DE PRIMERA MANO / RODULFO REYES / 25/03/2026
Tabasco ha dejado atrás la pasividad frente al crimen organizado. El gobierno de Javier May Rodríguez ha intensificado los operativos de seguridad en coordinación con autoridades federales y, con ello, se han logrado detenciones que reflejan una mayor capacidad de respuesta institucional.
Sin embargo, esos golpes todavía no se traducen en confianza social. Por eso, aunque las autoridades informan de avances estratégicos, en las calles y en las plataformas digitales persiste la percepción de que el estado sigue bajo el control del crimen, como ocurrió durante la gestión de Adán Augusto López Hernández.
En el sexenio anterior, desde instancias de poder se toleró —y en algunos casos se percibió protección— al crecimiento de grupos criminales como La Barredora, fundada, según señalamientos del propio gobierno, por el exsecretario de Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena.
Dos acciones recientes ilustran el viraje en la estrategia de seguridad en Tabasco:
La Fiscalía General del Estado (FGET), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal y con apoyo de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca, desarticuló una célula de extorsión en Comalcalco y la región de la Chontalpa, mediante operativos simultáneos que derivaron en detenciones en Ciudad de México y Yucatán. Este resultado permitió reconstruir la estructura de una red que ejercía control intimidatorio a distancia sobre comercios y familias.
En paralelo, el caso de la niña asesinada en Río Tinto mostró avances relevantes. El titular de la SSPC Tabasco, Serafín Tadeo Lazcano, informó la detención de un presunto integrante del grupo responsable, reiterando la política de “cero impunidad” en delitos contra menores y anunciando el reforzamiento de operativos con la Marina, la Guardia Nacional y la Mesa para la Construcción de la Paz.
A su vez, el fiscal general Óscar Tonathiu Vázquez Landero confirmó que continúan integrándose pruebas científicas y ministeriales, lo que apunta a una investigación en curso con sustento técnico.
Tanto Serafín Tadeo como Óscar Tonathiu muestran un desempeño profesional, firme y orientado a resultados, en contraste con la inacción institucional que marcó etapas anteriores.
El principal desafío, sin embargo, sigue siendo la herencia de desconfianza. El reto no es solo operativo, sino perceptivo: la ciudadanía no se convence con comunicados, sino con cambios visibles en su vida cotidiana.
Esa incredulidad tiene raíces profundas en el pasado reciente. Durante el periodo anterior, el Estado fue percibido como incapaz de contener la violencia y, en algunos casos, como tolerante frente al avance del crimen.
Años de impunidad y deterioro institucional generaron un escepticismo que hoy se ha convertido en el mayor obstáculo político para la actual administración.
Y aunque se registren detenciones relevantes, muchos tabasqueños mantienen la idea de que “nada ha cambiado”.
Así, para el gobierno de Javier May, la tarea no es únicamente capturar delincuentes, sino reconstruir la credibilidad pública con resultados sostenidos.
Sólo así podrá romper el ciclo de sospecha que aún domina el imaginario colectivo en Tabasco.
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