Fija INE topes de gasto en elección judicial: ministros podrán gastar hasta 1.4 mdp, consejeros advierten desigualdad

CDMX.— El Instituto Nacional Electoral (INE) ha determinado los topes de gastos de campaña para la inédita elección de jueces y magistrados que conformarán la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Tribunal de Disciplina Judicial y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Un proceso sin precedentes que, lejos de fortalecer la equidad, abre nuevos cuestionamientos sobre la influencia del dinero en la justicia.

A partir de una sentencia del TEPJF, que revocó el tope único de 220 mil 326 pesos, el INE aprobó montos diferenciados que han sido recibidos con recelo. Los candidatos a la SCJN podrán gastar hasta 1 millón 468 mil 841 pesos; los aspirantes al TEPJF hasta 881 mil 304 pesos; los magistrados de circuito hasta 413 mil 11 pesos y los jueces de distrito conservarán el límite original.

La decisión desató un fuerte debate entre los consejeros electorales, quienes alertaron que este modelo favorece la desigualdad entre los contendientes, beneficiando a quienes cuentan con recursos privados.

NUEVA DESIGUALDAD

La elección de integrantes del Poder Judicial ha despertado inquietudes desde su concepción. Pero el tema del financiamiento de campaña acentúa los riesgos de inequidad en un proceso donde no hay financiamiento público, ni límites claros para evitar que el dinero incline la balanza.

Para la consejera Dania Ravel, los nuevos topes de gasto generan una competencia desequilibrada: “En ninguna otra elección, los partidos o candidatos se han atrevido a señalar los topes como insuficientes. Aquí, en un proceso judicial, se está planteando el gasto como un derecho, y eso es preocupante”.

Y es que, al no contar con recursos públicos o reglas estrictas de financiamiento privado, los aspirantes con mayor capacidad económica tendrán ventaja sobre quienes dependen de otros medios de promoción. En palabras de Ravel: “Esto solo beneficia a los más ricos en un país profundamente desigual”.

CHOQUE INSTITUCIONAL

La controversia no solo se limita a los montos. El INE ha chocado frontalmente con el TEPJF sobre la interpretación de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE). Según el consejero Uuc-kib Espadas, la resolución del Tribunal obliga al INE a actuar fuera de la ley: “El Tribunal no interpretó la ley, la contradijo. Nos ordena establecer topes de campaña que van en contra del propio marco normativo”.

El artículo 522 de la LGIPE establece que los candidatos independientes no pueden superar el límite de aportaciones individuales permitidas para una campaña a diputación. No obstante, el Tribunal Electoral pasó por alto esa disposición y exigió que el INE fijara nuevos techos de gasto.

Para el consejero Jaime Rivera, la decisión exacerba una inequidad de origen: “Elevar los topes a cifras millonarias en una elección del Poder Judicial genera una competencia en la que solo algunos aspirantes podrán acercarse a esos montos, dejando fuera a quienes no tienen financiamiento”.

PISO PAREJO

El consejero Jorge Montaño trató de matizar la discusión, argumentando que los nuevos límites no significan que los candidatos deban gastar esas cantidades, sino que “permitirán mayor flexibilidad en el uso de los recursos”. Sin embargo, esto no resuelve la preocupación central: el modelo favorece a quienes tienen acceso a redes de financiamiento privadas y desprotege a los que no.

• 
  Opinión | ¿Prohibir los Narcocorridos? El debate que enfrenta a gobiernos, cultura y violencia en México
• 
  Repartieron plazas docentes sin reglas en Setab; destapan red de favoritismos en administración pasada
• 
  Atractivos turísticos de Nacajuca Tabasco: Cultura, tradición y naturaleza

En el fondo, el problema no es solo cuánto se puede gastar, sino quién tiene la capacidad de gastar. En elecciones tradicionales, el financiamiento público garantiza que todos los candidatos tengan acceso a recursos básicos. Aquí, el vacío normativo abre la puerta a una contienda en la que la capacidad económica puede definir los resultados.

REFORMA PENDIENTE

El debate sobre los topes de gastos de campaña en la elección judicial es un reflejo de los vacíos y contradicciones de una reforma inédita. Si bien se buscó democratizar el acceso a los órganos de justicia, las reglas de financiamiento ponen en entredicho la equidad del proceso.

El próximo desafío será fortalecer la fiscalización y evitar que el dinero se convierta en un filtro de acceso a los cargos judiciales. Mientras tanto, la contienda sigue adelante con la incógnita de si la elección garantizará un verdadero piso parejo o si terminará beneficiando a quienes pueden gastar más.