La tensión entre el Ejecutivo Federal y el Poder Judicial de México escaló esta semana cuando la presidenta Claudia Sheinbaum se negó a cumplir la resolución de una juez de distrito de Coatzacoalcos, Nancy Juárez, quien ordenó retirar del Diario Oficial de la Federación (DOF) la publicación de la reforma judicial.
Sheinbaum fue clara en su postura: no se va a retirar la publicación porque, según ella, la juez “no tiene ninguna atribución” para ordenar dicha acción. Además, anunció que se presentará una denuncia ante el Consejo de la Judicatura contra la magistrada por excederse en sus funciones.
Sheinbaum defendió que la publicación de la reforma fue una acción derivada de la voluntad popular expresada en las elecciones pasadas y que la reforma judicial responde al mandato del Congreso de la Unión, no de una resolución judicial. Con este conflicto en curso, la presidenta ha dejado claro que no cederá a lo que considera un intento del Poder Judicial por intervenir en la agenda legislativa del Ejecutivo.
NUEVAS REFORMAS JUDICIALES EN PUERTA
En conferencia de prensa, Sheinbaum adelantó que su gobierno ya está preparando un segundo paquete de reformas judiciales, que incluirá modificaciones a la Ley Orgánica de la Suprema Corte de Justicia y otras leyes relacionadas con el Poder Judicial.
Entre las principales propuestas, destaca la limitación de los juicios mercantiles, especialmente aquellos vinculados con el impago de impuestos, que tendrán un plazo máximo de seis meses para resolverse. Con estas modificaciones, se busca eliminar las múltiples suspensiones y amparos que hoy prolongan indefinidamente los juicios en esta materia.
Este anuncio subraya el empeño del Ejecutivo en reducir la influencia del Poder Judicial sobre decisiones legislativas y de gobierno, reflejando un enfrentamiento directo que podría tener implicaciones significativas para el futuro del sistema judicial mexicano.
LA CONSEJERA JURÍDICA Y SU CRÍTICA A LAS FACULTADES DE LOS JUECES
En su intervención, la Consejera Jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, respaldó las declaraciones de la presidenta, cuestionando la legitimidad de los jueces para emitir suspensiones sobre reformas constitucionales.
Godoy enfatizó que no existe en el marco jurídico mexicano una disposición que permita a un juez de distrito revisar o cuestionar una reforma constitucional. “Un juzgado no se puede auto facultar para someter una reforma constitucional”, afirmó Godoy, asegurando que la facultad para modificar la Constitución reside exclusivamente en el Congreso de la Unión.
El debate en torno a la autonomía del Poder Judicial y su papel en la interpretación y ejecución de la ley ha sido un tema recurrente en los últimos meses, en especial tras las múltiples resoluciones que han puesto en pausa algunas de las principales reformas del gobierno de Sheinbaum.
ARTURO ZALDÍVAR: UN RESPALDO TÉCNICO
El ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, también intervino en la polémica, apoyando la postura del Ejecutivo y descalificando las resoluciones judiciales que han suspendido la reforma judicial. Zaldívar afirmó que la Ley de Amparo establece claramente que no procede la suspensión contra una reforma constitucional.
Además, criticó que los jueces han estado emitiendo suspensiones “automáticas”, lo que ha permitido que decisiones legislativas se vean paralizadas por tiempos indefinidos, afectando el funcionamiento de las instituciones y creando un conflicto de poderes.
EL CONFLICTO ENTRE EL EJECUTIVO Y EL PODER JUDICIAL
- Arturo Zaldívar: Afirmó que la Ley de Amparo no permite la suspensión de reformas constitucionales.
- Reforma judicial: Publicada en el Diario Oficial de la Federación, enfrentada ahora a una resolución judicial que busca suspender su publicación.
- Denuncia ante el Consejo de la Judicatura: Sheinbaum anunció que denunciará a la juez de Coatzacoalcos, Nancy Juárez, por extralimitarse en sus funciones.
- Nuevo paquete de reformas: Incluye modificaciones a la Ley Orgánica de la SCJN y limitaciones a los juicios mercantiles.