Héctor I. Tapia
El Centro de Convenciones dejó de moverse en el terreno de las proyecciones y entró, de lleno, a la fase donde los plazos importan más que los discursos. El secretario de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, Daniel Arturo Casasús Ruiz, puso fechas sobre la mesa y convirtió el proceso de licitación en un calendario cerrado, con inicio y final definidos.
“Estamos justo en el proceso de licitación”, explicó el funcionario al detallar que cuatro empresas manifestaron interés, pero solo dos pagaron las bases y cumplieron con los requisitos legales, un primer filtro que redujo la competencia desde el arranque. Ambas, precisó, son empresas tabasqueñas.
Casasús marcó el tramo final del procedimiento con una secuencia precisa:
la apertura de propuestas será el 20 de enero, el fallo el 23 de enero, la firma del contrato el 26 de enero y el inicio formal de la obra el 29 de enero. El plazo de ejecución, subrayó, ya no es una estimación abierta: la fecha de terminación está fijada al 31 de diciembre de 2027.
En 2026 tenemos un paquete de obras de gran impacto social, como parte de una política de obra pública planeada, responsable y con profundo sentido social: infraestructura de agua potable, saneamiento, caminos, movilidad y vivienda, que atienden necesidades reales y generan… pic.twitter.com/E598xCwny2
— JAVIER MAY (@TabascoJavier) January 19, 2026
El dato no es menor. Por primera vez, el proyecto se presenta con un horizonte temporal completo, desde la licitación hasta la conclusión física, lo que lo coloca en una lógica distinta a la de anuncios preliminares o anteproyectos.
“Esta obra ya fue autorizada por el Congreso del Estado con la plurianualidad para que podamos tener un contrato que ocupe dos años fiscales”, recordó el secretario, dejando claro que el calendario no es una ocurrencia administrativa, sino una consecuencia directa de cómo fue autorizado el proyecto.
En paralelo, el titular de la SOTOP confirmó que el esquema de supervisión externa avanza con su propio proceso: la convocatoria se publicó el 10 de enero, cuatro empresas cumplen con los requisitos legales —tres de ellas tabasqueñas— y el calendario corre casi en espejo con el de la obra principal: apertura el 26 de enero, fallo el 27, firma el 28 e inicio del servicio el 29, con conclusión alineada al mismo plazo del contrato de ejecución.
Con esas fechas, el Centro de Convenciones dejó de ser un proyecto “en revisión” para convertirse en una obra con reloj en marcha.
EL CARRIL ADMINISTRATIVO QUE AMARRA LA OBRA
Más allá del calendario anunciado por el secretario, el proyecto ya tiene un anclaje administrativo que lo vuelve difícil de revertir.
De acuerdo con el documento “387.- Iniciativa de Celebración de Contrato Plurianual”, el Gobierno del Estado de Tabasco solicitó y obtuvo autorización para ejecutar el Proyecto Integral del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tabasco mediante un contrato plurianual, una figura que compromete recursos de más de un ejercicio fiscal y blinda la obra frente a los cortes presupuestales de fin de año.
El dato central del documento es el techo financiero del contrato:
$2,010,000,000.00 (dos mil diez millones de pesos), IVA incluido. El monto no se concentra en un solo ejercicio, sino que se divide de manera exacta en dos años fiscales:
- 2026: $1,005,000,000.00
- 2027: $1,005,000,000.00
Esta estructura revela la lógica del proyecto: no se trata de una obra pensada para arrancar y detenerse con el calendario presupuestal, sino de un compromiso financiero diseñado para ejecutarse de manera continua, del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027, sin necesidad de renegociaciones intermedias.
El propio documento lo deja claro en su justificación administrativa: la plurianualidad busca evitar la trampa clásica de las obras públicas de gran escala, aquellas que inician tarde, se frenan por el cierre fiscal y terminan reconfigurándose a mitad del camino. Aquí, el contrato se concibe desde el origen para atravesar dos ejercicios completos.
Además del monto global, la “Iniciativa de Celebración de Contrato Plurianual” fija obligaciones de seguimiento y rendición de cuentas una vez formalizado el instrumento: la obra deberá incorporarse a los esquemas de control del gasto, reportarse conforme a los mecanismos establecidos y comunicarse a las instancias correspondientes, incluido el Congreso del Estado, en los términos que marca el decreto.
En términos prácticos, esto significa que el Centro de Convenciones ya tiene carril administrativo propio: presupuesto autorizado, vigencia definida, reglas de seguimiento previstas y un contrato diseñado para ejecutarse sin sobresaltos fiscales. Lo que sigue —licitación, fallo y construcción— ocurre dentro de ese marco que, desde el papel, ya no se mueve.
EL COSTO EXPLICADO POR PARTIDAS, NO POR DISCURSOS
El monto autorizado para el Centro de Convenciones no solo está definido; también está desarmado pieza por pieza en el documento que sustenta legalmente la obra. De acuerdo con la “387.- Iniciativa de Celebración de Contrato Plurianual”, los $2,010 millones de pesos no se presentan como una cifra genérica, sino como un conjunto de partidas presupuestales que permiten leer qué pesa más en la construcción del recinto.
El desglose es exacto y cierra al peso:
- Partida 622: $1,022,482,394.79
- Partida 625: $41,744,983.87
- Partida 627: $250,972,951.45
- Partida 629: $694,799,669.89
La suma total coincide con el techo financiero autorizado: $2,010,000,000.00.
El orden de magnitud es revelador. Más de la mitad del costo total se concentra en la partida 622, lo que indica que el mayor peso del presupuesto está en el núcleo constructivo del proyecto: estructura, obra civil principal y componentes de edificación pesada.
En segundo lugar aparece la partida 629, con casi 695 millones de pesos, un bloque que suele agrupar instalaciones, equipamiento, sistemas especiales y elementos que definen el funcionamiento del inmueble más allá del cascarón.
Las partidas intermedias —625 y 627— completan el rompecabezas con rubros específicos, de menor monto relativo, pero necesarios para cerrar el ciclo constructivo. El documento no deja espacio para ambigüedades: cada peso está asignado antes de que arranque la obra, lo que reduce el margen para ajustes improvisados una vez iniciados los trabajos.
Este nivel de detalle no es un adorno técnico. En términos de control público, el desglose por partidas permite que el seguimiento posterior —auditorías, revisiones y fiscalización— no se haga sobre un monto global abstracto, sino sobre rubros concretos que pueden compararse con avances físicos y financieros. El dinero, aquí, ya tiene destino administrativo definido.
TAMAÑO, CAPACIDAD Y USO: EL PROYECTO LLEVADO A ESCALA REAL
Más allá del costo, el Centro de Convenciones está descrito en los documentos oficiales como un recinto con dimensiones, capacidades y usos específicos, lo que permite traducir el proyecto a términos medibles. Según la “387.- Iniciativa de Celebración de Contrato Plurianual”, la obra contempla una superficie total mayor a 30,000 metros cuadrados, una escala que la coloca entre los proyectos de infraestructura pública más grandes del sexenio.
El corazón del complejo será el edificio de exposiciones, con una superficie superior a los 4,600 metros cuadrados y una altura libre de 12 metros, diseñada para albergar alrededor de 300 stands. La capacidad operativa prevista es clara: hasta 5,000 visitantes simultáneos en el área de exposiciones, sin considerar auditorios y espacios complementarios.
A este núcleo se suma un programa arquitectónico más amplio que el propio secretario Daniel Arturo Casasús Ruiz volvió a detallar en su intervención pública. El proyecto contempla auditorios, edificio de convenciones, plazas cubiertas, patios, jardines, andadores y estacionamiento, además de un componente comercial que introduce una lógica de uso permanente al recinto.
En ese punto, Casasús aportó un dato que convierte el proyecto en una pieza urbana más compleja: el Centro de Convenciones incluirá hasta 50 locales comerciales, con superficies que van de 70 a 250 metros cuadrados, pensados para distintos giros. No se trata solo de un inmueble para eventos esporádicos, sino de un espacio con actividad cotidiana.
La capacidad de usuarios también está definida:
- 6,000 personas en modalidad banquete
- 7,500 personas en modalidad auditorio
Estos números permiten dimensionar el impacto operativo del recinto en términos de movilidad, servicios y logística urbana. Incluso el diseño ambiental está considerado: el proyecto incorpora vegetación, plazas cubiertas y áreas abiertas con el objetivo explícito de generar microclimas y abatir la sensación térmica, un detalle que suele omitirse en obras públicas, pero que aquí aparece consignado en la narrativa técnica del proyecto.
En suma, el Centro de Convenciones no está descrito como una idea abstracta, sino como un edificio medido, con capacidades máximas, usos previstos y una operación pensada desde el papel. En este punto del proceso, el proyecto ya puede dibujarse con números, no solo con renders.
CÓMO LA LICITACIÓN SE FUE CERRANDO
El recorte de participantes en la licitación del Centro de Convenciones no ocurrió de manera abrupta ni política; ocurrió dentro del propio procedimiento técnico-administrativo, como queda asentado en las actas oficiales.
De acuerdo con el Acta de Junta de Aclaraciones de la Licitación, correspondiente al Proyecto Integral del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tabasco, la licitación se condujo bajo reglas precisas que, en los hechos, fueron elevando el umbral de entrada.
El acto se celebró el 7 de enero de 2026, a las 10:00 horas, en la Sala de Juntas de la Dirección de Concursos y Licitaciones de la SOP de la SOTOP, en Villahermosa, con un dato clave que fija el contexto: se trató de una Convocatoria Pública Nacional, identificada con el número LICITACIÓN No. 5627D602-013-2025 SOTOP-SOP-001-CE/26, para la obra 14001426.- Proyecto Integral del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tabasco.
Lejos de ser un trámite formal, la junta documenta ajustes técnicos concretos que modificaron el piso del concurso. En el apartado relativo al personal profesional, por ejemplo, se precisó el perfil exigido para el responsable de seguridad e higiene, ampliando las carreras aceptadas, pero manteniendo el requisito de experiencia comprobable en contratos de edificación. Este tipo de correcciones no suaviza el proceso; lo hace más específico.
El acta también deja constancia de la entrega de modificaciones al catálogo de conceptos y especificaciones particulares, a cargo del arquitecto Ramiro López Bocanegra, representante de la Dirección de Proyectos de la SOP de la SOTOP. En ese paquete se agregaron conceptos con clave propia, entre ellos:
- CCC-105: Carga mecánica a camión volteo de material producto de demoliciones.
- CCC-106: Acarreo de material producto de demolición al primer kilómetro sobre caminos pavimentados, con tarifa de la Secretaría de Movilidad del Estado de Tabasco.
- CCC-153: Acarreo del kilómetro 2 al kilómetro 20, igualmente bajo tarifa oficial de Movilidad.
Incluso las cantidades quedaron asentadas en el acta (por ejemplo, 10,270.00 y 41,080.00 en determinados conceptos), lo que muestra que la licitación se afinó hasta el nivel operativo, no solo en términos generales.
El documento advierte además reglas claras: los eventos se rigen por la hora establecida en las bases; si un participante no ingresa a la sala por causas ajenas, el registro se realiza en la puerta; y solo quienes cumplen el procedimiento continúan.
Ahí está la explicación administrativa de por qué algunas empresas aparecen en etapas iniciales y luego ya no figuran, sin necesidad de comunicados públicos.
El cierre del acta, a las 10:40 horas, con todas las hojas y anexos rubricados, refuerza su función: no es un resumen, es un soporte para auditoría futura.
DE TRES EN SITIO A DOS EN LA MESA FINAL
El momento exacto en que la competencia se reduce puede rastrearse con claridad cuando se comparan dos documentos consecutivos del proceso. Según el acta correspondiente a la Visita al Sitio de los Trabajos, el procedimiento tuvo una estación obligatoria el 2 de enero de 2026, a las 10:00 horas, bajo el mismo número de licitación y el mismo identificador de obra.
En esa visita, que no fue simbólica sino formal, participaron funcionarios responsables —entre ellos el arquitecto Ramiro López Bocanegra, el ingeniero José Francisco Palomera Murillo y el señor Abraham Ortiz Manzanilla, de Turismo y Desarrollo Económico— y quedaron asentadas tres empresas licitantes:
- Grupo Industrial Rubio, S.A. de C.V., representada por Javier Arturo López Molina.
- Calzada Construcciones, S.A. de C.V., representada por Luis Enrique Camarena Muñoz.
- Engrene Constructivo, S.A. de C.V., representada por José Luis Macareno Olavarri (nombre asentado de forma manuscrita en el acta).
Esa fotografía inicial cambia días después. En la Junta de Aclaraciones, solo dos empresas aparecen firmando como licitantes:
- Calzada Construcciones, S.A. de C.V., representada por Luis Enrique Camarena Muñoz.
- Grupo Industrial Rubio, S.A. de C.V., representada por Javier Arturo López Molina.
Engrene Constructivo deja de figurar en esta etapa porque no cubrió la garantía de seriedad exigida en la convocatoria, de acuerdo con lo explicado por el secretario.
Solo Rubio y Calzada realizaron el pago del recurso obligatorio para continuar en el proceso, un filtro técnico-administrativo previsto en el mecanismo de licitación.
No hubo descalificaciones públicas ni señalamientos: el recorte ocurrió dentro de las reglas del procedimiento, como suele suceder cuando el cumplimiento de requisitos financieros reduce el número de competidores conforme avanza la licitación.
El acta también documenta quiénes dieron fe institucional del evento: arquitecto Iván Arturo Alamilla Hernández (Subdirector de Concursos y Licitaciones), Mario Benjamín Alemán Abreu (Director de Seguimiento de Obra), además del propio Ramiro López Bocanegra, José Francisco Palomera Murillo y la arquitecta Alejandra Cámara Martínez, representante de Turismo y Desarrollo Económico. La presencia de estas firmas cierra el círculo administrativo.
Así, sin estridencias ni anuncios, el proceso quedó concentrado en dos nombres. La licitación del Centro de Convenciones pasó de una fase abierta a una decisión acotada, sustentada en actas, fechas y firmas. A partir de ese punto, el desenlace ya no depende de cuántos quieran competir, sino de quién cumpla mejor lo que el propio expediente exige.
DEPURACIÓN SIN ESTRIDENCIAS
La reducción de participantes en la licitación del Centro de Convenciones puede seguirse paso a paso en los documentos oficiales, sin necesidad de interpretaciones externas. El punto de partida está en la ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS, correspondiente a la Licitación No. 5627D602-013-2025 SOTOP-SOP-001-CE/26, levantada el 02 de enero de 2026, a las 10:00 horas.
Ese documento acredita que tres empresas cumplieron con una de las estaciones obligatorias del proceso: acudir físicamente al predio donde se desarrollará la obra, acompañadas por funcionarios responsables de la SOTOP y de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico. Las firmas asentadas fueron:
- Grupo Industrial Rubio, S.A. de C.V., representada por Javier Arturo López Molina.
- Calzada Construcciones, S.A. de C.V., representada por Luis Enrique Camarena Muñoz.
- Engrene Constructivo, S.A. de C.V., representada por José Luis Macareno Olavarri.
La visita no fue un trámite simbólico. El acta deja constancia de servidores públicos específicos —Ramiro López Bocanegra, José Francisco Palomera Murillo y Abraham Ortiz Manzanilla— y se integra al expediente como requisito indispensable para continuar en la licitación.
El segundo documento clave, la ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES, levantada el 07 de enero de 2026, muestra ya un escenario distinto. En esa etapa, solo dos empresas aparecen firmando como licitantes: Grupo Industrial Rubio, S.A. de C.V. y Calzada Construcciones, S.A. de C.V.. Engrene Constructivo ya no figura.
No hay en el expediente una explicación pública de su salida, ni la requiere el procedimiento. El propio mecanismo de licitación explica el recorte: la junta de aclaraciones fija condiciones técnicas definitivas, ajusta perfiles profesionales, modifica catálogos de conceptos y confirma quiénes pagaron bases, atendieron requisitos legales y técnicos y mantuvieron vigencia administrativa.
Este punto empata con lo dicho públicamente por el secretario Daniel Arturo Casasús Ruz, quien confirmó que cuatro empresas manifestaron interés, pero solo dos pagaron las bases y cumplieron con los requisitos legales. La estenografía no contradice al expediente: lo complementa. Hubo más interesados, menos participantes formales y, finalmente, dos competidores reales.
Así, el proceso no “expulsa” empresas; las va dejando atrás conforme avanza el filtro técnico-administrativo. El resultado es un expediente limpio, con un recorte documentado y sin controversia pública.
CÓMO SE BLINDA UNA OBRA FINANCIADA CON CRÉDITO PÚBLICO
El Centro de Convenciones no solo avanza con un esquema financiero amarrado por plurianualidad; también lo hace bajo un modelo de doble control que refuerza la narrativa institucional de cuidado del gasto.
El primer candado es el constructor que resulte ganador de la licitación. El segundo, una supervisión externa independiente, contratada mediante un proceso paralelo.
De acuerdo con la convocatoria publicada por la SOTOP el 10 de enero de 2026, el Gobierno del Estado abrió una Convocatoria Pública Nacional para contratar la Supervisión Externa del Proyecto Integral del Centro de Convenciones y Exposiciones de Tabasco, con un dato central: la supervisión tendrá la misma duración que la obra, es decir, 700 días naturales, alineados al periodo de ejecución del contrato principal.
La supervisión no recaerá en personal interno del Gobierno. Se trata, según el propio expediente, de una empresa ajena a la administración, responsable de vigilar avances físicos, cumplimiento técnico, tiempos y control financiero desde el arranque hasta la conclusión del proyecto.
En su declaración pública, Casasús Ruz precisó que cuatro empresas cumplieron con los requisitos legales para participar en la supervisión, tres de ellas tabasqueñas, y fijó un calendario paralelo al de la obra:
- Apertura: 26 de enero
- Fallo: 27 de enero
- Firma de contrato: 28 de enero
- Inicio del servicio: 29 de enero, junto con el inicio de obra
- Conclusión: alineada al término del contrato de ejecución
Este esquema conecta directamente con lo establecido en el documento “387.- Iniciativa de Celebración de Contrato Plurianual”, donde se anticipa que una obra de esta magnitud —con un techo financiero de $2,010 millones de pesos y ejecución en dos ejercicios fiscales— debe contar con mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas desde su diseño contractual.
En los hechos, el Centro de Convenciones operará bajo un doble candado institucional:
- una empresa constructora obligada a cumplir contrato, plazos y especificaciones;
- una empresa supervisora externa encargada de documentar, observar y reportar.
Para una obra financiada con crédito público y colocada en el centro del Proyecto Villahermosa 2030, el mensaje es claro: el expediente no solo busca construir, sino dejar constancia. Cada etapa —desde la licitación hasta la supervisión— queda asentada en actas, contratos y calendarios que, más adelante, podrán leerse con el mismo rigor con el que hoy se están firmando.
FECHAS AMARRADAS: DEL PAPEL A LA OBRA
A diferencia de otros proyectos públicos que se anuncian sin reloj, el Centro de Convenciones entra a su tramo final con fechas precisas y consecutivas, asentadas tanto en el expediente administrativo como en la versión pública del secretario de Obras. Según la versión estenográfica de Daniel Arturo Casasús Ruz, el proceso se mueve así:
- 20 de enero: apertura de propuestas de la licitación de obra.
- 23 de enero: emisión del fallo.
- 26 de enero: firma del contrato de ejecución.
- 29 de enero: inicio de obra, con un plazo de 700 días naturales.
- 31 de diciembre de 2027: fecha de terminación.
Ese calendario no es una promesa: empata con la arquitectura financiera ya autorizada por el Congreso. El contrato plurianual —documentado en la “387.- Iniciativa de Celebración de Contrato Plurianual”— está diseñado para ejecutarse del 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2027, con cargo a dos ejercicios fiscales en partes iguales. El reloj de la obra y el reloj del presupuesto corren sincronizados.
En paralelo, la supervisión externa sigue un cronograma espejo, también confirmado por Casasús:
- 26 de enero: apertura de propuestas de supervisión.
- 27 de enero: fallo.
- 28 de enero: firma del contrato.
- 29 de enero: inicio del servicio, el mismo día que arranca la obra.
- Conclusión: alineada al término del contrato de ejecución.
El efecto práctico es claro: no hay ventanas muertas entre fallo, firma y arranque; tampoco hay desfase entre constructor y supervisor. Desde el primer día de obra, habrá dos expedientes caminando en paralelo: el de quien construye y el de quien vigila.
En ese punto, el proyecto deja de ser expediente y se vuelve territorio. El calendario ya no es una proyección: es una secuencia en marcha.
CUANDO EL EXPEDIENTE SE CONVIERTE EN OBRA
El Centro de Convenciones llega a esta etapa sin estridencias. No hubo anuncio espectacular ni competencia mediática; hubo actas, juntas, firmas y fechas. El proceso se fue cerrando como suelen cerrarse las licitaciones técnicas: por requisitos, por perfiles, por catálogos y por capacidad administrativa.
El expediente muestra un recorrido completo: primero, un contrato plurianual que amarra recursos y evita el corte fiscal; después, una licitación que se depura sola conforme avanzan las estaciones obligatorias; más tarde, un doble candado que suma supervisión externa; finalmente, un calendario que encadena fallo, firma y arranque sin pausas.
Al final del camino quedaron dos empresas, no por proclamación política, sino porque son las únicas que aparecen firmando cuando el proceso se vuelve exigente. Antes hubo más nombres; hoy hay menos. El expediente lo dice sin subrayados.
A partir del 29 de enero, el proyecto deja de ser una suma de documentos y empieza a ser una obra que se medirá en días, metros, avances y reportes. Todo lo anterior —plurianualidad, partidas, actas, filtros— no fue el espectáculo: fue la preparación del terreno.
El Centro de Convenciones entra así a su fase definitiva. No como promesa, sino como obra que ya corre, con un expediente que, desde ahora, se puede leer hacia atrás y —cuando termine— se podrá auditar hacia adelante. Ahí quedará, negro sobre blanco, si el papel sostuvo al concreto.
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