CDMX.— La revelación del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ha expuesto el fracaso estructural del Estado para garantizar seguridad y justicia.
No solo evidencia la incapacidad de la Fiscalía de Jalisco, sino que también desnuda la corresponsabilidad del gobierno federal en la crisis de desapariciones en México.
La omisión de las instancias locales, la falta de seguimiento de la Guardia Nacional y la respuesta tardía de la Fiscalía General de la República (FGR) convierten este caso en un síntoma de una realidad mayor: la violencia imparable y la colusión entre autoridades y crimen organizado.
DESCUBRIMIENTO Y PRIMEROS HALLAZGOS
El Rancho Izaguirre se destapó en septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional acudió tras una denuncia anónima y fue recibida con disparos. Se detuvo a diez personas, se liberó a dos víctimas y se halló armamento. Sin embargo, la Fiscalía de Jalisco, en lugar de profundizar en la investigación, dejó el sitio en abandono.
Seis meses después, en marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores Jalisco descubrió lo que las autoridades estatales ignoraron: restos humanos, objetos personales y supuestos crematorios clandestinos.
¿Cómo pudo la fiscalía estatal no darse cuenta de lo que sucedía en una entidad que es asiento de uno de los principales poderes del crimen organizado nacional e internacional? La respuesta está en el estatus de connivencia que el entonces gobernador Enrique Alfaro mantuvo con la estructura de seguridad estatal.
El fiscal Alejandro Gertz Manero, al presentar su informe, reconoció que la Fiscalía de Jalisco omitió registrar pruebas clave, permitió el saqueo de evidencia, y nunca aseguró el sitio.
A pesar de las múltiples denuncias ciudadanas y los reportajes sobre desapariciones en Jalisco, la Guardia Nacional, la Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia tampoco dieron seguimiento adecuado. ¿Negligencia, incompetencia o complicidad?
FISCALÍA EN ENTREDICHO
El informe de la FGR señala que la Fiscalía estatal no realizó un rastreo de indicios, no investigó la propiedad del rancho, no tomó declaraciones a testigos clave y no informó a la federación sobre delitos de delincuencia organizada.
Cronología del Caso
No solo fue omisión local, sino un patrón que se replica en todo el país: el Estado no está garantizando la seguridad pública ni la justicia verdadera.
Uno de los puntos más inquietantes es la posibilidad de que el rancho haya servido como centro de exterminio y de adiestramiento criminal. La FGR encontró uniformes tácticos y ropa abandonada que corresponderían a sicarios reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Este hallazgo refuerza la hipótesis de que el rancho no solo fue escenario de desapariciones, sino de entrenamiento paramilitar.
La realidad que se vive en Teuchitlán es un reflejo de lo que sucede en varias partes del país. A pesar de que el gobierno ha intensificado sus acciones contra el crimen organizado, se han hecho más por presión externa que por una política interna de seguridad efectiva.
La cooperación con Estados Unidos y las recientes acciones del gobierno contra el narcotráfico han sido, en muchos sentidos, una acta de reconocimiento de la realidad: el crimen organizado controla vastas regiones del territorio nacional.
INCOMPETENCIA O ENCUBRIMIENTO
Las omisiones de la Fiscalía de Jalisco han generado dudas sobre si se trata de negligencia, incompetencia o colusión con el crimen organizado. La FGR ya inició una investigación interna para determinar la responsabilidad de funcionarios estatales, desde el ministerio público encargado del caso hasta altos mandos de la dependencia.
El fiscal Gertz enfatizó que la investigación no se detendrá en funcionarios de bajo nivel, sino que alcanzará a toda la cadena de mando que permitió que el caso fuera manejado con tal nivel de desidia.
La posibilidad de sanciones contra autoridades locales genera expectativas sobre la profundidad que tendrá la indagatoria federal.
Con la atracción del caso por parte de la FGR, la investigación entra en una nueva fase. La prioridad será realizar un análisis genético de los restos humanos, identificar a las víctimas y determinar con certeza si el rancho operaba como un campo de exterminio. La presión pública y la vigilancia de organizaciones civiles buscan evitar que el caso quede en la impunidad.
UN CASO QUE REVELA UNA CRISIS
La reacción oficial al caso Teuchitlán ha generado desacreditación de las víctimas, intentos de minimizar el hallazgo y, en algunos sectores del oficialismo, la estigmatización de quienes exigen justicia. Este patrón de respuesta recuerda la reacción del gobierno ante Ayotzinapa, donde se buscó justificar omisiones y errores con discursos políticos.
A diferencia de lo que ciertos sectores intentan instalar, la demanda de justicia por Teuchitlán no es una agenda de la oposición. Se trata de un clamor social legítimo, de una crisis nacional de desapariciones que trasciende gobiernos y siglas partidistas. La política del avestruz no es compatible con la esencia de un progresismo real.
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