La decisión no es menor: elimina la frase “o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden” del artículo 160 Bis, considerada ambigua y potencialmente restrictiva de derechos. En la práctica, esa redacción permitía a la autoridad definir, caso por caso, qué protesta podía convertirse en delito, en un estado donde la protesta ha sido históricamente una herramienta de presión social.

El fallo, aprobado por unanimidad, responde a una acción de inconstitucionalidad promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que alertó sobre el riesgo de vulnerar la libertad de expresión y manifestación. La ministra ponente, María Estela Ríos González, sostuvo que una norma con ese nivel de ambigüedad genera autocensura e incertidumbre jurídica.

El mensaje de la Corte es claro: el derecho penal no puede operar como un instrumento abierto para inhibir la crítica ni la protesta, sobre todo cuando la línea entre orden público y disidencia no está claramente definida.

El regreso de 2019

La resolución reabre un capítulo político que parecía cerrado desde 2019, cuando el Congreso local aprobó la reforma impulsada durante el gobierno de Adán Augusto López, con el argumento de frenar prácticas de extorsión y bloqueos que afectaban obras públicas y privadas.

Aquella reforma, conocida como “Ley Garrote”, endureció penas —hasta 13 años de prisión— para quienes impidieran trabajos o bloquearan vías, en un contexto de conflictos sindicales y presión sobre proyectos estratégicos. Sin embargo, desde su origen, legisladores de oposición y sectores sociales advirtieron que el diseño legal mezclaba la persecución de delitos con la criminalización de la protesta.

🚨#ÚltimaHora I La #SCJN frena norma en Tabasco que abría la puerta a sancionar la protesta social.

⚖️ El Pleno invalidó la frase “o cualquier manifestación pública que altere la paz y el orden” del delito de amenazas, al considerar que su redacción era excesivamente amplia y… pic.twitter.com/GkHcFi0OEu

— Suprema Corte (@SCJN) March 24, 2026

El tiempo terminó por confirmar esa tensión. La Corte no elimina toda la estructura legal, pero sí corrige el núcleo más problemático: la vaguedad. En términos políticos, el fallo no solo es jurídico, también redefine el equilibrio entre autoridad y ciudadanía en Tabasco.

La señal es que el Estado puede regular conductas, pero no puede hacerlo con fórmulas abiertas que terminen castigando la inconformidad social. En un contexto donde la protesta sigue siendo parte del paisaje urbano —desde comunidades rurales hasta avenidas de Villahermosa—, la decisión introduce un límite institucional que obliga a mayor precisión en futuras reformas.

El efecto inmediato es doble. Por un lado, se refuerza la protección de la protesta como derecho constitucional; por otro, se obliga al poder local a replantear cómo combate conductas ilegales sin invadir libertades. Lo que la Corte desactivó no fue solo una frase, sino un margen de discrecionalidad que, en manos equivocadas, podía convertirse en herramienta de control político.

En Tabasco, donde la política suele moverse entre la calle y el poder, ese matiz no es técnico: es estructural.

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El cargo Prohibido prohibir: tumba SCJN Ley Garrote en Tabasco y redefine límites a protestas apareció primero en El Tabasqueño.

La fotografía del lunes —difusa, extendida, repetida en más de 40 tramos carreteros— exhibió una verdad que el gobierno conoce desde hace años: el campo se hunde y las rutas dejaron de ser seguras.

Transportistas y productores, hartos de robos, extorsiones, homicidios y de la caída del precio de sus cosechas, eligieron el recurso más viejo y más eficaz: detener el país para obligarlo a escuchar. La protesta —convocada por el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas— nació para denunciar el abandono del campo y la inseguridad criminal en caminos donde circulan solos.

Afectó la movilidad en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas, generando un escenario que hacía años no se veía en el país.

A lo largo del día, la Secretaría de Gobernación insistió en que “no había motivos” para las movilizaciones y que la mesa de diálogo seguía abierta. Pero ese discurso chocó con los testimonios de quienes manejan por las carreteras: rutas donde circular es un acto de fe, zonas donde el crimen controla horarios y tarifas, casetas donde el robo al autotransporte se volvió rutina.

La incongruencia entre el diagnóstico oficial y la realidad que viven los operadores abrió un vacío que ayer se volvió visible.

RUTAS ESTRANGULADAS

En la zona centro, los bloqueos paralizaron puntos críticos: México–Querétaro, México–Pachuca, México–Toluca, el Arco Norte, la México–Puebla, la Autopista Urbana Norte, la Chamapa–Lechería, la Toluca–Naucalpan, la Peñón–Texcoco, la Puebla–Veracruz, la Xalapa–Veracruz y varias rutas en Jalisco, Colima, Nayarit y Michoacán —incluida la Autopista Siglo XXI— donde los asaltos violentos han dejado un rastro creciente de víctimas.

Hacia la tarde, continuaban activos los bloqueos en Chihuahua, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Tlaxcala, convirtiéndose en el mapa más amplio de inconformidad simultánea de los últimos años.

FRONTERAS BAJO PRESIÓN

En Sonora, los agricultores del Movimiento Agrícola Campesino mantuvieron cerrada la garita Mariposa de Nogales, afectando el cruce comercial con Arizona. En Ciudad Juárez, la aduana Córdova-Las Américas quedó tomada por productores que exigieron interlocución directa con la Secretaría de Gobernación.

En el Estado de México, los bloqueos por el traslado de carbón a la CFE acumularon nueve horas de esperas, agravadas por denuncias sobre tratos indignos y tiempos de descarga de hasta 20 horas.

La Coparmex alertó que, de prolongarse la parálisis, la afectación podría traducirse en costos logísticos mayores para la industria y el comercio nacional.

DOBLE HERIDA

El punto más inquietante es que la protesta no nació de una sola causa. Fue la suma de dos fracturas que avanzan en paralelo: el abandono estructural del campo y la inseguridad criminal en carreteras. Cuando dos crisis así se juntan, el país entero se detiene.

Los operadores insisten en que cada día desaparecen unidades, son saqueadas o quemadas; que compañeros aparecen muertos en brechas; que muchos tramos no tienen autoridad presente y que, cuando la autoridad aparece, a veces también cobra.

Ese es el verdadero fondo del problema: la sensación de que el Estado dejó solos a quienes sostienen la carga y la producción del país.

Al cierre de la edición, seguían activos los bloqueos en al menos seis estados. No se sabe si el episodio será aislado o el inicio de una presión mayor. Pero algo quedó claro: México tiene una frontera interior hecha de enojo y cansancio, y este lunes decidió hacerse visible.

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El cargo País cercado: el día en que el campo y las carreteras le marcaron un limite al Estado apareció primero en El Tabasqueño.

Las protestas de decenas de trabajadores (la dirigencia sindical nunca convocó a paro ni lo comunicó conforme a la ley laboral respectiva), de jueces, magistrados y ministros del poder judicial ha servido, pedagógicamente hablando, para desenmascarar, lo que los abogados litigantes viven todos los días en juzgados y tribunales: la enorme corrupción en donde el poder del dinero sobrepasa al poder de la ley. Muestra reciente: México ha sido demandado por inversionistas yanquis debido a la protección que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le ha dado al magnate que debe al fisco nacional alrededor de 60 mil millones de pesos. (ver la Jornada del 23 y 24 de octubre de 2024).

La inconformidad inicial manifestada se resumía en la pérdida de derechos laborales; luego en que se iba a afectar la economía nacional; después de que la Reforma Judicial violaba la Constitución; posteriormente se exigió que antes de ser discutida y aprobada en el Congreso de la Unión (diputados y senadores) fuera revisada por el poder judicial, como si ésta fuera una facultad del mismo. Y, finalmente (el colmo de la irracionalidad) se llegó al extremo de que una jueza, Nancy Juárez, le ordena a la presidenta de la república, electa por casi 36 millones de mexicanos, hace meses, que elimine del diario oficial del 16 de septiembre la publicación de la reforma aprobada por el Congreso Constituyente (mayoría de legislaturas estatales, diputados federales y senadores), dándole como plazo 24 horas, de lo contrario, el desacato le costaría siete años de cárcel y de manera correlativa, ¡la destitución de la presidencia!. Y a esta jueza ¿quién la nombró?¿Cómo?

El conflicto permitió conocer a la mayoría de mexicanos: 1) los altos sueldos que se otorgan los ministros (ganan más que el presidente de la república y trabajando menos), 2) las elevadas prestaciones que perciben (como botón de muestra: reciben diario para alimentos 13 mil pesos, teniendo comedor en su centro de trabajo) 3) la enorme corrupción en el otorgamiento de plazas a sus parientes (un ministro tiene a su hija odontóloga en la chamba judicial) y que teniendo la obligación de velar por el cumplimiento de la ley son los primeros en violarla. O, que nos digan ¿en que ley se basaron para realizar un paro nacional? A este ritmo y con esta lógica, diputados, senadores, gobernadores y presidente de la república ¿tienen derecho a parar o hacer una huelga?

Con una Revolución en marcha (la 4ta Transformación) vamos a ver quién es el osado en meter a la cárcel a la digna presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. A la minoría privilegiada, que más o menos razona, y que es la que le ha dado alas a este movimiento, más le vale dejar tranquilo al tigre. Les conviene y están a tiempo.
Las dos franquicias que controlan (PRIAN) están en agonía; el poder mediático sin influencia en el pueblo (gracias a las mañaneras y a las redes), mientras que morena y aliados cuenta con la mayoría de gobernadores, la mayoría de las legislaturas estatales y la mayoría calificada en las cámaras federales. Nada más y nada menos. A ese enorme tigre ¿quieren destruir?

*Rodolfo Lara Lagunas es un reconocido académico y político tabasqueño, con una destacada trayectoria en el ámbito educativo. Fue Secretario de Educación de Tabasco y exdirector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Su carrera ha estado marcada por su compromiso con la mejora del sistema educativo y su participación en la vida política del estado.

El cargo Revolución en marcha | Opinión de Rodolfo Lara Lagunas apareció primero en El Tabasqueño.

Las acusaciones que resonaron en la multitud lo tildaban de “ladrón” y “corrupto”, y aunque la protesta fue impulsada por diversas organizaciones civiles, no es casualidad que contara con el respaldo de los partidos de derecha y extrema derecha, como Vox y Se Acabó la Fiesta.

La disparidad en los números de asistentes es una de las primeras señales de la polarización: mientras que la delegación del gobierno estimó una participación de 25 mil personas, los organizadores hablaron de “400 mil”.

Este tipo de contrastes no es nuevo en la política española, donde la narrativa de los hechos suele ser tan importante como los hechos mismos. Lo cierto es que las calles de Madrid se llenaron de banderas españolas y pancartas que, más allá de la crítica política, arremetían con insultos directos contra Sánchez y su administración.

EL LENGUAJE DEL ODIO Y LA CRISPACIÓN POLÍTICA

Entre las consignas más repetidas se escucharon palabras como “delincuente”, “mentiroso” y “traidor”. Lo que en un momento podría haber sido una manifestación legítima de descontento social se convirtió rápidamente en un escenario de descalificación personal. Las pancartas no solo apuntaban contra el gobierno actual, sino contra la izquierda en general, con expresiones que rayaban en la intolerancia.

Uno de los momentos más simbólicos fue el despliegue de una enorme bandera de la Unión Europea, acompañada por un cartel en inglés que afirmaba: “España ya no es una democracia, está empezando a ser una dictadura”. Este mensaje refleja el discurso que la derecha y extrema derecha han impulsado en los últimos años, posicionando a Sánchez como un líder que, en su opinión, ha traicionado los principios democráticos.

✊🇪🇸 Al grito de "dimisión Pedro Sánchez" y sosteniendo banderas españolas, decenas de miles de personas han salido a las calles madrileñas para manifestarse contra Pedro Sánchez y reclamar elecciones generales.

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— RT en Español (@ActualidadRT) October 20, 2024

Sin embargo, detrás de estos ataques, hay un intento claro por capitalizar el descontento popular, mientras se utiliza un lenguaje que poco tiene que ver con el debate político constructivo.

LA LEY DE AMNISTÍA: EL FOCO DE LA PROTESTA

Uno de los puntos clave de esta manifestación fue la oposición a la Ley de Amnistía, que los organizadores calificaron de “inmoral e inconstitucional”. Este debate ha sido uno de los más encendidos en la política española, ya que muchos ven en esta ley un mecanismo para suavizar las tensiones políticas, mientras que otros, principalmente desde la derecha, lo interpretan como una traición a los valores democráticos y un ataque directo a la separación de poderes.

Durante el evento, Alejo Vidal-Quadras, ex dirigente del Partido Popular (PP) y de Vox, no escatimó en descalificaciones personales hacia Sánchez. Lo acusó de no tener “vergüenza, ni alma, ni conciencia”, en un discurso que apelaba más a las emociones de la multitud que a un análisis político serio.

Este tipo de retórica, lejos de aportar al diálogo político, profundiza las divisiones en una sociedad cada vez más polarizada.

UNA PROTESTA SIN INCIDENTES, PERO CON UN TRASFONDO PREOCUPANTE

La manifestación, que fue estática y duró alrededor de dos horas y media, se disolvió sin incidentes. Sin embargo, el hecho de que no se hayan producido altercados no elimina la preocupación por el nivel de crispación al que se está llegando en la política española.

Las manifestaciones son una expresión legítima de la democracia, pero cuando se utilizan como plataforma para difundir odio y descalificaciones, se corre el riesgo de desvirtuar el debate público y empujar a la sociedad hacia una confrontación peligrosa.

El creciente apoyo de sectores de la derecha y la extrema derecha a este tipo de movilizaciones pone de manifiesto que la política española está en un momento crítico. Las acusaciones contra Sánchez van más allá de su gestión; son un reflejo de un país dividido, donde las diferencias ideológicas parecen insalvables.

La pregunta que queda en el aire es: ¿es esto una crisis política que requiere soluciones urgentes o simplemente una estrategia de manipulación partidista para debilitar al gobierno?

El cargo Miles exigen la renuncia de Pedro Sánchez: ¿Crisis política o manipulación partidista? apareció primero en El Tabasqueño.