La protección de niñas, niños y adolescentes en plataformas digitales será obligatoria bajo un decreto anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 9 de octubre de 2026, que contempla retirar contenidos violentos y reforzar la seguridad en internet.
La medida busca impedir que los menores accedan a publicaciones relacionadas con discursos de odio, extremismo violento, violencia sexual, autolesiones, acoso y material sexual explícito. Sin embargo, su entrada en vigor dependerá de la publicación oficial del decreto.
¿Qué contenidos deberán bloquear las plataformas digitales?
La consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde Luján, explicó que las disposiciones buscan limitar la exposición de menores a materiales que puedan promover distintas formas de violencia o conductas perjudiciales.
Entre los contenidos contemplados se encuentran:
- Discursos de odio y extremismo violento.
- Abuso, explotación y violencia sexual.
- Suicidio, autolesiones deliberadas y trastornos alimenticios.
- Violencia en el entorno escolar.
- Acoso, ciberacoso y ciberbullying.
- Conductas ilícitas y material sexual explícito.
El decreto también plantea que las plataformas identifiquen y retiren de inmediato cuentas o publicaciones que promuevan o generen violencia. Asimismo, deberán clasificar los contenidos por edad y ofrecer herramientas de supervisión para madres, padres y personas tutoras.
Otra disposición consiste en establecer configuraciones predeterminadas de privacidad y seguridad que brinden mayor protección a los menores desde el inicio de su uso.
¿Qué obligaciones tendrán las empresas tecnológicas?
Las plataformas incluidas en el decreto deberán desarrollar mecanismos para evitar que niñas, niños y adolescentes accedan a los contenidos señalados o reciban recomendaciones de ese material.
Además, tendrán que habilitar herramientas para reportar usuarios y publicaciones violentas. La propuesta también contempla canales de colaboración con las autoridades de seguridad y procuración de justicia.
Entre las medidas anunciadas está contar con un punto de contacto disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para atender requerimientos de información de las autoridades investigadoras.
También se prevé preservar y entregar evidencia e información cuando corresponda, así como alertar inmediatamente a las autoridades si se identifica contenido que atente contra la vida.
El alcance descrito comprende plataformas que permiten la interacción, comunicación, generación, difusión o intercambio de contenidos entre personas usuarias.
¿Cuándo entrará en vigor el decreto?
Sheinbaum indicó que la Consejería Jurídica y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones continuarán trabajando para que el documento se publique durante la semana siguiente en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Por ello, al momento del anuncio, la entrada en vigor todavía estaba pendiente de esa publicación. El comunicado no precisa una fecha calendario definitiva ni detalla posibles sanciones para las empresas que incumplan las disposiciones.
La presidenta vinculó la iniciativa con el compromiso de reforzar la seguridad digital después de un episodio ocurrido en Coahuila, que calificó como lamentable, y de evitar que las plataformas promuevan la violencia, particularmente en las escuelas.
Prevención y apoyo para las familias
El decreto también contempla acciones preventivas, entre ellas el programa El ABC de las emociones, impulsado por el Gobierno de México para abordar la salud mental y el uso responsable de las plataformas digitales.
De acuerdo con la información oficial, en las escuelas se dedica una hora los lunes a tratar temas relacionados con las emociones, particularmente en tercer grado de secundaria y en educación media superior.
Además, el Gobierno reportó la realización de 35 mil 458 asambleas con madres y padres de familia para abordar estos asuntos.
Como recurso de apoyo, el comunicado menciona la Línea de la Vida, disponible en el número 800-911-2000.
Finalmente, se instruyó a la Consejería Jurídica a instalar una mesa de trabajo para elaborar propuestas de regulación adicionales, si resultan necesarias, para fortalecer la protección de menores en entornos digitales.
El anuncio establece las obligaciones previstas, pero su aplicación formal y los posibles ajustes regulatorios deberán revisarse a partir de la publicación oficial y las disposiciones que se emitan posteriormente.
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