CDMX.— En un movimiento legislativo que desató gritos, mantas y hasta ataúdes simbólicos en el Senado, el Congreso mexicano aprobó una reforma de gran calado: dos nuevas leyes que transforman el sistema nacional de seguridad e inteligencia.
Más allá del ruido político y las advertencias de un presunto “Estado espía”, el paquete legal representa —según especialistas en inteligencia y seguridad— la apuesta más ambiciosa del Estado mexicano para reconfigurar su aparato de combate al crimen organizado en al menos dos décadas.
En una sesión marcada por la polarización y el simbolismo político, el Senado de la República aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, con el voto mayoritario de Morena, sus aliados y parte del PAN y Movimiento Ciudadano.
🔴#ÚLTIMAHORA Con 66 votos a favor y 31 en contra, el Senado aprueba, en lo general y en lo particular, dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública.
— Canal del Congreso (@CanalCongreso) July 2, 2025
➡️ Se remite al Ejecutivo Federal. pic.twitter.com/gZ5j6IzXJl
Las nuevas normas, turnadas ya al Ejecutivo para su promulgación, dotan a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de mayores facultades para el uso de información pública y privada con fines de prevención, análisis criminal e inteligencia táctica y estratégica.
¿ESPIONAJE INSTITUCIONAL O INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN?
La discusión fue intensa. Mientras la Oposición hablaba de “vigilancia sin control judicial” y “gobierno espía”, la bancada oficialista defendía el contenido de las reformas como parte de un nuevo modelo de inteligencia criminal, diseñado para “cerrar el paso a las estructuras delictivas y documentar sus métodos operativos, rutas financieras y estructuras de poder”.
Uno de los elementos clave de esta reforma es la creación de una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, una instancia dentro de la SSPC que operará plataformas tecnológicas interconectadas con bases de datos de todos los niveles de gobierno.
También tendrá acceso —mediante convenios y protocolos de legalidad— a registros públicos e incluso privados, en colaboración con el Ministerio Público, para identificar patrones delictivos, vínculos entre células criminales y actores políticos o financieros que las respalden.
BASES DE DATOS, SIN NECESIDAD DE ORDEN JUDICIAL
Uno de los puntos más controvertidos fue el acceso a datos sin orden judicial. El artículo 12 de la nueva ley establece que las instituciones de seguridad podrán solicitar información contenida en registros administrativos —vehiculares, catastrales, bancarios, fiscales o de salud— cuando se trate de delitos de alto impacto.
Los legisladores de Morena defendieron que esa atribución está limitada por la propia Constitución, que exige autorización judicial para intervenciones invasivas, como la geolocalización o intervención de comunicaciones.
Para la senadora Verónica Camino Farjat, los opositores se concentraron en el discurso del miedo y no en el texto legal. “Este nuevo andamiaje legal permitirá actuar con eficacia contra estructuras que hoy operan con impunidad, gracias a la fragmentación de la información entre instancias estatales, municipales y federales”, expuso en tribuna.
COLABORACIÓN INTERNACIONAL: EL OTRO EJE DE LA LEY
Más allá de lo interno, la legislación contempla el fortalecimiento de mecanismos de colaboración internacional en inteligencia, especialmente con agencias estadounidenses, mediante figuras como el Entendimiento Bicentenario.
“Esta ley nos permite hablar en el mismo lenguaje de inteligencia con nuestros socios estratégicos”, aseguró un senador de Morena, en alusión a la necesidad de compartir información sobre rutas de trasiego, lavado de dinero y estructuras binacionales del narcotráfico.
TELECOMUNICACIONES: ALMACENAMIENTO OBLIGATORIO
Como parte del paquete aprobado, también se reformó la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Se obliga a los concesionarios a almacenar durante dos años datos sensibles de usuarios, como llamadas, mensajes y ubicación, para ponerlos a disposición de las autoridades de manera inmediata en caso de investigaciones de delitos graves.
Además, se crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, bajo la Agencia de Transformación Digital, con facultades para intervenir transmisiones, ordenar suspensiones precautorias y establecer criterios de identificación de líneas móviles.
Aunque la Oposición lo calificó como un retroceso de 30 años, la narrativa oficialista apuntó a la necesidad de frenar el uso criminal de las telecomunicaciones, incluida la extorsión digital y el tráfico de información en tiempo real.
CONTROL POLÍTICO VS CONTROL CRIMINAL
El senador del PAN, Ricardo Anaya, acusó que “el Gobierno tendrá acceso a todo, incluso a tus cuentas bancarias y datos médicos”. Pero la senadora morenista Lucía Trasviña fue tajante: “No se trata de espiar: se trata de inteligencia para la justicia”.
Para ella, rechazar la reforma sería “regresar a un modelo inoperante que tanto daño ha causado al país”.
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En los hechos, México ha enfrentado durante años una crisis de inteligencia estructural, fragmentada, sin interoperabilidad entre plataformas, con múltiples sistemas de información sin conexión entre sí, y con agencias estatales incapaces de generar productos analíticos útiles para las fiscalías o los jueces.
UN PARTEAGUAS LEGAL, EN LA ANTESALA DEL NUEVO SEXENIO
Aunque el debate se empantanó en los riesgos al derecho a la privacidad, el trasfondo de la reforma se inscribe en una estrategia más amplia del nuevo gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, que apuesta por un Estado que sepa antes de que actúe.
Lo que está en juego, según fuentes consultadas del propio Senado, es la construcción de una inteligencia criminal robusta, que logre anticipar movimientos del crimen organizado, detectar financiamiento ilegal y reducir los márgenes de impunidad.
El coordinador morenista, Adán Augusto López Hernández, celebró la aprobación como “un paso histórico para garantizar la seguridad desde la inteligencia, no desde la improvisación”.
Gerardo Fernández Noroña, en su última intervención como presidente del Senado, lo resumió así: “Esta legislatura pasará a la historia por poner los cimientos de un nuevo modelo de seguridad nacional”.
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