Ante cientos de ciudadanos reunidos en el Parque La Choca, el gobernador sostuvo que hoy Tabasco vive una etapa distinta, en la que el presupuesto público se destina a quienes durante años permanecieron olvidados y donde, afirmó, “la verdadera riqueza de Tabasco es su gente”.

“Que nadie tenga dudas: no vamos a regresar”

Durante su mensaje, Javier May contrastó dos momentos de la historia reciente del estado.

Por un lado, señaló un pasado marcado por la desigualdad, el abandono del campo, la falta de oportunidades y la concentración de los recursos públicos. Por otro, aseguró que actualmente existe un modelo de gobierno que prioriza el bienestar de las personas mediante programas sociales y obras de infraestructura.

“Que nadie tenga dudas de por qué no vamos a regresar”, expresó al reiterar que la transformación continuará con el respaldo del Gobierno de México encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, aseguró que la riqueza de Tabasco no se encuentra únicamente en sus recursos naturales, sino en las mujeres emprendedoras, los productores del campo, pescadores, ganaderos, jóvenes y personas adultas mayores.

Presenta resultados para respaldar su postura

El mandatario afirmó que la política de austeridad y honestidad ha permitido destinar 78.5 % del presupuesto estatal al desarrollo social, fortalecer los programas de bienestar y mantener la inversión pública.

También destacó que la coordinación con el Gobierno de México permitió reducir diversos indicadores delictivos mediante la estrategia FIRT Olmeca.

En infraestructura sobresale el proyecto Villahermosa 2030, que contempla el nuevo Centro de Convenciones y el C5 Escudo Olmeca, con una inversión plurianual cercana a 6 mil 800 millones de pesos y la generación de más de 9 mil 300 empleos.

Los principales resultados del Gobierno del Pueblo

Entre los avances presentados por Javier May destacan:

• 78.5 % del presupuesto destinado al desarrollo social.
• Tabasco se mantiene entre las siete entidades con menor deuda pública del país.
• La recaudación estatal aumentó 680.8 millones de pesos.
• Se generaron más de 40 mil empleos formales y el desempleo bajó de 4.4 % a 3.5 %.
• Avanza Villahermosa 2030 con una inversión cercana a 6 mil 800 millones de pesos.
• Más de 136 mil habitantes fueron beneficiados con carreteras, caminos y obras urbanas.
• El promedio diario de homicidios dolosos disminuyó de 3.2 a 1.7 entre 2024 y 2026.
• Se brindaron 2.9 millones de atenciones médicas, además de 1,880 auxiliares auditivos, casi 1,900 cirugías de cataratas y 2.65 millones de vacunas aplicadas.
• 12 mil 400 mujeres recibieron apoyos mediante Tandas para la Mujer.
• Se entregaron más de 3 mil 700 Viviendas del Bienestar.
• El programa Bienestar en Tu Mesa inició para beneficiar a 20 mil familias.
• Cerca de 20 mil productores recibieron apoyos mediante Sembrando Vida Tabasco.
• Más de 1,570 ganaderos fueron beneficiados con Crédito Ganadero a la Palabra.
• Más de 2,500 pescadoras y pescadores participan en Pescando Vida.
• Se instalaron 182 Oficinas del Pueblo, con más de 100 mil atenciones.
• La Villa Universitaria comenzó operaciones para estudiantes del interior del estado.
• Tabasco obtuvo un récord histórico de 85 medallas en la Olimpiada Nacional CONADE 2026.
• La Feria Tabasco 2026 recibió 1.8 millones de visitantes y generó una derrama económica cercana a 1,912 millones de pesos.

Reconocen a tabasqueños destacados

Durante el Encuentro con el Pueblo también fueron reconocidos científicos, deportistas, artistas, artesanos y representantes de la cultura tabasqueña, a quienes el gobernador calificó como ejemplo del talento y la capacidad que existe en la entidad.

Al concluir su mensaje, Javier May afirmó que los resultados alcanzados a casi dos años de gobierno demuestran que Tabasco cuenta con bases sólidas para consolidar el bienestar de las familias y avanzar en un horizonte de paz, desarrollo y esperanza.

El cargo Javier May asegura que Tabasco no volverá al pasado; presenta resultados de su gobierno apareció primero en El Tabasqueño.

El gobierno de Javier May llegó a la mitad de 2026 con un promedio semestral de 51.41 por ciento en siete mediciones públicas. No es un número de fiesta. Tampoco de alarma. Es una cifra de piso. De gobierno que se sostiene. De administración que cruza el primer tramo del año sin caída sostenida y con margen para operar.

Enero abrió con 52.09%. Junio cerró con 51.15%. La diferencia fue de menos de un punto. En política, a veces eso dice más que un brinco espectacular. Dice que el ánimo no se rompió. Que el desgaste no corrió como agua crecida. Que la aprobación se mantuvo en una franja angosta, pero aprobatoria.

El dato favorece al gobernador porque no muestra desplome. No hay una línea cuesta abajo. No hay mes tras mes de pérdida. Hay baches, sí. Hay mediciones más reservadas. Pero también hay recuperación. El semestre, leído completo, deja una señal clara: May conserva base política para encarar la segunda mitad del año.

El corte llega, además, en la antesala de una nueva parada pública del gobernador. Este jueves 9 de julio, a las 6:00 de la tarde, Javier May presentará su segundo informe trimestral en el Teatro del Pueblo del Parque La Choca. El encuentro llevará por nombre “Encuentro con el Pueblo: La Verdadera Riqueza de Tabasco” y forma parte de los informes trimestrales que el mandatario anunció para rendir cuentas durante su gobierno.

Piso medido

Las encuestas de Demoscopia Digital, Polls.mx, SRC, Cripeso, FactoMétrica, CE Research y Rubrum dibujan un gobierno instalado cerca de la media. Varias mediciones se movieron alrededor del 50%. Demoscopia arrancó en 50.2% y terminó en 56.2%. FactoMétrica pasó de 47.9% en enero a 52.1% en junio. Cripeso se mantuvo casi todo el semestre en la línea del cincuenta.

Ese comportamiento habla de una aprobación contenida, pero constante. No hay una ola que arrase. Hay una base que aguanta. En Tabasco, donde la humedad se mete en la ropa y también en la conversación pública, eso importa. La gente puede no aplaudir todos los días. Pero tampoco está retirando de golpe la confianza.

El promedio de 51.41% tiene una lectura sencilla: el gobierno no perdió el centro. Se movió poco. Bajó en febrero. Se recompuso en marzo. Tocó su mejor corte en mayo. Cerró junio casi en el mismo punto donde empezó. Esa línea no luce espectacular, pero sí estable. Y la estabilidad, cuando el escrutinio aprieta, también cuenta.

La franja del cincuenta tiene una lectura política limpia: el gobierno conserva espacio de maniobra. No está en zona de desgaste abierto. No aparece desconectado de la calle. Su respaldo no se desborda, pero se mantiene por encima del punto medio. En tiempos de medición permanente, eso da aire.

El primer semestre no dejó una postal de entusiasmo abierto, sino de estabilidad. Y esa estabilidad, para un gobierno que todavía acomoda piezas, pesa. En el sur, la política rara vez se mueve en línea recta. Se mueve como río bajo calor: a ratos parece quieta, pero por debajo sigue empujando.

Esa media tabla no debe leerse como derrota. Tampoco como cheque en blanco. Es un punto de apoyo. Una base desde la cual el gobernador puede seguir marcando agenda. La aprobación no se fue al pantano. Se quedó en terreno transitable, con partes húmedas, con tramos resbalosos, pero sin hundirse.

El piso político

El promedio de 51.41% le da a May una ventaja de lectura: no llega debilitado al segundo semestre. Llega con piso. No con aplauso automático. Sí con margen. El dato permite decir que la administración mantiene una base aprobatoria aun cuando algunas firmas miden con mayor dureza.

Ese piso no debe confundirse con despegue pleno. El gobierno no se disparó hacia arriba. Se mantuvo. Y mantenerse, en un semestre de escrutinio constante, evita que la conversación pública se instale en la caída. Ahí está la parte favorable: el gobernador conserva control suficiente para seguir poniendo temas sobre la mesa.

La política tabasqueña no perdona cuando un gobierno pierde calle. En este caso, las mediciones no muestran ese desprendimiento. Muestran una relación más sobria. Más medida. El ciudadano observa, concede algo, espera más. No se rinde ante la propaganda. Pero tampoco rompe con el gobierno. Lo deja caminar.

No todas las encuestas leyeron igual el semestre. CE Research fue una de las mediciones más reservadas. Arrancó en 46%, bajó a 43% en marzo, tocó 41% en abril y llegó a 39% en mayo. En junio regresó a 43%. SRC también marcó una señal de cuidado al cerrar junio en 43.2%.

Esos datos no borran el promedio general. Lo obligan a explicarse. El gobierno aprueba en el consolidado, aunque algunas firmas muestran una temperatura más baja. La diferencia está en la vara. Una encuesta puede capturar aprobación política. Otra, desempeño. Otra, posición comparativa frente a otros gobiernos.

La lectura correcta no es pelear con esos números. Es ponerlos en su lugar. Las mediciones más reservadas funcionan como aviso de método: el promedio favorece al gobierno, pero no debe contarse como si todas las casas hubieran dicho exactamente lo mismo. La verdad está en el conjunto. No en una sola tabla.

El peso de rubrum

Rubrum es la pieza que cambia el tono del promedio. Sus registros, convertidos a base cien, se mantuvieron altos: 67.75% en enero, 68.50% en marzo, 68.87% en abril, 71.25% en mayo y 65% en junio.

No es una medición idéntica a las demás. Evalúa desempeño. No sólo simpatía política. Esa diferencia no debe esconderse. Tampoco descalifica el dato. Al contrario: ayuda a entenderlo. Una cosa es preguntar por aprobación general. Otra, medir cómo se percibe el trabajo gubernamental.

En Tabasco, esa separación pesa. La gente puede ser dura con la política, pero reconocer trabajo cuando ve movimiento, obra o atención. De ahí que Rubrum muestre una zona más alta. Mide otra parte del ánimo público. Una parte más práctica. Menos de discurso. Más de calle.

El promedio semestral debe leerse con método. El 51.41% muestra estabilidad. Pero dentro de ese número hay varias capas. Las firmas más reservadas bajan la temperatura. Las mediciones de desempeño la levantan. El resultado final da piso al gobierno, aunque no borra las diferencias entre termómetros.

Esa distinción le da seriedad al corte. No todas las cifras hablan el mismo idioma. Un gobierno puede tener aprobación política moderada y, al mismo tiempo, mejor evaluación de desempeño si la gente percibe trabajo en territorio.

El punto ayuda al gobernador sin forzar el dato: May no aparece en caída; aparece sostenido por una combinación de base política y percepción práctica de gobierno. La calle no siempre aplaude. A veces sólo toma nota. Y en política, tomar nota también puede ser una forma de conceder tiempo.

Enero: arranque estable

Enero dejó el primer corte del año en 52.09%. La mayoría de las firmas se movió cerca del cincuenta: Demoscopia en 50.2%, Polls.mx en 50.1%, SRC en 52.2%, Cripeso en 50.50% y FactoMétrica en 47.9%. CE Research fue más reservado, con 46%. Rubrum elevó la medición de desempeño a 67.75%.

El mes funcionó como línea de arranque. No hubo ruptura. Tampoco euforia. El gobierno comenzó el año con una aprobación suficiente para operar y con una señal clara: la percepción de desempeño aparecía mejor colocada que la aprobación política tradicional.

Ese arranque ayudó a fijar el tono del semestre. May empezó con base. No desde abajo. No desde una emergencia. El gobierno tenía terreno para moverse. Y eso, en una plaza que mide rápido y cobra caro, le dio margen desde el primer corte.

El ranking de Demoscopia Digital de junio de 2026 colocó al gobernador de Tabasco en el lugar 19 nacional, con una aprobación de 56.2%. La medición mensual de Demoscopia Digital reportó para junio de 2026 una aprobación de 56.2% para el gobernador de Tabasco, dentro de su seguimiento nacional.

Febrero: bache contenido

Febrero fue el mes más bajo. El promedio cayó a 49.02%, el único registro semestral por debajo del 50%. Cripeso marcó 47.82%. Demoscopia bajó a 49.9%. Polls.mx quedó en 49.8%. CE Research se mantuvo en 46%. Fue el momento de menor temperatura política.

Pero el dato no se convirtió en tendencia. Marzo subió a 51.69%. Abril se mantuvo en 51.77%. El bache quedó contenido. El gobierno no se quedó atorado en febrero. Recuperó terreno y volvió a la zona aprobatoria.

En lenguaje de calle: la camioneta cayó en el hoyanco, tronó la suspensión, pero siguió andando. Ese movimiento importa. Un mal mes puede abrir conversación de caída. Aquí no ocurrió. El tropiezo fue visible. La recuperación también.

Marzo-abril: recuperación y orden

Marzo mostró recuperación. El promedio llegó a 51.69%. Cripeso subió a 49.06%. Rubrum reapareció con 68.50%. Demoscopia volvió a 50.3% y SRC se mantuvo arriba del 52. La presión de CE Research, que bajó a 43%, no alcanzó para hundir el promedio.

Abril confirmó la estabilidad. El promedio quedó en 51.77%. Varias firmas se alinearon en una franja compacta: Demoscopia en 50.8%, Polls.mx en 50.0%, SRC en 52.7%, Cripeso en 50.23% y FactoMétrica en 48.8%. La fotografía fue de orden. Sin salto. Sin caída.

Ese tramo es importante porque muestra que febrero no abrió una corriente negativa. El gobierno volvió al centro del tablero y sostuvo el paso. Marzo y abril no fueron meses de brillo fuerte. Fueron meses de compostura. De volver a poner la llanta sobre tierra firme.

Mayo-junio: zona de contraste

Mayo fue el mes más alto, con 52.75%. También fue el más contrastante. Demoscopia Digital subió a 55.1%. Rubrum llegó a 71.25% en desempeño. Pero CE Research bajó a 39% y SRC se colocó en 47.7%. El mismo mes dejó dos fotografías distintas del gobierno.

La primera fotografía favorece a May: hay mediciones que registran avance, trabajo y percepción positiva de desempeño. La segunda obliga a leer con cuidado: no todas las firmas ven el mismo clima. Mayo fue techo, pero no aplauso parejo. Fue ventaja con matices.

Junio dejó una fotografía de cierre estable. El promedio quedó en 51.15%. Demoscopia alcanzó su mejor registro del semestre, con 56.2%. FactoMétrica subió a 52.1%. CE Research regresó a 43% después de haber tocado 39% en mayo. Rubrum bajó a 65%, todavía en una zona alta de desempeño.

El dato más contrastante fue SRC, que cayó a 43.2%. Esa baja impide contar junio como cierre redondo. Pero tampoco cambia la lectura general: el promedio terminó casi donde empezó. Sin salto grande. Sin derrumbe.

El semestre deja una imagen sobria. May no aparece en caída. Tampoco en despegue pleno. Aparece en control de una base aprobatoria que se mantiene sobre terreno húmedo. En Tabasco, eso no es poca cosa. La política se mueve como río de temporada: a veces sube despacio, a veces baja de golpe, a veces parece quieta mientras arrastra fondo.

El promedio de 51.41% le da al gobierno una ventaja narrativa: estabilidad. La variación de enero a junio, menor a un punto, refuerza esa idea. La administración no perdió el centro. No se le fue el semestre entre las manos. Pero la calle seguirá midiendo con su propia vara: lo que ve, lo que usa, lo que le llega y lo que todavía espera.

En una parada, bajo la lámina caliente, un hombre mira la nota en el celular. No sonríe. No reclama. Guarda el teléfono y voltea hacia la avenida. “Pues mientras se vea el trabajo, la gente aguanta”, dice. Luego levanta la mano para detener la combi.

Clave de lectura: no miden igual

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El cargo Siete encuestas colocan a May con aprobación estable a medio año apareció primero en El Tabasqueño.

El Tribunal Electoral de Tabasco no le entregó un partido político a Humberto de los Santos Bertruy. Tampoco ordenó al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco cambiar el sentido de la negativa con la que cerró el paso a Unión Democrática por Tabasco. Lo que hizo fue más incómodo para el árbitro electoral: le tumbó el acuerdo porque no estaba suficientemente fundado, motivado ni construido con la exhaustividad que exige un expediente de alto impacto político.

Desde ese momento, el caso dejó de ser un trámite de registro partidista. La sentencia abrió una segunda batalla: la del nuevo dictamen. Y esa nueva etapa colocó al IEPCT frente a una pregunta que ya no es sólo jurídica, sino institucional: si será capaz de corregir sus fallas sin convertir esa corrección en una ruta para despejar el camino al proyecto político del exalcalde de Centro.

La diferencia es central. El Tribunal no dijo que Unión Democrática por Tabasco cumpliera automáticamente todos los requisitos. No validó de golpe sus asambleas. No ordenó otorgarle el registro. Lo que señaló fue que el Instituto no explicó con suficiente precisión las irregularidades que usó para negar la solicitud, entre ellas observaciones relacionadas con documentación, fiscalización, aportaciones en especie y valoración de asambleas.

Bertruy leyó el fallo como una reivindicación. El IEPCT intentó contener esa lectura. Desde el Instituto se aclaró que la sentencia no obligaba a modificar el sentido del acuerdo, sino a reforzar la argumentación. Pero en política electoral las palabras pesan: un acuerdo revocado ya no existe jurídicamente en sus términos originales, y el nuevo deberá sostenerse mejor que el anterior.

Ahí empieza el fondo del caso: el expediente Unión Democrática por Tabasco no sólo mide las posibilidades de un nuevo partido político local. También mide la calidad del árbitro electoral que debe resolverlo.

Bertruy celebra, el Instituto contiene

La revocación detonó una disputa inmediata por el significado del fallo. Humberto de los Santos Bertruy presentó la resolución como una victoria jurídica y democrática para Unión Democrática por Tabasco. Sostuvo que su agrupación no pedía privilegios ni trato especial, sino una revisión apegada a derecho.

El exalcalde colocó el caso en el terreno de la defensa ciudadana: el derecho de miles de tabasqueños a organizarse por una vía pacífica, legal y democrática. Esa narrativa tenía un propósito claro: presentar la revocación no como una corrección técnica al IEPCT, sino como una reivindicación de su movimiento.

El Instituto, sin embargo, intentó fijar otro marco: el TET no se pronunció sobre el fondo ni ordenó entregar el registro. La sentencia, según esa lectura, exigía una resolución más exhaustiva, no necesariamente una distinta.

Entre ambas posiciones quedó atrapado el nuevo dictamen. Para Unión Democrática, el fallo abrió una expectativa de registro. Para el árbitro electoral, al menos en su postura pública, abrió sólo una obligación de mayor fundamentación. La batalla ya no estaba únicamente en la sentencia, sino en la forma en que el Instituto reconstruiría su decisión.

Fiscalización contra derecho de asociación

Detrás del choque de narrativas hay un problema más técnico y más delicado: el peso jurídico de las irregularidades detectadas durante el proceso de constitución de Unión Democrática por Tabasco.

El expediente no se reduce a si Bertruy obtiene o no un nuevo partido. La discusión pasa por documentación, fiscalización y validez de asambleas. El IEPCT debe explicar con mayor precisión observaciones relacionadas con recibos simples, falta de comprobantes fiscales, valuación de aportaciones en especie y el impacto de esas inconsistencias en el procedimiento.

En otras palabras: el Instituto no sólo debe decir que hubo irregularidades. Tiene que demostrar por qué esas irregularidades son suficientes para negar el registro.

Ese punto es el corazón del nuevo acuerdo. Si las observaciones son consideradas graves, determinantes y no subsanables, el IEPCT podría sostener la negativa. Pero si concluye que no afectan de manera decisiva el derecho de asociación, el expediente puede tomar otra ruta.

El dilema es explosivo. Una lectura demasiado rígida puede cerrar la puerta a una asociación que reclama su derecho a participar. Pero una lectura demasiado flexible puede enviar el mensaje de que las fallas de fiscalización no tienen consecuencias reales.

La pregunta central es ésta: ¿puede el derecho de asociación salvar asambleas cuestionadas por documentación, aportaciones o fiscalización?

Vladimir, la zona incómoda

El caso también puso bajo la lupa a Vladimir Hernández Venegas, consejero electoral del IEPCT, cuyo antecedente laboral en la estructura jurídica del Ayuntamiento de Centro durante el periodo 2013-2015 aparece documentado en archivos institucionales.

El dato importa porque la asociación que busca convertirse en partido político local es encabezada por Humberto de los Santos Bertruy, exalcalde de Centro en ese mismo periodo. La coincidencia no prueba por sí sola una irregularidad, pero sí introduce una pregunta incómoda para el árbitro electoral: ¿puede un consejero participar sin desgaste público en un expediente ligado al grupo político de una administración en la que trabajó?

El currículum institucional de Hernández Venegas lo presenta como licenciado en Derecho por la UJAT y con maestría en Criminalística por el INACIPE. También señala que ingresó al IEPCT en 2015, con categoría de director, y que previamente ocupó una subdirección durante dos años y diez meses, con año de contratación 2013, bajo el mando de la Dirección de Asuntos Jurídicos.

El directorio institucional de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ayuntamiento de Centro precisa el cargo: Vladimir Hernández Venegas aparece como Subdirector de Análisis Jurídico, con correo institucional del gobierno municipal de Villahermosa.

Nuevo dictamen del IEPCT

La ruta de Vladimir

La trayectoria profesional del consejero que hoy resuelve el expediente electoral

Año / periodo	Cargo o antecedente	Relevancia para el caso
1988-1993	Licenciatura en Derecho por la UJAT	Formación jurídica
1997	Agente del Ministerio Público	Trayectoria en área jurídica y penal
2008-2009	Maestría en Criminalística por el INACIPE	Especialización profesional
2013-2015	Subdirector en área jurídica municipal	Periodo coincidente con el gobierno de Bertruy
2015	Ingreso al IEPCT como director	Paso al árbitro electoral
2026	Consejero electoral ante expediente de Unión Democrática	Participación en un caso políticamente sensible

Clave

El antecedente documentado no prueba por sí mismo una falta legal, pero sí vuelve políticamente incómoda su participación en el expediente.

Fuente: Trayectoria profesional documentada en registros públicos y comunicados institucionales

Ese antecedente no equivale automáticamente a un conflicto de interés. Tampoco permite afirmar, sin más, que el consejero estuviera legalmente impedido para intervenir. Pero en un órgano electoral, donde la imparcialidad no sólo debe existir sino también ser visible, la trayectoria coloca su participación en una zona de alta sensibilidad pública.

Excusa legal o dilema ético

La pregunta central no es sencilla: ¿Vladimir Hernández Venegas estaba obligado legalmente a excusarse o sólo enfrenta un dilema ético-político?

La respuesta exige separar dos planos. Para que exista una obligación jurídica de excusarse no basta con haber trabajado años atrás en una administración pública relacionada con un actor político. Se requiere acreditar un conflicto de interés o un impedimento legal: un interés personal, familiar, económico, profesional o de negocios directo en el asunto que se va a resolver.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas define conflicto de interés como la posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de un servidor público por intereses personales, familiares o de negocios. También establece que incurre en actuación bajo conflicto de interés el servidor público que intervenga en asuntos donde tenga conflicto de interés o impedimento legal, y que al conocer esa situación debe informarla para solicitar ser excusado.

Ese estándar impide convertir cualquier antecedente laboral en falta automática. Si no hay prueba de interés directo, relación de negocios, beneficio personal, vínculo familiar o dependencia profesional vigente, sostener una obligación legal de excusa puede ser jurídicamente débil.

Pero el segundo plano es distinto: el de la ética pública. En materia electoral, la confianza es parte de la decisión. Un consejero puede no estar legalmente impedido y, aun así, enfrentar una pregunta legítima sobre la conveniencia institucional de participar en un expediente que involucra a un actor con el que tuvo una relación laboral pública en el pasado.

La excusa legal exige pruebas. La sospecha pública exige explicaciones.

Un árbitro caro bajo presión

El expediente de Unión Democrática por Tabasco no cayó sobre un órgano menor. Cayó sobre una institución con altos costos de operación, estructura directiva bien remunerada y una solicitud adicional de recursos para sostener su gasto ordinario.

De acuerdo con el tabulador 2025 del IEPCT, una consejería electoral tiene una percepción bruta mensual de 129 mil 585.30 pesos y un neto mensual de 89 mil 509.48 pesos. La Secretaría Ejecutiva aparece con percepción bruta mensual de 123 mil 260.10 pesos y neto de 85 mil 493.92 pesos.

El mismo tabulador ubica a las direcciones con una percepción bruta mensual de 96 mil 261.90 pesos y a las subdirecciones con 63 mil 968.10 pesos brutos mensuales. En términos institucionales, no se trata de una estructura precaria: es un órgano electoral con mandos profesionales, sueldos altos y responsabilidades de alto impacto público.

Por eso, el revés del Tribunal Electoral de Tabasco pesa más. La exigencia ciudadana frente a un Instituto de ese costo no es sólo que sesione, vote y emita acuerdos. Es que sus resoluciones estén construidas con la solidez necesaria para resistir el escrutinio jurídico y político.

El problema no está en que el árbitro electoral cueste. Toda democracia tiene un precio institucional. El problema aparece cuando ese costo se contrasta con un dictamen que el Tribunal revocó por falta de exhaustividad, motivación y fundamentación suficiente.

Casi 30 millones más para operar

A ese contexto se suma otro dato: el IEPCT solicitó una ampliación presupuestal para el ejercicio fiscal 2026 por 29 millones 814 mil 897.02 pesos para gasto ordinario.

La propuesta muestra que el Instituto tuvo un anteproyecto de 236 millones 804 mil 650 pesos, pero recibió un presupuesto autorizado de 185 millones 264 mil 738 pesos, con una diferencia de 51 millones 539 mil 914 pesos. De ese faltante, el órgano electoral planteó recuperar casi 29.8 millones de pesos mediante recursos adicionales.

La solicitud no corresponde a prerrogativas de partidos políticos. El propio documento separa ese rubro. La ampliación se dirige al funcionamiento interno: servicios personales, materiales, servicios generales, impuesto sobre nómina, bienes muebles e inmuebles.

El desglose permite dimensionar la operación: 6 millones 771 mil 673.84 pesos para servicios personales; 3 millones 156 mil 116.68 pesos para materiales y suministros; 8 millones 871 mil 343.28 pesos para servicios generales; 2 millones 115 mil 743.22 pesos para impuesto sobre nómina, y 8 millones 900 mil 020 pesos para bienes muebles e inmuebles.

El dato es relevante porque el expediente de Unión Democrática por Tabasco se desarrolla al mismo tiempo que el Instituto busca reforzar su gasto ordinario. No se trata de sugerir que la solicitud sea irregular, sino de colocar el contraste: una institución que pide más recursos también enfrenta la obligación de entregar mejores resoluciones.

La paradoja institucional

La propuesta presupuestal también revela que el IEPCT reconoce rezagos materiales y tecnológicos. En el apartado de tecnologías de la información, el documento plantea 10 millones 949 mil 273 pesos para renovación de infraestructura y seguridad informática.

La solicitud incluye cableado estructurado, servidores, dispositivos de comunicación, respaldos de energía y firewall. El propio Instituto argumenta que parte de su infraestructura tecnológica es antigua, obsoleta o dañada, y que algunos equipos tienen más de una década desde su última adquisición.

Ese diagnóstico explica una parte de la necesidad presupuestal. Un órgano electoral requiere sistemas seguros, resguardo de información, conectividad, servidores y capacidad tecnológica suficiente para operar con certeza.

Pero el caso Unión Democrática por Tabasco exhibió otra clase de debilidad. No fue una falla de cableado, servidores o firewall. Fue una falla de argumentación. El TET no revocó el acuerdo porque al Instituto le faltara infraestructura tecnológica, sino porque su resolución no cumplió con el estándar de exhaustividad, fundamentación y motivación que exigía el expediente.

Ahí aparece la paradoja: el IEPCT pide recursos para modernizar su operación, pero el caso que lo puso bajo presión no fue técnico, sino jurídico e institucional.

Lo que se juega rumbo a 2027

El expediente no se agota en una clave administrativa. Si Unión Democrática por Tabasco obtiene el registro como partido político local, el proyecto de Humberto de los Santos Bertruy no sólo ganaría personalidad electoral. También obtendría una plataforma con valor político propio.

Un partido local significa acceso a prerrogativas, estructura territorial, representación ante órganos electorales, tiempos políticos y capacidad de negociación. En una elección intermedia, ese tipo de vehículo puede pesar más por su utilidad estratégica que por su fuerza inicial en votos.

Bertruy no es un actor menor en la política tabasqueña. Fue alcalde de Centro, tiene historia en la vida pública local y conoce el funcionamiento de las estructuras partidistas y municipales. Por eso, el registro de Unión Democrática por Tabasco tendría una lectura más amplia que la simple incorporación de una nueva sigla al sistema electoral.

La pregunta es si ese proyecto llega por una ruta jurídicamente sólida o por los huecos de un dictamen mal construido. Esa diferencia es fundamental. Un partido local puede nacer de un derecho ciudadano legítimo a organizarse. Pero también puede convertirse en un instrumento de reposicionamiento político si el árbitro no explica con claridad por qué valida o invalida cada parte del expediente.

El árbitro frente al espejo

El caso Unión Democrática por Tabasco empezó como una solicitud de registro partidista y terminó como una prueba de credibilidad para el árbitro electoral. El IEPCT deberá decidir si sostiene la negativa o si abre paso al proyecto de Humberto de los Santos Bertruy. Pero el sentido del acuerdo no será lo único bajo revisión.

También lo estarán la calidad de sus argumentos, la transparencia de sus consejeros, el peso de sus vínculos internos y la confianza pública en una institución que cuesta millones, pide más recursos y ahora debe demostrar que puede resolver mejor.

El Tribunal Electoral de Tabasco no entregó el partido. Tampoco absolvió el expediente. Lo que hizo fue obligar al Instituto a volver a explicar. Esta vez, el margen de error será menor.

Si el IEPCT sostiene la negativa, tendrá que probar que las irregularidades pesan lo suficiente. Si abre la puerta al registro, deberá explicar por qué esas mismas irregularidades no bastan para impedirlo. En ambos casos, el árbitro quedará frente al espejo.

Porque en política electoral no sólo importa quién gana un expediente. Importa también si la autoridad que decide conserva autoridad moral para hacerlo.

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El cargo El expediente Bertruy exhibe al IEPCT: dictamen caído, dinero y vínculos apareció primero en El Tabasqueño.

La defensa del jefe histórico del Cártel de Sinaloa, encabezada por Frank A. Perez, no intenta reducir la sentencia ni presentar a Zambada como colaborador del gobierno estadunidense. Su estrategia es más limitada, pero políticamente significativa: diferenciarlo de Joaquín El Chapo Guzmán y evitar que ambos finales terminen en la misma celda simbólica.

El documento admite lo que pocos capos reconocen antes de escuchar sentencia: Zambada acepta que no habrá libertad. A cambio, su defensa intenta fijar una narrativa procesal: no llevó el caso a juicio, no obligó a exponer testigos, no pidió una reducción de condena y no ofreció asistencia sustancial al gobierno estadunidense.

Culpable, pero no colaborador

El alegato de Perez busca marcar distancia con El Chapo. Recuerda que el juicio de Guzmán Loera duró 11 semanas, implicó gastos millonarios y obligó a montar un operativo judicial de alto impacto. Zambada, en cambio, se declaró culpable y evitó un proceso que habría convocado a testigos, víctimas y expedientes de décadas.

La defensa insiste en una frase clave: El Mayo no cooperó contra terceros y no busca hacerlo ahora ni después de la sentencia. En términos legales, eso pretende cerrar la puerta a una lectura explosiva: que el viejo operador estuviera negociando nombres, rutas o pactos políticos a cambio de beneficios.

Pero en el sistema estadunidense las puertas no siempre se cierran cuando las partes dicen que se cierran. En otros casos, la cooperación puede aparecer después de dictada la condena. Por eso el mensaje de la defensa tiene dos destinatarios: el juez y el mundo criminal que lee cualquier movimiento como señal de guerra.

El contraste con El Chapo

La comparación con Guzmán Loera no es casual. En la carta, El Mayo aparece como un mediador dentro del mundo criminal: un jefe que, según su defensa, buscaba resolver diferencias antes de abrir frentes. Esa descripción no borra el peso de los cargos, pero sí intenta construir una diferencia penitenciaria.

El argumento es simple: si los dos recibirán cadena perpetua, el juez todavía puede reconocer que no actuaron igual frente al tribunal. No se discute la culpa. Se discute el castigo dentro del castigo.

También hay una apuesta simbólica. El Chapo encarna para Estados Unidos el preso que debía ser aislado para siempre. Zambada intenta no quedar atrapado en esa misma foto. A sus 76 años, con padecimientos médicos censurados en la versión pública de la carta, su margen real ya no está en la sentencia, sino en el lugar donde esa sentencia se cumplirá.

La entrega que rompió Sinaloa

El documento vuelve sobre el episodio que cambió el mapa criminal: la reunión del 25 de julio de 2024. Según la defensa, Zambada fue atraído con el anzuelo de mediar entre figuras políticas de Sinaloa, golpeado, atado, secuestrado y subido a un avión privado por Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, para ser entregado a Estados Unidos.

Ese relato mantiene abierta una herida política y criminal. La captura de El Mayo no fue sólo la caída de un viejo capo; fue el detonador de una fractura interna. La disputa entre los grupos ligados a los Guzmán y los Zambada convirtió a Sinaloa en un territorio de mensajes armados y reacomodos.

Para Washington, la declaración de culpabilidad fue una victoria judicial: el fundador de una de las organizaciones más poderosas del narcotráfico aceptó responsabilidad y enfrentará prisión de por vida. Para México, el caso deja preguntas incómodas: cómo salió del país, quién facilitó la operación y qué tanto fue justicia o traición administrada.

La biografía como estrategia

La carta introduce una biografía mínima: origen campesino, estudios de primaria, trabajo temprano en una carnicería, ingreso al narcotráfico a los 19 años y una vida familiar dispersa, con 16 hijos de entre 6 y 55 años. En los memorandos de sentencia, la historia personal sirve para humanizar al acusado y orientar al juez hacia una recomendación penitenciaria específica.

Esa ruta tiene límites. Zambada no está ante una causa menor. Estados Unidos lo acusa de haber encabezado durante décadas una empresa criminal dedicada al tráfico de drogas, lavado de dinero, violencia y sobornos para proteger al Cártel de Sinaloa. Por eso el caso entra en su tramo final con una paradoja: admite la prisión de por vida, pero pelea por el modo de cumplirla.

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El cargo ‘El Mayo’ Zambada ya sólo pelea en qué prisión pasará el resto de su vida apareció primero en El Tabasqueño.

La ilusión vuelve a reunir a millones de aficionados que esperan ver al Tricolor dar un paso histórico frente a una de las selecciones favoritas del torneo. Después de superar a Ecuador en la ronda anterior, México llega con la confianza de seguir avanzando en la Copa del Mundo.

¿A qué hora juega México vs Inglaterra?

El partido entre México e Inglaterra comenzará a las 6:00 de la tarde (tiempo del centro de México) este domingo 5 de julio.

El encuentro corresponde a los octavos de final del Mundial 2026 y se disputará en el Estadio Ciudad de México, donde se espera un lleno absoluto.

Quien resulte ganador avanzará a los cuartos de final para enfrentar al vencedor de la serie entre Brasil y Noruega.

¿Dónde ver el partido en vivo?

Los aficionados podrán seguir el encuentro por distintas señales de televisión abierta, de paga y plataformas digitales.

Transmisión en México

• Azteca 7
• Canal 5
• TUDN
• Nu9ve
• ViX
• Plataformas digitales de Azteca Deportes

Un ambiente que promete ser histórico

En las horas previas al encuentro también ha llamado la atención el ambiente que se vive entre la afición mexicana.

En redes sociales se ha viralizado una convocatoria para que miles de seguidores acudan al estadio maquillados como catrines, utilizando la camiseta de la Selección Mexicana. La propuesta busca mostrar una de las tradiciones culturales más representativas del país durante uno de los partidos más importantes del torneo.

Además, numerosos aficionados han compartido videos en los que aseguran que llevarán el llamado “silbato de la muerte” mexica para acompañar el ingreso del equipo inglés al terreno de juego.

Hasta el momento, no existe una convocatoria oficial por parte de la FIFA o de la Federación Mexicana de Futbol para realizar estas actividades. Sin embargo, la iniciativa continúa ganando fuerza en redes sociales y podría convertirse en una de las imágenes más llamativas de la jornada.

México busca otro capítulo histórico

El Tricolor afronta uno de los compromisos más importantes de los últimos años. Una victoria frente a Inglaterra significaría mantenerse entre las mejores selecciones del Mundial y alimentar la ilusión de millones de aficionados.

Con un estadio completamente lleno y el respaldo de todo un país, México buscará escribir una nueva página en su historia cuando el balón comience a rodar este domingo a las 6:00 de la tarde.

El cargo ¿A qué hora juega México? Horario y dónde ver el duelo ante Inglaterra apareció primero en El Tabasqueño.

En cinco entidades, los institutos electorales dieron luz verde a ocho nuevos partidos políticos. Todos podrán competir en los comicios donde se renovarán Congresos estatales y Alcaldías. Además, esos registros se suman a 65 organizaciones locales que ya existían sin registro nacional.

El dato revela algo más que pluralidad. Muestra que, ante el desgaste de marcas tradicionales, los liderazgos locales buscan vehículo propio. Algunos vienen de partidos extintos. Otros se conectan con iglesias, magisterio, exmorenistas o viejos cuadros priistas.

Una boleta más fragmentada

El INE reportó que 89 organizaciones buscaron convertirse en partido en 10 entidades durante el año pasado. Sólo algunas cruzaron la aduana legal. Otras fueron frenadas por irregularidades en afiliación o financiamiento.

En el Estado de México, el registro fue para Podemos, impulsado por ex perredistas. En Chiapas, se aprobaron Fuerza Chiapaneca 4T, Conciencia Humana y Movimiento de Esperanza de Chiapas. Con ello, esa entidad tendrá 11 partidos en la elección de 2027.

No obstante, el caso más delicado aparece en Jalisco. El Partido Humanista recibió registro estatal y ha sido ligado a La Luz del Mundo. Su representante legal es Vasti Arana Cruz, identificada como integrante de esa iglesia. El partido afilió a 20 mil 40 ciudadanos y logró 89 asambleas municipales.

El mapa tiene una lectura de poder. Las nuevas siglas no siempre nacen para ganar gubernaturas. Muchas surgen para negociar regidurías, diputaciones, prerrogativas y alianzas. Por ello, en los estados, un partido pequeño puede convertirse en bisagra decisiva.

Tabasco, el expediente pendiente

En Tabasco, la ruta es distinta. Aquí no hay todavía un nuevo partido aprobado. Hay una negativa bajo revisión. El TET ordenó al IEPCT justificar mejor la decisión que negó el registro a Unión Democrática por Tabasco, impulsada por Humberto de los Santos Bertruy.

La clave está en una palabra: exhaustividad. El Tribunal no ordenó cambiar el sentido del acuerdo. Ordenó explicar mejor las irregularidades detectadas, entre ellas recibos simples, falta de comprobantes fiscales y posible subvaluación de aportaciones.

La consejera Montserrat Martínez Beaurregard explicó el tamaño del encargo: “Ya como consejo nos reunimos, analizamos el sentido de la resolución. El tribunal nos ordena hacer una argumentación mucho más reforzada.”

Después añadió: “La realidad es que nos ordena hacer una serie de diligencias que consideramos no era posible en cinco días, por lo que se solicitó una prórroga”.

El matiz es importante. La resolución abre una ventana procesal, pero no entrega el registro. En términos políticos, permite a la organización seguir viva. En términos jurídicos, obliga al árbitro electoral a blindar su dictamen.

La consejera Ángela Guadalupe Araujo Segura fue más precisa: “Cabe recalcar que no se pronuncia sobre el fondo, no se pronuncia sobre el sentido, sobre la negativa o sobre el eventual otorgamiento, no se pronuncia sobre eso, se pronuncia sobre la exhaustividad de la argumentación, entonces eso es lo que vamos a estar atendiendo próximamente.”

Además, remarcó: “No implica precisamente eso, lo que lo que está señalando el Tribunal es que seamos más precisos en cómo, por ejemplo, las faltas registradas en fiscalización tuvieron el impacto en el procedimiento.”

La disputa que viene

El fondo político es claro. Mientras en otros estados nuevos partidos ya preparan estructura, dinero público y candidaturas, en Tabasco la discusión pasa por el estándar de prueba. No basta decir que hubo irregularidades. Hay que demostrar su peso en el procedimiento.

Esa diferencia puede marcar el precedente local rumbo a 2027. Si el IEPCT sostiene la negativa con argumentos reforzados, cerrará la puerta. Si no lo logra, abrirá paso a una nueva sigla en un estado donde cada registro puede modificar alianzas, votos útiles y reparto territorial.

En una elección intermedia, los partidos locales no son adornos. Son piezas de negociación. Y en Tabasco, la puerta aún no está abierta. Pero tampoco terminó de cerrarse.

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El cargo Partidos locales se multiplican mientras Tabasco libra su propia aduana electoral apareció primero en El Tabasqueño.

En la Universidad Politécnica Mesoamericana, ubicada en la comunidad de Sueños de Oro, May puso en marcha nuevos centros de carga fotovoltaica. Además, ordenó un diagnóstico integral del plantel antes del próximo ciclo escolar.

Instruyó a la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP) revisar aulas, sanitarios, laboratorios, el centro de cómputo y el sistema eléctrico. También pidió valorar una planta de energía de respaldo ante fallas en el suministro.

La frase que resume el tono

Frente al edificio que albergará la nueva cafetería —obra de más de 3.5 millones de pesos que debe concluir en un mes— el mandatario resumió su narrativa de gobierno: «Tenemos un guardadito todavía que lo vamos a destinar aquí. Queremos dejar muy bien la universidad. Vale la pena esta inversión, no es un gasto, es invertir en el futuro de nuestro país».

El dato no es menor. A ese plantel, a pocos kilómetros de la línea con Guatemala, no llegaba un gobernador en funciones desde hacía veinte años.

La expresión «guardadito» también dice algo del estilo de gobierno: habla de margen presupuestal que se reasigna sobre la marcha, no de una partida etiquetada desde el arranque del ciclo fiscal. Puede leerse como cercanía y respuesta rápida a la demanda local, o como evidencia de que la planeación de obra en la zona sigue dependiendo de la agenda personal del gobernador más que de un presupuesto programado con años de anticipación.

Una frontera que nació marcada por el rezago

La UPM no es una universidad cualquiera. Nació en 2007, tras un estudio de factibilidad de 2006, porque el Gobierno estatal identificó esa franja como una de las zonas con mayor rezago de Tabasco.

Por ello, el anuncio actual pesa distinto: llega a un territorio con historia documentada de abandono, no a un punto de partida neutral. Dos décadas después, el mismo plantel vuelve a necesitar una revisión de fondo.

Asfalto, puentes y una cifra que crece rumbo a 2027

En el camino a La Palma, la Junta Estatal de Caminos (JEC) invierte 20 millones de pesos en pavimento asfáltico y un puente tipo cajón. La obra beneficiará a más de 10 mil habitantes de la región.

En Balancán, otros 20 millones repavimentaron 3.2 kilómetros del camino Villa El Triunfo-El Pedregal. Además, 21 millones más entraron al acceso del ejido El Naranjito.

En conjunto, Tabasco ejerce este año cerca de mil millones de pesos en caminos para Balancán. No obstante, May adelantó que la cifra sube a mil 200 millones en 2027.

Este anuncio no está solo. La JEC ya planea 35 obras carreteras para 2026 en 16 municipios, y el corredor turístico Tren Maya-Tenosique-Balancán concentra, según cifras oficiales, más de 3 mil 500 millones de pesos acumulados en obra pública.

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El cargo May anuncia mil 200 millones para caminos fronterizos apareció primero en El Tabasqueño.

El dato pesa porque cruza dos realidades muy concretas de Tabasco. Por un lado, mujeres que sostienen pequeños negocios desde la casa, el mercado o la comunidad. Por el otro, familias que viven de la pesca ribereña y buscan convertir el agua en ingreso estable.

El gobernador Javier May Rodríguez colocó el mensaje en ese terreno. Dijo que el valor de ambos programas está en reconocer el trabajo que ya existe en las comunidades, “porque donde hay una mujer impulsando su negocio o una familia dedicada a la pesca, existe un esfuerzo que merece todo el respaldo institucional”.

No obstante, el fondo político va más allá del acto. En Tabasco, la disputa por el bienestar también es una disputa por presencia territorial. Cada incorporación implica organización, padrón, seguimiento y una relación directa entre gobierno y comunidad.

La tanda como economía doméstica

May explicó que Tandas para la Mujer busca impulsar negocios pequeños y convertirlos en fuente de bienestar. “Tandas para la mujer surge con el objetivo de impulsar el sueño de poner un negocio y convertirlo en una fuente de bienestar para las familias. Por eso, este programa les brinda un respaldo oportuno para que sus proyectos tomen fuerzas y puedan avanzar con mayor seguridad en la construcción de un mejor porvenir”, afirmó.

La secretaria de Turismo y Desarrollo Económico, Katia Ornelas Gil, puso la cifra mayor sobre la mesa. Con esta entrega, dijo, se llegó a 20 mil emprendedoras incorporadas en la segunda edición del programa.

“Hoy alcanzamos un resultado que refleja el compromiso de este gobierno con las mujeres tabasqueñas. Con esta entrega ya incorporamos 20 mil emprendedoras durante la segunda edición para Tandas de la Mujer. Sumadas a las 10 mil mujeres que participaron en la primera edición, hoy 30 mil tabasqueñas forman parte de este programa con una inversión histórica de 150 millones de pesos”, sostuvo.

Además, Ornelas ubicó el sentido social del apoyo. Dijo que detrás de las cifras hay 30 mil historias de esfuerzo, 30 mil negocios con mayores posibilidades de crecer y 30 mil familias que fortalecen su economía.

El agua como producción

El segundo carril del acto fue Pescando Vida. Ahí se incorporaron 200 pequeños productores de comunidades ribereñas del Grijalva. No es un programa menor: toca empleo, arraigo y producción alimentaria en zonas donde la pesca no es folclor, sino sustento diario.

Guillermo Priego León, titular de la SEDAP, defendió el tamaño del proyecto. “Este programa Pescando Vida es el programa de producción acuícola más importante, no del sureste, es el programa de producción de mojarra más importante de toda la República Mexicana”, afirmó.

El funcionario añadió que los tabasqueños están demostrando capacidad productiva en el agua. Hasta ahora, según el reporte oficial, se han cosechado más de 2 mil 82 toneladas de mojarra, una cifra que —dijo— dobla lo que se producía antes del arranque de la administración.

Con las nuevas incorporaciones, Pescando Vida alcanza 3 mil derechohabientes. La operación incluye comunidades como Aztlán quinta y tercera secciones, Boca de Aztlán y Acachapan quinta, cuarta y tercera secciones, organizadas en ocho Comunidades de Aprendizaje Acuícola.

El mensaje de fondo

El gobierno estatal intenta fijar una narrativa clara: austeridad arriba, apoyo directo abajo. May lo expresó al señalar que antes los recursos se quedaban arriba y se derrochaban en privilegios. Ahora, sostuvo, el presupuesto regresa en apoyos, obras y programas.

Por ello, la jornada en Centro no debe leerse como una acción municipal. Es una operación del Gobierno de Tabasco en el municipio con mayor peso político, demográfico y simbólico del estado. El mensaje es claro: poner recursos públicos donde ya hay trabajo previo.

Ahí están las mujeres que ya venden, las familias que ya pescan y las comunidades que ya producen. En esa lógica, el apoyo no inventa el esfuerzo; intenta darle escala, financiamiento y acompañamiento institucional.

El reto vendrá después del evento. Las tandas deberán traducirse en negocios que aguanten el paso del tiempo. La acuacultura deberá sostener producción, mercado y acompañamiento técnico. Ahí se sabrá si el padrón fue solo una foto multitudinaria o una base real de ingreso comunitario.

En ese punto está la clave. El bienestar no se mide únicamente por cuántos entran a un programa. Se mide por cuántos logran permanecer, crecer y dejar de depender del siguiente apoyo.

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El cargo May lleva tandas y pesca productiva al corazón político de Centro apareció primero en El Tabasqueño.

La euforia llegó primero, como siempre. La presidenta Claudia Sheinbaum se mezcló otra vez entre la gente, esta vez en el Fan Fest de Tezozomoc, en Azcapotzalco: gritó, saltó, cantó. “Jugaron con el corazón, con el alma y con orgullo”, escribió después en sus redes, junto a un video con una sola palabra alargada hasta las ocho oes: “Gooooooool”. El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, celebró desde la distancia el “lleno total” del Estadio Centenario 27 de Febrero, que se abarrotó por cuarta ocasión consecutiva para ver el partido en pantalla gigante.

Terminado el encuentro, la afición tabasqueña caminó hasta el monumento a Gregorio Méndez, “El Caballito”, para seguir la fiesta al ritmo de batucada, la misma escena que se repite generación tras generación cada vez que la selección avanza: la capital tiene su Ángel, la provincia tiene el suyo, y ambos cumplen la misma función de convertir un resultado deportivo en ritual colectivo.

El otro lado de la misma noche

En la Ciudad de México, donde la fiesta se concentró en Paseo de la Reforma y en los alrededores del Ángel de la Independencia, esa misma multitud terminó por cobrarse cuatro vidas. La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman Silverman, confirmó tres muertes por asfixia en medio de las aglomeraciones —una mujer de 19 años, un hombre de 44 y una mujer de 48— y una cuarta, un hombre de alrededor de 30 años, por un cuadro de estatus epiléptico con sangrado del tubo digestivo.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, descartó que el alcohol estuviera detrás de los decesos y admitió que la Fiscalía capitalina todavía investiga cómo se formó la aglomeración que asfixió a tres personas en plena celebración. Ordenó, de inmediato, reforzar los protocolos de salud y seguridad de cara al próximo partido.

A un centenar de kilómetros de la capital, en Yautepec, Morelos, la fiesta se convirtió en otra cosa. Un grupo armado irrumpió en una cancha comunitaria del barrio de Rancho Nuevo, donde decenas de familias veían el partido en un fan fest improvisado, y disparó contra los presentes.

Murieron Miguel Tijera, esposo de la precandidata morenista Sandra Fernández —quien resultó herida—, una mujer cuya identidad no se dio a conocer, y Fernanda, una adolescente de 17 años que falleció mientras era trasladada al hospital. Nueve personas más resultaron heridas. La Fiscalía de Morelos abrió investigación, pero hasta el cierre de esta nota no había detenidos.

Son siete nombres, siete historias sin más relación entre sí que la fecha y la coincidencia de estar viendo el mismo partido. Esa cifra, no el marcador, es la que debería acompañar cualquier balance honesto de esta jornada mundialista.

🙌⚽ El Ángel de la Independencia se tiñe de verde, blanco y rojo. Cientos de aficionados siguen atentos el duelo entre México y Corea del Sur, listos para celebrar una posible victoria del equipo dirigido por Javier Aguirre. 🇲🇽🎉#CDMX pic.twitter.com/bhEvkqgHkf

— Webcams de México (@webcamsdemexico) June 19, 2026

El fenómeno que también inquieta a Inglaterra

Esa misma multitud que en Morelos se cruzó con la tragedia y en la capital rebasó su propia capacidad de contenerse, es la que ya empieza a pesarle a Inglaterra antes de pisar la cancha. México espera, el domingo 5 de julio, en el Estadio Ciudad de México, a un rival que llega hablando del ambiente como quien habla de un examen. Harry Kane, autor de un doblete para eliminar a Congo, lo dijo con las palabras justas: “México en México se hace tan grande como puede ser, el ambiente va a ser increíble, va a ser muy duro, por muchas razones diferentes”.

El extremo Anthony Gordon habló de una experiencia “posiblemente única en la vida”. Ningún equipo europeo entrena para jugar contra un país entero, y eso —para bien y para mal— es exactamente lo que México pone sobre la mesa: una fuerza que no cabe en una alineación ni, según quedó claro esta semana, en la infraestructura de una sola ciudad.

Con esta clasificación, además, México llega a la instancia en la que había caído en siete Mundiales consecutivos, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, y está a un triunfo de igualar su mejor actuación histórica.

El vecino con el que no se habla

El partido, de paso, tuvo una capa política que Sheinbaum no eludió. México no tiene relaciones diplomáticas con Ecuador desde 2024, cuando Andrés Manuel López Obrador rompió el vínculo después de que fuerzas ecuatorianas irrumpieran en la embajada mexicana en Quito para detener al entonces asilado Jorge Glas. Cuestionada sobre la carga simbólica de vencer justo a ese país, la Mandataria defendió la ruptura sin matices: “Es muy grave lo que hicieron, muy, muy grave, y por eso no hay relaciones con Ecuador”. Y cerró cualquier expectativa de acercamiento: “No es así nada más, tiene que haber varias consideraciones previas”.

El domingo, el Azteca volverá a ser esa fuerza que Inglaterra ya empezó a mirar con respeto. Pero antes de que se juegue un solo minuto, la ciudad tiene una tarea más urgente que ganar un partido: administrar la próxima multitud sin que vuelva a cobrarse vidas. Siete personas no volvieron a casa la noche en que un país entero gritó de alegría. Ese es el saldo que ningún resultado deportivo puede borrar.

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El cargo La misma fuerza que inquieta a Inglaterra dejó siete muertos apareció primero en El Tabasqueño.

Hay un registro que México no presume, pero que existe: el de los ex gobernadores presos que gobernaron con la impunidad como paraguas y terminaron, tarde o temprano, ante un juez. No son diez exactamente —la lista real es más larga y más incómoda—, pero diez ex gobernadores concentran los delitos más graves, los montos más escandalosos y las tramas más retorcidas. Cada uno tuvo, en su momento, control del presupuesto estatal, de la policía, del aparato de justicia local. Cada uno usó ese control, según las acusaciones que hoy enfrentan, para enriquecerse, para encubrir, para callar a quien estorbara. Y cada uno, también, descubrió que ese poder tenía fecha de caducidad.

Son, además, un termómetro de cómo funciona la justicia en México: lenta, porosa, negociable; pero que a veces llega. Hay quien cumplió condena completa y sigue preso porque le abrieron otra causa el último día. Hay quien salió absuelto del cargo más grave después de nueve años de cárcel y hoy reparte su tiempo entre un domicilio y un brazalete electrónico. Hay quien nunca pisó una celda y gobierna su fuga desde otro país, protegido por abogados, amparos y, según las propias fiscalías estatales, por el crimen organizado. La diferencia entre estos destinos no siempre la marca la gravedad del delito: la marca el dinero, el tiempo y la red de protección que cada uno logró tejer antes de que se cerrara la puerta.

Ocho de los diez vienen del PRI, el partido que gobernó la mayoría de estos estados durante las décadas en que se cometieron los delitos que hoy se juzgan. Pero los dos casos más recientes rompen esa columna: uno es del PRD, el otro del PAN, y ambos comparten un capítulo que ningún priista de esta lista tiene todavía documentado de forma tan directa, la presunta ayuda de un cártel para escapar de la justicia. El club que nadie quiso fundar ya no tiene un solo color político. Solo tiene, cada vez más, el mismo patrón: el poder primero, la cuenta después.

Javier Duarte: la sentencia cumplida que no alcanza para salir

El 15 de abril de 2026, Javier Duarte de Ochoa cumplió su condena de nueve años por asociación delictuosa y lavado de dinero, pero no recuperó la libertad. Es el caso más emblemático y el más enredado jurídicamente.

Fue gobernador de Veracruz del 1 de diciembre de 2012 al 12 de octubre de 2016, fecha en que solicitó licencia al cargo. Su administración dejó una deuda de al menos 62 mil millones de pesos al erario veracruzano, además de hospitales abandonados, nóminas infladas con miles de plazas fantasma y acusaciones de que recursos destinados a niños con cáncer fueron desviados a empresas fantasma.

En noviembre de 2025, la jueza de control Ángela Zamorano Herrera resolvió que era infundada su solicitud de libertad anticipada: Duarte incumplió dos de los seis requisitos que establece la Ley de Ejecución Penal, entre ellos no contar con proceso penal pendiente.

Y en efecto, los tiene. En febrero de 2026, el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor lo vinculó a proceso por el delito de peculado por 5 millones de pesos en daño a un fondo destinado a obras de salud en beneficio de niños y adultos mayores, y ratificó la prisión preventiva justificada hasta que concluya este nuevo proceso. La FGR busca para él una sentencia de 21 años adicionales de prisión.

Hay además otro expediente abierto: Duarte aún enfrenta la acusación por su presunta participación en la desaparición forzada del policía estatal David Lara Cruz, registrada en enero de 2016.

El ex gobernador veracruzano ha intentado todo: la libertad anticipada, el amparo, la suspensión del procedimiento. Su abogado Pablo Campuzano de la Mora señaló que apelaron la vinculación a proceso, y un juzgado en materia penal concedió la suspensión para que el procedimiento se aplace hasta que se resuelva el amparo. El reloj jurídico corre, pero Duarte sigue en el Reclusorio Norte.

César Duarte: de la libertad con brazalete al Altiplano otra vez

El trayecto de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua (2010-2016), es un vaivén que ilustra la fragilidad —y la permeabilidad— del sistema penitenciario mexicano.

Fue detenido por primera vez en julio de 2020 en Miami, Florida, y extraditado a México en junio de 2022 por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Pero tras estar dos años en la cárcel, un Tribunal de Control aprobó en junio de 2024 que enfrentara el proceso en libertad, con el uso de brazalete electrónico. La acusación acumulada señala el desvío de más de 1,200 millones de pesos para financiar campañas del PRI.

La tregua duró poco. El 4 de diciembre de 2025, el gobierno de Estados Unidos autorizó procesarlo por un delito distinto a los de extradición original: lavado de dinero, al haber pretendido ocultar el origen de 73 millones 925 mil pesos. Con esa autorización, fue reaprehendido y trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

La FGR presentó más de 120 datos de prueba para inculparlo. Una jueza dictó prisión preventiva, y su defensa alegó que la detención es ilegal por las restricciones del tratado de extradición. El debate jurídico continúa, pero César Duarte está nuevamente entre rejas.

Mario Marín: el “góber precioso” y el crimen que no prescribió

Mario Marín Torres gobernó Puebla de 2005 a 2011. Su apodo —“el góber precioso”— lo acuñó él mismo en una llamada telefónica filtrada en 2006, cuando presumía, en términos obscenos, sus gestiones para lograr la detención y tortura de la periodista Lydia Cacho, quien había expuesto una red de pederastas con vínculos políticos. La grabación fue pública, el escándalo enorme, y la impunidad, por años, completa.

Hasta que no lo fue. En abril de 2025, Marín reingresó al Cefereso del Altiplano después de que le revocaron la prisión domiciliaria, por su presunta participación en el delito de tortura contra Cacho. Es uno de los casos más simbólicos del acervo: un gobernador que usó el aparato estatal para silenciar a una periodista, procesado décadas después por ese mismo delito.

El proceso sigue abierto. Lydia Cacho ha señalado que detrás de la trama había más actores que aún no han enfrentado consecuencias.

Tomás Yarrington: de la mazmorra italiana al Altiplano

El itinerario de Tomás Yarrington, ex gobernador de Tamaulipas (1999-2004), es el más internacional de todos. Fue arrestado el 9 de abril de 2017 en Florencia, Italia, con documentación falsa que lo identificaba como José Ángel Márquez Pérez. Extraditado a Estados Unidos en 2019, fue condenado a 9 años de cárcel tras declararse culpable de lavado de dinero —recibió más de 3.5 millones de dólares en sobornos del Cártel del Golfo— y liberado por las autoridades estadounidenses el 3 de julio de 2024.

El 9 de abril de 2025 fue deportado a México e ingresado ese mismo día al Altiplano. Desde entonces, los juicios se acumulan y también los amparos. La FGR obtuvo autos de formal prisión en su contra en tres procesos: delincuencia organizada, delitos contra la salud en su modalidad de colaboración al fomento, y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los presuntos vínculos señalados son con el Cártel del Golfo y Los Zetas.

En enero de 2026, un tribunal federal ordenó reponer el procedimiento por narcotráfico al advertir fallas en el debido proceso y en la valoración de pruebas de descargo. Aun si consiguiera cancelar ese proceso, el exmandatario continuará preso porque tiene otros dos en curso. Al 7 de abril de 2026, Yarrington permanece recluido en el Altiplano bajo prisión preventiva, y su equipo legal pele con los tribunales expediente por expediente.

Roberto Sandoval: el primer juicio oral a un ex gobernador

Roberto Sandoval Castañeda gobernó Nayarit de 2011 a 2017. Fue declarado prófugo de la justicia en noviembre de 2020 y capturado el 6 de junio de 2021 en Linares, Nuevo León, junto con su hija. Desde entonces permaneció en el Cefereso El Rincón, en Tepic.

El 9 de septiembre de 2025 fue emitido el primer fallo condenatorio de un juicio oral en contra de un exgobernador en México, por el delito de falsificación de documentos: utilizó un documento apócrifo para adjudicarse un terreno de 58 hectáreas en el ejido Aután, municipio de San Blas, y registrarse como ejidatario en tres predios adicionales durante su mandato. La pena fue de siete años de prisión.

Pero hay más. El 11 de septiembre de 2025, la FGR logró por segunda ocasión que un juez de control lo vinculara a proceso por lavado de dinero, en este caso por más de 156 millones de pesos. Enfrenta también otros dos procesos: uno relacionado con el presunto desvío de recursos a través del programa PROSA para fines electorales, y otro por mal uso de fondos del FIRCAES por 82 millones 914 mil pesos. El gobierno de Estados Unidos señaló además que Sandoval habría recibido sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Ney González: el único prófugo con ficha roja

Francisco Ney González Sánchez, ex gobernador de Nayarit (2005-2011), es el único de esta lista que sigue libre, o al menos, no detenido. La FGR informó en noviembre de 2024 la existencia de una ficha roja de Interpol en su contra, acusado del megafraude contra el Fideicomiso Bahía de Banderas. Tiene pendientes además otras dos órdenes de captura.

Su caso tiene un dato relevante que no siempre se anota: Roberto Sandoval, su sucesor en la gubernatura, comenzó su carrera política como director del rastro municipal precisamente durante el gobierno de González. Los nexos entre ambos administraciones son un hilo que los investigadores no han terminado de jalar.

Roberto Borge: absuelto de lo peor, pero no libre

Roberto Borge Angulo gobernó Quintana Roo de 2011 a 2016. Fue detenido el 4 de junio de 2017 en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Panamá, cuando intentaba abordar un vuelo a París. Extraditado a México en enero de 2018, pasó casi nueve años en el Ceferepsi de Ayala, Morelos.

La entonces PGR acusó que cometió irregularidades que causaron un daño total de 900 millones 99 mil 418 pesos al erario, mediante la venta de predios estatales a precios inferiores a familiares y personas cercanas.

El giro llegó el 28 de mayo de 2026: el juez federal Gustavo Eduardo Alonso Ortiz determinó que la FGR no logró acreditar la responsabilidad penal de Borge en el delito de delincuencia organizada, relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. De haber sido condenado, habría enfrentado entre 20 y 40 años de prisión.

La absolución no es libertad plena. La madrugada del 26 de junio de 2026, Borge abandonó el Ceferepsi tras nueve años de reclusión para cumplir prisión domiciliaria con brazalete electrónico en un inmueble del Estado de México, mientras continúa el proceso por lavado de dinero que permanece abierto. Las condiciones impuestas incluyen vigilancia electrónica permanente, restricciones de movilidad y disponibilidad para cualquier requerimiento del juzgado.

Los procesos del fuero común —peculado, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública— ya no tienen procedimientos activos.

Silvano Aureoles: el fugitivo con ayuda del CJNG

Silvano Aureoles Conejo gobernó Michoacán de 2015 a 2021 por el PRD, el primer caso de este expediente que rompe la hegemonía priista. Las autoridades lo acusan de presunto peculado por más de 3 mil 400 millones de pesos, relacionados con el manejo de recursos públicos durante su administración. El dinero, según la acusación, estaba destinado a la construcción de siete cuarteles para la entonces Policía Michoacán, hoy Guardia Civil.

Pero hay algo más grave: un juez de control libró 16 órdenes de aprehensión contra Aureoles y exfuncionarios de su gobierno por homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura, derivados de un operativo de seguridad en 2017 en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen, donde murieron cuatro comuneros.

La Fiscalía de Michoacán asegura que el Cártel Jalisco Nueva Generación ayudó a huir a Aureoles, quien escapó de un operativo en su contra el 1 y 2 de marzo de 2025 tras ser ubicado en el estado de Jalisco. Sobre él pesan 22 denuncias penales, tiene ficha roja de Interpol y su paradero, presumiblemente fuera de México, se desconoce.

Cabeza de Vaca: renunció a nacionalidad para evitar la cárcel

Francisco Javier García Cabeza de Vaca gobernó Tamaulipas de 2016 a 2022 por el PAN. El Gobierno de México solicitó a Estados Unidos la detención provisional con fines de extradición, después de que un juez federal mexicano rechazara el recurso con el que buscaba evitar su arresto por acusaciones de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal.

Enfrenta dos órdenes de captura pendientes de ejecución: una emitida en 2022 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y otra de 2024, también por delincuencia organizada. En 2025 afirmó que Interpol retiró la ficha roja en su contra, aunque la Fiscalía sostuvo que solo fue suspendida temporalmente por resoluciones judiciales.

Su caso tiene un capítulo casi cómico de no ser tan grave: al salir del gobierno de Tamaulipas, buscó ser diputado de representación proporcional para obtener fuero y evitar ser detenido, registrando un domicilio en Reynosa cuando en realidad ya residía en Estados Unidos. El Tribunal Electoral le negó el registro.

Mario Villanueva Madrid: el más viejo del club

Mario Villanueva Madrid, conocido como “El Chueco”, gobernó Quintana Roo de 1993 a 1999. Fue uno de los primeros casos de un gobernador mexicano detenido en Estados Unidos por nexos con el narcotráfico, específicamente con el Cártel de Juárez, del que se dice recibió millones de dólares para facilitar el paso de cocaína.

En 2020 fue sentenciado por delitos contra la salud. Debido a su avanzada edad y a los problemas de salud que arrastra, obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria en Chetumal. Es el decano de este club involuntario y, también, el que más tiempo lleva transitando por las grietas del sistema judicial.

Lo que el mapa revela

De los diez casos, ocho son priistas, uno del PRD y uno del PAN: la corrupción y el crimen organizado no distinguen membresía partidista, solo oportunidad. Todos gobernaron entre 1993 y 2022. Los delitos son un catálogo de lo que se puede hacer cuando el poder estatal se ejerce sin contrapesos: desviar recursos de hospitales, fabricar plazas fantasma, vender el patrimonio del Estado a cómplices, facilitar el trasiego de drogas, torturar periodistas, falsificar documentos para quedarse con tierras ajenas.

Desde el año 2000, al menos una veintena de exmandatarios estatales han sido procesados. La lista de los que aún enfrentan procedimientos activos sin haber pisado la cárcel es igualmente larga: Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Silvano Aureoles, Eugenio Hernández, Jorge Torres López, entre otros.

Lo que los nueve casos juntos dejan en claro es que la justicia mexicana puede llegar, pero lo hace tarde, con tropiezos, con amparos que la ralentizan, con negociaciones que la desvían. Roberto Borge duró nueve años preso y salió absuelto del cargo más grave. Javier Duarte cumplió su condena y no puede salir porque le abrieron otra causa. César Duarte estaba libre con brazalete y lo regresaron al Altiplano.

No hay un patrón limpio de justicia. Hay, más bien, un sistema que avanza a sacudidas, que a veces acierta y a veces negocia, que acumula expedientes como quien acumula deudas sin certeza de cuándo ni cómo las cobrará. El club que nadie quiso fundar sigue creciendo.

El Tabasqueño. Periodismo Bien Hecho.

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El cargo El club que nadie quiso fundar: diez ex gobernadores, 3 destinos y un cártel de por medio apareció primero en El Tabasqueño.