GUADALAJARA.— La gravedad del fenómeno de la desaparición de personas en México es hoy más evidente que nunca. Las estadísticas nacionales advierten un escenario alarmante: más de 100,000 casos acumulados, con un alza sostenida en los últimos años que ha alcanzado un 6.3 por ciento en 2024, tras un incremento de 7.3 por ciento en 2023.

Estas cifras no sólo hablan de la escala del problema, sino de su persistencia en el tiempo: se estima que el 88 por ciento de los casos registrados ocurrió entre 2000 y mayo de 2024, y dentro de este periodo, el 48% se concentró en los últimos seis años.

Los números son fríos, pero esconden un drama que se expresa con toda su crudeza en lugares como el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco. En este predio, hallado con cintas amarillas y banderines que delimitan presuntas fosas, la hipótesis más inquietante es la existencia de un posible centro de adiestramiento y reclutamiento forzado, con indicios de exterminio a cargo de grupos criminales.

La sola idea de centenares de pares de zapatos, ropa y restos óseos calcinados golpea como una bofetada a una sociedad anestesiada por la violencia. Es una imagen que no debería pasar inadvertida y que, sin embargo, se enfrenta al riesgo de ser trivializada dentro de la escalada de sucesos atroces que sacuden al país desde hace décadas.

UN FENÓMENO NACIONAL CON FOCO EN JALISCO

En ese clima, no sorprende que Jalisco figure junto a Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León como una de las cinco entidades que concentran el 48 por ciento de todas las desapariciones a nivel nacional.

En estos estados se tejen historias que van de la violencia cotidiana a los enfrentamientos entre grupos de la delincuencia organizada, escenario que facilita la multiplicación de víctimas a las que, en demasiados casos, nadie logra o parece querer ubicar.

Por su parte, las regiones que tradicionalmente mantenían una incidencia menor, como Tlaxcala o Campeche, han presentado incrementos en los últimos años, fenómeno que rompe el mito de que sólo las entidades con alta densidad poblacional y presencia clara de cárteles están afectadas por el flagelo.

Un claro ejemplo es Tabasco, que reporta un aumento mayor al 80 por ciento en casos de desaparición con respecto a 2023.

EL ROSTRO MÁS VULNERABLE: MUJERES Y NIÑAS

La violencia de género se cuela en esta tragedia con cifras que la confirman: el 52.3 por ciento de los casos de desaparición de niñas y mujeres se concentra en el Estado de México, Tamaulipas, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México.

Aunque las adolescentes de entre 15 y 19 años siguen siendo el grupo más golpeado, con el 22 por ciento de todos los casos, hay una leve disminución respecto al año anterior, cuando ese porcentaje alcanzó el 39 por ciento.

Sin embargo, esta caída no ofrece un panorama alentador si se piensa en la magnitud absoluta de las desapariciones, que abarca a un amplio espectro de edades y contextos.

COLECTIVOS DE BÚSQUEDA: EL ESLABÓN ESENCIAL

Ante la lentitud institucional y la indiferencia política, más de sesenta colectivos de búsqueda —compuestos sobre todo por familias de las víctimas— se han convertido en la primera línea de acción.

Lo hacen con dignidad y con un coraje admirable, cubriendo territorios donde las autoridades no llegan o llegan tarde. Entre sus objetivos destacan la localización de fosas, la identificación de cuerpos enterrados de manera clandestina y la vigilancia de espacios en los que puedan encontrarse personas vivas.

Estos colectivos —como el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), que agrupa a colectivos de 24 estados de la República— surgieron con fuerza en estados del norte como Nuevo León, Chihuahua y Coahuila, y se han expandido por todo el país.

Su crecimiento respondió a la incapacidad de las autoridades para dar con el paradero de miles de seres humanos, una ausencia que golpea la entraña misma de las familias.

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Desde 2015, varios de estos grupos unieron esfuerzos para exigir la primera Ley General en materia de desapariciones, aprobada el 12 de octubre de 2017. Aun así, la respuesta institucional sigue siendo notoriamente insuficiente.

CUANDO LA VIOLENCIA SE VUELVE COSTUMBRE

Las escenas descritas en Teuchitlán evocan imágenes extremas que, no obstante, se diluyen en un mar de horrores cotidianos: decapitaciones, desmembramientos, cremaciones de cuerpos y la proliferación de fosas clandestinas en todo el territorio nacional.

Parte de la tragedia radica en la normalización de estos actos, un fenómeno que se refiere, en esencia, a cómo perpetradores y hasta ciertos segmentos de la sociedad se habitúan tanto a la barbarie que, poco a poco, la violencia deja de escandalizar y termina percibiéndose como parte de la rutina.

Esta indiferencia, o incluso anestesia, también recorre la reacción gubernamental. Ante acusaciones que apuntan a un supuesto campo de exterminio en el rancho Izaguirre, la primera respuesta suele ser la descalificación de las fuentes.

Se minimiza el hallazgo, se duda de la autenticidad de la investigación de las madres buscadoras y se acusa a “terceros intereses” de exagerar la realidad.

Bajo la sombra de la propaganda, cada quien defiende su postura: unos tienden a magnificar los hechos para golpear a sus rivales políticos, mientras otros, en un acto de obcecación, los niegan o restan importancia, calificando de carroñeros a quienes denuncian.

LOS RIESGOS DE IGNORAR LO QUE OCURRE

Ese vaivén entre la exageración absoluta y la negación completa termina por invisibilizar la tragedia. Lo que queda, tristemente, es una sociedad polarizada que no logra —o no quiere— atajar la raíz del problema.

Se desperdicia la oportunidad de investigar a fondo si, en efecto, el rancho Izaguirre encubría un esquema de reclutamiento forzado y desaparición de jóvenes, porque la discusión se centra más en aplastar la credibilidad del denunciante o en inflamar el caso para sacar rédito político.

Mientras tanto, los hechos descritos por las familias que acudieron a Teuchitlán, donde dicen haber encontrado documentos, ropa y cenizas humanas, no reciben la atención minuciosa de las autoridades responsables.

Se posterga la posibilidad de realizar más peritajes, de exhumar con cuidado los restos, de cotejar datos genéticos y responder las preguntas que durante años han atormentado a quienes siguen buscando a sus seres queridos.

ESPERANZAS FRENTE A LA DESOLACIÓN

Entre las ruinas de este panorama, se vislumbra un hilo de esperanza en la insoslayable presión ciudadana. Cada conferencia de prensa en la que los colectivos exponen hallazgos, cada marcha y cada proceso judicial que se emprende, mantiene vivo el reclamo de justicia.

Si bien no se trata de una vía rápida, a veces logra forzar la intervención de las fiscalías, reorientar la atención mediática y movilizar a las ONG internacionales, cuya presencia puede empujar a las instituciones a tomar medidas concretas.

El gran reto es que esa protesta social se traduzca en planes de búsqueda verdaderamente científicos, con tecnología y protocolos homologados a nivel nacional.

Desde el cartografiado de zonas de riesgo hasta la construcción de bases de datos biométricos unificados, se requiere una participación interinstitucional que no se limite a administrar la tragedia, sino que tenga el firme propósito de prevenir y erradicar estos episodios de horror.

EL RECLAMO DE UN PUNTO DE QUIEBRE

El problema es de tal magnitud que no puede reducirse a una cacería de chivos expiatorios cada vez que aparece una fosa. Se trata de entender que la desaparición de personas es un fenómeno multinivel —afecta tanto las estructuras de seguridad como la cultura social— y que, por ende, necesita intervenciones de gran calado, más allá de un cambio de gobierno o de la aprobación de una ley.

Por más que existan mejoras legislativas, será insuficiente si no se acompaña de presupuesto, capacitación y estrategias orientadas a romper la simbiosis que se ha gestado entre la delincuencia y sectores de la autoridad.

Lo que se perfila en el rancho Izaguirre es el retrato de un país cuyos mecanismos de control no bastan para frenar los abusos de poder. Y si no se comienza un proceso de lo que podría llamarse des-banalización del mal, corremos el riesgo de que la desesperanza arraigue y el espanto se asuma como el pan de cada día.

El rostro de Jalisco no es el único que se ve manchado por la violencia: muchos otros estados padecen la misma cruda realidad. No obstante, la relevancia de lo ocurrido en Teuchitlán reside en que, al evidenciar los extremos a los que puede llegar la maquinaria criminal, enciende alarmas que, ojalá, trasciendan la retórica de unos cuantos días y cristalicen en un compromiso sincero por combatir la impunidad.

La crisis de los desaparecidos va más allá de lo que se localice en un predio particular. Es una herida abierta que desgarra al país entero. Mientras no exista la voluntad de detener esta espiral, nuevas fosas clandestinas surgirán cada tanto en distintos rumbos de la geografía nacional, y el eco de las madres que claman por sus hijos se hará cada vez más fuerte, reclamando un final a esta larga noche de incertidumbre.