A un año y cuatro meses de que el gobernador Javier May Rodríguez lo denunciara como presunto cabecilla del grupo criminal La Barredora, y a seis meses de su detención en Paraguay, el ex secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, sigue sin declarar. Este silencio ha impedido avanzar en la investigación contra sus superiores durante el sexenio anterior: el senador Adán Augusto López Hernández y el actual director de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), Carlos Merino Campos. La pregunta es inevitable: ¿cuánto más resistirá sin involucrarlos?

Aunque se encuentra recluido en el penal federal número 1, El Altiplano, el llamado Comandante H —identificado como operador en el sureste del capo Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho— enfrenta cargos del fuero común, no del ámbito federal.

La Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) lo tiene sujeto a proceso por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada. Recientemente se le imputó además el delito de desaparición forzada de persona, uno de los más graves cuando se comete en calidad de servidor público, con penas que pueden alcanzar hasta 60 años de prisión.

En paralelo, las autoridades aseguraron 18 inmuebles vinculados a su entorno familiar, presuntamente adquiridos con recursos de procedencia ilícita, lo que amplía el alcance patrimonial de la investigación.

En términos jurídicos, Bermúdez Requena está contra las cuerdas. No se observa margen real de defensa en el escenario actual.

Aunque el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo no ha escalado el caso al nivel federal con la contundencia esperada —en un contexto político complejo—, la Fiscalía tabasqueña ha avanzado de manera sostenida hasta cercarlo.

A sus 72 años, con problemas de salud y con presión judicial sobre su círculo cercano, el ex funcionario podría estar ante un punto de quiebre. Todo apunta a una posible negociación bajo la figura de testigo colaborador.

Dos de sus principales operadores en La Barredora, Tomás “N” y Ulises “N”, ya cuentan con ese estatus ante la Fiscalía General de la República (FGR), lo que les ha permitido mantenerse bajo resguardo en lugar de prisión ordinaria.

Sobre Bermúdez pesa también la posibilidad de extradición a Estados Unidos, escenario que ha sido anticipado por su defensa, aunque sin una solicitud formal hasta el momento.

Con acusaciones acumuladas y presión judicial creciente, la hipótesis cobra fuerza: si Bermúdez decide hablar, necesariamente tocaría a Adán López y a Carlos Merino.

Por ahora, son las autoridades de Tabasco las que han construido la radiografía más completa del caso, mientras que la FGR mantiene un perfil más contenido en cuanto a imputaciones federales.

El contraste es evidente: el caso avanza, pero no en todos los niveles.

Y la pregunta de fondo permanece: ¿por qué la estructura política aún no ha sido alcanzada?

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El cargo Tabasco: Hernán Bermúdez, ¿testigo protegido? apareció primero en El Tabasqueño.

Hoy, al vencerse el plazo de tres meses que un juez federal concedió a la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGE) para la investigación complementaria por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravados contra Hernán Bermúdez Requena, el ex secretario de Seguridad estatal enfrentará —además— la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo.

La presidenta se encuentra ante una encrucijada: privilegiar la relación con la administración de Donald Trump o seguir cargando con el costo político de un caso que alcanza a su correligionario, el senador Adán Augusto López Hernández, señalado como protector del jefe del cártel local La Barredora.

Mientras la Fiscalía afirma estar lista para cerrar esta etapa y avanzar hacia la siguiente fase del proceso, los indicios apuntan a que el ex funcionario permanecerá recluido en el penal del Altiplano, lo que validaría en primera instancia las pruebas presentadas por la representación social tabasqueña.

Se trata de un caso que atrae la atención de medios mexicanos y nacionales: Bermúdez Requena —conocido también como Comandante H o El Abuelo— se perfila como el primer secretario de Seguridad Pública en México acusado de haber creado una estructura criminal ligada al tráfico de drogas desde las propias instituciones gubernamentales del ramo, lo que coloca el expediente en una dimensión inédita en la historia reciente del país.

El proceso contra La Barredora se desarrolla, además, bajo la vigilancia del gobierno estadounidense, que observa de cerca la actuación de su contraparte mexicana en materia de seguridad y combate al crimen organizado.

Fuentes cercanas al caso advierten que la situación se complica por los presuntos vínculos del ex servidor público con figuras de primer nivel dentro del morenismo, lo cual implicaría escalar responsabilidades hasta cuadros como López Hernández y, potencialmente, hasta el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quienes habrían actuado como protectores políticos al menos durante el sexenio pasado.

Durante los gobiernos de López Obrador y López Hernández, en Tabasco se acumularon señalamientos contra quien era identificado como el operador en la entidad de Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG, ultimado el 22 de febrero pasado en un operativo militar con apoyo estadounidense en Tapalpan, Jalisco. Sin embargo, esas denuncias nunca prosperaron en el ámbito judicial.

A pesar de sus antecedentes, Adán López nombró a Bermúdez Requena al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana estatal, en un contexto donde ya circulaban versiones sobre su presunta cercanía con grupos delictivos.

Hoy, con la presión de Washington por resultados en el combate al narcotráfico y la eventual exigencia de extradición del presunto líder criminal, Sheinbaum enfrenta una disyuntiva de alto costo: cumplir con los compromisos internacionales de la nación o administrar las tensiones internas dentro de su propio partido.

Si bien la Fiscalía local parece contar con elementos suficientes para mantenerlo en prisión y encaminar el caso hacia el juicio, la interrogante sigue siendo: ¿quién permitió que una figura como Bermúdez Requena consolidara su poder desde el aparato de seguridad pública?

La resolución judicial de este martes no solo definirá el destino del exsecretario, sino que también podría marcar el rumbo de la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad durante la actual administración.

En el ámbito tabasqueño, mantener en prisión al ex policía oriundo de Yucatán permite acotar dentro de Morena al grupo de Adán López, quien, a través de testaferros como el exgobernador priísta Manuel Andrade Díaz, mantiene una campaña de descalificación contra su correligionario el gobernador Javier May Rodríguez, a caso porque este, el 13 de noviembre de 2024, a mes y medio de asumir el cargo, acusó a Hernán de ser el cabecilla de La Barredora.

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El cargo Día clave para Adán López, Hernán Bermúdez  y La Barredora apareció primero en El Tabasqueño.

A un año y cuatro meses de que el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, detonara el escándalo de La Barredora con su acusación de que el cabecilla de este grupo vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era quien había sido secretario de Seguridad de la administración que le antecedió, Hernán Bermúdez Requena, el llamado Comandante H está siendo juzgado por asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravados, no por los delitos derivados de haber sido presuntamente jefe de una organización criminal dentro del aparato de seguridad pública estatal.

Según consta en el expediente criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) contra el colaborador del senador Adán Augusto López Hernández, así como en expedientes de inteligencia militar del gobierno mexicano, desde 2019 Bermúdez Requena fue vinculado al cártel que comandaba Rubén Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, recientemente abatido en un operativo castrense en Jalisco.

Justo en ese año arrancó la administración de Adán López en Tabasco, y hay constancia documentada de que en 2019, cuando Bermúdez Requena fue nombrado director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), Ulises Pinto Madera, El Mamado, fue dado de alta como agente de esa corporación.

El Mamado fue detenido el 23 de julio del año pasado en el aeropuerto internacional de Guadalajara, bajo el señalamiento de ser el número dos de La Barredora; se sabe que ese presunto delincuente se ha acogido al beneficio de ser testigo colaborador de la FGR.

Por declaraciones de Pinto Madera y de Carlos Tomás “N”, el Licenciado Tomasín, operador financiero del grupo criminal, detenido el pasado 21 de enero en Puebla, se ha logrado trazar el mapa criminal de La Barredora.

Esas delaciones han establecido que la banda, apéndice del CJNG, operaba con la estructura de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco (SSyPC), y que mandos policiacos eran al mismo tiempo jefes de plaza.

Por los testimonios de Ulises “N” y Carlos Tomás “N” se sabe que el grupo criminal usaba camionetas y armamento oficial, y que se dedicaba al trasiego de drogas, extorsión, tráfico de indocumentados y huachicol a Pemex.

Pero por nada de eso está siendo juzgado quien fuera secretario de Seguridad en las administraciones de Adán López y de Carlos Manuel Merino Campos, nombrado gobernador interino cuando el entonces mandatario fue designado secretario de Gobernación.

Pese a esas declaraciones ministeriales y a los expedientes de la Sedena que desde 2019 lo vinculaban con El Mencho, el Comandante H está preso bajo acusaciones limitadas, lo que revela un proceso que no ha llegado al fondo del caso.

Dentro de una semana concluirá el plazo de ampliación de la investigación y comenzará la segunda etapa del proceso. Se espera una condena, pero no necesariamente un esclarecimiento completo de la red política.

Tras su detención en Paraguay el 12 de septiembre, Hernán Bermúdez se ha reservado su derecho a no declarar, lo que se convierte en un candado que evita que el caso escale hacia niveles superiores.

En las contadas ocasiones que se ha referido al tema, el secretario de Seguridad federal Omar García Harfuch ha señalado que el senador López no aparece involucrado en la investigación.

También el fiscal general Alejandro Gertz Manero sostuvo que no existe imputación directa contra el ex secretario de Gobernación.

Así, el proceso judicial avanza, pero deja intacto el punto central: La Barredora como estructura de poder aún no está siendo juzgada en su dimensión completa.

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El cargo La Barredora aún no está siendo juzgada apareció primero en El Tabasqueño.

Jaclop62@hotmail.com

Desde hace más de veinte días comenzó el rumor en la capital del país, de que existía la posibilidad de que Hernán Bermúdez, (A) El Abuelo, fuera solicitado en extradición por el gobierno de Estados Unidos. Consultados aquí en el estado, fuentes judiciales argumentaron que su proceso seguía en marcha y que en todo caso ese pedimento sería hecho al gobierno federal, que se encargaría de ese asunto. La reciente negativa de un juez de concederle un amparo al presidiario confirma la posibilidad de que sea enviado a suelo americano.

Ante la posibilidad de ser extraditado a Estados Unidos, el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez, líder del grupo criminal La Barredora, y quien se encuentra preso en el penal del Altiplano, en el Estado de México, solicitó un amparo ante la justicia federal para evitar ser trasladado al vecino país del norte, pero el juez de distrito Daniel Marcelino Niño desechó su solicitud al considerar que se trataba de un acto futuro o incierto.

En realidad no es incierto que el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco sea pedido en extradición por el gobierno de Donald Trump, quien está decidido a acabar con los cárteles de la droga en México, y el grupo criminal La Barredora, como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación, cuya principal cabeza, El Mencho, ya fue descabezado. Por lo que Hernán Bermúdez es una pieza clave para conocer los vínculos con políticos y empresarios no solamente de Tabasco, sino del país metidos en la delincuencia.

Dado las ramificaciones que todavía tiene en el sureste este grupo delictivo, y hasta donde se sabe, el ahora presidiario se ha negado a declarar ante la Fiscalía General de la República, para conocer más a fondo todas las ramificaciones y para delatar a quienes desde la sombra le dieron calor para formar desde la dependencia gubernamental esta organización que durante años se dedicó al huachicol fiscal, al tráfico de drogas, seres humanos, secuestros, extorsiones y ejecuciones al por mayor.

Si el comandante H decidió interponer un amparo, no es porque haya escuchado o los custodios le hayan dicho dentro del penal que su cabeza pendía de un hilo para ser traslado a Estados Unidos, sino porque realmente sus allegados ya se enteraron que el gobierno federal cocina un nuevo envío de otro grupo de presidiarios de alto peligro que pertenecen al narcotráfico al vecino país del norte.

Como este tipo de cosas suelen hacerse con mucha precisión o celeridad, no se duda que el comandante H, pieza clave para conocer más a fondo toda la red criminal donde están metidos hasta el cuello empresarios, políticos y funcionarios públicos, cuyos nombres hasta ahora no ha revelado, en suelo americano tendrá que cantar hasta en inglés.

Reza un viejo adagio que: “cuando el río suena, es porque piedras lleva”, por lo que existe la posibilidad de que El Abuelo sea entregado por el gobierno de México al americano para conocer a fondo toda la actividad delictiva que desarrolló en el sureste de la República, con todos sus ligas.

Con la soga pendiendo en la cabeza del comandante H, la suerte del senador de la República, Adán Augusto López Hernández, también pendería de un hilo, ya que diversas notas periodísticas han dado fe que el gobierno de Donald Trump lo investiga.

Este hecho podría cambiar la correlación de fuerzas políticas de Tabasco, donde los seguidores del legislador lo presentan como un hombre poderoso dentro de Morena, indispensable para ganar las elecciones constitucionales de 2027, cuando en realidad se ha convertido en un lastre político para su propio partido.

El futuro del senador Adán Augusto López Hernández se torna incierto, porque el gobierno de Estados Unidos que ya lo tiene en la mira no dará un paso atrás en sus pretensiones para que sea juzgado legalmente.

Desde julio del año pasado, cuando se reveló que había una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, se comenzaron a dar fuertes señalamientos en contra del entonces presidente de la Junta de Coordinación Política, Adán Augusto López.

La suerte del senador de la República está echada y dependerá de lo que decida el gobierno de Estados Unidos que encabeza Donald Trump, sobre pedir o no en extradición al llamado comandante H, quien fuera jefe de La Barredora.

Por eso ahora dejamos en claro que la suerte de Adán Augusto López Hernández va ligada a la de Hernán Bermúdez.

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El cargo La suerte de Adán, ligada a la de Hernán apareció primero en El Tabasqueño.

El despliegue fue coordinado por la Fiscalía General del Estado con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La acción derivó en el aseguramiento de cinco inmuebles ubicados en un camino rural hacia Jalapa, así como la detención de dos mujeres identificadas como Ana Luisa “N”, de 47 años, y Ana Karen “N”, de 27, presuntamente vinculadas con el grupo criminal conocido como La Barredora.

Durante el cateo las autoridades aseguraron armas cortas —una pistola Taurus calibre .22 con cargadores abastecidos y un revólver del mismo calibre—, municiones de 9 milímetros, narcóticos y diversos accesorios para su consumo. Pero el dato que transforma el alcance del operativo fue otro: 34 vehículos decomisados, entre ellos camionetas Raptor, unidades de lujo, razers, una cuatrimoto y remolques.

Lo que realmente se golpeó

En términos de seguridad pública, la combinación de múltiples inmuebles y decenas de vehículos rara vez corresponde a una simple célula de narcomenudeo. Lo que suele encontrarse detrás es una estructura que cumple funciones logísticas: almacenamiento de droga, movilidad de operadores, vigilancia territorial y transporte de recursos.

Los vehículos en particular ofrecen una pista sobre la dimensión de la operación. En redes criminales funcionan como herramientas estratégicas. Permiten mover mercancía ilícita, trasladar a integrantes del grupo y sostener presencia en zonas rurales o carreteras secundarias donde la vigilancia institucional es más limitada.

Cuando en un solo punto aparecen más de treinta unidades motrices, el hallazgo sugiere algo más que un escondite ocasional. Indica la existencia de un centro de operación o base de movilidad para actividades ilícitas. Es decir, una pieza clave dentro de la arquitectura operativa de una organización criminal.

Informamos al pueblo de Tabasco:

Cómo resultado de la coordinación de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT), integrada por corporaciones de seguridad federales y estatales, la @FGETabasco llevó a cabo en el municipio de Jalapa el aseguramiento de cinco… pic.twitter.com/bWcGxg0PO3

— JAVIER MAY (@TabascoJavier) March 4, 2026

El papel estratégico de Jalapa

El municipio de Jalapa no suele figurar en los reportes nacionales sobre crimen organizado, pero dentro del mapa estatal tiene valor geográfico. Su ubicación permite conectar rutas rurales hacia Villahermosa, Tacotalpa y la zona de la Sierra, trayectos que pueden utilizarse para desplazamientos discretos o almacenamiento temporal de vehículos y mercancías.

La localización de cinco predios vinculados entre sí en ese mismo corredor abre una lectura distinta del operativo. Más que un refugio improvisado, los inmuebles podrían haber funcionado como puntos de resguardo y coordinación logística. Lugares desde los cuales se distribuían vehículos, se almacenaban objetos ilícitos o se organizaban movimientos dentro del territorio.

En el lenguaje de las investigaciones criminales, esto suele definirse como un “nodo logístico”: una infraestructura que permite que la organización opere con mayor libertad y rapidez.

LO QUE REVELA EL DECOMISO

• Indicadores de operación criminal
• Concentración de vehículos sugiere capacidad logística
• Múltiples inmuebles indican infraestructura operativa
• Armas y municiones reflejan capacidad de protección
• Narcóticos apuntan a almacenamiento o distribución

Inteligencia previa detrás del operativo

Otro elemento que refuerza esa lectura es la forma en que se ejecutó el cateo. Para intervenir varios inmuebles bajo una misma carpeta de investigación se requiere vigilancia previa, integración de pruebas y coordinación institucional. No es el resultado de un patrullaje casual ni de un hallazgo fortuito.

La presencia conjunta de Ejército, Fiscalía y fuerzas estatales dentro de la FIRT apunta a una operación preparada con información previa sobre la red que operaba en la zona. Esto implica seguimiento, identificación de objetivos y análisis del movimiento de los inmuebles antes de solicitar la orden judicial.

En otras palabras, el operativo no solo buscaba detener a personas, sino desmontar parte de la infraestructura que sostenía la operación criminal.

El mensaje real del cateo

La detención de dos personas puede parecer un resultado limitado, pero el verdadero impacto se mide en otro plano. Cuando una organización pierde vehículos, inmuebles y puntos de resguardo, pierde también capacidad logística. Sin movilidad ni espacios seguros para operar, las redes criminales se ven obligadas a replegarse o reorganizarse.

Ese es el mensaje que deja el cateo en Jalapa: la acción de las autoridades no golpeó únicamente a individuos, sino a los mecanismos que permitían que una estructura delictiva funcionara en la región.

En estrategias de seguridad, debilitar la infraestructura del crimen suele ser más efectivo que capturar a un solo operador. Porque lo que realmente sostiene a las organizaciones no es un nombre, sino la red que las mantiene en movimiento.

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El cargo Golpe en Jalapa revela red logística criminal en la región de la Sierra tabasqueña apareció primero en El Tabasqueño.

En Tabasco todos saben que el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Jorge Montaño Ventura, quien estuviera acusado penalmente de desviación de recursos públicos del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco (IEPCT), cuando también fue consejero electoral en el estado, por la compra de un viejo edificio por parte de esa institución, que no les ha servido para nada, es pieza clave o alfil del Senador de la República, Adán Augusto López Hernández.

Desde el Senado de la República, Adán Augusto López, quien una vez caído de la gracia presidencial comienza a apestar, por lo que muchos funcionarios del gobierno federal y de los estados ya le hacen el feo, fue el principal impulsor para que Jorge Montaño Ventura, un sujeto gris y anodino, se convirtiera a nivel nacional en consejero electoral del INE, y este a su vez fuera el padrino de la presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, por lo que se cree que los Adancistas tienen copado ese órgano electoral, que les servirá como un dique de contención electoral contra el actual gobierno en los procesos electorales que se avecinan, aunque en realidad al gobierno que encabeza Javier May Rodríguez no le ha interesado meter las manos en el instituto electoral, dejándolo actuar libremente, porque sabe la fuerza política con la que cuenta.

Como el consejero electoral del INE, Jorge Montaño Ventura, para que llegara al cargo tuvo que ser apadrinado por el todavía Senador de la República, Adán Augusto López Hernández, que solamente apoya para ocupar cargos públicos a sus incondicionales o vasallos, llamó poderosamente la atención el hecho de que el consejero electoral se hiciera presente en la Marcha de la Lealtad del pasado nueve de febrero que estuvo encabezada por el gobernador Javier May Rodríguez.

Y llama la atención porque, aunque este gobierno ha respetado acuerdos políticos contraídos desde la pasada campaña con Adán Augusto López, hay funcionarios públicos —presidentes municipales, diputados locales y federales— y la UJAT, donde despacha Guillermo Narváez, completamente ligados al Adancismo, que no han sido molestados ni obligados a renunciar, pese a la disputa que se radicalizó en la entidad entre los dos grupos políticos de Morena, a raíz de que salió a la luz pública que el exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez, puesto en el cargo por Adán, era el jefe del grupo criminal La Barredora, que bañó de sangre la entidad y actualmente está preso en el Altiplano, en el Estado de México.

El señalamiento del gobernador en noviembre de 2025, en una de sus mañaneras, donde prácticamente dio a conocer que el secretario nombrado por Adán Augusto López era el líder de La Barredora, provocó que a nivel nacional todas las publicaciones se lanzaran contra el senador. Las huestes Adancistas, por medio de sus testaferros, iniciaron una campaña de descrédito contra Javier May, marcando su raya política.

Se supone que quienes marcharon el nueve de febrero junto al gobernador son leales a él. Por eso la presencia de Jorge Montaño Ventura se vio extraña. No encajaba en el evento dado su padrinazgo político. Basta analizar perfil por perfil para saber quiénes son leales y quiénes acomodaticios del poder, recordando la frase célebre de César Garizurieta “El Tlacuache”: “vivir fuera del presupuesto es vivir en el error”.

¿Será que Jorge Montaño Ventura busca acomodo político en el grupo Maycista ante la caída de su padrino Adán Augusto López?
¿Será tan frágil su lealtad?
¿Se ha convertido en viuda de Adán?

Hay que recordar que el año pasado la Marcha de la Lealtad se realizó en Tenosique, tierra de José María Pino Suárez, vicepresidente de la República con Francisco I. Madero. Jorge Montaño, originario de Tenosique, no estuvo presente entonces. Hoy, ante el declive de su padrino político, su presencia genera suspicacias.

En este espacio hemos señalado que la consejera presidenta del IEPCT, Elizabeth Nava Gutiérrez, responde políticamente a Jorge Montaño Ventura, quien a su vez representa intereses de Adán Augusto López Hernández. Desde ahí, se cree, podrían intentar influir en los procesos electorales de 2027.

Las condiciones políticas para el senador se han vuelto adversas. Ha perdido la presidencia de la Jucopo, se debilitó su interlocución con la presidenta Claudia Sheinbaum, y su figura enfrenta desgaste por los señalamientos relacionados con La Barredora, huachicol y presuntos vínculos con el narcotráfico. En política los errores se pagan caro.

OJITOS

La reforma electoral propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum está en el centro del debate. Los aliados de Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), se levantaron de la mesa al no avalar cambios como la modificación de diputaciones y senadurías plurinominales, la reducción de consejeros del INE de once a nueve, la disminución del presupuesto electoral y de prerrogativas a partidos.

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján, deberá negociar para evitar que la reforma colapse. La oposición ha calificado la propuesta como “Ley Maduro”, acusando intento de concentración de poder.

Habrá que esperar si Morena decide ajustar la iniciativa o insistir en sus términos actuales, pues sin el respaldo del PT y el PVEM, la reforma podría venirse abajo.

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El cargo Una viuda de Adán apareció primero en El Tabasqueño.

Jaclop62@hotmail.com

Con el abatimiento del líder delictivo de “las cuatro letras”, El Mencho, que mantiene en vilo a los narcopolíticos ligados a ese grupo delictivo y que les traerá repercusiones, incluso los puede llevar a la cárcel, uno de los políticos más afectados lo es el aún Senador de la República, Adán Augusto López Hernández, que de acuerdo a versiones periodísticas es investigado en Estados Unidos por su presunto involucramiento en actividades ilícitas como el tráfico de huachicol fiscal y la creación del grupo delictivo La Barredora, que se formó cuando era gobernador de Tabasco.

La renuncia de Adán Augusto López Hernández a la presidencia de la Junta de Coordinación Política del Senado (Jucopo), la cual se resistía a dejar, no fue gratuita o por propia voluntad, sino que fue producto de una serie de trabajos periodísticos a nivel local, nacional e internacional que mostraron su presunto involucramiento no solamente en la creación de La Barredora, sino en una serie de actividades ilícitas como tráfico de influencias, huachicol, contratos gubernamentales a empresas factureras protocolizadas en su notaría.

Una vez que se supo públicamente que había una orden de aprehensión en contra del exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Hernán Bermúdez, como cabeza de ese grupo delictivo y que había huido a Paraguay, el exgobernador fue sometido a fuego mediático nacional e internacional, relacionándolo con su antiguo colaborador, a quien nombró secretario de seguridad.

En su momento, el grupo de hackers Guacamaya Leaks, que vulneró archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), reveló reportes donde el llamado “Comandante H” habría formado el grupo La Barredora, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como brazo operador generador de violencia dedicado al tráfico de huachicol, drogas, personas, secuestro y extorsión.

El 22 de diciembre de 2023 se registró un hecho violento en el Club Campestre de Tabasco 2000, en la casa de Hernán Bermúdez, que detonó incendios de vehículos, quema de tiendas y secuestros de policías en Villahermosa y municipios aledaños, previo a la Navidad. El nombre de La Barredora salió entonces a la luz pública.

El gobierno de Carlos Manuel Merino, sucesor de Adán Augusto López Hernández, intentó minimizar los hechos. Sin embargo, el 4 de enero de 2024 ocurrió otro episodio violento que llevó a la renuncia de Hernán Bermúdez, siendo relevado por el general Víctor Hugo Chávez Martínez.

El gobierno de Javier May Rodríguez, que asumió en octubre de 2024, heredó el problema delincuencial. En noviembre de ese año, en una conferencia matutina, el gobernador señaló públicamente a Hernán Bermúdez como cabeza de La Barredora, llamando a Adán Augusto y a Carlos Merino a dar explicación.

Posteriormente, el general Miguel Ángel López Martínez, comandante de la 30 Zona Militar, reveló que desde el 14 de febrero un juez había librado orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez, solicitándose intervención de la Interpol.

Días después, Bermúdez fue localizado en Paraguay, detenido y trasladado a México, donde actualmente se encuentra preso en el Cefereso número 1 en Almoloya de Juárez.

A partir de esa revelación, los señalamientos mediáticos contra Adán Augusto López Hernández se intensificaron, vinculándolo con La Barredora, huachicol fiscal, tráfico de influencias y su presunta relación con el CJNG.

Tras la muerte de El Mencho, en operativo del Ejército Mexicano con cooperación de Estados Unidos, el presidente Donald Trump declaró ante el Congreso que “hemos derrocado a uno de los líderes de los carteles más siniestros”.

Comenzó entonces a circular la versión de que el gobierno estadounidense podría solicitar la entrega de presuntos narcopolíticos vinculados al CJNG, entre ellos el senador tabasqueño.

Mientras seguidores del senador intentan reivindicar su imagen en Tabasco, el gobernador Javier May Rodríguez sostuvo que no sería cómplice de ningún grupo delictivo y respaldó acciones contra La Barredora.

Es indudable que la cooperación entre México y Estados Unidos en la captura de El Mencho podría abrir nuevos escenarios judiciales internacionales.

El exfuncionario Simón Levy ha señalado la existencia de una lista de presuntos narcopolíticos que podrían ser llamados a declarar en Estados Unidos, donde menciona al senador por Tabasco.

También ha surgido la versión de que Hernán Bermúdez podría ser solicitado en extradición por cargos relacionados con tráfico de huachicol y drogas.

OJITOS

Cuando parecía que todo estaba listo para que el doctor Luis Ernesto Ortiz Catalá se convirtiera en delegado del IMSS-Bienestar, el proceso se detuvo y quedó como interino Pablo Caso Torres, tras la renuncia de Manuel Pérez Lanz.

Aún no se define oficialmente quién será el titular definitivo de esa dependencia.

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El cargo Adán con la soga al cuello apareció primero en El Tabasqueño.

El descabezamiento del CJNG debe —o debería— obligar al régimen de Claudia Sheinbaum Pardo a acelerar las pesquisas contra La Barredora y no quedarse en la cabeza visible, sino ir tras las autoridades locales que permitieron la creación de un minicártel desde la propia estructura de seguridad pública en Tabasco.

Si había resistencia para castigar a los superiores del ex secretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, las esquirlas del operativo en el que murió Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, han alcanzado a los últimos jefes del llamado Comandante H.

Ninguno puede alegar desconocimiento: antes de ser nombrado secretario de Seguridad ya aparecía en informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como colaborador del “cuatro letras” en la tierra de Andrés Manuel López Obrador.

Hasta donde este reportero ha podido indagar, Bermúdez no ha imputado a sus superiores. Sin embargo, en el expediente constan declaraciones de dos testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República (FGR), Tomás “N” y Ulises “N”, quienes afirmaron que el jefe de Hernán conocía y autorizó la creación de La Barredora.

El segundo, directivo de la SSyPC sin cargo formal por sus antecedentes penales, fue detenido en Jalisco, lo que exhibe la conexión entre la organización de El Mencho y el grupo del policía originario de Mérida.

En las pesquisas contra el también apodado El Abuelo se advierte que la federación maneja el caso con cautela, como si buscara que la responsabilidad se quede en Bermúdez. No así la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), cuya investigación abarca varios frentes y podría llegar “más arriba” del hasta ahora único señalado de ser creador de la organización que operaba como franquicia del CJNG.

De algún modo, salvando las distancias, el golpe de Sheinbaum contra Oseguera —sea por presión de Donald Trump o por marcar distancia de López Obrador— recuerda los arrestos impulsados por el gobernador Javier May Rodríguez cuando se lanzó, a inicios de su gestión, contra el titular de la SSyPC en la pasada administración.

Hoy, con El Mencho fuera del tablero, la pregunta ya no es si habrá más detenidos, sino si la justicia en Tabasco se atreverá a tocar a quienes protegieron, sostuvieron o ignoraron la expansión de La Barredora dentro del aparato estatal.

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El cargo Caído El Mencho, la mira apunta a los políticos que protegieron a La Barredora apareció primero en El Tabasqueño.

Más de 14 meses después, el caso ya no es Hernán Bermúdez Requena, sino el sistema político que lo protegió. Desde que Javier May Rodríguez acusó que era líder de La Barredora y pidió explicaciones a Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos, el poder ha hecho exactamente lo que mejor sabe hacer cuando se mira al espejo: cerrar filas, administrar el silencio y diluir responsabilidades.

El señalamiento del 13 de noviembre de 2024 no fue menor: provenía del propio gobernador de Tabasco, apenas mes y medio después de iniciar su gestión, y apuntaba al exsecretario de Seguridad Pública que sirvió a dos administraciones estatales. No era una filtración ni un rumor: era una acusación directa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Pero este expediente tiene un antecedente que puede explicar todo. El 17 de octubre de 2022, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente, salió a defender desde Palacio Nacional a su paisano Adán López, entonces secretario de Gobernación, ante cuestionamientos que vinculaban a Bermúdez con La Barredora.

En su mañanera lo calificó de “hombre honesto”. Desde entonces quedó claro que el caso no caminaría como un asunto ordinario de justicia penal, sino como un problema de lealtades políticas.

Con el paso del tiempo, la ruta ha sido precisa. Bermúdez Requena fue detenido, procesado y exhibido como jefe criminal. La justicia avanzó contra el subordinado. Pero cuando tocó mirar hacia arriba, el proceso se congeló. Los gobernadores que lo nombraron y lo sostuvieron quedaron fuera de cualquier radar judicial.

Por esos días, el senador López Hernández lanzó un desafío público: dijo estar a disposición de cualquier autoridad. Retador. Pero la escena decisiva no fue su declaración, sino el silencio posterior: ninguna Fiscalía lo ha citado, ni siquiera para un trámite administrativo.

Hoy el contraste es revelador. Hay detenidos, procesos penales y cuentas congeladas. Lo único que no hay son explicaciones del poder. Nadie ha dicho cómo un presunto capo llegó, permaneció y ascendió dentro de la estructura de seguridad del estado sin que sus superiores lo notaran.

Más de 14 meses después, el expediente ya no habla solo de delincuencia organizada. Habla de algo más profundo: un sistema político que se protege a sí mismo, que blinda a los suyos y deja que el tiempo absuelva lo que las instituciones se negaron a investigar.

El reloj institucional sigue corriendo. El próximo 24 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) debe cerrar la investigación complementaria y decidir si el caso se limita a castigar al ejecutor o si, por primera vez, se atreve a preguntar quién lo puso ahí, quién lo sostuvo y quién miró hacia otro lado.

No es un trámite menor: es el momento procesal que define si habrá nuevas líneas de investigación o si el expediente quedará encapsulado para siempre.

Y entonces el mensaje será claro: en Tabasco, la justicia puede escalar hasta los criminales visibles, pero se detiene exactamente donde empiezan los nombres incómodos.

Las apuestas en el edén de AMLO son que ni siquiera se llegará al ex mandatario interino Merino Campos. Pensar que será indiciado el actual senador al que López Obrador llamaba “hermano” parece, hoy, una hipótesis remota.

En Tabasco, la sensación es amarga: la justicia persigue a los de abajo y se frena frente a los de arriba. Y esa, más que una falla jurídica, es una decisión política.

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El encargado del mensaje fue el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien confirmó que la carpeta ya integra declaraciones de ex mandos policiales, un elemento que marca la transición hacia una nueva etapa procesal.

Bermúdez Requena —detenido el 12 de septiembre de 2025 en Asunción y recluido desde hace 116 días en el Altiplano— es señalado como líder de La Barredora, estructura atribuida a extorsiones, secuestros exprés y control territorial en Villahermosa durante el sexenio estatal anterior.

Contra él pesan una orden de aprehensión estatal y otra federal por delincuencia organizada, esta última aún no cumplimentada por la FGR.

García Harfuch sostuvo que el caso no se agotó en su detención. Recordó la captura previa de Ulises “El Pinto”, su segundo al mando, y la reciente aprehensión de un ex director de la Policía Estatal, cuyo testimonio —junto con otras declaraciones— ya obra en la carpeta federal.

Aunque el Secretario evitó confirmar el uso formal de testigos protegidos, fuentes ministeriales indican que parte de la información proviene de colaboradores bajo resguardo, lo que evidencia una investigación que dejó atrás la persecución individual para enfocarse en la estructura completa.

COOPERACIÓN REGIONAL

El funcionario también reveló que México mantuvo comunicación constante con Panamá, Uruguay, Paraguay y Brasil durante la ubicación del ex secretario. La amplitud de la ruta sugiere no sólo un intento sofisticado de fuga, sino la posible existencia de una línea financiera transnacional, reforzada por el aseguramiento de efectivo en guaraníes, joyas y una camioneta de lujo en su residencia temporal en Asunción.

Aunque García Harfuch dejó la confirmación patrimonial en manos de la Fiscalía, su referencia a estos países —todos asociados a corredores de movilidad irregular y operaciones de lavado— abre una lectura más amplia: la red que sostenía a Bermúdez operaba más allá de Tabasco, con vínculos que hoy forman parte del análisis de inteligencia del Estado mexicano.

CERCO JUDICIAL

La solidez del caso también se reflejó en tribunales. El 19 de diciembre, la Juez Primera de Distrito en Tabasco, Sandra Adriana Carbajal, negó al acusado el amparo con el que buscaba anular su vinculación a proceso y la prisión preventiva impuesta en septiembre.

La resolución ratificó que las imputaciones —incluida la denuncia del empresario Ramón Martínez Armengol, presunta víctima de secuestro y despojo accionarial— están sustentadas en tiempo, modo y lugar para esta etapa procesal.

El frente financiero tampoco favoreció al círculo cercano del ex funcionario. En noviembre, la misma juez rechazó suspender el bloqueo de cuentas del hijo mayor de Bermúdez, ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mientras el ex secretario se encontraba prófugo.

Una segunda hija también impugnó el congelamiento de sus activos, cuya audiencia está programada para resolverse este año.

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En el fuero común, el caso sigue avanzando. El 23 de diciembre, el juez Ramón Adolfo Brown Ruiz amplió por tres meses más el plazo de investigación, ahora vigente hasta el 24 de marzo de 2026, para robustecer pruebas en torno al secuestro de Martínez Armengol. En este expediente permanecen prófugos Eduardo Vázquez Orellana “El Menchito” y el abogado Manuel de Atocha Romero.

Como contexto, la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco ubicó a Bermúdez entre las 27 detenciones más relevantes de 2025, dentro de un año en el que el Estado registró 105 generadores de violencia asegurados, entre ellos 15 miembros de La Barredora y nueve del CJNG.

Con las declaraciones internas, la cooperación sudamericana, los bloqueos financieros y los tropiezos jurídicos acumulados, el caso muestra señales de haber avanzado hacia la etapa de desarticulación institucional, donde las piezas clave ya no están en fuga, sino declarando ante la autoridad.

Falta por ver si la FGR cumplimenta la orden federal por delincuencia organizada o abre nuevas carpetas por el componente patrimonial. Por ahora, el expediente dejó de ser un caso de evasión para convertirse en un mapa completo de responsabilidades

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El cargo Harfuch revela cerco: testigos y red sudamericana acorralan Bermúdez apareció primero en El Tabasqueño.