MADRID.— España llega a la recta final de sus elecciones generales del 29 de noviembre con dos imágenes que dicen más sobre el momento europeo que cualquier encuesta. En el Tribunal Supremo, los magistrados suprimieron este viernes el derecho a voto de los descendientes del exilio republicano que obtuvieron la nacionalidad gracias a la llamada “ley de nietos”, incluso de quienes ya viven en España. Por la noche, en el centro de Madrid, una marcha de Falange Española de las JONS salió de las inmediaciones de la calle Génova, junto a la sede nacional del PP, y culminó frente a la sede federal del PSOE en Ferraz, para conmemorar los 51 años de la muerte de Francisco Franco.
Los dos hechos no tienen el mismo origen ni la misma naturaleza. Uno es una resolución judicial y el otro, una manifestación callejera. Pero apuntan en la misma dirección: la memoria de la Guerra Civil y la dictadura dejó de ser un asunto de historiadores y se convirtió en terreno de disputa electoral, judicial y callejera. Lo que está en juego ya no es cómo se recuerda el pasado. La pregunta es quién tiene derecho a decidir el futuro.
El Supremo no solo amplió la restricción a los nacionalizados residentes en territorio español. También ratificó la suspensión del sufragio para los que viven en el extranjero, una medida cautelar que afecta a 163 mil 300 personas, entre ellas miles de mexicanos. Los magistrados pidieron a la Junta Electoral Central y a la Oficina del Censo que adopten las medidas necesarias para impedir ese voto, con una sola excepción: 901 personas que acreditaron su arraigo mediante certificación consular y demostraron que sus abuelos formaron parte del exilio. Son apenas el 0.55 por ciento del total.
La cifra resume el alcance político del fallo. Una ley pensada como reparación histórica terminó produciendo una categoría inédita: ciudadanos españoles con pasaporte, con nacionalidad reconocida y sin voz en las urnas. Es una ciudadanía incompleta, y el mensaje para el exterior es claro: el Estado español todavía discute qué significa pertenecer a él.

Un fallo que redefine quién vota
La medida nació de una denuncia de Vox, a la que se sumó la formación extraparlamentaria Iustitia Europa. El partido de Santiago Abascal alegó que la ley no se aplicaba con rigor en los consulados con más descendientes del exilio en América Latina, como México, Argentina y Colombia. El 8 de septiembre, el Alto Tribunal suspendió de forma cautelar el voto de parte de los nacionalizados al amparo de la Ley de Memoria Democrática, y el 12 de octubre ratificó esa decisión tras rechazar el recurso de la Abogacía del Estado, que pedía levantarla.
Tras revisar los documentos de la Cancillería, un informe al Instituto Nacional de Estadística y los expedientes de los 163 mil beneficiados, los magistrados concluyeron que en la mayoría de los casos no había quedado acreditada la vinculación directa de sus familiares con el exilio. El Supremo consideró que existía “un peligro fundado, real y serio de poder afectar gravemente a la objetividad y transparencia del proceso electoral”. Es un argumento de una dureza inusual para referirse a personas que obtuvieron la nacionalidad por una vía legal aprobada por el Parlamento.
El nudo jurídico está en la interpretación. El gobierno de Pedro Sánchez promulgó en 2022 la norma, incluida en la Ley de Memoria Democrática, para reconocer la nacionalidad a hijos y nietos de quienes salieron de España por la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975). La administración aplicó criterios amplios para presumir la condición de exiliado, y es justamente esa presunción la que el tribunal pone ahora en duda. La suspensión no anula las nacionalizaciones concedidas ni paraliza los expedientes en trámite: deja intacto el pasaporte y congela el voto.
El gobierno y los partidos de izquierda criticaron con dureza la decisión, que se suma a una larga lista de choques entre el Ejecutivo socialista y la cúpula judicial. Para el bloque conservador, el fallo confirma su sospecha de que la ley buscaba engordar el censo con votantes afines. Para el oficialismo, es una intromisión judicial en plena campaña. Pero hay otra cosa en juego más allá de la polémica: el Supremo dejó en manos de los jueces una decisión que en cualquier democracia corresponde al legislador, la de definir quién integra el cuerpo electoral.
Ferraz, otra vez el escenario de la ultraderecha
La marcha del 20N tuvo una dimensión numérica modesta, pero una carga simbólica enorme. Decenas de asistentes cantaron el “Cara al sol”, hicieron saludos fascistas y exhibieron banderas preconstitucionales, con una pancarta que llamaba a reconquistar España. La fecha no es casual: el 20 de noviembre coincide con el aniversario de la muerte del dictador y la del fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera.
Ferraz se convirtió en escenario de la ultraderecha desde noviembre de 2023, cuando miles de personas protestaron contra la ley de amnistía para los independentistas catalanes. La concentración del 7 de noviembre de aquel año, con unas 7 mil personas, 39 heridos y cargas policiales, marcó un antes y un después. De ese movimiento surgió Núcleo Nacional, que este año se registró como partido político. El año pasado, la Delegación del Gobierno prohibió la marcha de Falange tras informes policiales que señalaban Ferraz como punto de mayor vulnerabilidad, pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid la autorizó ese mismo viernes.
La reacción oficial expuso la impotencia del Estado frente a sus propias leyes. El ministro Félix Bolaños calificó la concentración de “flagrantemente ilegal” por contradecir la Ley de Memoria Democrática, dijo desconocer la resolución judicial que la permitió y criticó a Santiago Abascal por no condenar el franquismo. El antecedente pesa: en 2025 el Gobierno multó a Falange con 10 mil 1 euros por un homenaje a José Antonio en Génova, y según la propia Falange, la Audiencia Nacional anuló la sanción.
El dato político más relevante no es la marcha en sí, sino el contexto en el que se produce. Falange concurre en nueve circunscripciones en las elecciones del 29 de noviembre. Vox, mientras tanto, se mueve con habilidad en el espacio entre lo legal y lo ilegal: no convoca a los nostálgicos, pero tampoco los condena. Esa ambigüedad, que la derecha tradicional del PP ha preferido no confrontar, es la que le permite capitalizar el malestar sin pagar el costo de la estridencia.
El exilio, una deuda que también es latinoamericana
Para México, la decisión no es un asunto ajeno. El país recibió a miles de republicanos durante el gobierno de Lázaro Cárdenas y nunca reconoció al régimen de Franco: mantuvo relaciones con la República en el exilio hasta 1977. México es el segundo país del mundo con más solicitantes de la ley de nietos, con unas 117 mil solicitudes, según reportes de septiembre. Detrás de cada expediente hay una historia familiar de transterrados, de imprentas, cátedras y editoriales que moldearon la vida cultural mexicana del siglo XX.
La ley tenía también una lectura diplomática. Para el gobierno de Sánchez era un gesto hacia América Latina, una forma de saldar cuentas con el exilio y de reforzar los lazos con la región en un momento en que Madrid y Ciudad de México apenas recomponían su relación tras el desencuentro por la Conquista. El fallo erosiona ese capital: transmite que la nacionalidad otorgada a los descendientes del exilio vale menos que la de origen, y lo hace a partir de sospechas sobre los consulados latinoamericanos.
El escenario que se abre después del 29N es incierto. La sentencia de fondo todavía está pendiente y determinará si la suspensión se mantiene, se levanta o se modifica. Si el resultado electoral abre la puerta a un gobierno del PP con apoyo de Vox, la Ley de Memoria Democrática, que la ultraderecha ha prometido derogar, quedaría expuesta a una revisión completa. Lo que hoy es una medida cautelar podría convertirse en el primer paso de un retroceso legislativo.
España no es un caso aislado. En buena parte de Europa, la derecha radical ha convertido la identidad nacional, la migración y la memoria histórica en ejes de campaña, y las instituciones judiciales se han vuelto árbitros de disputas que la política no supo resolver. La imagen de esta semana, con un tribunal que congela el voto de los nietos del exilio y una marcha que canta al dictador frente a la sede del partido gobernante, retrata a una democracia que medio siglo después de Franco todavía discute los términos de su propia reconciliación.



