GUADALAJARA.— El rancho Izaguirre, situado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, se ha convertido en el epicentro de una polémica de proporciones nacionales. Hasta hace unas horas, el predio permanecía bajo resguardo de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco (FGJE), pero la irrupción de la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Alejandro Gertz Manero, modificó el tablero.
A partir de la detención de José Gregorio N, alias El Lastra, la indagatoria pasó al ámbito federal, bajo cargos de delincuencia organizada y otros delitos conexos.
En la conferencia de prensa matutina, el fiscal Gertz Manero anunció que la FGR asumía el control del rancho Izaguirre y solicitaba oficialmente la entrega de cualquier evidencia bajo custodia de la fiscalía jalisciense.
El proceso no estuvo exento de matices: por un lado, Gertz subrayó que los peritajes ya iniciados por la FGJE debían concluirse antes de la transferencia de las carpetas de investigación; por el otro, adelantó que la FGR emprenderá diligencias propias y presentará información “de manera secuencial”.
JOSÉ GREGORIO LASTRA HERMIDA
(alias “El Lastra” o “El Comandante Lastra”)
- Edad y origen: 51 años, originario de Veracruz (según reportes preliminares).
- Detención: Capturado en la Alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México, el 20 de marzo de 2025, junto a Abril Dianeh.
- Principales acusaciones: Delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio.
- Papel en el CJNG: Se le atribuye la coordinación de un centro de entrenamiento en el Rancho Izaguirre (Teuchitlán, Jalisco).
La relevancia de este caso se acrecentó cuando Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), desmintió de manera preliminar la existencia de un “campo de exterminio” en el lugar.
El funcionario hizo hincapié en que, hasta el momento, no se han hallado pruebas de un número masivo de homicidios. Sin embargo, reconoció que sí existen indicios de crímenes violentos y de la supuesta operación del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) para el reclutamiento y entrenamiento de personas, en ocasiones bajo engaños de falsas ofertas de empleo.
UNA LÍNEA DELGADA ENTRE HOMICIDIO Y “CAMPO DE EXTERMINIO”
La controversia se instaló en el debate público cuando surgió la hipótesis de que en ese rancho operaba un sitio de desaparición forzada y posibles ejecuciones sistemáticas. De hecho, la FGJE detuvo a varias personas en septiembre, luego de encontrar el cuerpo de una víctima en los alrededores del rancho Izaguirre.
Para algunos colectivos de familiares de desaparecidos, la palabra “exterminio” no resultaba descabellada, dada la serie de hallazgos que apuntaban a indicios de tortura y presuntas inhumaciones clandestinas.
Las declaraciones de García Harfuch situaron el término “campo de exterminio” en el centro de la polémica. Fue directo al subrayar que, en opinión del gabinete de seguridad, no hay elementos para establecer que cientos o miles de personas hubieran sido asesinadas ahí.
ABRIL DIANEH
Formaría parte de la estructura criminal controlada por Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”.
• Edad: 43 años de edad .
• Detención: Fue capturada el 20 de marzo de 2025 en Cuajimalpa (CDMX), en el mismo operativo que llevó a la aprehensión de “El Lastra”.
• Contexto: Presuntamente se ocultaba junto a El Lastra tras la desarticulación del centro de adiestramiento en Izaguirre.
• Vinculación con el CJNG: Se le señala de encargarse de la “operación con mujeres” reclutadas.
No obstante, insistió en que serán los próximos peritajes los que confirmen cuántos homicidios pudieron cometerse en este sitio.
EL PAPEL DE “EL LASTRA” Y LA ESTRUCTURA CRIMINAL
La detención de José Gregorio N, alias El Lastra, fue el parteaguas que le dio un giro federal a todo este caso. Acusado de poseer armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y de incurrir en delitos contra la salud, El Lastra habría sido responsable de reclutar, entrenar y coordinar a decenas de individuos —hombres y mujeres— que llegaban al rancho Izaguirre con la promesa de salarios semanales de entre 4,000 y 12,000 pesos.
De acuerdo con la investigación, este predio funcionaría como centro de adiestramiento de sicarios al servicio del CJNG, específicamente bajo la protección de Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “El Sapo”.
Mientras duraba la formación, a los reclutas se les obligaba a entregar teléfonos y cualquier objeto personal para evitar filtraciones. Quienes se oponían o pretendían huir sufrían golpizas, torturas y, en algunos casos, habrían sido asesinados.
García Harfuch reveló que la actividad criminal en Teuchitlán se remonta al menos a septiembre del año pasado, cuando la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional detuvieron a 10 personas en una primera incursión.
GONZALO MENDOZA GAYTÁN
(alias “El Sapo”)
• Posición en el CJNG: Reconocido como uno de los cabecillas regionales del CJNG.
• Papel en la estructura criminal: Se le señala como jefe de un grupo élite de sicarios dentro del CJNG, a través del cual coordinaría reclutamiento.
• Relación con el rancho Izaguirre: Identificado como el superior de “El Lastra”, señalado de manejar el centro de reclutamiento.
• Modus operandi: Se presume que bajo su mando se planifican estrategias de expansión territorial.
Aun así, El Lastra logró escapar e intentó ocultarse en la Ciudad de México, hasta que el pasado 20 de marzo fue capturado en Cuajimalpa junto a una mujer identificada como Abril Dianeh, presunta encargada de la “operación” con las reclutas femeninas del CJNG.
CUSTODIA FEDERAL Y TENSIONES ESTATALES
La presidenta Claudia Sheinbaum, presente en la misma conferencia, exhortó a la FGR a hacer efectiva la atracción del caso, pues considera imprescindible aclarar de manera transparente lo que sucedió en el rancho.
Subrayó la necesidad de que las fiscalías trabajen de forma coordinada y que la institución federal realice un rastreo exhaustivo de posibles restos humanos, pruebas balísticas y todo aquello que pueda confirmar o desmentir las acusaciones de múltiples homicidios.
En las últimas semanas, la FGJE se encontraba bajo la lupa de diversos grupos de la sociedad civil que cuestionaban la lentitud en la entrega de resultados periciales y la falta de claridad en la información difundida.
El fiscal Gertz Manero, sin entrar en polémicas directas, aseguró que no busca “crear problemas” con la instancia local, sino que su responsabilidad es “resolverlos”.
—¿Habrá citatorios para funcionarios o exfuncionarios de primer nivel en Jalisco?
—No se me adelante, respondió Gertz, anticipando que la carpeta de investigación está en proceso de robustecerse con la información recabada en el sitio.
UN JUICIO EN MARCHA Y ACUSACIONES CONCRETAS
En el ámbito judicial, El Lastra ya fue vinculado a proceso por un juez federal del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez. Le fue dictada prisión preventiva y se otorgaron tres meses para la investigación complementaria, plazo que vence en junio.
Además de los cargos por posesión de armas de uso exclusivo y narcotráfico, la FGR mantiene abierta la posibilidad de ampliar el expediente por delincuencia organizada.
Dentro de la misma causa penal, también se giró auto de vinculación en contra de Abril Dianeh, acusada de participar en la operación de reclutamiento de mujeres para la organización. Su proceso se desahoga en el penal federal femenino ubicado en Morelos.
LA RUTA DE LAS REDES DE RECLUTAMIENTO
Al margen del predio jalisciense, las autoridades federales emprendieron una búsqueda en redes sociales y otras plataformas en línea, detectando al menos 39 páginas dedicadas a atraer personas bajo falsas propuestas laborales.
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Según la SSPC, varios individuos captados en distintas partes del país terminaron en los campos de entrenamiento del CJNG. La rápida desactivación de estos sitios podría suponer un primer paso para frenar una escalada mayor de la violencia, pero deja abierta la pregunta de cuántos sitios similares podrían existir en otros puntos del país.
LA PREGUNTA ABIERTA: ¿UN HOMICIDIO MÁS O ALGO MAYOR?
Las declaraciones iniciales de la FGJE, en las que se hablaba de un cuerpo localizado en septiembre y la aprehensión de 10 sujetos, contrastan con la versión de algunos familiares de desaparecidos y con el testimonio de El Lastra, quien acepta que hubo ejecuciones en el rancho, aunque no habla de un número específico.
El matiz que aporta García Harfuch —la distinción entre un homicidio “convencional” y un hipotético campo de exterminio— es esencial: las autoridades insisten en que no hay evidencias de cientos de víctimas, pero reconocen que no se ha descartado la hipótesis de asesinatos múltiples en ese entorno.
A pesar de la cautela oficial, colectivos de madres buscadoras siguen su propia línea de investigación, buscando indicios en la zona y presentando denuncias ante la Comisión Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El avance de las diligencias forenses de la FGR será determinante para que se sepa, en palabras de la propia Sheinbaum, “la verdad, no una verdad construida a modo”.
UNA OPORTUNIDAD PARA LA TRANSPARENCIA
México enfrenta desde hace años un grave problema de desaparición de personas que ha rebasado, en muchos casos, la capacidad de respuesta de las instancias locales. El caso del rancho Izaguirre podría convertirse en un ejemplo de coordinación institucional si se maneja con la diligencia necesaria y si la FGR realiza con éxito el procesamiento de las pruebas sin tergiversaciones.
Hoy, la opinión pública se pregunta si la administración federal podrá llevar a juicio a todos los involucrados en la supuesta estructura de adiestramiento y reclutamiento forzado.
La presidenta Sheinbaum sentenció que “hay compromisos de verdad y transparencia”, pero la historia nacional está llena de ejemplos donde las promesas se quedan cortas frente a la magnitud del fenómeno.
Una investigación sólida, seguida de sentencias ejemplares, podría marcar un precedente y alertar a otros grupos delictivos de que la impunidad no será la norma.
Sin embargo, también representa un enorme reto, pues quienes integran las células criminales del CJNG suelen contar con complicidades a nivel local que entorpecen la acción de la justicia.
El rancho Izaguirre deja al descubierto el modus operandi con el que el Cártel Jalisco Nueva Generación sigue expandiendo su poder: reclutamientos engañosos, entrenamiento paramilitar y castigos brutales a quienes se resisten.
Las autoridades federales y estatales se ven ahora en la obligación de coordinar esfuerzos para esclarecer uno de los episodios más oscuros de la criminalidad reciente en Jalisco.
La FGR asegura que su objetivo es establecer con total claridad cuántas víctimas hubo, en qué condiciones y quiénes son los responsables directos e indirectos de los homicidios que sí han sido confirmados.
El Gobierno Federal, en voz de Sheinbaum y García Harfuch, hace un llamado a la prudencia mediática, recordando que la existencia de un “campo de exterminio” requiere pruebas contundentes que aún no aparecen o que no han sido procesadas.
La esperanza radica en que, esta vez, el discurso de transparencia se traduzca en un caso judicial firme, capaz de sostenerse frente a cualquier presión política o criminal. Y que, sobre todo, brinde a las familias de los desaparecidos la tranquilidad de que, aunque tarde, la justicia puede llegar.
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