La elección de jueces y magistrados en México avanza con polémica. ¿Democracia o politización del Poder Judicial? Análisis del proceso en marcha.

Elección judicial: una reforma sin frenos y con obstáculos en el horizonte

La anunciada elección de jueces y magistrados por voto popular avanza como un tren sin frenos, impulsada por la voluntad del Senado y respaldada por el Ejecutivo. Sin embargo, más allá de la retórica triunfalista y los desafíos técnicos, la reforma enfrenta múltiples interrogantes: ¿está preparado el electorado para una elección de esta magnitud? ¿Cómo garantizar la independencia judicial? ¿Qué tan sostenible es esta transformación en el largo plazo?

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) la lista de 3,801 candidatos que competirán en la elección de jueces de distrito y magistrados de circuito.

A esta cifra se sumarán los jueces con pase directo, aquellos juzgadores en funciones que, sin necesidad de campaña, podrán continuar en su puesto si así lo decide la ciudadanía.

De acuerdo con Fernández Noroña, de los 881 cargos en disputa, el 74% corresponde a jueces y magistrados que buscan su ratificación. No obstante, los números aún requieren ajustes, pues los cálculos actuales indican que solo 422 jueces decidieron competir, lo que abre la puerta a nuevos nombres y a una redistribución de candidaturas.

Las fuerzas detrás de la elección

La distribución de postulaciones ilustra la intervención de los tres poderes:

1,416 candidatos fueron seleccionados por el Poder Legislativo.
1,430 fueron propuestos por el Ejecutivo.
955 pertenecen al Poder Judicial.
Además, 195 jueces y 195 magistrados en funciones tienen pase directo.

El INE cuenta con cinco días para revisar y validar las postulaciones antes de enviar la lista a Talleres Gráficos de México para la impresión de más de 600 millones de boletas. La magnitud del proceso es inédita y, si bien representa una apertura sin precedentes en el Poder Judicial, también conlleva un desafío logístico y un dilema sobre la idoneidad del mecanismo de elección.

LA RESISTENCIA DEL PODER JUDICIAL Y EL CHOQUE DE VISIONES

Desde su concepción, la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado críticas por parte del Poder Judicial. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y otros jueces han advertido sobre los riesgos de politización del sistema judicial. Para ellos, la independencia de los jueces debe salvaguardarse de intereses electorales y presiones externas.

Fernández Noroña ha minimizado estos cuestionamientos. Durante su intervención en el INE, no solo reiteró que la elección es un hecho irreversible, sino que desconoció cualquier criterio emitido por la SCJN en relación con posibles amparos que frenen el proceso. Su postura es clara: “La Corte puede decidir que el sol no salga mañana, pero el sol lo va a desacatar”.

La confrontación entre el Senado y la SCJN ha sido constante desde que el 5 de febrero de 2024, el presidente López Obrador presentó la iniciativa de reforma. Para sus impulsores, el proceso electoral es un acto de democratización; para sus detractores, una erosión del equilibrio de poderes.

¿ELECCIÓN DEMOCRÁTICA O CONTROL POLÍTICO?

La elección de jueces por voto popular se presenta como un hito democrático, pero plantea dudas fundamentales:

  • ¿Cómo garantizar que la ciudadanía tenga la información suficiente para elegir jueces capacitados?
  • ¿Cómo evitar que el proceso derive en una selección basada en popularidad y no en capacidad?
  • ¿Qué mecanismos habrá para prevenir la captura del Poder Judicial por intereses partidistas?

La tensión entre el Ejecutivo, el Legislativo y la SCJN solo irá en aumento conforme se acerque el 1 de junio, fecha en la que la ciudadanía acudirá a las urnas para definir la nueva estructura judicial del país.


CLAVES DEL PROCESO ELECTORAL JUDICIAL

📌 Candidatos registrados: 3,801
📌 Puestos en contienda: 881
📌 Candidatos con pase directo: 651
📌 Boletas a imprimir: Más de 600 millones
📌 Fecha de la elección: 1 de junio de 2025


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