DE PRIMERA MANO / POR RODULFO REYES / 6/04/2026 /
A un año y cuatro meses de que el gobernador Javier May Rodríguez lo denunciara como presunto cabecilla del grupo criminal La Barredora, y a seis meses de su detención en Paraguay, el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, sigue sin declarar. Este silencio ha impedido avanzar en la investigación contra sus superiores durante el sexenio anterior: el senador Adán Augusto López Hernández y el actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Merino Campos. La pregunta es inevitable: ¿cuánto más resistirá sin involucrarlos?
Aunque se encuentra recluido en el penal federal número 1, El Altiplano, el llamado Comandante H —identificado como operador en el sureste del capo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho— enfrenta cargos del fuero común, no del ámbito federal.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) lo tiene sujeto a proceso por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada. Recientemente se le imputó además el delito de desaparición forzada de persona, uno de los más graves cuando se comete en calidad de servidor público, con penas que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión.
En paralelo, las autoridades aseguraron 18 inmuebles vinculados a su entorno familiar, presuntamente adquiridos con recursos de procedencia ilícita, lo que amplía el alcance patrimonial de la investigación.
En términos jurídicos, Bermúdez Requena está contra las cuerdas. No se observa margen real de defensa en el escenario actual.
Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no ha escalado el caso al nivel federal con la contundencia esperada —en un contexto político complejo—, la Fiscalía tabasqueña ha avanzado de manera sostenida hasta cercarlo.
A sus 72 años, con problemas de salud y con presión judicial sobre su círculo cercano, el ex funcionario podría estar ante un punto de quiebre. Todo apunta a una posible negociación bajo la figura de testigo colaborador.
Dos de sus principales operadores en La Barredora, Tomás “N” y Ulises “N”, ya cuentan con ese estatus ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que les ha permitido mantenerse bajo resguardo en lugar de prisión ordinaria.
Sobre Bermúdez pesa también la posibilidad de extradición a Estados Unidos, escenario que ha sido anticipado por su defensa, aunque sin una solicitud formal hasta el momento.
Con acusaciones acumuladas y presión judicial creciente, la hipótesis cobra fuerza: si Bermúdez decide hablar, necesariamente tocaría a Adán López y a Carlos Merino.
Por ahora, son las autoridades de Tabasco las que han construido la radiografía más completa del caso, mientras que la FGR mantiene un perfil más contenido en cuanto a imputaciones federales.
El contraste es evidente: el caso avanza, pero no en todos los niveles.
Y la pregunta de fondo permanece: ¿por qué la estructura política aún no ha sido alcanzada?
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