja claro que Tabasco necesita una política metropolitana real, donde todos —Estado, municipios y ciudadanía— sepan hasta dónde llegan sus responsabilidades.

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