CDMX.— El fracking en México dejó de ser una consigna política y empezó a asomarse como una decisión incómoda. El gobierno de Claudia Sheinbaum abrió la puerta a analizar su uso, pero lo hizo con cuidado: sin nombrarlo como ruptura, sin asumirlo como cambio de postura, y bajo una narrativa técnica que busca contener el costo político.
Durante el sexenio pasado, la fractura hidráulica fue una bandera de rechazo. No necesariamente una política operativa. Nunca se prohibió en ley, pero sí se instaló como límite discursivo. Hoy ese límite se mueve, no porque haya cambiado la ideología, sino porque la presión energética terminó por imponerse.
México consume cerca de 9 mil millones de pies cúbicos diarios de gas, pero apenas produce 2 mil 300 millones. El resto se importa. Y ese dato, que parece técnico, es el que redefine todo: el país depende en 75 por ciento de gas extranjero, principalmente de Estados Unidos. Lo más incómodo es que ese gas proviene, en su mayoría, de fracking en Texas.
La cifra que cambia todo
Ahí se rompe la narrativa original. México no está decidiendo si usar o no fracking. Ya lo usa todos los días, solo que lo compra. El debate deja de ser ambiental contra energético y se convierte en algo más profundo: dependencia frente a soberanía.
En ese contexto, el mensaje de Pemex no es menor. Su director, Víctor Rodríguez Padilla, habló de un “momento crítico” en el que el país tiene recursos abundantes que no ha aprovechado, mientras su consumo crece. La advertencia no es técnica, es estratégica: depender de importaciones implica quedar expuestos a precios, decisiones externas, eventos climáticos y tensiones internacionales.
La respuesta del gobierno no fue una autorización directa, sino un movimiento más cuidadoso. Se anunció la creación de un comité científico que, en un plazo de dos meses, evaluará la viabilidad del fracking bajo criterios ambientales. En apariencia es un proceso técnico. En el fondo, es una forma de administrar el riesgo político: trasladar la validación a especialistas, ganar tiempo y medir la reacción pública antes de tomar una decisión definitiva.
El mito del fracking limpio
Al mismo tiempo, se introduce una narrativa clave: la posibilidad de un fracking con menor impacto ambiental. Se habla de reducir químicos, reciclar hasta el 80 por ciento del agua y utilizar líquidos no potables. Sin embargo, el punto crítico permanece intacto. No existe fracking sin impacto ambiental relevante. Lo que sí puede existir es una reducción del daño que permita hacerlo políticamente viable.
El trasfondo de todo esto no está en el discurso ambiental, sino en la demanda energética que viene. El consumo de gas natural crecerá alrededor de 30 por ciento hacia el final del sexenio, impulsado por la generación eléctrica, la expansión industrial y la relocalización de empresas. Sin gas suficiente, ese modelo se frena. Con importaciones, se vuelve vulnerable. Con producción interna, se abre un conflicto ambiental que el gobierno ahora intenta administrar.
En paralelo, la apuesta por energías limpias sigue en pie. El objetivo es elevar su participación del 24 al 38 por ciento. Pero eso no sustituye al gas. Lo complementa. La transición energética en México no será una sustitución inmediata, sino una convivencia forzada entre combustibles fósiles y renovables.
El punto incómodo
Lo que está ocurriendo no es un simple ajuste técnico. Es un reacomodo político. El gobierno no está decidiendo si explotar gas no convencional, sino reconociendo que no hacerlo tiene un costo mayor. La soberanía energética, en los hechos, empieza a pasar por una técnica que durante años fue cuestionada.
Ahí está el punto más incómodo —y más revelador— del momento: México podría terminar produciendo con fracking el mismo gas que durante años criticó… pero que ya consume todos los días.
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