Héctor I. Tapia
El proceso electoral 2026-2027 de Tabasco comienza este jueves 8 de octubre antes de que existan candidatos, campañas o propaganda en las calles. Pero el primer problema de la elección no está todavía entre los partidos: está dentro del organismo encargado de arbitrarla.
El IEPCT llega al arranque con un Consejo Estatal partido en dos, una Secretaría Ejecutiva todavía sin titular definitivo, una medida cautelar del Tribunal Electoral para impedir que continúe trabándose su designación y una ampliación presupuestal que fue ajustada a unos 69 millones de pesos para financiar las actividades electorales de los últimos meses de 2026.
El contraste es difícil de ignorar: a partir de este jueves, siete consejeros deberán empezar a conducir formalmente una elección que renovará 120 cargos locales, mientras cuatro de ellos mantienen una confrontación abierta con la Presidencia por una de las posiciones operativas más importantes del organismo.
No significa que la elección esté comprometida ni que el Instituto haya dejado de operar. Significa algo más concreto: el árbitro comienza el proceso electoral resolviendo todavía sus propias reglas de convivencia, su conducción ejecutiva y el dinero con el que deberá desplegarse en el territorio.
4–3
Consejo dividido
TOCA PARA ABRIR
1
Secretaría sin titular definitivo
TOCA PARA ABRIR
$69
Millones solicitados
TOCA PARA ABRIR
Árbitro fracturado
La ruptura quedó expuesta durante tres sesiones consecutivas. Ruth Lizette Toledo Peral, Ángela Guadalupe Araujo Segura, Monserrat Martínez Beaurregard y Hernán González Sala formaron una mayoría suficiente para retirar de la orden del día la propuesta de Dina María Gómez Hernández para la Secretaría Ejecutiva.
Los cuatro han sostenido que el expediente debe cumplir cabalmente los requisitos y que su postura responde a deficiencias documentales, no a un intento de paralizar al organismo. La presidenta Elizabeth Nava Gutiérrez, en cambio, llevó la controversia al Tribunal Electoral al considerar que esa reiteración impedía ejercer su facultad de presentar una propuesta para que el Consejo la conociera y votara.
El TET concedió medidas cautelares, no una sentencia definitiva. Y ahí está una precisión importante: el Tribunal reconoció que retirar asuntos de la orden del día es una posibilidad contemplada por el reglamento. Lo que advirtió preliminarmente es que repetir esa conducta puede dejar de ser una simple decisión procedimental cuando termina impidiendo que la Presidencia presente una propuesta y que el Consejo ejerza su propia facultad de deliberar y decidir.
La cautelar ordena que las consejerías se abstengan de actos u omisiones que tengan por objeto o efecto impedir, obstruir o dilatar el procedimiento cuando Nava convoque nuevamente. Pero no condiciona el voto: cualquiera de los siete podrá respaldar o rechazar a Gómez Hernández.
en juego
35
DIPUTACIONES
17
PRESIDENCIAS MUNICIPALES
17
SINDICATURAS
51
REGIDURÍAS
Sin secretaría definitiva
La disputa podría parecer burocrática si se mirara únicamente como una pelea por un cargo. No lo es. La Secretaría Ejecutiva es una pieza central de la operación institucional y el proceso comenzará sin que el Consejo haya conseguido nombrar definitivamente a quien deberá ocuparla.
Además, el bloqueo tenía otro efecto. Mientras la primera propuesta no fuera aprobada ni rechazada formalmente, tampoco podía avanzar con claridad la secuencia prevista para resolver la vacante: una segunda propuesta y, si ésta tampoco prospera, la eventual designación de una persona encargada del despacho.
La medida del TET destraba precisamente ese punto. No decide que Dina Gómez deba ser secretaria Ejecutiva, sino que obliga a que exista una determinación capaz de producir la siguiente consecuencia jurídica. Cinco votos la nombran; menos de cinco permiten continuar el procedimiento.
En esa diferencia se encuentra uno de los problemas que acompañará al IEPCT desde su primera sesión electoral: una cosa es que un Consejo esté dividido —algo perfectamente compatible con un órgano colegiado— y otra que la división termine impidiendo que sus decisiones lleguen siquiera al voto.
$69 mdp
Ampliación solicitada para cerrar 2026
TOCA PARA ABRIR
$644.4 mdp
Anteproyecto total para 2027
TOCA PARA ABRIR
$361.5 mdp
Proceso electoral ordinario
TOCA PARA ABRIR
La fractura sale
La tensión ya desbordó las paredes del Instituto. El Frente Abolicionista de Tabasco acusó este miércoles a los cuatro consejeros de ejercer violencia política contra Elizabeth Nava mediante la obstaculización de sus atribuciones y pidió investigar los hechos con objetividad y perspectiva de género.
“Repudiamos la violencia política en su modalidad de obstaculización al ejercicio de las atribuciones legales de la que es objeto la Consejera Presidenta”, sostuvo el colectivo en su pronunciamiento.
La acusación debe mantenerse exactamente en ese terreno: es el señalamiento de una organización, no una resolución que haya acreditado violencia política. El propio TET dejó establecido que sus medidas son preventivas y no sancionatorias y que todavía no prejuzgan sobre el fondo.
Pero sí hay algo institucionalmente relevante en el razonamiento del Tribunal: la reiteración del retiro no sólo podía limitar a Nava. También podía impedir que los propios consejeros ejercieran la potestad decisoria del Consejo, porque un órgano colegiado sólo puede decidir aquello que efectivamente llega a discusión y voto.
Lo que está en juego
Mientras todo eso ocurre, la dimensión de la elección ya está definida. En junio de 2027 Tabasco renovará 35 diputaciones locales: 21 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional. También estarán en disputa los 17 ayuntamientos, integrados por 17 presidencias municipales, 17 sindicaturas y 51 regidurías. En total, 120 cargos locales.
No habrá gubernatura en la boleta, pero eso no vuelve secundaria la elección. Se renovarán simultáneamente el Congreso y todas las administraciones municipales, dos espacios donde se distribuye una parte sustantiva del poder político y territorial del estado.
La primera fecha ya es ésta: 8 de octubre de 2026, cuando el Consejo declara formalmente iniciado el proceso. La segunda llegará muy pronto: entre el 6 y el 12 de diciembre deberán instalarse los órganos distritales que llevarán la organización electoral al territorio. La tercera es el 6 de junio de 2027, día de la jornada electoral.
Entre esos tres momentos vendrán las precampañas, del 30 de enero al 28 de febrero; los registros durante abril; y las campañas, del 19 de abril al 2 de junio. Después de la elección, los cómputos distritales y municipales se desarrollarán del 9 al 12 de junio.
Dinero sin cerrar
El otro problema está en las cuentas. El IEPCT había calculado inicialmente unos 84 millones de pesos adicionales para comenzar la organización electoral durante el último trimestre de 2026. Después ajustó la solicitud a aproximadamente 69 millones.
Esos recursos no corresponden al presupuesto completo de 2027. Son dinero solicitado específicamente para las actividades que deben desarrollarse entre octubre y diciembre: instalación territorial, contratación, inmuebles, vehículos, personal y otros gastos asociados con el inicio del proceso.
Para el próximo año la escala es otra. El Consejo aprobó un anteproyecto por 644 millones 398 mil 612 pesos. De ellos, 242 millones 728 mil 364 corresponden al gasto ordinario del organismo, 361 millones 523 mil 541 a la organización del proceso electoral ordinario y 40 millones 146 mil 707 a actividades relacionadas con la elección del Poder Judicial.
Pero esos 644.4 millones son todavía una propuesta presupuestal, no una bolsa disponible. Tendrán que atravesar el proceso presupuestario estatal. Incluso cuando aprobó su calendario, el Consejo dejó asentado que su ejecución estará condicionada a la disponibilidad de recursos para 2027.
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Tres problemas
La fotografía del arranque, entonces, tiene tres planos. En el político-institucional, cuatro consejeros y la Presidencia mantienen una disputa que ya requirió intervención jurisdiccional. En el administrativo, el Instituto inicia sin haber cerrado la designación de su Secretaría Ejecutiva. En el financiero, todavía necesita recursos extraordinarios para completar la primera etapa de la organización electoral.
Ninguno de esos problemas, por separado, significa que la elección vaya a fracasar. Pero juntos colocan presión sobre una institución que, desde este jueves, ya no podrá tratar sus conflictos como asuntos internos sin consecuencias para la organización del proceso.
Eso cobra especial importancia porque las próximas decisiones serán más numerosas y más sensibles. El Consejo tendrá que integrar estructuras territoriales, aprobar procedimientos, resolver registros, atender quejas, administrar recursos y mantener coordinación permanente con el INE. La elección exige precisamente aquello que hoy está a prueba dentro del IEPCT: capacidad para construir decisiones institucionales incluso cuando no existe acuerdo político entre sus integrantes.
Y todavía queda pendiente la resolución definitiva del Tribunal sobre la controversia que abrió Nava. La medida cautelar sólo impidió que la disputa siguiera congelando el procedimiento; el juicio principal tendrá que definir después si efectivamente existió una vulneración a sus atribuciones.
Primer examen
El proceso electoral no arranca, entonces, con la incógnita de quiénes serán candidatos. Para eso faltan meses. Empieza con una pregunta anterior: en qué condiciones llega el organismo que tendrá que garantizar que todos los demás respeten las reglas.
El IEPCT tendrá que organizar la renovación de 120 cargos, instalar su estructura distrital en diciembre, conducir precampañas y campañas, administrar un presupuesto electoral que para 2027 proyecta más de 361 millones de pesos y llegar al 6 de junio con una maquinaria capaz de recibir, contar y defender jurídicamente los votos.
Pero antes necesita resolver cosas mucho más inmediatas: quién conducirá definitivamente su Secretaría Ejecutiva, cómo procesarán sus diferencias siete consejeros que llegan divididos y con qué recursos financiará las primeras tareas de una elección que oficialmente ya comenzó.
Ese es el verdadero arranque de 2027 en Tabasco: antes de arbitrar la competencia entre partidos, el IEPCT tendrá que demostrar que puede gobernar sus propias diferencias y sostener operativamente la elección que acaba de poner en marcha.
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