Héctor I. Tapia
Alejandro de la Fuente Godínez, el ingeniero que saltó de la cúpula empresarial a la dirección de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), es hoy ilocalizable para la justicia de Tabasco.
Ante la imposibilidad de ubicarlo en sus domicilios registrados, la Secretaría Anticorrupción del gobierno de Javier May ha recurrido al último recurso legal: el emplazamiento por edicto. La notificación, publicada el pasado 18 de marzo en el Periódico Oficial, activa el expediente D-014/2025 y confirma que el rastro del exfuncionario se ha desvanecido justo cuando el aparato del Estado intenta, con una década de retraso, fincar responsabilidades por el manejo irregular del presupuesto del agua.
El uso del edicto sugiere una de dos realidades: o De la Fuente Godínez se encuentra en paradero desconocido o evade deliberadamente la acción de la autoridad. Lo extraordinario del caso es la ventana de impunidad de la que gozó: desde noviembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública ya había denunciado penalmente un boquete financiero de 108.5 millones de pesos en el organismo.
Sin embargo, el expediente durmió el “sueño de los justos” durante todo el sexenio anterior, permitiendo que el tiempo diluyera no solo las cifras, sino también la ubicación física del acusado.
Desvío en limbo
Comparativa entre el monto denunciado originalmente y el requerimiento actual.
| Denuncia 2019 (SFP) | $108,558,000.00 |
| Expediente D-014/2025 | $1,254,282.32 |
| Monto sin rastro | $107,303,717.68 |
Del gremio al presupuesto público
Alejandro de la Fuente Godínez no construyó su camino al poder en las plazas públicas, sino en las salas de juntas de la élite empresarial. Ingeniero Industrial Químico de formación, consolidó su perfil en la iniciativa privada como gerente de la Constructora Berel (1985-2011).
Desde ahí, escaló hasta la presidencia de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) y el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco (CCET). Su llegada al servicio público fue la culminación de un cabildeo de intereses que lo situó en el círculo de máxima confianza de los tomadores de decisiones.
La sociedad de la Notaría 27
Antes de su accidentado paso por el CEAS, De la Fuente operaba bajo el cobijo directo de Adán Augusto López Hernández. La relación era estructural: su hermano, Juan José de la Fuente Godínez, fungía como administrador de la Notaría Pública No. 27, propiedad de López Hernández. Fue este vínculo el que lo llevó a la boleta electoral como suplente de Adán Augusto para la diputación federal del Distrito 4 de Villahermosa en la LXI Legislatura (2009-2012).
Cuando Adán Augusto solicitó licencia en diciembre de 2011, Alejandro de la Fuente asumió la titularidad de la curul. Sin embargo, su paso por San Lázaro dejó un rastro documental de inactividad absoluta. Según el Sistema de Información Legislativa (SIL), el hoy ilocalizable ex funcionario se convirtió en un “diputado fantasma”:
- Productividad Nula: No registró ni una sola iniciativa de ley como autor principal durante su gestión.
- El 43% de Inasistencia: De un total de 223 votaciones en el pleno, De la Fuente acumuló 97 faltas. Casi la mitad de las veces que se debatió el destino del país, la representación de Villahermosa estuvo vacía.
- Votos por consigna: Solo registró 97 votos a favor y 27 en contra, limitándose a acompañar la inercia de su bancada sin aportar debate alguno.
Justicia postergada
Denuncia penal por ciento ocho millones permaneció congelada desde el 2019.
| Estatus 2019-2024 | Sin avances procesales |
| Estatus 2026 | Emplazamiento por edicto oficial |
La ruptura del cordón umbilical
La relación de décadas entre Alejandro de la Fuente y el grupo de Adán Augusto López Hernández —que incluía la administración de la Notaría 27 y la suplencia legislativa— estalló en agosto de 2016. El escenario no fue una oficina, sino la tribuna del Congreso del Estado. Su hijo, Juan Pablo de la Fuente Utrilla, quien ocupaba una curul bajo las siglas de Morena, protagonizó la deserción más costosa para el partido de López Obrador en Tabasco.
Al renunciar a Morena y sumarse a las filas del PRD, De la Fuente Utrilla no solo cambió de color partidista; le entregó en bandeja de plata al entonces gobernador, Arturo Núñez Jiménez, el control de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). Fue una maniobra de alta cirugía política que garantizó al “nuñismo” el blindaje de sus cuentas públicas y el mando del Poder Legislativo tras las elecciones intermedias.
Como pieza central de este engranaje de intereses, Alejandro de la Fuente Godínez se consolidó al frente de la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS). La dirección del organismo no fue un reconocimiento a su perfil técnico, sino la “cuota” pactada por la estabilidad legislativa que su hijo le brindó al Ejecutivo estatal.
Es en este periodo, bajo el amparo de una mayoría parlamentaria construida mediante la traición política, donde se gestaron los contratos hoy bajo sospecha. El CEAS se transformó en un feudo donde empresas como Mitzolna Proveedora Empresarial operaron con absoluta libertad, lejos del radar de una fiscalización que, en ese momento, estaba políticamente domesticada y subordinada a los acuerdos de la Jucopo.
Ruta del poder
Cronología del ascenso y ruptura política entre clanes familiares en Tabasco.
| 2009-2012 | Alianza estratégica y suplencia federal con Adán Augusto. |
| 2013-2015 | Incursión en el gabinete estatal de Arturo Núñez. |
| 2016 | La deserción del hijo de Morena y el afianzamiento en CEAS. |
La secuencia muestra cómo una cercanía política derivó después en reacomodo y ruptura.
Siete años de parálisis deliberada
Lo extraordinario del expediente D-014/2025 no es solo el nombre de los implicados, sino la cronología de su inmovilidad. En noviembre de 2019, durante la glosa del primer informe de gobierno de la administración pasada, la Secretaría de la Función Pública hizo público un boquete financiero de 108.5 millones de pesos en el CEAS.
En aquel momento se anunció con estridencia la presentación de denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, el proceso no registró avances significativos durante todo el sexenio de Adán Augusto López Hernández.
A pesar de que las pruebas y los montos estaban documentados desde hace un lustro, el expediente permaneció en lo que en el argot político se conoce como el “cajonazo”. La relación histórica de Alejandro de la Fuente con el grupo en el poder —desde la suplencia legislativa hasta los vínculos notariales de su familia— funcionó como un amortiguador institucional que postergó cualquier acción legal efectiva.
El desenlace: Un millón contra el olvido
Es hasta este marzo de 2026, bajo el mando de Javier May y la nueva Secretaría Anticorrupción, que el nombre de De la Fuente Godínez vuelve a aparecer en un edicto oficial. El emplazamiento para este 26 de marzo lo requiere para responder por el presunto desvío de 1 millón 254 mil 282 pesos, una cifra que palidece frente a los 108 millones denunciados originalmente, pero que representa el primer intento real del Estado por romper una década de impunidad.
La pregunta que queda en el aire para la fiscalización estatal es técnica y cruda: ¿Cuánto de la deuda original prescribió por la negligencia de quienes debieron cobrarla hace un lustro? El 26 de marzo, la silla del acusado estará vacía en espera de un hombre que, tras saltar de bando en bando, hoy simplemente no aparece.
¡Mantente informado en WhatsApp!
Recibe las noticias más importantes de Tabasco y México directamente en tu celular.
ÚNETE AL CANAL AQUÍ