CDMX.— En la víspera de la primera elección directa del Poder Judicial en la historia de México, el gobierno federal enfrenta una presión social que no viene del aparato institucional ni de la oposición partidista, sino desde las calles: la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha intensificado su protesta nacional con un mensaje claro —y desafiante—: “Nuestros sueños no caben en sus urnas”.
Mientras tanto, el poder presidencial se juega una pieza clave del tablero: consolidar el proceso sin grietas sociales ni abstencionismo forzado.
“No nos vamos a ir con las manos vacías”, advirtió Pedro Hernández Morales, secretario general de la sección 9 de la CNTE en Ciudad de México, al rechazar la respuesta del gobierno federal a su pliego petitorio.
Para el magisterio disidente, la reforma al sistema de pensiones, específicamente la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, es una línea roja, y la propuesta oficial no cruza ni un centímetro esa frontera.
Más allá de los bloqueos, paros y plantones, el trasfondo político del mensaje es innegable: la CNTE se ha deslindado formalmente de cualquier boicot electoral, pero advierte que si la elección del Poder Judicial fracasa en participación o legitimidad, “no será por nosotros, sino por la incapacidad del gobierno de convencer al pueblo”.
LA DISPUTA POR LAS CALLES… Y POR LA NARRATIVA
El contexto importa. El gobierno de Claudia Sheinbaum llega a esta inédita elección judicial con la apuesta de legitimar al nuevo Poder Judicial a través del sufragio directo. La narrativa oficial ha sido persistente: acercar la justicia al pueblo, derribar los privilegios de las cúpulas y colocar a ministras, jueces y magistrados elegidos por votación popular.
Pero en las calles, la CNTE se instala como una fuerza que cuestiona esa legitimidad desde una lógica paralela: la de la justicia social no resuelta. “Nuestros sueños no caben en sus urnas”, expresó Elvira Veleces, dirigente de la sección 14 de Guerrero, al acusar que la reforma al sistema de pensiones sigue ignorando por completo las demandas históricas del gremio.
UN MOVIMIENTO QUE INCOMODA AL PODER
Históricamente, la CNTE ha sido una piedra en el zapato de gobiernos priistas, panistas y morenistas. Su fortaleza territorial en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, así como su independencia organizativa, le otorgan una capacidad de movilización que trasciende coyunturas electorales.
En esta ocasión, la dirigencia de la CNTE ha sido clara: no llama ni a votar ni a abstenerse, pero marca distancia del proceso electoral judicial, que considera ajeno a su lucha. “Sabemos que les preocupa la elección, pero si fracasa, será porque no convencieron al ciudadano de que era necesaria”, dijo Hernández.
La lectura política es inevitable: el gobierno busca evitar el ruido social que pueda enturbiar la narrativa democrática de la elección judicial. En ese escenario, la presencia de plantones en el Zócalo y la irrupción de la CETEG en el Congreso de Guerrero ponen a prueba tanto la estrategia de comunicación oficial como la tolerancia institucional.
EL OTRO CONFLICTO: LA LEY DEL ISSSTE Y EL SISTEMA DE PENSIONES
Lo que exige la CNTE no es nuevo. Desde 2007, con la reforma impulsada en el sexenio de Felipe Calderón, el sistema solidario de pensiones fue sustituido por un modelo de cuentas individuales administradas por Afore. Para miles de trabajadores de la educación, esa transición significó una regresión en derechos adquiridos.
“Pedimos que la jubilación se calcule en salarios mínimos, no en UMA; que se eliminen las Afore y regrese el sistema solidario”, exigió Elvira Veleces. La propuesta del gobierno federal, sin embargo, no incorpora ni uno solo de esos puntos, según denuncia la CNTE, que ha calificado el documento como “vacío, pura paja”.
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El desenlace de este capítulo aún está por escribirse. La Asamblea Nacional Representativa (ANR) definirá este fin de semana si el plantón instalado en el Zócalo desde el 15 de mayo se mantiene. El dilema es estratégico: mantenerse visibles en medio de la jornada electoral o replegarse momentáneamente para no abonar a la narrativa de desestabilización.
UNA ELECCIÓN JUDICIAL EN RIESGO DE OPACIDAD SOCIAL
En medio de esta efervescencia, la elección judicial avanza con desafíos estructurales: poca información ciudadana, boletas complejas, campañas de propaganda no reguladas, y ahora, movilizaciones sociales que podrían afectar la logística en zonas claves del país.
Aunque la presidenta ha insistido en que será una “elección libre, pacífica e histórica”, la irritación social que representa la CNTE podría mellarla simbólicamente, aunque no necesariamente en términos legales.
El riesgo es más profundo: que la elección no conecte con amplios sectores de la población que siguen sintiéndose excluidos del proyecto transformador.
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