La entidad acumuló 481 carpetas de investigación, cifra que la ubica entre los siete estados con mayor incidencia, en un contexto donde el robo de combustible ya no sólo ocurre en ductos, sino en rutas de transporte, almacenamiento y contrabando fiscal.

El dato no implica que el fenómeno haya surgido de manera súbita. Más bien revela un ajuste institucional: después de varios años en los que Tabasco prácticamente desapareció de los registros oficiales, hoy vuelve a figurar en las estadísticas. La diferencia, advierten especialistas, no necesariamente está en la actividad criminal, sino en la capacidad de detección y documentación.

A nivel nacional, el Sistema Nacional de Seguridad Pública reportó un salto de 6,715 a 9,467 carpetas, con Hidalgo como epicentro, seguido por Puebla y Estado de México. En ese mapa, Tabasco aparece en el quinto lugar, por encima de Querétaro y Jalisco, estados que históricamente también funcionan como corredores logísticos del combustible robado.

SALTO ESTADÍSTICO

Las cifras locales confirman la tendencia. De acuerdo con el Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal, entre enero y septiembre de 2025 se identificaron 133 tomas clandestinas, contra apenas dos en el mismo periodo de 2024. El aumento porcentual supera el 6,500 por ciento, el más alto del país en términos relativos. En promedio, se detectó una perforación cada dos días.

La mitad de los eventos se concentró en Cárdenas, municipio históricamente vinculado al paso de ductos y a la conectividad carretera. También se registró un repunte en el robo de gas LP, que pasó de dos a cuatro perforaciones. Más que un brote aislado, el patrón sugiere una reactivación de corredores que nunca dejaron de operar, pero que durante años no quedaron reflejados en los conteos públicos.

REGISTROS DISÍMBOLOS

El contraste con años anteriores resulta evidente. Mientras IGAVIM reportaba cero tomas en 2023 y 2024, solicitudes de transparencia a Pemex documentaban perforaciones internas, eventos de integridad y decomisos en la entidad. Es decir, existían aseguramientos de combustible, cateos y detenciones, aunque la estadística oficial no mostrara tomas clandestinas.

Esa discrepancia entre Pemex, Sedena y observatorios ciudadanos generó una fotografía fragmentada del problema. El delito persistía, pero no aparecía en los indicadores. En 2025 esa brecha se redujo y Tabasco volvió a figurar en el mapa nacional, lo que sugiere una mejora en los mecanismos de reporte más que un surgimiento repentino del huachicol.

NUEVA LOGÍSTICA

Las investigaciones federales también confirman una transformación del negocio ilícito. El centro de gravedad ya no es sólo la manguera conectada al ducto, sino la logística fiscal y comercial, con bodegas, facturación simulada y trasiego por carretera o puertos. Bajo esa lógica, Tabasco opera como corredor estratégico del Golfo, más vinculado al transporte y resguardo que a la extracción masiva.

Este matiz resulta clave para la política pública. La detección temprana permite intervenir antes de que se consoliden mercados criminales locales como ocurrió en otras entidades. Lejos de representar una crisis estructural, el repunte estadístico funciona como señal preventiva y oportunidad para fortalecer la coordinación entre Pemex, fuerzas federales y autoridades estatales.

En ese sentido, los datos ofrecen una lectura menos alarmista y más institucional: el delito no apareció de la nada; reapareció el registro. Y contar bien el problema es el primer paso para enfrentarlo con eficacia.

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