No es una reforma de trámite ni una ocurrencia legislativa: es el reconocimiento tácito de que, bajo las condiciones actuales, el volante puede convertirse en un instrumento del delito.

Las alarmas sonaron con más fuerza tras la denuncia sobre la presunta desaparición de un joven que abordó un taxi con número económico 533 en el corazón de Villahermosa. El caso, aún bajo investigación de la Fiscalía General del Estado, evidenció vacíos estructurales: la falta de un padrón actualizado, la permisividad en la contratación de choferes sin verificación de antecedentes penales, y la ausencia de mecanismos tecnológicos para el monitoreo de unidades.

Desde el Congreso local, Jorge Bracamonte Hernández, coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, anunció que se trabaja ya en una reforma integral a la Ley de Movilidad, en coordinación con la Secretaría de Movilidad (Semovi), encabezada por Rafael Elías Sánchez Cabrales. Pero la clave estará no solo en legislar, sino en aprender de quienes ya lo han hecho.

CIUDADES DEL PAÍS YA MUESTRAN EL CAMINO

Mientras Tabasco apenas comienza a discutir si debe pedir una carta de antecedentes no penales o aplicar pruebas antidoping a los choferes del transporte público, otras entidades ya operan sistemas normativos robustos.

En la Ciudad de México, por ejemplo, la Ley de Movilidad vigente permite revocar concesiones a conductores con antecedentes graves, particularmente por delitos contra la seguridad vial o violencia de género.

En el Estado de México, la legislación exige certificación obligatoria, pruebas psicológicas y control de habilidades técnicas para obtener la licencia correspondiente.

Quintana Roo ha dado incluso un paso más: modificó su Código Penal para prohibir expresamente la contratación de personas vinculadas a organizaciones criminales como operadores del servicio público.

Puebla y Guanajuato, por su parte, avanzaron en registros biométricos y capacitación obligatoria con enfoque preventivo. En todos estos casos, el punto común es claro: no puede haber confianza ciudadana sin un filtro riguroso sobre quién tiene en sus manos el control de una unidad de transporte.

En ese contexto, Tabasco está llegando tarde a un proceso de regulación que en otras latitudes del país ya muestra resultados. Pero aún está a tiempo de alinearse a las mejores prácticas nacionales.

DE LA OMISIÓN A LA POLÍTICA PÚBLICA

Lo que plantea Bracamonte no es menor. La reforma que adelanta contempla nuevos requisitos para los choferes, como la capacitación obligatoria, la exigencia de certificados de no antecedentes penales y pruebas toxicológicas.

También se busca cerrar el paso a la opacidad administrativa: hoy en día, cualquier persona con una licencia vigente puede manejar un taxi o un pochimóvil, incluso si cuenta con antecedentes penales o está vinculado con actividades ilegales.

El caso del taxi 533 lo dejó en evidencia: el dueño del vehículo tenía la concesión, pero quien conducía no era él, y la Secretaría de Movilidad reconoció no tener a la mano el historial completo del operador.

Un escenario que, lejos de ser aislado, se repite con frecuencia. “Tenemos que tener mano dura con quienes se presten a cometer algún ilícito”, reconoció Sánchez Cabrales, pero la dureza no puede ser selectiva ni reactiva: tiene que institucionalizarse.

ENTRE VOLUNTARISMO Y VIGILANCIA TECNOLÓGICA

Uno de los puntos críticos es que la reforma no se limite a endurecer el acceso al volante, sino que establezca también mecanismos de supervisión tecnológica: cámaras de videovigilancia en unidades, GPS obligatorio, botones de pánico conectados a un centro de monitoreo, y una plataforma ciudadana para reportar irregularidades.

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Esto ya ocurre en la CDMX y el Estado de México, donde las unidades son rastreadas en tiempo real y los conductores están obligados a registrarse en bases de datos gubernamentales, interconectadas con el Registro Nacional de Personas con Antecedentes Penales. La Semovi de Tabasco aún no dispone de esos recursos, pero la reforma puede obligar a construirlos.

Porque no basta con prevenir el ingreso de perfiles de riesgo: hay que vigilar la operación cotidiana del transporte público, con herramientas modernas, protocolos interinstitucionales y sanciones claras. De lo contrario, se corre el riesgo de repetir los mismos vicios bajo una nueva ley.

BLINDAR EL SISTEMA PARA RECUPERAR LA CONFIANZA

El chofer del transporte público no es un actor marginal del espacio urbano: es una figura clave del tejido social. Su responsabilidad implica no sólo transportar, sino hacerlo de forma segura, legal y profesional. Por ello, cualquier reforma en la materia debe considerar tres niveles de acción: requisitos de ingreso, supervisión operativa y sanción efectiva.

Si Tabasco quiere dejar atrás los años de permisividad y oscuridad en el sector, debe concebir esta reforma como una política de Estado, no como una respuesta coyuntural. Una política que coordine al Congreso, a la Semovi, a la Fiscalía, al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad. Una política que, como en otras ciudades del país, demuestre que el transporte público puede ser sinónimo de seguridad y legalidad, no de riesgo o impunidad.

En eso consiste “poner orden”. Y si bien llega tarde, aún puede llegar a tiempo.

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El cargo Blindar el volante: Tabasco va por reforma su Ley de Movilidad, como ya lo hicieron cinco estados apareció primero en El Tabasqueño.