CDMX.— La aprobación en comisiones de la reforma que otorga acceso ilimitado a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a datos personales abre una nueva etapa en la estrategia de inteligencia contra el crimen organizado. Sin embargo, la medida también revive el debate sobre la privacidad y el control gubernamental sobre la información de los ciudadanos.
Con el voto mayoritario de Morena y sus aliados, así como el respaldo de Movimiento Ciudadano, la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados avaló los dictámenes de las leyes generales de los sistemas nacionales de seguridad pública e investigación e inteligencia.
Estas reformas, que serán discutidas en el Pleno, establecen la creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, gestionado por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con acceso irrestricto para las fuerzas de seguridad.
El objetivo principal, según sus impulsores, es combatir la extorsión y el secuestro, delitos que han encontrado en las comunicaciones anónimas una vía fácil para operar con impunidad.
| LOS PUNTOS CLAVE DE LA REFORMA | |
|---|---|
| Registro Nacional | Creación de un Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. |
| Acceso de SSPC | Acceso irrestricto de la SSPC a datos personales, vehiculares y biométricos. |
| Registro obligatorio | Obligatoriedad de registro para comprar una SIM o contratar un plan. |
| Administración | Plataforma administrada por la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. |
No obstante, la implementación de este padrón no está exenta de preocupaciones, sobre todo considerando que en 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional una iniciativa similar, conocida como el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (Panaut), debido a los riesgos que representaba para la protección de datos personales.
¿UN ARMA CONTRA EL CRIMEN O UN RIESGO PARA LA PRIVACIDAD?
El dictamen aprobado establece que las instituciones de seguridad podrán requerir información en tiempo real sobre registros vehiculares, datos biométricos, información telefónica, registros inmobiliarios y fiscales, así como datos sobre armas de fuego y padrones de personas detenidas y sentenciadas.
Según el documento, la SSPC podrá solicitar estos datos a todas las dependencias estatales e incluso a entes privados, lo que ha despertado inquietudes sobre los posibles abusos en la recolección de información personal. La pregunta es inevitable: ¿Se trata de una medida efectiva contra el crimen o de una intromisión masiva en la vida de los ciudadanos?
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ha advertido sobre el uso indiscriminado de los datos y la posibilidad de que el padrón sea vulnerado o utilizado con otros fines, lo que podría derivar en violaciones a derechos fundamentales. A pesar de estos señalamientos, la reforma avanza con el argumento de que fortalecerá las investigaciones criminales y mejorará la coordinación entre las fuerzas de seguridad.
ANTECEDENTES: UNA PROPUESTA CON HISTORIA
Esta iniciativa no es nueva. En 2021, el expresidente Andrés Manuel López Obrador propuso la creación de un padrón similar, el cual fue frenado por la SCJN al considerarlo inconstitucional. La nueva propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, aunque con modificaciones, mantiene la esencia del proyecto original: obligar a los usuarios de telefonía móvil a registrar sus datos personales para asociarlos con sus números.
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Según la reforma, para comprar una tarjeta SIM o contratar un plan de telefonía, los usuarios deberán proporcionar: a) Credencial de elector o pasaporte b) Clave Única de Registro de Población (CURP) c) Datos biométricos (huellas digitales o reconocimiento facial, según el operador)
Esta obligatoriedad ha sido criticada por expertos en derecho y privacidad, quienes señalan que la base de datos podría convertirse en un blanco de ataques cibernéticos o, peor aún, ser utilizada con fines distintos a los inicialmente planteados.
IMPLICACIONES Y DEBATES
La reforma también establece una regulación estricta para los operadores de telefonía, quienes deberán garantizar la integridad y seguridad de la información recopilada. Sin embargo, esto también podría representar un reto logístico y financiero para las compañías, que tendrán que desarrollar sistemas de almacenamiento y verificación de identidad.
Los principales puntos de discusión incluyen:
- Mayor control gubernamental sobre la información de los ciudadanos.
- Posibles riesgos de filtraciones o hackeos de datos personales.
- Impacto en la privacidad y derechos constitucionales.
- Eficacia real para combatir el crimen organizado.
A pesar de las preocupaciones, la propuesta sigue adelante y su aprobación final en la Cámara de Diputados podría concretarse en los próximos días.
El Registro Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil representa una medida ambiciosa y polémica en la lucha contra la delincuencia. Si bien su implementación podría ayudar a rastrear delitos como extorsión y secuestro, también plantea serias dudas sobre su impacto en la privacidad y el acceso sin restricciones de las autoridades a datos personales.
La clave estará en los mecanismos de control y transparencia que se establezcan para evitar abusos y garantizar que la información no se convierta en una herramienta de vigilancia indiscriminada.
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