La decisión no es menor: elimina la frase “o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden” del artículo 160 Bis, considerada ambigua y potencialmente restrictiva de derechos. En la práctica, esa redacción permitía a la autoridad definir, caso por caso, qué protesta podía convertirse en delito, en un estado donde la protesta ha sido históricamente una herramienta de presión social.

El fallo, aprobado por unanimidad, responde a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que alertó sobre el riesgo de vulnerar la libertad de expresión y manifestación. La ministra ponente, María Estela Ríos González, sostuvo que una norma con ese nivel de ambigüedad genera autocensura e incertidumbre jurídica.

El mensaje de la Corte es claro: el derecho penal no puede operar como un instrumento abierto para inhibir la crítica ni la protesta, sobre todo cuando la línea entre orden público y disidencia no está claramente definida.

El regreso de 2019

La resolución reabre un capítulo político que parecía cerrado desde 2019, cuando el Congreso local aprobó la reforma impulsada durante el gobierno de Adán Augusto López, con el argumento de frenar prácticas de extorsión y bloqueos que afectaban obras públicas y privadas.

Aquella reforma, conocida como “Ley Garrote”, endureció penas —hasta 13 años de prisión— para quienes impidieran trabajos o bloquearan vías, en un contexto de conflictos sindicales y presión sobre proyectos estratégicos. Sin embargo, desde su origen, legisladores de oposición y sectores sociales advirtieron que el diseño legal mezclaba la persecución de delitos con la criminalización de la protesta.

🚨#ÚltimaHora I La #SCJN frena norma en Tabasco que abría la puerta a sancionar la protesta social.

⚖️ El Pleno invalidó la frase “o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden” del delito de amenazas, al considerar que su redacción era excesivamente amplia y… pic.twitter.com/GkHcFi0OEu

— Suprema Corte (@SCJN) March 24, 2026

El tiempo terminó por confirmar esa tensión. La Corte no elimina toda la estructura legal, pero sí corrige el núcleo más problemático: la vaguedad. En términos políticos, el fallo no solo es jurídico, también redefine el equilibrio entre autoridad y ciudadanía en Tabasco.

La señal es que el Estado puede regular conductas, pero no puede hacerlo con fórmulas abiertas que terminen castigando la inconformidad social. En un contexto donde la protesta sigue siendo parte del paisaje urbano —desde comunidades rurales hasta avenidas de Villahermosa—, la decisión introduce un límite institucional que obliga a mayor precisión en futuras reformas.

El efecto inmediato es doble. Por un lado, se refuerza la protección de la protesta como derecho constitucional; por otro, se obliga al poder local a replantear cómo combate conductas ilegales sin invadir libertades. Lo que la Corte desactivó no fue solo una frase, sino un margen de discrecionalidad que, en manos equivocadas, podía convertirse en herramienta de control político.

En Tabasco, donde la política suele moverse entre la calle y el poder, ese matiz no es técnico: es estructural.

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El cargo Prohibido prohibir: tumba SCJN Ley Garrote en Tabasco y redefine límites a protestas apareció primero en El Tabasqueño.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió de manera definitiva que Grupo Salinas deberá pagar 47 mil 407 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT), según cifras actualizadas de la Procuraduría Fiscal de la Federación.

La suma incluye multas, recargos y actualizaciones derivadas de litigios que se arrastran desde hace 17 años, y representa casi el 71 % del presupuesto total de Tabasco para 2026. En términos simples, la deuda de un solo empresario equivale a financiar durante ocho meses la operación completa de todo un estado.

Un solo contribuyente debe lo que un estado entero gasta en seis meses de salud, educación, seguridad y obra pública. Esa es la magnitud real del conflicto: no sólo un litigio fiscal, sino la medida del poder económico frente al Estado.

ESCALA REAL

Cuando la Secretaría de Administración y Finanzas de Tabasco presentó el proyecto presupuestal para 2026, el encargado del despacho, Adrián Magaña Martínez, lo definió como “balanceado, responsable y austero”.

De esos casi 67 mil millones, el 92 por ciento provendrá de la Federación, mientras que apenas 8 por ciento serán ingresos estatales. Con esos recursos el gobierno estatal cubrirá nómina, servicios, infraestructura y programas sociales durante todo el año.

La comparación es brutal: lo que la Corte ordena pagar a Salinas Pliego —por impuestos omitidos entre 2008 y 2015— equivale a lo que el Gobierno de Javier May Rodríguez destinará a Tabasco durante medio ejercicio fiscal completo. Es decir, un solo litigio empresarial pesa lo mismo que medio Estado operando con normalidad.

PUNTO POR PUNTO | Deuda fiscal de Grupo Salinas

• Monto total confirmado: 33 477 millones de pesos.
• Crédito principal: 33 306 mdp (Elektra, ejercicio 2013).
• Recursos legales promovidos: más de 100 impugnaciones.
• Empresas involucradas: Grupo Elektra y TV Azteca.
• Origen: deducción de pérdidas e ISR omitido (2008-2015).
• Resolución: SCJN desecha recursos y autoriza cobro coactivo del SAT.

PESO POLÍTICO Y ECONÓMICO

El fallo de la Corte marca un parteaguas en la relación entre poder económico y ley fiscal. Por unanimidad, los ministros desecharon los últimos amparos de Grupo Salinas, al considerar que no había cuestiones nuevas de interpretación constitucional.

Con la sentencia firme, el SAT está facultado para ejecutar el cobro inmediato: puede disponer de las garantías embargadas —cartas de crédito, oficinas, edificios y activos— e incluso congelar cuentas o solicitar embargos judiciales si el grupo se niega a pagar. Fuentes fiscales explican que la resolución “es ya inapelable” y que el cobro podría concretarse en cuestión de semanas.

En lenguaje empresarial: la diferencia entre litigar y pagar ya no es de meses, sino de liquidez inmediata. Desde el punto de vista del riesgo corporativo, la resolución acaba con la “prima de demora” que durante años permitió a grandes grupos apostar al tiempo como estrategia financiera.

ESCENARIOS DE CAJA

EL MODELO AGOTADO

El caso más voluminoso —el crédito de 33 mil 306 millones de pesos correspondiente al ejercicio 2013— surgió por la deducción ilegal de pérdidas fiscales cuando Elektra salió del régimen de consolidación.

El SAT argumentó que la empresa no revirtió beneficios de ejercicios anteriores, y los tribunales coincidieron. Lo relevante es que esos créditos se originaron durante el sexenio de Peña Nieto, no de López Obrador, como el propio grupo ha intentado hacer creer.

A lo largo de una década, Grupo Salinas promovió más de cien recursos, amparos e impedimentos para frenar la resolución de fondo. La Corte finalmente cerró esa ruta. El mensaje es claro: la ley no distingue por tamaño corporativo.

MENSAJE PRESIDENCIAL

Tras conocerse el fallo, la presidenta Claudia Sheinbaum lanzó una frase con eco fiscal y político:

Mejor que paguen sus impuestos en vez de andar pagando campañas”.

Sheinbaum denunció que el conglomerado destinó más de 90 millones de pesos en redes sociales para financiar bots y campañas digitales contra el Gobierno.

Su señalamiento, más que ideológico, tiene sentido financiero: cada peso que el fisco no cobra es un peso que no llega a las arcas de los estados.

EL EFECTO TABASCO

Tabasco prevé para 2026 66 mil 884.5 millones de pesos, de los cuales 41.6 por ciento corresponde a gasto etiquetado y 58.4 por ciento a gasto no etiquetado.

En perspectiva, los 47 mil 407 millones de pesos equivalen al 70.9 % del presupuesto estatal de Tabasco para 2026, que asciende a 66 mil 884.5 millones, según la Secretaría de Administración y Finanzas.

Con ese monto podrían financiarse seis meses de salud, seguridad y educación para 2.4 millones de habitantes. La cifra también representa 22 veces la inversión proyectada en obras públicas o la nómina completa del gobierno tabasqueño durante medio año.

El encargado de Finanzas precisó que el presupuesto crece 2.4 por ciento respecto a 2025 y que los convenios con la Federación garantizan recursos plenos en salud, pese a la reorientación del FASSA.

Con esa cifra sobre la mesa, el comparativo toma otra dimensión:

• La deuda fiscal de Salinas Pliego equivale al 70.9% del presupuesto total tabasqueño.
• Si el SAT recupera esa suma, financiaría medio año de gasto estatal, o duplicaría el presupuesto anual de una entidad como Campeche.
• Es el mismo monto que la Federación transfiere a 23 entidades por programas de salud, educación y seguridad durante un trimestre completo.

En términos simples: un solo empresario debe lo mismo que medio México operativo.

EFECTO DOMINÓ

Para Grupo Salinas, el riesgo no es sólo la pérdida judicial, sino el golpe reputacional y de liquidez. A la deuda fiscal se suman reclamos internacionales, como la demanda en Nueva York por 580 millones de dólares contra TV Azteca y la condena de 20 millones contra Salinas Telecom.

Además, el grupo enfrenta una pérdida neta de 11 mil 656 millones en 2024 y apenas 42 mil 822 millones de pesos en efectivo disponible, según reportes bursátiles.

El nuevo escenario reduce su margen de maniobra: pagar, negociar o resistir son opciones de costo alto. Si el SAT ejecuta el cobro, el golpe de caja sería inmediato y forzaría a reestructurar pasivos.

DOCTRINA FISCAL

La sentencia unánime inaugura una nueva doctrina de cumplimiento: el tiempo dejó de ser un activo contable. Para el Gobierno federal, es también una señal de legitimidad: aplicar la ley sin distinción es más eficaz que cualquier reforma fiscal.

Y en el terreno político, el contraste con Tabasco ilustra la magnitud del cambio:

Con lo que debe un solo magnate, vive medio año un estado entero”.

El caso, más allá del monto, simboliza un ajuste de cuentas con la vieja impunidad fiscal de las élites empresariales. El Estado exige lo que históricamente se condonaba, y en esa tensión se juega algo más profundo que un litigio: la idea de justicia tributaria en un país donde el poder económico y el político han marchado siempre en paralelo.

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El cargo Con lo que debe Salinas Pliego, ‘vive’ casi ¡todo Tabasco! apareció primero en El Tabasqueño.

CDMX.— En el contexto de la reciente reforma judicial en México, que reduce el número de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9. El abogado y defensor de derechos humanos Federico Anaya Gallardo ha presentado su candidatura al máximo tribunal, aportando una perspectiva crítica y propositiva sobre el sistema judicial mexicano.

Con más de tres décadas dedicadas a la defensa de los derechos humanos, Anaya Gallardo ha señalado que los formalismos excesivos en el sistema jurídico mexicano representan un obstáculo significativo para el acceso a la justicia, especialmente para los sectores más vulnerables.

En su ensayo reciente, destaca cómo estos formalismos pueden convertirse en barreras que impiden que las comunidades marginadas hagan valer sus derechos.

🚩 #AlMomento | “Me postulo para ministro de la @SCJN porque creo que es la mejor manera de llevar un discurso nuevo, de derechos humanos, al máximo tribunal”: @ANAYAFederico, politólogo.

Sigue la conversación con @CarlaConGa05 y @zanzittle en #OnceNoticiasDigital pic.twitter.com/x8HIw2BAgx

— Once Noticias (@OnceNoticiasTV) November 25, 2024

CASOS EMBLEMÁTICOS QUE EVIDENCIAN FALLAS ESTRUCTURALES

Anaya Gallardo ha participado en litigios emblemáticos que ponen de manifiesto las deficiencias estructurales del sistema judicial. Entre ellos, la defensa de comunidades indígenas en Puebla contra concesiones mineras que amenazaban sus territorios y la representación de poblaciones afectadas por la construcción de la presa El Zapotillo.

Estos casos ilustran cómo las comunidades enfrentan desafíos significativos al buscar protección legal frente a proyectos que afectan sus medios de vida y entorno.

TRANSFORMACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO

El abogado subraya la necesidad de transformar el Juicio de Amparo, una herramienta legal que, en su forma actual, presenta una complejidad técnica y costos elevados que limitan su accesibilidad.

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Anaya Gallardo argumenta que, en lugar de ser una vía efectiva para la protección de derechos, el Juicio de Amparo se ha convertido en un recurso al alcance de grupos privilegiados, dejando a las comunidades vulnerables sin una defensa efectiva.

UNA OPORTUNIDAD PARA UN TRIBUNAL MÁS DEMOCRÁTICO Y SENSIBLE

En una entrevista para Canal 11, Anaya Gallardo expresó que la reducción de ministros en la SCJN, contemplada en la reforma judicial, representa una oportunidad para construir un tribunal más democrático y sensible a las demandas sociales.

“La razón por la que me postulo, en este caso para ministro de la Corte, es porque creo que es una oportunidad fuerte de hacer llegar un discurso nuevo defensor de derechos humanos al máximo tribunal”, afirmó.

COMPROMISO CON LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS

La trayectoria de Anaya Gallardo refleja un compromiso constante con la defensa de los derechos humanos y una crítica constructiva al sistema judicial. Su candidatura a la SCJN busca impulsar reformas que hagan el sistema más accesible y equitativo, garantizando que la justicia esté al alcance de todos los ciudadanos, especialmente de aquellos que históricamente han sido marginados.

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FECHAS CLAVE EN EL PROCESO DE SELECCIÓN DE MINISTROS DE LA SCJN

El cargo Federico Anaya Gallardo: Una Visión Crítica y Propositiva para la Suprema Corte apareció primero en El Tabasqueño.

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, celebró lo que calificó como “un triunfo histórico del pueblo” tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de confirmar la reforma judicial, abriendo paso a la elección popular de jueces, magistrados y ministros.

En la conferencia matutina del 6 de noviembre, May no solo defendió la medida como un avance democratizador, sino que la equiparó con las reformas juaristas, subrayando que ahora “no hay poder por encima del pueblo”.

Para él, esta es una señal de justicia democrática; Sin embargo, otros ven en la reforma un riesgo de politización que podría alterar la imparcialidad de la justicia en México.

Además, esta resolución llega en un momento clave para la presidenta, quien con este fallo gana un capital político importante al lograr consolidar uno de los ejes de su agenda de transformación.

Al ver validada la reforma, la administración federal obtiene un respaldo de la Corte que fortalece la narrativa de una “justicia soberana” y alineada con el interés ciudadano, lo que refuerza el liderazgo de la mandataria.

EL ECO DE JUÁREZ Y LA BANDERA DE LA SOBERANÍA POPULAR

La reforma judicial, aprobada en septiembre, ha sido objeto de fuertes críticas y varios intentos de freno por parte de la oposición y algunos ministros de la Corte, quienes presentaron acciones de inconstitucionalidad alegando que la elección popular de jueces compromete la independencia judicial.

De acuerdo con estas voces críticas, permitir que los jueces sean elegidos por votación popular no solo atenta contra la autonomía de la justicia, sino que abre la puerta a la politización del sistema judicial. La Corte, sin embargo, desestimó estas objeciones y dio luz verde al cambio, validando el poder de la mayoría legislativa que impulsó la reforma.

Para May, el fallo va mucho más allá de un simple ajuste administrativo. Al describir la decisión de la Corte como una reafirmación de que “no hay poder por encima del pueblo”, el gobernador de Tabasco alineó su mensaje con la narrativa del Ejecutivo federal, que defiende esta reforma como una medida para erradicar el nepotismo y la corrupción. en el sistema de justicia.

La referencia a la época de Benito Juárez no es accidental: May busca proyectar este cambio como parte de una transformación profunda, similar a la que Juárez emprendió en su tiempo.

¿DEMOCRACIA O RIESGO DE MANIPULACIÓN?

Mientras May define esta reforma como un avance hacia una justicia democrática, sus críticos advierten sobre el peligro que supone para la autonomía judicial.

La idea de que jueces, magistrados y ministros sean elegidos en las urnas abre la posibilidad de que las decisiones judiciales respondan más a la presión de la opinión pública que a un análisis imparcial de la ley.

Incluso, podría significar que la carrera judicial termine politizándose, alterando uno de los principios fundamentales de la justicia: la independencia.

Si bien May y sus partidarios defienden la reforma como una herramienta para combatir el nepotismo y la corrupción en el sistema judicial, esto también plantea el riesgo de que la justicia se vea condicionada por vaivenes políticos.

En muchos sistemas, la politización del Poder Judicial se ha señalado como un peligro que afecta la imparcialidad, favoreciendo a candidatos judiciales más por su imagen o filiación que por su competencia y compromiso con la justicia.

PREPARARSE PARA UN PROCESO INÉDITO

Con el aval de la SCJN, la próxima tarea será implementar el proceso de selección popular de jueces y magistrados, con las primeras elecciones previstas para junio de 2025.

May hizo un llamado a la ciudadanía a participar activamente, asegurando que su administración trabajará en garantizar un proceso que prioriza la justicia.

Sin embargo, la transición a este nuevo modelo implica una serie de retos: el sistema debe establecer parámetros claros para evaluar las credenciales y competencias de los candidatos, y los ciudadanos deberán contar con información adecuada para elegir con responsabilidad.

Este cambio implica una gran apuesta en términos de logística y organización, además de un escrutinio constante para evitar que la justicia se contamine de favoritismos y responda a intereses partidistas. La afirmación de mayo de que “el pueblo gana y México avanza en democracia” es ambiciosa, pero solo el tiempo dirá si esta visión logrará consolidarse.

¿A LA ALTURA DE JUÁREZ O EN LA MIRA DE LA CRÍTICA?

Para Javier May, la reforma judicial que permite la elección de jueces es una victoria para la soberanía popular y una medida que pondrá freno a los privilegios de una “élite judicial”.

Al comparar este momento con las reformas juaristas, la administración federal busca dotar a este cambio de un peso histórico. No obstante, la euforia de este primer triunfo judicial podría desvanecerse si los riesgos de politización se materializan en el sistema judicial y debilitan su independencia.

El cargo Javier May celebra una ‘victoria del pueblo’ tras el aval a la reforma judicial apareció primero en El Tabasqueño.

El ministro Alberto Pérez Dayán, cuyo voto rompió el bloque de ocho ministros que buscaban invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial, negó contundentemente haber accionado bajo presiones políticas o influencias externas.

Con su postura, que dio un giro inesperado a la discusión, el ministro subrayó que su voto se alineó únicamente a sus convicciones ya su criterio jurídico. “Me dolería resolver de manera diferente a lo que pienso”, aseguró en entrevista.

Sin embargo, la negación de presiones políticas en un momento de tanta tensión y bajo la mirada pública genera una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto pueden los ministros de la Suprema Corte abstraerse del entorno político que rodea sus decisiones?

UN VOTO DECISIVO Y SU ALCANCE JURÍDICO

La votación del ministro Pérez Dayán vendió un capítulo que pone a la Suprema Corte en el ojo del huracán. La decisión de no invalidar la reforma judicial impulsada por la 4T, que propone la elección por voto popular de jueces y magistrados, marca un punto de inflexión en el rol de la Corte en México.

El ministro, quien ha defendido consistentemente la “autocontención” de la Corte en temas constitucionales, reiteró su posición histórica de que el máximo tribunal no tiene la facultad de decidir sobre el contenido de la Constitución.

“No imagino una Corte que tenga la atribución de decidir qué lleva la Constitución y qué no lleva”, declaró en la sesión, cerrando así el camino para una revisión que muchos en la oposición política consideraban esencial.

La decisión de Pérez Dayán no fue aislada. De hecho, al alinearse con las tres ministras cercanas al gobierno, evitó que el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara lograra los ocho votos necesarios para anular varios puntos críticos de la reforma, incluido el aspecto de la elección por popular.

Al defender su voto, Pérez Dayán se apegó a su criterio de que la Corte no debe usurpar funciones del Congreso ni erigirse como legisladora de último recurso, un argumento que enarboló también en casos anteriores.

LA NEGACIÓN DE PRESIONES Y EL CONTEXTO POLÍTICO

Sin embargo, la postura de Dayán no está exenta de sospechas. En las últimas semanas, la discusión en torno a la reforma judicial y el papel de la Corte se ha vuelto cada vez más cargada políticamente, con el gobierno y la oposición cuestionando la independencia de los ministros.

En este contexto, la aclaración de Pérez Dayán —de que no hay carpeta de investigación en su contra ni ha recibido presiones— resulta significativa, aunque inevitablemente polémica.

La percepción de que el Poder Judicial está bajo escrutinio y presión política es cada vez más evidente, y esto plantea una cuestión esencial: ¿pueden los ministros tomar decisiones sin que la sombra de la influencia política empañe sus votos?
El ministro es consciente de que su voto tendrá implicaciones históricas.

Al respaldar la vigencia de la reforma, y ​​al no aceptar la posibilidad de invalidar cambios constitucionales acciones mediante de inconstitucionalidad, Pérez Dayán mantiene una postura jurídica que preserva la “autonomía del legislador”.

Este enfoque, aunque coherente con sus posturas pasadas, podría fortalecer la narrativa oficial de que el Poder Judicial debe alinearse con una reforma que democrática su estructura y, al mismo tiempo, alimentar las preocupaciones sobre la pérdida de autonomía del máximo tribunal en el contexto de una reforma tan profunda.

UNA CORTE DIVIDIDA ANTE UNA DECISIÓN TRASCENDENTAL

El debate en torno a la cantidad de votos necesarios para invalidar leyes también se convirtió en un tema central en la discusión. Aunque la Constitución establece que en algunos casos seis votos son suficientes, otros ministros argumentaron que, dado el contexto actual y la integración de la Corte con una vez ministros, el umbral debería permanecer en ocho votos.

Al final, el resultado fue un estrecho seis a cinco a favor de esta última interpretación, reflejando una Corte dividida tanto en sus principios jurídicos como en sus posturas políticas.

La posición de Dayán se convierte en un símbolo de resistencia para aquellos que defienden la autonomía del Poder Judicial y la autocontención de la Corte frente a las reformas constitucionales.

Sin embargo, también plantea un reto al equilibrio de poderes y la percepción de una judicatura independiente en tiempos de cambios estructurales profundos.

El cargo El voto del ministro Dayán y el peso de la independencia judicial: ¿decisión personal o contexto político? apareció primero en El Tabasqueño.

CDMX.— En una sesión que marcó un momento crucial para el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) cerró el debate sobre la reforma judicial sin alcanzar los ocho votos necesarios para invalidar sus disposiciones clave.

Esta reforma, que introdujo la elección popular de jueces y magistrados, quedó en pie tras la falta de consenso, una resolución que subraya tanto las tensiones en el máximo tribunal como la intención de avanzar hacia un sistema judicial más accesible y cercano a la ciudadanía.

UNA REFORMA QUE REDEFINE EL PODER JUDICIAL

La propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara buscaba frenar los cambios que obligan a jueces y magistrados a someterse al escrutinio ciudadano mediante el voto popular.

Aunque el debate expuso las posturas divergentes dentro de la Corte, no se lograron los ocho votos necesarios para invalidar la reforma. Con solo cinco ministros a favor de su anulación, la sesión concluyó sin un pronunciamiento definitivo, permitiendo que esta transformación continúe su curso.

El ministro Alberto Pérez Dayán fue clave en este desenlace. Al igual que las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz, Pérez Dayán defendió la idea de que la Corte debe respetar las decisiones tomadas por el Poder Legislativo en su rol reformador de la Constitución.

VOTOS DE LOS MINISTROS EN LA REFORMA JUDICIAL

Su voto reflejó un respeto por el mandato de transformación promovido desde el Ejecutivo y el Legislativo, una visión que busca abrir espacios a una justicia más representativa y vinculada a las necesidades populares.

UNA OPORTUNIDAD PARA ACERCAR LA JUSTICIA A LA CIUDADANÍA

Mientras el pleno debatía en el máximo tribunal, trabajadores judiciales se manifestaban a los afueras de la SCJN, expresando su preocupación por el futuro del sistema. Patricia Aguayo, vocera de los empleados, calificó el día como un “día de luto para los ciudadanos”, reflejando el temor de que la reforma pudiera cambiar el funcionamiento tradicional del Poder Judicial.

No obstante, la idea detrás de estos cambios no es desmantelar el sistema, sino adaptarlo a un contexto en el que la justicia no sea solo un asunto de juristas, sino de la ciudadanía en su conjunto.

🚨#ÚltimaHora #LaCorte desestima en las acciones de inconstitucionalidad contra la #ReformaJudicial

— Suprema Corte (@SCJN) November 5, 2024

La ministra Lenia Batres argumentó que, al desestimar el proyecto de González Alcántara, se da la oportunidad de que la reforma se someta a una verdadera prueba en la práctica. Para Batres, la posibilidad de una justicia accesible y cercana a la gente merece este intento de implementación, un paso que, si bien incierto, responde a la demanda social de una justicia menos elitista y más inclusiva.

UN NUEVO MODELO JUDICIAL PARA MÉXICO

Con la desestimación de la reforma, la SCJN permite que la nueva normativa pueda ser revisada y puesta en práctica, especialmente en aquellos aspectos que buscan democratizar el acceso a la justicia.

Este cambio histórico responde al compromiso de la administración actual con la Cuarta Transformación, cuyo propósito es romper con estructuras que, en muchos casos, han perpetuado la desigualdad y la falta de transparencia en la justicia.

El propio ministro González Alcántara reconoció que, al no alcanzar el consenso de ocho votos, lo adecuado era detener el debate. Sin embargo, su intento reflejó la complejidad de transformar el sistema judicial.

En su intervención final, subrayó que estos cambios requerían “autocontención”, pero también una apertura a nuevas formas de justicia que podrían responder a la realidad de un México diverso y demandante de transparencia.

LA CORTE ANTE EL DESAFÍO DE LA TRANSFORMACIÓN

La división en la SCJN deja claro que la transformación del sistema judicial no es un camino sencillo, pero la decisión de no invalidar la reforma abre un nuevo capítulo en el que la justicia podría encontrar un camino de cercanía con la ciudadanía.

Aunque algunas voces críticas advierten sobre posibles riesgos, el enfoque de la 4T apunta hacia un Poder Judicial más inclusivo, donde el voto ciudadano representa una herramienta para fortalecer la democracia y la justicia en México.

LOS HITOS DE LA REFORMA JUDICIAL

• Septiembre de 2023: La Constitución se modifica para incluir la elección popular de jueces y magistrados.
• Octubre 2023: PAN, PRI y MC presentan acciones de inconstitucionalidad contra la reforma.
• Noviembre 2023: La SCJN debate la validez de la reforma, pero no alcanza los votos necesarios para invalidarla.
• 4 de noviembre de 2023: La ministra presidenta Norma Piña y el ministro González Alcántara confirman que el proyecto no cuenta con los votos requeridos.
• 2024 en adelante: Se abre la posibilidad de que los tribunales inferiores revisen la reforma mediante juicios de amparo.

El cargo ¡La Reforma Judicial va! la Suprema Corte le da luz verde al plan de la 4T apareció primero en El Tabasqueño.

CDMX.— En un contexto de alta tensión y custodia por las fuerzas de seguridad, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a los artículos 105 y 107 de la Constitución, promovida por Morena y sus aliados, que busca blindar las reformas constitucionales contra impugnaciones y procesos judiciales.

La votación, que cerró con 340 votos a favor y 133 en contra, ha sido interpretada por la oposición como un intento de limitar los poderes de control constitucional del Poder Judicial, pues invalida las controversias y acciones de inconstitucionalidad, así como los juicios de amparo. contra cambios a la Constitución.

La prisa en el proceso de dictaminación llevó a la mayoría legislativa a pasar por alto la conmemoración de los 50 años de Baja California Sur, apresurando una votación que fue precedida por manifestaciones de protesta de la oposición y del Poder Judicial. Las mociones suspensivas interpuestas por la oposición fueron desechadas en un pleno donde el debate estuvo marcado por compensación, intervenciones abruptas y un ambiente hostil.

ACUSACIONES DE LA MAYORÍA Y RESPUESTA DE LA OPOSICIÓN

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Leonel Godoy, argumentó que la Corte no tiene competencia para modificar la Constitución y que, con esta reforma, Morena busca brindar certeza al país sobre la impprocedencia de medios judiciales de impugnación cuando se trata de reformas constitucionales.

Godoy criticó a los jueces por otorgar suspensiones a la reforma judicial y apuntó contra el proyecto del Ministro Juan Luis González Alcántara, quien plantea invalidar parte de la reforma.

Por su parte, la oposición mostró su inconformidad, aludiendo a un deterioro en el equilibrio de poderes. La diputada Annia Gómez, del PAN, subió al pleno con una Constitución que describió como “lista para un altar de muertos”, acusando a Morena de llevar al país hacia una “Ley de Herodes” en la que “o te sometes o te jodes “.

La metáfora aludía a una narrativa autoritaria en la que la Constitución ya no protegería a los ciudadanos de abusos, sino que se convertiría en herramienta del poder político.

EL EFECTO NACIONAL Y LAS REACCIONES EN EL SENADO

Con un ambiente aún más caldeado, el Senado fue escenario de una sesión donde, con 85 votos a favor y 41 en contra , se aprobó en la madrugada el candado que blinda las reformas constitucionales de cualquier impugnación legal.

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien se ha convertido en figura central de la reforma, fue blanca de fuertes críticas de la oposición, que advierte que México se dirige hacia una forma de gobierno autoritaria. La senadora Lilly Téllez, en un discurso encendido, acusó a Sheinbaum de instaurar “una dictadura” y “suspender garantías constitucionales”.

Los legisladores de Morena, liderados por Gerardo Fernández Noroña, defendieron la urgencia de la reforma. Fuentes del Senado señalaron que la premura obedece a una posible sentencia de la Suprema Corte que, en caso de ser aprobada, podría invalidar partes de la reforma judicial.

La presión dentro de Morena llevó a que el líder de la bancada, Adán Augusto López Hernández , interviniera para mantener la cohesión entre sus aliados, sofocando una posible rebelión entre algunos senadores del Partido Verde Ecologista .

UNA REFORMA QUE DESPIERTA TEMORES DE CAMBIO DE RÉGIMEN

La acusación de la oposición apunta a un tema de fondo: con esta reforma, temen que la mayoría calificada en el Congreso pueda aprobar cambios constitucionales sin contrapeso alguno.

Sergio Gil, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma podría ser el inicio de un punto de no retorno, donde la democracia liberal se ve socavada y el país se desplace hacia un modelo de gobierno sin frenos ni equilibrios. “Podría permitir la reelección presidencial o un gobierno centralista sin mecanismos de reversión legal”, señaló Gil en el pleno.

Las críticas se intensificaron con el argumento de que la reforma es, en última instancia, una forma de “venganza” del expresidente Andrés Manuel López Obrador contra un Poder Judicial que en varias ocasiones limitó su agenda política. César Domínguez, del PRI, comparó los alcances de esta reforma con las acciones del régimen de Porfirio Díaz , al que acusó de minar las bases del poder judicial.

LA REFORMA CONSTITUCIONAL

• Críticas de la oposición : La oposición teme que se debilita el equilibrio de poderes y acusa a la mayoría de concentrar un poder absoluto sin límites
• Modificaciones aprobadas : La reforma a los artículos 105 y 107 prohíbe controversias, acciones de inconstitucionalidad y amparos contra reformas constitucionales.
• Votación en ambas Cámaras : Aprobada en la Cámara de Diputados con 340 votos a favor y 133 en contra; en el Senado con 85 votos a favor y 41 en contra.

El cargo Blinda la mayoría en el Congreso cambios constitucionales: reforma de Morena provoca enfrentamientos y acusa a la Corte de intervención apareció primero en El Tabasqueño.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enfrenta un cambio profundo tras el anuncio de renuncia de siete ministros, entre ellos su presidenta, Norma Piña. Según el ministro Juan Luis González Alcántara, los magistrados han concluido su ciclo, iniciado con la reforma judicial de 1994, y consideran que es momento de dar paso a una nueva generación.

La renuncia, efectiva a partir del 31 de agosto de 2025, busca ratificar su decisión de no participar en el proceso electoral del próximo año, en el cual se seleccionarán nuevos ministros mediante voto popular, un cambio controvertido en la reforma judicial.

La decisión, además de reflejar una autocrítica sobre el desgaste institucional, también permite a los ministros acceder a sus haberes de retiro de acuerdo con el tiempo de servicio, una prestación que les será conferida si dimiten antes del 31 de octubre.

Entre los renunciantes están Javier Laynez, Jorge Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán, y el propio González Alcántara, quienes coinciden en que este retiro colectivo es una respuesta ante los cambios radicales que implica la reforma.

LA REFORMA JUDICIAL Y LA POLÉMICA DEL VOTO POPULAR

El anuncio de renuncia de los ministros también va acompañado de una solicitud para invalidar parcialmente la reforma al Poder Judicial, especialmente la disposición de que jueces y magistrados sean elegidos mediante voto popular.

La propuesta, impulsada por González Alcántara, considera que permitir esta elección para los ministros puede funcionar como una medida de autocontención, pero elige mantener la selección de jueces y magistrados bajo criterios de independencia y sin intervención directa de la ciudadanía. Esta reforma al método de elección, una de las más complejas en la historia de la SCJN, pretende abrir el sistema judicial a la participación democrática, pero ha generado profundas divisiones y retrocesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó duramente la decisión de los ministros de invalidar parcialmente la reforma, argumentando que el propósito de la renuncia es en realidad garantizar su acceso a los haberes de retiro. “Si presentan ahora su renuncia, se van con todos los haberes de retiro, que es un monto considerable.

De no hacerlo ahora, perderían esa prestación”, dijo Sheinbaum. La presidenta también cuestionó la legalidad de la propuesta de González Alcántara para invalidar la reforma, recordando que el papel de la Corte no es legislar, sino interpretar la Constitución.

UNA TRANSICIÓN CONTROVERSIAL Y LA REACCIÓN DEL GOBIERNO

El anuncio de renuncia colectiva también ha desatado reacciones en el Congreso y en el gobierno federal. Integrantes de la bancada de Morena en el Congreso advirtieron que no acatarán una sentencia de la Corte que invalide la reforma judicial, argumentando que dicha reforma busca democratizar el sistema judicial y adaptarlo a las demandas de transparencia y acceso ciudadano que exigen los tiempos actuales.

A pesar de la resistencia en el Congreso, el proyecto de González Alcántara podría ser discutido en el Pleno de la Corte a partir del próximo jueves, aunque se requerirá una mayoría de ocho votos para invalidar la reforma.

La renuncia de los ministros también plantea un dilema sobre el impacto que la elección popular puede tener en la independencia del Poder Judicial. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, en su carta de renuncia, expresó que no se considera un candidato apto para un cargo que dependa del apoyo popular.

“Mi función como juez constitucional es proteger los derechos de quienes más lo necesitan, no validar la voluntad de las mayorías”, escribió Gutiérrez, defendiendo su papel como un juez imparcial al servicio de la justicia y no de las corrientes políticas.

¿UN ADIÓS O UNA CRÍTICA SILENCIOSA?

Los ministros salientes dejan en el aire una crítica silenciosa: su renuncia no es una aceptación tácita de la constitucionalidad de la reforma, sino un acto de autocrítica y una advertencia sobre los posibles peligros que acarrea politizar el sistema judicial.

“Renunciamos porque entendemos que los cargos públicos son temporales, conferidos para servir, y no para aferrarse al poder”, expresó González Alcántara, sugiriendo que el retiro puede ser una declaración de principios en defensa de la independencia judicial.

La transición en la SCJN representa una etapa crucial en el futuro de la justicia en México, donde la presión por democratizar la Corte se enfrenta al reto de mantener su independencia. Los ministros renunciantes, en una última muestra de autonomía, buscan invalidar aquellos aspectos de la reforma que consideran en riesgo la imparcialidad del sistema judicial, dejando un vacío de poder que reconfigurará el máximo tribunal del país.

DATOS CLAVES SOBRE LA TRANSICIÓN EN LA CORTE

• Renuncia en bloque : Siete ministros, incluida la presidenta Norma Piña, han anunciado su retiro a partir de agosto de 2025.
• Motivo de la renuncia : Los ministros consideran que su ciclo ha concluido y renuncian para asegurar sus haberes de retiro.
• Propuesta de invalidación parcial : El ministro González Alcántara promueve anular la elección popular de jueces y magistrados, manteniendo este proceso solo para ministros.
• Controversia en el Congreso : Morena ha adelantado que no acatará una sentencia que invalide la reforma, lo que podría escalar la tensión entre el Legislativo y la Corte.

El cargo Ministros de la Corte dimiten en bloque y buscan invalidar parte de la reforma judicial; renuncian para llevarse montón de dinero: Sheinbaum apareció primero en El Tabasqueño.

Mientras el debate sobre la reducción de salarios de jueces y magistrados ha tomado fuerza a nivel nacional, especialmente tras la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de ajustar a la baja los sueldos de ministros, en Tabasco el panorama es distinto.

El magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Efraín Reséndez Bocanegra, dejó claro que en el estado no se contempla ninguna reducción similar. Al contrario, Reséndez afirmó que los jueces tabasqueños perciben menos de la mitad del salario de sus homólogos nacionales, con un promedio de 44 mil pesos mensuales, lo que sitúa a Tabasco en los últimos lugares del ranking nacional de percepciones salariales dentro del Poder Judicial.

Reséndez respondió así a cuestionamientos sobre si, siguiendo el ejemplo de la SCJN, debería considerarse una disminución de los sueldos locales. Su respuesta fue contundente: no hay margen para ello. “Los sueldos de los jueces en Tabasco son de los más bajos a nivel nacional.

No tenemos un problema de excesos, sino más bien de limitaciones”, subrayó el magistrado, añadiendo que sería más relevante pensar en un incremento para equiparar los salarios con los estándares de otros estados.

EL CONTRASTE CON LA SUPREMA CORTE

La postura del magistrado Reséndez contrasta con las recientes medidas adoptadas por la SCJN. En un movimiento que ha sido interpretado como un ajuste político y de austeridad, los ministros aprobaron reducir sus propias remuneraciones hasta en un 48%, llevando sus salarios por debajo de los de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esta decisión se enmarca dentro de un proyecto presupuestal de 5 mil 922 millones de pesos para 2025, con la intención de alinearse a las disposiciones constitucionales que prohíben que cualquier servidor público perciba más que el titular del Ejecutivo federal.

La medida no fue aprobada sin resistencias internas. La ministra Lenia Batres expresó su desacuerdo, alegando que la reducción de salarios no atendería otros problemas subyacentes dentro del presupuesto de la SCJN, como la opacidad en algunas partidas y la existencia de fideicomisos que deberían ser extinguidos.

“No se transparente la totalidad de conceptos que integran las remuneraciones, se siguen incluyendo beneficios que la ley prohíbe”, denunció Batres, sugiriendo que el recorte salarial se queda corto frente a otras necesidades de austeridad y claridad administrativa.

UNA REALIDAD SALARIAL DISPAR

El ajuste en la SCJN deja en evidencia una brecha significativa entre los ingresos de los jueces federales y estatales. Actualmente, un ministro de la Corte percibe cerca de 297 mil pesos mensuales, mientras que en Tabasco, como señaló Reséndez, los jueces ganan alrededor de 44 mil pesos.

Esta disparidad se extiende a otras entidades federativas, generando un debate sobre la justicia salarial y la eficiencia del gasto público en el Poder Judicial.

La reforma al sistema de justicia ha sido motivo de discusiones intensas, donde la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo ha sido fundamental. La decisión de la SCJN se presenta como una manera de aplicar la ley y evitar confrontaciones, especialmente en medio de la reforma judicial que busca una mayor alineación con la política de austeridad promovida por la administración de Claudia Sheinbaum.

Sin embargo, las críticas internas y externas sugieren que la simple reducción de salarios puede ser insuficiente para generar un cambio real.

¿AUSTERIDAD O AJUSTE POLÍTICO?

El ajuste presupuestal de la SCJN es solo una parte de un debate más amplio sobre el papel del Poder Judicial en México y su relación con los otros poderes. La ministra presidenta, Norma Piña, promovió la reducción salarial en el marco de la discusión sobre la independencia judicial, asegurando que la medida responda a criterios de racionalidad y austeridad.

Pero, para voces como la de Lenia Batres, la reducción salarial es más un gesto que una solución, pues sigue habiendo partidas opacas y fideicomisos cuyo manejo debería revisarse.

El presupuesto aprobado también tiene implicaciones políticas, ya que algunos interpretan esta medida como una manera de evitar conflictos con el Ejecutivo federal y su política de austeridad. Rafael Coello Cetina, secretario general de Acuerdos de la SCJN, confirmó que el ajuste se realizó conforme a la reforma judicial ya la Constitución, pero esto no ha acallado del todo las críticas sobre la transparencia en el gasto y la eficiencia del uso de los recursos. públicos.

¿QUÉ IMPLICA PARA EL RESTO DEL PAÍS?

La situación de Tabasco, donde no se contempla una reducción de salarios, refleja cómo las realidades salariales y las prioridades presupuestales pueden variar distribuidamente a lo largo del país. Mientras que en el ámbito federal se busca mostrar alineación con las políticas de austeridad del gobierno central, en los estados la conversación puede ser muy distinta.

La percepción de un “desajuste” en los sueldos judiciales a nivel nacional puede encender un debate sobre la necesidad de equilibrar las condiciones laborales de los jueces para evitar la fuga de talento y mejorar la eficiencia del sistema judicial en general.

La SCJN no solo debe lidiar con la cuestión de los salarios, sino también con la administración de recursos en un contexto donde la justicia está bajo escrutinio constante. El ajuste de los salarios podría ser una señal de un nuevo entendimiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, pero aún queda mucho por resolver en términos de transparencia y eficiencia del gasto.

CONTRASTES SALARIALES

• Críticas internas : La ministra Lenia Batres ha señalado que la reducción salarial no resuelve problemas estructurales de opacidad en el manejo de recursos y fideicomisos dentro del Poder Judicial.
• Sueldos en Tabasco : Los jueces ganan alrededor de 44 mil pesos mensuales , casi la mitad del promedio nacional.
• Ajuste en la SCJN : Los salarios de los ministros se redujeron un 48% , alineándose por debajo del sueldo presidencial.
• Presupuesto de la Corte : Para 2025, se solicitaron 5 mil 922 millones de pesos , representando un ajuste del 1.4% considerando la inflación.

El cargo Mientras SCJN recorta salarios, jueces en Tabasco piden aumento: contrastes que exponen crisis judicial apareció primero en El Tabasqueño.

Las protestas de decenas de trabajadores (la dirigencia sindical nunca convocó a paro ni lo comunicó conforme a la ley laboral respectiva), de jueces, magistrados y ministros del poder judicial ha servido, pedagógicamente hablando, para desenmascarar, lo que los abogados litigantes viven todos los días en juzgados y tribunales: la enorme corrupción en donde el poder del dinero sobrepasa al poder de la ley. Muestra reciente: México ha sido demandado por inversionistas yanquis debido a la protección que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado al magnate que debe al fisco nacional alrededor de 60 mil millones de pesos. (ver la Jornada del 23 y 24 de octubre de 2024).

La inconformidad inicial manifestada se resumía en la pérdida de derechos laborales; luego en que se iba a afectar la economía nacional; después de que la Reforma Judicial violaba la Constitución; posteriormente se exigió que antes de ser discutida y aprobada en el Congreso de la Unión (diputados y senadores) fuera revisada por el poder judicial, como si ésta fuera una facultad del mismo. Y, finalmente (el colmo de la irracionalidad) se llegó al extremo de que una jueza, Nancy Juárez, le ordena a la presidenta de la república, electa por casi 36 millones de mexicanos, hace meses, que elimine del diario oficial del 16 de septiembre la publicación de la reforma aprobada por el Congreso Constituyente (mayoría de legislaturas estatales, diputados federales y senadores), dándole como plazo 24 horas, de lo contrario, el desacato le costaría siete años de cárcel y de manera correlativa, ¡la destitución de la presidencia!. Y a esta jueza ¿quién la nombró?¿Cómo?

El conflicto permitió conocer a la mayoría de mexicanos: 1) los altos sueldos que se otorgan los ministros (ganan más que el presidente de la república y trabajando menos), 2) las elevadas prestaciones que perciben (como botón de muestra: reciben diario para alimentos 13 mil pesos, teniendo comedor en su centro de trabajo) 3) la enorme corrupción en el otorgamiento de plazas a sus parientes (un ministro tiene a su hija odontóloga en la chamba judicial) y que teniendo la obligación de velar por el cumplimiento de la ley son los primeros en violarla. O, que nos digan ¿en que ley se basaron para realizar un paro nacional? A este ritmo y con esta lógica, diputados, senadores, gobernadores y presidente de la república ¿tienen derecho a parar o hacer una huelga?

Con una Revolución en marcha (la 4ta Transformación) vamos a ver quién es el osado en meter a la cárcel a la digna presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. A la minoría privilegiada, que más o menos razona, y que es la que le ha dado alas a este movimiento, más le vale dejar tranquilo al tigre. Les conviene y están a tiempo.
Las dos franquicias que controlan (PRIAN) están en agonía; el poder mediático sin influencia en el pueblo (gracias a las mañaneras y a las redes), mientras que morena y aliados cuenta con la mayoría de gobernadores, la mayoría de las legislaturas estatales y la mayoría calificada en las cámaras federales. Nada más y nada menos. A ese enorme tigre ¿quieren destruir?

*Rodolfo Lara Lagunas es un reconocido académico y político tabasqueño, con una destacada trayectoria en el ámbito educativo. Fue Secretario de Educación de Tabasco y exdirector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Su carrera ha estado marcada por su compromiso con la mejora del sistema educativo y su participación en la vida política del estado.

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