Estados Unidos acusó. México pidió pruebas. Pero el golpe ya estaba dado. El pasado 25 de junio, el Departamento del Tesoro de EE.UU. encendió las alarmas al señalar a tres instituciones mexicanas —Vector, Intercam y CIBanco— como facilitadoras del lavado de dinero del crimen organizado, por al menos 46.5 millones de dólares.

La sanción se emitió a través de la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), con base en la nueva Ley de Erradicación del Fentanilo.

La narrativa estadounidense incluye palabras fuertes: “instrumentos financieros de cárteles”, “socios de García Luna”, “eslabones clave del flujo de fentanilo”.

Pero el gobierno mexicano, liderado por Claudia Sheinbaum, respondió con una mezcla de firmeza, legalismo y defensa institucional: “No hay pruebas, sólo dichos”.

LO QUE DIJO LA PRESIDENTA

En su conferencia del 26 de junio, Sheinbaum fue categórica: “México no es piñata de nadie. A México se le respeta”. Subrayó que, aunque la Secretaría de Hacienda y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) recibieron desde hace semanas información confidencial de FinCEN, esta carece de elementos probatorios contundentes.

Según sus palabras, lo presentado hasta ahora por el Tesoro son referencias generales a transferencias entre empresas chinas y mexicanas, muchas de ellas legalmente constituidas y operando en el marco del creciente comercio bilateral.

En 2024, el intercambio comercial entre China y México rebasó los 139 mil millones de dólares, lo que hace común, aunque no irrelevante, el cruce de operaciones con esas características.

La postura oficial es que, de existir pruebas sólidas, se actuará sin contemplaciones. Pero en ausencia de ellas, “no puede haber sanción penal ni estigmatización pública basada en sospechas.”

EL ENTORNO FINANCIERO: SÓLIDO PERO NO INMUNE

La respuesta institucional no se quedó en el discurso. La CNBV ya había sancionado a las tres instituciones por faltas administrativas, con multas que alcanzan los 134 millones de pesos. Pero no hay —hasta el momento— indicios de delitos financieros.

La propia UIF reconoció que más de 300 empresas mexicanas realizaron operaciones con las firmas chinas señaladas, utilizando 10 diferentes bancos nacionales. El patrón detectado no revela movimientos ilícitos, sino vínculos comerciales regulares en sectores de importación, manufactura y servicios.

Esto no significa que las instituciones sancionadas estén libres de toda sospecha. Pero sí que, hasta ahora, no hay evidencia legalmente procesable que confirme la tesis estadounidense.

EL GOLPE A LA REPUTACIÓN Y EL RIESGO DE CONTAGIO

Aunque Intercam, Vector y CIBanco son instituciones de tamaño pequeño a mediano, su inclusión en la lista negra de FinCEN implica una alerta sistémica. P

or lo pronto, el retiro de visas a sus directivos y socios, así como la prohibición de realizar transacciones con instituciones estadounidenses, limita severamente su capacidad de operación internacional.

A esto se suma el golpe reputacional: la sola mención de lavado de dinero asociado al narcotráfico puede provocar retiros de fondos, congelamientos de líneas de crédito y revisión de relaciones corresponsales.

Si bien la banca mexicana está robusta —con niveles de capitalización del 18.1 por ciento y reservas suficientes—, el riesgo de contagio reputacional no puede descartarse.

En este sentido, la respuesta ordenada de Hacienda y la CNBV ha sido clave para mantener la estabilidad, y hasta el momento no se han registrado corridas bancarias ni caída de activos significativa en estas entidades.

¿POR QUÉ AHORA? LA DIPLOMACIA ECONÓMICA DETRÁS DEL CASO

El contexto también importa. Las sanciones se emiten en el marco de una crisis sanitaria y política en EE.UU. por la epidemia del fentanilo, con más de 220 muertes diarias por sobredosis. Bajo presión interna, la administración Biden —y ahora la red FinCEN— han recurrido a todos los recursos legales para golpear las finanzas del narco.

🔍 CLAVES DEL ANÁLISIS · LO QUE HAY QUE MIRAR

• Sistema sólido: Sin afectación sistémica, hasta ahora.
• Colaboración con EE.UU.: Abierta, pero no subordinada.
• Reputación bancaria: El mayor riesgo está en la percepción pública.
• Romo y Vector: Silencio oficial ante vínculo sensible.
• Peso financiero: Se mantiene estable, sin huida de capitales.

México, por su parte, se encuentra en pleno reacomodo institucional con la nueva administración federal, que aún no nombra embajador ni canciller. La tensión diplomática podría incrementarse si no se aclara con precisión qué grado de colaboración existirá en este tipo de casos.

La Presidenta Sheinbaum dejó claro que colaborará, pero no aceptará subordinación: “Colaboramos, pero no nos subordinamos. La relación con EE.UU. es de iguales.”

¿Y ALFONSO ROMO?

Uno de los puntos más delicados —pero poco abordados— es que Vector fue fundada por Alfonso Romo Garza, empresario cercano a Andrés Manuel López Obrador y quien fue jefe de la Oficina de la Presidencia. Aunque Romo ya no tiene funciones públicas, su nombre sigue ligado al proyecto económico de la 4T.

Hasta el momento, ni Hacienda ni Presidencia se han pronunciado directamente sobre Romo. Pero el tema podría escalar si se confirma la supuesta relación de Vector con transacciones ligadas a Genaro García Luna, como insinúa el Departamento del Tesoro.

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La tormenta financiera no ha estallado, pero las nubes siguen ahí. Para México, el reto no es menor: defender su sistema financiero sin cerrar la puerta a la cooperación internacional, responder con firmeza, pero con ley, y sobre todo evitar que el ruido afecte la confianza de inversionistas y usuarios bancarios.

La pelota está ahora en la cancha del Tesoro estadounidense. Si tiene pruebas, que las muestre. Si no, el caso puede erosionar la credibilidad de un mecanismo diseñado para combatir delitos financieros, pero que empieza a parecer un instrumento político.

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El cargo Vector, Intercam y CIBanco: la tormenta financiera que no estalla (aún) apareció primero en El Tabasqueño.