CDMX.— En San Lázaro, las palabras rebotan con fuerza distinta cuando el poder se juega su rostro en nombre de la transparencia. El reloj marcaba cinco horas de discusiones, reservas rechazadas y discursos que se repetían como eco de una convicción inamovible: el INAI está muerto y en su lugar nacerá un nuevo organismo con nombre de consigna: “Transparencia para el Pueblo”.
Con 330 votos a favor, Morena y sus aliados sepultaron el viejo Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) y abrieron la puerta a una estructura desconcentrada de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
En la narrativa oficial, la reforma descentraliza el acceso a la información. En la trastienda legislativa, lo que se consolida es un nuevo esquema de control vertical: el titular del nuevo organismo será designado por la Presidencia y operará sin comisionados ni decisiones colegiadas.
UNA CAJA FUERTE LLAMADA TRANSPARENCIA
Mientras en tribuna los diputados de Morena prometían “transparencia hasta el infinito”, desde la oposición brotaban las advertencias. El panista Ernesto Sánchez subió con una caja fuerte simbólica al pleno y simuló guardar dentro los expedientes del Tren Maya, Dos Bocas y el caso Birmex. “Ésta es la nueva transparencia: bajo llave y sin testigos”, ironizó.
Las leyes que acompañan la reforma son muchas, pero el mensaje es uno: se elimina un organismo autónomo y se sustituye por uno dependiente del Ejecutivo. La nueva legislación, aprobada sin cambios tras su paso por el Senado, da vida a tres nuevas leyes: la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales y su homóloga para particulares. Todo bajo el paraguas de una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
EL ZORRO Y EL GALLINERO
“Es como pedirle al zorro que vigile el gallinero”, dijo Laura Ballesteros, de Movimiento Ciudadano, al presentar una moción suspensiva que fue desechada sin miramientos. Para ella, el nuevo modelo concentra el poder y convierte al Estado en juez y parte. Iraís Reyes, su compañera de bancada, fue más allá: “Esto no es una reforma, es un regreso al pasado”.
El nuevo organismo no tendrá comisionados y su titular será designado sin intervención del Congreso. Cada sujeto obligado contará con un Comité de Transparencia, pero se eximen de esta obligación las instituciones de seguridad y justicia.
Además, podrá clasificarse como reservada la información que “comprometa la paz social o la seguridad nacional” por cinco años, prorrogables por otros cinco.
LOS PELIGROS DE LA PAZ SOCIAL
La expresión “paz social” surgió en varias intervenciones. No como un anhelo, sino como una nueva llave para el candado informativo. El panista Éctor Jaime Ramírez advirtió que, bajo ese criterio, muchos expedientes de corrupción podrán ocultarse fácilmente. “Si esta ley hubiera estado vigente antes, no conoceríamos los convenios turbios del sexenio pasado”, soltó desde su curul.
Para los legisladores de la Cuarta Transformación, la oposición “defiende privilegios y estructuras opacas”. Claudia Rivera Vivanco, de Morena, justificó el entierro del INAI con un discurso que mezcló buenas intenciones y fallas estructurales: “Nació con una buena idea, pero lo corrompió la ambición”.
UN LABERINTO CON 275 PUERTAS
Lo que antes era un organismo con ventanilla única, ahora será un sistema fragmentado con 275 instancias diferentes. Así lo denunció Ramírez Barba, quien cuestionó que la reforma acabe con las solicitudes anónimas y obligue a los ciudadanos a identificarse, abriendo la puerta a la persecución.
Arturo Yáñez, del PRI, remató: “No es simplificación administrativa, es centralización del control. El INAI garantizaba acceso a la información; este nuevo ente garantiza opacidad”. También advirtió que las instituciones de seguridad y justicia quedan fuera del escrutinio, justo en un país donde esos temas son los más opacos.
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TRANSFERENCIAS Y PROMESAS
En los transitorios, la ley garantiza el respeto a los derechos laborales de los trabajadores del INAI, cuyos recursos humanos, materiales y financieros pasarán a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. También se establece que los recursos inventariados serán absorbidos por la Secretaría de Hacienda.
Ricardo Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, defendió la reforma con el argumento del ahorro presupuestal: el nuevo organismo hará el 80% del trabajo del INAI con apenas el 35% de su costo, dijo. Y añadió que “se descentraliza el acceso” al crear 18 autoridades especializadas.
Lo cierto es que, con esta votación, el acceso a la información en México ha entrado a un nuevo territorio. Uno en el que el gobierno se vigila a sí mismo, la transparencia tiene horario de oficina y la verdad puede reservarse en nombre de la estabilidad.
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