CDMX.— Lo que se decidió en la Cámara de Diputados no fue solamente el reparto del Presupuesto de Egresos 2026. Se definió, en silencio y entre empujones, el modo en que la mayoría gobernante entiende la administración del poder en un momento político crucial para el país.
Mientras Morena y sus aliados avalaron reasignaciones mínimas frente a un gasto histórico de más de diez billones de pesos, el mensaje que quedó claro fue otro: se privilegia a la base electoral y a los aliados políticos, aun a costa de organismos y contrapesos constitucionales.
La discusión del dinero derivó en una disputa abierta por legitimidad, lealtad y narrativas, en el pleno y en la contienda pública.
La sesión estuvo cargada de imágenes que trascendieron el conteo de votos. Diputados sosteniendo pancartas acusatorias, alusiones directas al asesinato de Carlos Manzo, y señalamientos cruzados sobre quién protege o permite al crimen organizado. Todo ello hizo evidente que el presupuesto es, también, la arena donde se mide quién sostiene el proyecto de gobierno y a qué precio se sostienen las alianzas internas.
REASIGNACIONES ESTRATÉGICAS
La mayoría en San Lázaro aprobó recortes por 17 mil 788 millones de pesos a poderes autónomos y organismos constitucionales. Los más afectados fueron el Poder Judicial y las Fiscalías.
El argumento público es la austeridad; el efecto real es la disminución de capacidades institucionales de investigación y control. En cambio, se autorizaron ampliaciones para educación, cultura, medio ambiente y programas sociales vinculados a bases políticas organizadas.
Los Cendis del PT recibirán recursos adicionales pese a las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación por presuntos desvíos. No es casual: los centros educativos se han convertido en uno de los brazos territoriales más eficaces del petismo para sostener influencia comunitaria y operación electoral. El presupuesto, al final, no solo financia políticas públicas: asegura fidelidades.
Particularmente significativo fue el caso de la Universidad de Guadalajara. La restitución de más de 4 mil millones de pesos se dio tras un recorte atribuido oficialmente a un error. Sin embargo, la disputa expuso, una vez más, el uso político del presupuesto como herramienta de presión.
La universidad, institución con historia de autonomía política, ha sido escenario de confrontación entre grupos locales y figuras federales. La corrección no fue solo administrativa: fue un reconocimiento de que las universidades siguen siendo nodos activos en la disputa por legitimidad pública.
CULTURA Y MEDIO AMBIENTE COMO MENSAJE DE GOBIERNO
Las ampliaciones para el INAH, INBA, IMCINE y Conagua fueron recibidas como señales diferenciadas de la actual administración: la cultura y la restauración ambiental, tradicionalmente relegadas, reaparecen como ejes de legitimidad simbólica.
La asignación de recursos no resuelve rezagos profundos, pero envía un mensaje: estas agendas regresan al tablero estratégico.
El punto más delicado fue el recorte a Fiscalías y al Poder Judicial. Legitimar un proyecto de seguridad sin fortalecer capacidades de investigación es un contrasentido público, pero tiene sentido político: permite que el Ejecutivo mantenga control narrativo y capacidad de negociación sobre resoluciones claves.
Al mismo tiempo, abre un flanco de riesgo institucional: sin fortalecimiento en investigación y justicia, la violencia se vuelve más barata para quienes la ejercen.
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ESCENARIO DE PODER EN EL PLENO
El debate se volvió un espejo de los ánimos del país. La frase “Morena mató a Manzo”, impresa en una manta desplegada por el PRI en las galerías, sintetizó el punto de quiebre.
La disputa por el asesinato del alcalde de Uruapan irrumpió en la sesión como recordatorio de que la política territorial y la violencia criminal forman parte de la misma ecuación. Que la respuesta no fuera solo indignación, sino fuerza legislativa, reveló que el caso se ha convertido en un símbolo nacional, incómodo y todavía no resuelto.
El cierre, sin embargo, deja una línea marcada: el PEF 2026 no redistribuye recursos, redistribuye centros de influencia.
En la práctica, la aprobación del presupuesto garantiza gobernabilidad legislativa para la Presidencia. Pero también abre una cuenta pendiente: si el fortalecimiento de bases políticas no se acompaña de fortalecimiento institucional, el margen de maniobra del gobierno se hará más estrecho conforme avance el sexenio. La disputa por los contrapesos no ha terminado; apenas se movieron sus líneas de presión.
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