En Tabasco, el rescate ambiental de la Laguna de las Ilusiones y El Camarón —anunciado como compromiso y ejecutado con maquinaria, brigadas y normatividad— marca algo más que una política ecológica: es una declaración de mando territorial, de intención política y de rectificación histórica.

Durante décadas, la Laguna de las Ilusiones fue emblema de la belleza natural de Villahermosa… y del abandono institucional. La erosión ecológica no fue un accidente: fue la consecuencia de permisos laxos, desarrollos irregulares, rellenos ilegales y descargas invisibles que crecieron con el consentimiento de gobiernos ausentes.

Hoy, la historia se intenta reescribir con retroexcavadoras, brigadas, inspecciones y normativas claras. Y aunque es legítimo cuestionar si es demasiado tarde, también lo es reconocer que el gobierno de Javier May ha hecho del rescate ambiental una plataforma política con implicaciones más profundas que el dragado o la limpieza de sedimentos.

GOBIERNO EN EL ESPEJO DEL AGUA

No se trata solo de cumplir con uno de los 50 compromisos del mandatario. Se trata de entender que el deterioro de la laguna era también el deterioro del pacto entre autoridad y ciudadanía.

De ahí que la instalación de la Mesa Técnica Interinstitucional para el rescate de la laguna no deba leerse como una medida administrativa más, sino como una reconstrucción institucional desde la base de la ecología.

Ahí donde antes hubo inacción, hoy se acumulan cifras:

• 24 toneladas de residuos retiradas,
• 726 m³ de lodo extraídos del canal de Ernesto Malda,
• 61 descargas residuales detectadas,
• y dos procedimientos administrativos activos contra rellenos ilegales.

Pero más allá del inventario, hay señales políticas. Se acabaron los permisos discrecionales. Se delimitó el área protegida. Se hizo pública la vigilancia. Y todo ello bajo la lógica de una política con rostro ambiental, pero con alma de autoridad.

EL CAMARÓN: SEGUNDA PRUEBA

El caso de la laguna El Camarón, también declarada Área Natural Protegida, abre una segunda pista. Aquí, el abandono fue más silencioso: escombros, llantas, rellenos clandestinos, hasta que las asociaciones civiles empezaron, con escasos recursos, una limpieza simbólica.

Ahora, la entrada del Estado se formaliza con la creación de comités de vigilancia ambiental, la instalación de brigadas voluntarias ciudadanas (“Guardianes” y “Guardianas”), y la coordinación con empresas privadas como OXXO. La acción gubernamental, al incluir a la ciudadanía, da un paso más: no se limita a corregir, invita a corresponsabilizar.

LA POLÍTICA DEL RESCATE

La narrativa ambiental, que suele naufragar en declaraciones simbólicas, aquí se ejecuta con retroexcavadora, bomba de achique, brigadas y norma. El Estado actúa: identifica, clausura, limpia y regula. Y en esa acción, sin estridencia, deja claro que rescatar un ecosistema es también gobernar el presente.

A diferencia de otras épocas, en las que los cuerpos de agua eran paisaje o botín, hoy la estrategia ambiental se convierte en vitrina política. No para presumir, sino para sostener que el poder real es aquel que se ejerce desde el territorio. Desde la orilla lodosa. Desde el canal sedimentado. Desde la basura visible. Desde la vigilancia constante.

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CLIMA POLÍTICO, NO SOLO CLIMÁTICO

Desde la reunión nacional convocada por Profepa, Tabasco llevó una agenda de peso: erosión costera, contaminación lagunar, mortandad de especies emblemáticas (saraguatos, manatíes), extracción ilegal y desarrollos irregulares. La presencia de la secretaria Sheila Cadena Nieto no fue ornamental. Fue estratégica.

Tabasco mostró músculo ambiental y criterio político. No es poco. En un país donde la justicia ambiental suele llegar tarde o nunca, que una entidad ponga en orden a privados, habilite vigilancia y limpie con recursos propios es más que cumplir un plan sexenal: es marcar diferencia.

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