Más de 14 meses después, el caso ya no es Hernán Bermúdez Requena, sino el sistema político que lo protegió. Desde que Javier May Rodríguez acusó que era líder de La Barredora y pidió explicaciones a Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos, el poder ha hecho exactamente lo que mejor sabe hacer cuando se mira al espejo: cerrar filas, administrar el silencio y diluir responsabilidades.

El señalamiento del 13 de noviembre de 2024 no fue menor: provenía del propio gobernador de Tabasco, apenas mes y medio después de iniciar su gestión, y apuntaba al exsecretario de Seguridad Pública que sirvió a dos administraciones estatales. No era una filtración ni un rumor: era una acusación directa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Pero este expediente tiene un antecedente que puede explicar todo. El 17 de octubre de 2022, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente, salió a defender desde Palacio Nacional a su paisano Adán López, entonces secretario de Gobernación, ante cuestionamientos que vinculaban a Bermúdez con La Barredora.

En su mañanera lo calificó de “hombre honesto”. Desde entonces quedó claro que el caso no caminaría como un asunto ordinario de justicia penal, sino como un problema de lealtades políticas.

Con el paso del tiempo, la ruta ha sido precisa. Bermúdez Requena fue detenido, procesado y exhibido como jefe criminal. La justicia avanzó contra el subordinado. Pero cuando tocó mirar hacia arriba, el proceso se congeló. Los gobernadores que lo nombraron y lo sostuvieron quedaron fuera de cualquier radar judicial.

Por esos días, el senador López Hernández lanzó un desafío público: dijo estar a disposición de cualquier autoridad. Retador. Pero la escena decisiva no fue su declaración, sino el silencio posterior: ninguna Fiscalía lo ha citado, ni siquiera para un trámite administrativo.

Hoy el contraste es revelador. Hay detenidos, procesos penales y cuentas congeladas. Lo único que no hay son explicaciones del poder. Nadie ha dicho cómo un presunto capo llegó, permaneció y ascendió dentro de la estructura de seguridad del estado sin que sus superiores lo notaran.

Más de 14 meses después, el expediente ya no habla solo de delincuencia organizada. Habla de algo más profundo: un sistema político que se protege a sí mismo, que blinda a los suyos y deja que el tiempo absuelva lo que las instituciones se negaron a investigar.

El reloj institucional sigue corriendo. El próximo 24 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) debe cerrar la investigación complementaria y decidir si el caso se limita a castigar al ejecutor o si, por primera vez, se atreve a preguntar quién lo puso ahí, quién lo sostuvo y quién miró hacia otro lado.

No es un trámite menor: es el momento procesal que define si habrá nuevas líneas de investigación o si el expediente quedará encapsulado para siempre.

Y entonces el mensaje será claro: en Tabasco, la justicia puede escalar hasta los criminales visibles, pero se detiene exactamente donde empiezan los nombres incómodos.

Las apuestas en el edén de AMLO son que ni siquiera se llegará al ex mandatario interino Merino Campos. Pensar que será indiciado el actual senador al que López Obrador llamaba “hermano” parece, hoy, una hipótesis remota.

En Tabasco, la sensación es amarga: la justicia persigue a los de abajo y se frena frente a los de arriba. Y esa, más que una falla jurídica, es una decisión política.

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