Por Rodulfo Reyes
A pesar de que el escándalo de La Barredora reventó por una imputación del gobernador Javier May Rodríguez contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad en el sexenio pasado, los datos incriminatorios contra el senador tabasqueño Adán Augusto López Hernández han estado saliendo del ámbito federal, en particular desde la Fiscalía General de la República (FGR).
La evidencia de que es un problema entre iguales y que proviene de la capital del país no ha bastado para que en el equipo de quien fuera secretario de Gobernación se siga insistiendo en que el caso es local, y que es el grupo político del mandatario estatal el que surte los cartuchos para el llamado fuego amigo.
Es decir, se sostiene que el cúmulo de información contra el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado sale de fuentes tabasqueñas y no —a pesar de la evidencia— del propio régimen morenista federal.
Desde el 13 de noviembre de 2024, cuando el jefe del Ejecutivo local señalara en rueda de prensa que el cabecilla de La Barredora era un funcionario cercano a Adán López, han sido medios nacionales los que publican fragmentos del expediente y de las investigaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, siempre citando como fuentes a las instituciones federales.
En ninguna información se ha citado al gobierno de Tabasco como origen de las notas periodísticas.
Los datos que han alimentado el linchamiento mediático contra López Hernández identifican claramente a la Fiscalía federal.
Además, desde hace semanas tanto May Rodríguez como su secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador, han dicho que la solicitud de la oposición para que Adán deje la coordinación parlamentaria es un tema mediático. Han salido, pues, en su defensa.
El senador ya ha dicho que está dispuesto a comparecer cuando sea requerido por las autoridades, según han señalado el número uno y el número dos del gobierno de la tierra del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Aun con ese aparente respaldo desde la administración estatal, en el adancismo se sigue viendo a May Rodríguez como responsable del linchamiento. Acaso por eso continúa el cruce subterráneo de acusaciones entre ambos bandos.
La prueba visible de este desencuentro es la reciente revelación de que el hermano del ex presidente López Obrador posee 13 ranchos.
José Ramiro es acusado de haber comprado esas propiedades —con valor superior a seis millones de pesos—, de las cuales siete habrían sido adquiridas durante el gobierno de AMLO.
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Esa información se ubica dentro del choque político entre Javier May y Adán López, y fue difundida por una persona vinculada al equipo del senador tabasqueño.
Cuando López Hernández buscó la candidatura presidencial de Morena, dicho personaje fungió como su representante en el norte del país.
A principios de 2018, cuando Adán López llegó a Plaza de Armas y era gobernador electo, inició una cacería mediática contra su antecesor, el perredista y lopezobradorista Arturo Núñez Jiménez. El mismo operador que hoy difunde información contra José Ramiro había señalado entonces presuntos casos de corrupción en la gestión de Núñez.
Ese personaje reveló en un programa de radio facturas por un dron de 12 millones de pesos, adquirido por la administración nuñista. La acusación fue directa contra el secretario de Gobierno Gustavo Rosario Torres, señalado de inflar el costo del dron y desaparecerlo.
Aquel escándalo se enmarcó en el enfrentamiento político entre Adán López y Arturo Núñez, y terminó sin consecuencias: Núñez fue protegido por el entonces presidente, y nunca fue citado a declarar por la reprobación de su cuenta pública 2018.
Sin embargo, el episodio sirvió para exhibir el modo de operar del grupo político de López Hernández en materia de guerra mediática.
El personaje que ahora se lanza contra José Ramiro López Obrador —y antes contra el secretario de Gobierno de Núñez— es una herencia del ex gobernador Roberto Madrazo Pintado al ahora senador tabasqueño en problemas.
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