Del 20 al 22 de marzo, el Gabinete de Seguridad reportó 34 detenidos, el aseguramiento de 8 armas de fuego, 12 cargadores, 160 cartuchos útiles y más de 560 dosis de droga. A esto se suman 13 vehículos asegurados, presuntamente vinculados a actividades ilícitas. El dato, por sí solo, describe un operativo relevante. Pero no explica todo.

Días antes, entre el 13 y el 17 de marzo, otro despliegue había dejado 26 detenidos, el decomiso de 87 piezas de armamento y 437 dosis de droga, además del aseguramiento de 17 unidades y un hallazgo que abre otra línea de lectura: 80 mil litros de hidrocarburo y 8 mil litros de gas LP de procedencia ilegal.

La diferencia no está solo en los números, sino en la repetición. Dos operativos en menos de una semana, con resultados acumulables, sugieren una lógica distinta: no golpear una vez, sino sostener presión sobre distintos niveles de operación delictiva, desde la distribución hasta las rutas de abastecimiento.

Inteligencia como eje operativo

El discurso oficial insiste en un punto: la estrategia no descansa en la presencia, sino en la inteligencia. Durante marzo se han ejecutado 57 órdenes técnicas de investigación, que se suman a 198 en lo que va del año. Esa cifra no es decorativa; explica por qué los operativos se concentran en objetivos específicos y no en despliegues masivos sin dirección.

Aquí hay un cambio relevante. Las acciones recientes privilegian la identificación previa de blancos, el cruce de información entre corporaciones y la intervención directa sobre nodos logísticos. El aseguramiento de vehículos en ambos operativos no es casual: apunta a limitar la movilidad de los grupos delictivos, no solo a contenerlos.

La lógica es más fina, pero también más exigente. Depende de que la información sea constante y de que los resultados no se interrumpan.

Lo que empieza a configurarse

Para el ciudadano, los números todavía no son percepción. Pero sí empiezan a construir señales. La repetición de operativos, la acumulación de detenciones y la diversidad de aseguramientos dibujan una estrategia que intenta dejar de reaccionar y pasar a intervenir con anticipación.

El reto, como siempre en seguridad, no está en el dato inmediato, sino en la consistencia. Si la secuencia se mantiene, puede modificar patrones. Si se corta, regresa al punto de partida. En esa línea se juega lo que sigue para Tabasco: no el impacto de un operativo, sino la permanencia de una lógica.

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El cargo Operativos en Tabasco suman 60 detenidos y golpean redes delictivas apareció primero en El Tabasqueño.

El despliegue fue coordinado por la Fiscalía General del Estado con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La acción derivó en el aseguramiento de cinco inmuebles ubicados en un camino rural hacia Jalapa, así como la detención de dos mujeres identificadas como Ana Luisa “N”, de 47 años, y Ana Karen “N”, de 27, presuntamente vinculadas con el grupo criminal conocido como La Barredora.

Durante el cateo las autoridades aseguraron armas cortas —una pistola Taurus calibre .22 con cargadores abastecidos y un revólver del mismo calibre—, municiones de 9 milímetros, narcóticos y diversos accesorios para su consumo. Pero el dato que transforma el alcance del operativo fue otro: 34 vehículos decomisados, entre ellos camionetas Raptor, unidades de lujo, razers, una cuatrimoto y remolques.

Lo que realmente se golpeó

En términos de seguridad pública, la combinación de múltiples inmuebles y decenas de vehículos rara vez corresponde a una simple célula de narcomenudeo. Lo que suele encontrarse detrás es una estructura que cumple funciones logísticas: almacenamiento de droga, movilidad de operadores, vigilancia territorial y transporte de recursos.

Los vehículos en particular ofrecen una pista sobre la dimensión de la operación. En redes criminales funcionan como herramientas estratégicas. Permiten mover mercancía ilícita, trasladar a integrantes del grupo y sostener presencia en zonas rurales o carreteras secundarias donde la vigilancia institucional es más limitada.

Cuando en un solo punto aparecen más de treinta unidades motrices, el hallazgo sugiere algo más que un escondite ocasional. Indica la existencia de un centro de operación o base de movilidad para actividades ilícitas. Es decir, una pieza clave dentro de la arquitectura operativa de una organización criminal.

Informamos al pueblo de Tabasco:

Cómo resultado de la coordinación de la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca (FIRT), integrada por corporaciones de seguridad federales y estatales, la @FGETabasco llevó a cabo en el municipio de Jalapa el aseguramiento de cinco… pic.twitter.com/bWcGxg0PO3

— JAVIER MAY (@TabascoJavier) March 4, 2026

El papel estratégico de Jalapa

El municipio de Jalapa no suele figurar en los reportes nacionales sobre crimen organizado, pero dentro del mapa estatal tiene valor geográfico. Su ubicación permite conectar rutas rurales hacia Villahermosa, Tacotalpa y la zona de la Sierra, trayectos que pueden utilizarse para desplazamientos discretos o almacenamiento temporal de vehículos y mercancías.

La localización de cinco predios vinculados entre sí en ese mismo corredor abre una lectura distinta del operativo. Más que un refugio improvisado, los inmuebles podrían haber funcionado como puntos de resguardo y coordinación logística. Lugares desde los cuales se distribuían vehículos, se almacenaban objetos ilícitos o se organizaban movimientos dentro del territorio.

En el lenguaje de las investigaciones criminales, esto suele definirse como un “nodo logístico”: una infraestructura que permite que la organización opere con mayor libertad y rapidez.

LO QUE REVELA EL DECOMISO

• Indicadores de operación criminal
• Concentración de vehículos sugiere capacidad logística
• Múltiples inmuebles indican infraestructura operativa
• Armas y municiones reflejan capacidad de protección
• Narcóticos apuntan a almacenamiento o distribución

Inteligencia previa detrás del operativo

Otro elemento que refuerza esa lectura es la forma en que se ejecutó el cateo. Para intervenir varios inmuebles bajo una misma carpeta de investigación se requiere vigilancia previa, integración de pruebas y coordinación institucional. No es el resultado de un patrullaje casual ni de un hallazgo fortuito.

La presencia conjunta de Ejército, Fiscalía y fuerzas estatales dentro de la FIRT apunta a una operación preparada con información previa sobre la red que operaba en la zona. Esto implica seguimiento, identificación de objetivos y análisis del movimiento de los inmuebles antes de solicitar la orden judicial.

En otras palabras, el operativo no solo buscaba detener a personas, sino desmontar parte de la infraestructura que sostenía la operación criminal.

El mensaje real del cateo

La detención de dos personas puede parecer un resultado limitado, pero el verdadero impacto se mide en otro plano. Cuando una organización pierde vehículos, inmuebles y puntos de resguardo, pierde también capacidad logística. Sin movilidad ni espacios seguros para operar, las redes criminales se ven obligadas a replegarse o reorganizarse.

Ese es el mensaje que deja el cateo en Jalapa: la acción de las autoridades no golpeó únicamente a individuos, sino a los mecanismos que permitían que una estructura delictiva funcionara en la región.

En estrategias de seguridad, debilitar la infraestructura del crimen suele ser más efectivo que capturar a un solo operador. Porque lo que realmente sostiene a las organizaciones no es un nombre, sino la red que las mantiene en movimiento.

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El cargo Golpe en Jalapa revela red logística criminal en la región de la Sierra tabasqueña apareció primero en El Tabasqueño.

631 vehículos asegurados robados en tres días. No es una cifra suelta. Es el rastro inmediato que dejó el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Entre el domingo 22 y el martes 24 de febrero, en Jalisco se pasó de un promedio diario de 12 robos a 396. La AMIS lo confirmó sin rodeos: 631 casos adicionales en todo el país; 92 por ciento concentrados en Jalisco, Michoacán y Nayarit.

No fue una explosión sin dirección. Fue una respuesta medible en corredores que el CJNG ha usado durante años para mover droga, armas y dinero. Las carreteras no ardieron por accidente: ardieron donde duele.

Promedio roto

Cuando una estadística se descompone así, no habla de azar. Habla de coordinación. El salto de 12 a 396 robos en Jalisco no es un repunte; es una orden ejecutada. En Michoacán se reportaron 101 unidades adicionales y en Nayarit 80. Tres estados que forman un triángulo operativo: puerto, sierra y salida al Pacífico.

En el mismo periodo, de acuerdo con reportes recopilados por organizaciones civiles, se registraron 252 bloqueos en 20 entidades, además de agresiones contra autoridades y una oleada de incendios de negocios y vehículos en otros estados. No fue una chispa aislada. Fue una secuencia.

La caída del jefe no vació la estructura. Activó una demostración.

Cómo se activa la red

Lo que se vio en las carreteras no fue reacción espontánea. Fue protocolo. Cuando cae un mando de alto nivel, la instrucción baja por capas: primero a coordinadores regionales, luego a células locales. No todos reciben la misma orden; cada plaza ejecuta según su capacidad.

El Grupo Élite, brazo armado visible del CJNG, cumple función de demostración. Es la fuerza que aparece en videos con uniforme táctico y convoyes. Pero no opera solo. Detrás hay operadores logísticos que consiguen vehículos, combustible, armas y rutas de escape. Esa logística explica por qué en menos de 24 horas hubo bloqueos simultáneos.

El modelo no es improvisado. Funciona por nodos. Cada nodo tiene autonomía para cerrar carreteras, incendiar unidades o enfrentar fuerzas federales sin esperar autorización minuto a minuto. Eso permite rapidez. También permite sobrevivencia.

Lo que dicen las detenciones

En Guanajuato, 48 personas fueron detenidas; 26 casos judicializados; 4 vinculados por terrorismo bajo el artículo 245 del Código Penal estatal. En Jalisco, 13 hombres vinculados por tentativa de homicidio, ataque a vías de comunicación y asociación delictuosa. Además, 24 de 35 detenidos por rapiña quedaron procesados.

Estos números revelan algo clave: no todos son operadores de alto nivel. Muchos son ejecutores locales. Eso confirma la lógica de red descentralizada. El centro ordena la demostración. Las células ejecutan.

Cuando la estructura puede movilizar decenas de personas en varios estados en cuestión de horas, no estamos ante un grupo improvisado. Estamos ante una organización con mando funcional y capacidad de réplica territorial.

El patrón repetido

El CJNG ya había respondido así antes. Tras capturas de mandos intermedios, la reacción fue bloquear avenidas y quemar vehículos en Guadalajara. En sus guerras contra Zetas y Caballeros Templarios, la receta fue similar: sitiar pueblos, paralizar carreteras, sembrar incendios. El robo masivo de autos no es sólo daño patrimonial. Es herramienta. Un vehículo robado se convierte en barricada, en humo que interrumpe tráfico, en imagen que circula por redes. Logística y propaganda en el mismo acto.

Quien crea que la cifra de 631 unidades es un exceso momentáneo no está leyendo el manual completo. Cada golpe a la cúpula activa una respuesta territorial. No es improvisación. Es protocolo.

La verdad incómoda

Hay otro número que pesa más que los 631 robos: apenas 30 por ciento del parque vehicular en México está asegurado. Siete de cada diez propietarios quedan expuestos. Y aun entre los asegurados, sólo la cobertura amplia cubre la quema posterior al robo. En Tabasco, donde se sabe lo que significa perder una herramienta de trabajo, la cifra no es abstracta: es el camión de un transportista, el taxi, la camioneta de reparto. Cuando el liderazgo de un grupo criminal se reacomoda, el costo no lo paga el capo. Lo paga el ciudadano.

Lo que ocurrió tras la muerte de El Mencho no fue silencio. Fue ruido organizado. El liderazgo cayó; la estructura respondió; y las carreteras fueron el lugar donde se midió esa fuerza.

Manual CJNG

El CJNG no nació de la nada ni creció por accidente. Viene de una escuela anterior: el Cártel del Milenio, una organización que entendió antes que otras que el negocio no era sólo vender droga, sino controlar rutas, exportaciones y dinero. De ahí salió la base financiera que después sostuvo a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Cuando se habla de la caída del líder, muchos imaginan una estructura piramidal que se derrumba desde la cúspide. No es así. El CJNG opera más como una red de franquicias: células que responden a una marca, pero con autonomía táctica. Por eso la reacción tras el operativo fue rápida. No hubo que esperar órdenes largas. Las células ya sabían qué hacer.

Origen y expansión

El grupo se consolidó desde Aguililla, Michoacán, zona de cultivo y tránsito. Aprendió a combinar agricultura y tráfico. Aguacate y metanfetamina. Exportación legal y cargamentos ilícitos. El dinero no entraba por una sola puerta.

Con el tiempo, la organización aseguró enclaves estratégicos:

• Manzanillo, puerta de precursores químicos.
• Lázaro Cárdenas, salida logística.
• Corredores carreteros hacia el Bajío y el norte.

No es una estructura improvisada. Es un engranaje que mueve mercancía, armas y efectivo en paralelo.

Red descentralizada

El CJNG construyó brazos operativos diferenciados:
Grupo Élite, células regionales, operadores financieros. Eso le permitió expandirse a casi todo el país en menos de una década. De acuerdo con registros académicos citados por especialistas, la organización estuvo vinculada a un porcentaje alto de la violencia registrada entre 2013 y 2022.

Cuando el liderazgo cae, la red no desaparece. Se reordena. La pregunta no es si habrá sucesión. La pregunta es quién controla cada nodo.

Negocio Diversificado

Metanfetamina. Fentanilo. Huachicol. Extorsión. Tala ilegal. Minería clandestina. Tráfico migrante. El CJNG no depende de un solo producto.

Ese es el punto incómodo: el mercado ilegal no se evapora porque un líder caiga. La estructura financiera sigue moviéndose.

En Jalisco, además, la organización operó con despliegue mediático. Videos, convoyes uniformados, drones explosivos en conflictos regionales. No sólo buscó controlar territorios; buscó exhibir fuerza.

La sucesión

La muerte de El Mencho no deja un vacío romántico. Deja una silla caliente. Y en organizaciones como el CJNG, la pregunta no es si habrá relevo, sino quién logra imponerse sin romper la red.

Aquí no hay asambleas ni votos. Hay jerarquías, lealtades, deudas y cuentas pendientes. El liderazgo de Nemesio Oseguera Cervantes fue vertical en imagen, pero funcional en red. Eso significa que el relevo no depende solo de un apellido, sino de quién controla armas, rutas y caja.

En el CJNG no basta con heredar el nombre. Hay que sostener el flujo.

Los posibles herederos

Las miradas se dirigen primero al círculo íntimo. Históricamente, el grupo ha protegido su núcleo familiar y su primer anillo operativo. Pero el poder real no siempre coincide con el apellido. Coincide con la capacidad de coordinar células regionales.

Dentro de la estructura existen mandos que han operado plazas clave en Jalisco, Colima y Michoacán. Hombres que conocen las rutas portuarias y los contactos en aduanas. Si uno de ellos asume el control sin consenso, la fractura es probable.

La organización ha funcionado con disciplina vertical, pero también con autonomía regional. Esa combinación puede ser fortaleza… o detonante.

El riesgo real

En organizaciones descentralizadas, la fragmentación no implica desaparición. Implica competencia. Y la competencia suele medirse con fuego.

Si una célula regional decide expandirse por cuenta propia, puede intentar apropiarse de rutas que antes reportaban al centro. Eso genera choque. Y el choque se traduce en violencia local.

En México ya se vio ese patrón con otros grupos: tras la captura de líderes, surgieron facciones con nombres nuevos, pero con la misma logística. El problema no fue la desaparición, fue la multiplicación.

Cohesión por negocio

El CJNG no se mantiene unido solo por miedo. Se mantiene unido por rentabilidad. Mientras el negocio funcione —puertos abiertos, rutas activas, exportación estable— hay incentivo para evitar una guerra interna prolongada.

La caja ordena más que el discurso.

Eso explica por qué, en las primeras 72 horas tras la muerte de El Mencho, la reacción fue coordinada. No fue un descontrol interno. Fue una señal externa de continuidad.

Pero la verdadera prueba no ocurre en tres días. Ocurre en meses.

El verdadero tablero

Si el relevo es ordenado, el CJNG mantendrá su forma, aunque cambie el rostro.
Si el relevo es disputado, habrá fractura y violencia focalizada.

Ninguno de los dos escenarios implica desaparición inmediata.

Lo que está en juego no es solo el nombre del nuevo jefe. Es el equilibrio entre células, puertos y rutas. Es la capacidad de mantener cohesión sin la figura que concentraba autoridad.

El país suele mirar el momento del operativo.
Pero la historia real comienza después. Porque cuando cae el jefe, la organización no se evapora. Se redefine.

Red empresarial

El CJNG no nació como un cártel improvisado. Nació como una mutación. Su raíz está en el Cártel del Milenio, conocido también como “Los Reyes del Aguacate”, una organización que ya combinaba producción agrícola, exportación y tráfico de drogas.

Ahí está la primera clave: antes de convertirse en maquinaria de guerra, el grupo entendió cómo mover mercancía legal e ilegal por los mismos corredores. El dinero no entraba por una sola puerta.

Cuando El Mencho consolidó el CJNG, no partió de cero. Heredó contactos portuarios, redes de exportación, conocimiento logístico y estructura financiera. No levantó una pandilla. Heredó una plataforma.

Del aguacate al laboratorio

En Michoacán, el aguacate no solo es cultivo; es cadena de exportación, facturación, transporte, refrigeración, trámites aduanales. Ese andamiaje fue útil para mezclar economía legal con economía criminal.

El paso siguiente fue industrializar la producción de metanfetamina. Laboratorios, químicos importados, bodegas. Y para eso había que controlar entradas marítimas.

Manzanillo y Lázaro Cárdenas dejaron de ser simples puertos. Se volvieron nodos estratégicos. Quien domina el puerto domina el insumo. Y quien domina el insumo domina el mercado.

Modelo franquicia

El error frecuente es imaginar al CJNG como una pirámide clásica: un jefe arriba, mandos debajo y soldados en la base. Esa estructura funciona en el papel, pero en la práctica el grupo opera como franquicia.

Cada célula regional administra su plaza, cobra extorsión, protege rutas, recluta personal. Reporta al centro, pero tiene margen de acción. Eso permite expansión rápida. También permite reacción inmediata.

Por eso, cuando el liderazgo cae, las operaciones no se congelan. Cada nodo sigue activo.

Grupo Élite y brazo financiero

El CJNG construyó dos columnas internas claras:

• Un brazo armado visible —el Grupo Élite— que ejecuta bloqueos, despliegues y confrontaciones.
• Un brazo financiero menos visible que gestiona lavado, empresas fachada y exportaciones.

Uno intimida. El otro sostiene. Separar funciones evita que un golpe operativo detenga el flujo de dinero.

Diversificación del ingreso

Metanfetamina. Fentanilo. Huachicol. Extorsión. Tala ilegal. Minería clandestina. Tráfico migrante.

Cuando una organización diversifica ingresos, no depende de una sola línea de negocio. Si una se ve afectada, otra sostiene. Esa es la lógica empresarial aplicada al delito.

Aquí se desmonta la idea simplista de que “muere el jefe y muere el cártel”. Lo que existe es una red con múltiples fuentes de ingreso y mandos distribuidos.

La estructura no está diseñada para colapsar con un solo golpe. Está diseñada para adaptarse.

El liderazgo de El Mencho fue central para la expansión. Pero la arquitectura que levantó no depende exclusivamente de su presencia física.

Lo que cayó fue una figura. Lo que sigue es una organización con puertos, rutas, células y caja.

Y eso es lo que explica por qué, después del operativo, las carreteras se llenaron de humo pero la maquinaria no se detuvo.

Economía del miedo

Hay un dato que no aparece en los comunicados oficiales, pero pesa más que los operativos: solo tres de cada diez autos en México están asegurados.

Eso significa que, cuando ardieron carreteras y se multiplicaron los robos tras la muerte de El Mencho, siete de cada diez propietarios quedaron expuestos. Sin red. Sin respaldo. Sin posibilidad inmediata de recuperar su herramienta de trabajo.

El 631 no es solo una cifra criminal. Es una radiografía social.

La letra pequeña del seguro

De acuerdo con la AMIS, apenas el 30% del parque vehicular nacional cuenta con póliza. Y dentro de ese universo, la cobertura amplia —la única que cubre la quema posterior al robo durante narcobloqueos— es minoritaria.

El detalle importa: si el vehículo fue robado con violencia, el seguro puede cubrirlo. Pero si la póliza no es amplia, la quema puede quedar fuera. La diferencia entre tener protección real y tener papel firmado es brutal.

En papel, la ley obliga a indemnizar en un plazo máximo de 30 días tras integrar el expediente completo. En la práctica, el proceso depende de denuncias, facturas originales, refrendos pagados, baja de placas, copias certificadas. Un laberinto que no todos pueden transitar con rapidez.

Y quien no tiene seguro enfrenta un camino más áspero: proceso administrativo incierto contra el Estado. Tiempo, abogados, trámites. Pocas certezas.

El caso que lo resume todo

Carlos Ruiz, 61 años, transportista de turismo, no perdió un coche. Perdió su ingreso. Hombres armados lo obligaron a mover su camión y después lo incendiaron.

El seguro cubrirá 59 mil pesos. El valor real del vehículo supera el millón. Ahí está la fractura. El papel cubre una parte. El mercado del miedo cubre el resto.

Carlos no es un caso aislado. Es el rostro de una estructura que no se limita a enfrentamientos armados. La violencia criminal impacta el bolsillo antes que la estadística. El humo se disipa en horas. La deuda queda meses.

Cuando el costo baja al ciudadano

La organización responde, el Estado opera, las fiscalías procesan. Pero el ciudadano paga.

El negocio del CJNG no solo produce droga; produce incertidumbre. La economía del miedo no necesita rifles visibles. Funciona con despojo, con bloqueo, con incendio.

Cuando el liderazgo cae, la estructura prueba fuerza. Y quien no tiene cobertura amplia queda a la intemperie.

Vacío activo

El liderazgo cayó; la estructura permanece en disputa. La pregunta no es solo quién tomará la silla. Es si el relevo será ordenado o si las células regionales medirán fuerza.

Los posibles sucesores ya mueven piezas internas. Jalisco, además, no es cualquier escenario: será una de las sedes del Mundial 2026. La presión internacional no es abstracta. Es calendario.

Estados Unidos observa. El gobierno federal necesita estabilidad. Las rutas siguen activas. Los puertos siguen operando.

¿Fragmentación o reacomodo disciplinado? Porque lo que realmente sostiene al CJNG no es el liderazgo. Es el mercado. Y eso apenas comienza.

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El cargo El CJNG no es pirámide: es una red empresarial apareció primero en El Tabasqueño.

En el papel quedó asentado que murió por “conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforante”. En el territorio, en cambio, la pregunta fue otra: quién controla ahora las calles donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) impuso reglas durante más de una década.

El acta —identificada con la cadena 20901500142026038300— consigna que falleció a las 10:30 horas del 22 de febrero, durante su traslado de Tapalpa, Jalisco, a la capital. No murió en un rancho ni en una refriega extendida; murió bajo custodia federal, en tránsito. El dato es político. El mensaje también: el Estado no sólo lo abatió, lo registró y lo entregó conforme a protocolo.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que, tras pruebas genéticas para acreditar lazos consanguíneos, el cuerpo fue entregado a familiares. Dos carrozas salieron del Centro Pericial sin escoltas visibles, aunque dentro de un convoy. La escena fue sobria. Pero en Jalisco la sobriedad es apenas una capa fina.

El vacío y la calle

En Guadalajara y Zapopan, la especulación sobre el funeral de El Mencho activó despliegues preventivos. Patrullas estatales rodearon el Panteón Recinto de La Paz y luego se replegaron sin confirmar inhumación alguna. No hubo “código rojo”, dijeron autoridades, pero sí alerta ante posibles bloqueos. El CJNG ha usado funerales como demostración de fuerza y termómetro de lealtades.

El control territorial del cártel no depende sólo de un líder. Se sostiene en jefes regionales, finanzas diversificadas y células tácticas. Sin embargo, la figura de Nemesio Oseguera Cervantes era un eje simbólico y operativo. Su muerte obliga a reacomodos internos. Las piezas ya se mueven.

El mensaje federal

El parte oficial subraya que el líder fue herido en un operativo para su captura y murió durante el traslado. La precisión de la hora y el protocolo de identificación buscan cerrar espacios a narrativas alternas. La FGR habló de “agotar todos los procedimientos protocolarios necesarios”. La frase es técnica, pero apunta a legitimidad institucional.

En el terreno, la prioridad es contener la reacción. Autoridades estatales confirmaron alerta por posibles bloqueos y movimientos del crimen organizado en Jalisco. La vigilancia intermitente en el cementerio y el convoy discreto muestran un equilibrio: firmeza sin provocación.

La anatomía del operativo

El acta de defunción de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho”, no sólo certifica una muerte; describe un enfrentamiento. “Conjunto de traumatismos torácico, abdominal y de miembros inferiores perforante”, precisa el documento validado en el Sistema de Verificación de Actos Registrales. En términos tácticos, la localización de los impactos no es un dato menor.

Las heridas en tórax y abdomen corresponden al llamado “centro de masa”, la zona a la que se dirigen los disparos en protocolos de neutralización ante amenazas de alto riesgo. Las lesiones en extremidades inferiores sugieren intercambio en movimiento, no ejecución estática. El Mencho murió durante el traslado, a las 10:30 horas del 22 de febrero, tras resultar herido en el operativo federal en Tapalpa, Jalisco.

El parte oficial no detalla cuántos elementos participaron en el operativo para capturar al líder del CJNG, ni si hubo heridos entre fuerzas federales. Tampoco se informó sobre armas aseguradas o detenciones adicionales. Ese silencio delimita el alcance público del enfrentamiento y deja abierta la dimensión real de la operación contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La expedición del acta en la Ciudad de México, el mismo día de la entrega del cuerpo a familiares por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), cerró cualquier margen para versiones alternas. El Estado no sólo abatió al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación; lo registró formalmente en su sistema civil. El dato administrativo es también un mensaje político: no hay desaparición, hay certificación.

En el terreno, sin embargo, lo que pesa no es el documento sino la sucesión. La forma en que murió —herido en operativo, trasladado bajo custodia, certificado en la capital— elimina el mito del intocable. Pero no elimina la estructura que construyó el CJNG en Jalisco y otros estados.

Lo que viene

La muerte de El Mencho debilita una conducción centralizada, pero no desmantela la estructura del CJNG. La incógnita es si la sucesión será ordenada o violenta. Un funeral masivo podría convertirse en acto de cohesión; uno discreto, en señal de prudencia estratégica.

Para las fuerzas federales y estatales, el reto es impedir demostraciones de fuerza y evitar que la disputa interna derive en expansión territorial de rivales. La ausencia del líder abre ventanas para la inteligencia financiera y operativa. También exige vigilancia fina en corredores donde el Cártel Jalisco Nueva Generación controla rutas y economías ilícitas.

El acta cerró una biografía criminal. El territorio dirá si también cerró un ciclo.

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El cargo Acta y funeral miden control territorial tras caída del Mencho apareció primero en El Tabasqueño.

En la conferencia presidencial, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) “tiene presencia en varios estados” y que hay “cuatro líderes fuertes bajo investigación, dos más probables” como relevos tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Evitó nombres. No es un dato menor: la sucesión en una organización con tentáculos nacionales no se anuncia, se administra.

Fuentes del gabinete han señalado perfiles del círculo cercano: Audias Flores Silva, “El Jardinero”; Juan Carlos Valencia, “El Tres” o “El 03”; además de otros operadores como Gonzalo Mendoza Gaytán, “El Sapo”, y Ricardo Ruiz Velasco, “El RR”. La clave, sin embargo, no está sólo en quién encabece la operación armada, sino en quién controle la caja. Analistas de inteligencia coinciden en que la red financiera —atribuida a “Los Cuinis”— sostiene la marca CJNG más allá de un nombre propio.

Mando en transición

El secretario de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, informó que 28 elementos federales murieron tras el operativo en Tapalpa: tres de fuerzas especiales en la acción directa y 25 de la Guardia Nacional en ataques posteriores “cobardes” en carreteras. Otros 25 resultaron heridos, uno grave. La respuesta criminal fue simultánea en varios puntos de Jalisco: quema de vehículos, bloqueos estratégicos y agresiones a patrullas en tránsito.

No fue improvisación. Fuentes de seguridad describen un esquema ensayado para ganar tiempo y evitar traslados por tierra. Los bloqueos exhibieron el mapa operativo del cártel: corredores logísticos, municipios con arraigo y células listas para activarse. La normalización de vías en 48 horas, subrayó García Harfuch, no borra el mensaje: la organización conserva capacidad de coordinación.

La narconómina y la cadena de custodia

Sobre la presunta narconómina hallada en el cateo, el titular de la SSPC fue cauto: “Hay que cuidar la cadena de custodia… una vez que la FGR analice, podría informar e iniciar carpetas”. Admitió investigaciones contra policías municipales y estatales y “otro tipo de personas”, pero negó casos contra políticos. La prudencia pública contrasta con el impacto que tendría probar vínculos estructurales: el CJNG no crece en el vacío.

La fuga de 23 internos en Puerto Vallarta —producto de un motín interno y un ataque externo— mostró otra arista: el autogobierno penitenciario como pieza del engranaje. Cuatro fueron reaprehendidos; uno murió tras un enfrentamiento en el Puente de la Desembocada, confirmó el fiscal jalisciense Salvador González de los Santos. Las cárceles, como los bloqueos, son nodos del sistema.

El tamaño real

Inteligencia privada estima que lo que se denomina CJNG es un conglomerado de más de 90 organizaciones con al menos 69 grupos aliados y 62 subordinados. Opera en más de 40 países, según la DEA, con portafolio diversificado: narcotráfico, robo de combustible, extorsión, tala, trata y lavado. Esa arquitectura explica por qué la caída del líder no implica colapso inmediato.

El reacomodo traerá fricciones internas y ajustes de delegados regionales. Ahí se jugará el control territorial: quién asegura rutas, quién disciplina células, quién garantiza flujo de efectivo. Para el Gobierno, el desafío no es sólo evitar un repunte estadístico, sino desarticular la red financiera y los enclaves locales que permitieron la reacción coordinada.

En Chiapas, tres guardias nacionales fueron sepultados con honores en Pichucalco, Cintalapa y Copainalá. La dimensión humana de la operación recuerda que cada transición criminal tiene costos concretos. La disputa por la sucesión ya comenzó; su desenlace no se verá en conferencias, sino en la estabilidad —o no— de las plazas.

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El cargo Sigue CJNG vigente y reacomoda mando tras muerte del Mencho: Harfuch apareció primero en El Tabasqueño.

Del 13 al 15 de febrero, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco reportó el aseguramiento de 628 piezas de armamento, más de 300 semovientes, 220 dosis de droga y alrededor de 30 vehículos vinculados con hechos ilícitos. Además, fueron detenidas 17 personas, según el balance oficial.

El hallazgo más delicado ocurrió en Macuspana, donde una orden de cateo permitió decomisar 3 mil 665 agentes explosivos, 1 mil 108 iniciadores y 495 altos explosivos, además de maquinaria pesada. En términos operativos, este tipo de aseguramientos no sólo implica riesgo inmediato, sino que revela capacidades industriales detrás de ciertas células delictivas.

Para analistas de seguridad, el dato clave no es sólo la cantidad, sino la infraestructura detectada. La presencia de maquinaria y cañuelas indica cadenas de suministro más complejas, lo que obliga a reforzar inteligencia financiera y controles territoriales.

ABIGEATO: LA OTRA ECONOMÍA CRIMINAL

Otro frente fue el aseguramiento de 336 cabezas de ganado en el municipio de Centro. La Fiscalía General del Estado de Tabasco informó que los animales podrían tener procedencia centroamericana, abriendo una línea de investigación que involucra movilidad transfronteriza y mercados ilegales.

La operación derivó en la detención de 7 personas y el aseguramiento de cinco vehículos pesados. El abigeato ha evolucionado hacia esquemas logísticos similares al contrabando, donde la rapidez de traslado y la documentación apócrifa son piezas clave.

La Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica Olmeca también aseguró dos establecimientos comerciales en Centro para obtener información relacionada con investigaciones abiertas. Paralelamente, el operativo “Cárcel Segura” decomisó objetos de riesgo dentro de penales, un indicador relevante sobre el control interno del sistema penitenciario.

El saldo operativo deja un mensaje claro: el combate se centra ahora en romper cadenas de abastecimiento y no únicamente en detenciones aisladas.

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El cargo Tabasco: decomisan arsenal y explosivos en operativo contra redes criminales apareció primero en El Tabasqueño.

La forma en que la sociedad está procesando el ruido ensordecedor de la violencia en Tabasco, pese al altavoz en que se han convertido las redes sociales, hace suponer que la ciudadanía ya ve como normal las ejecuciones diarias. La reacción pública, cada vez más tenue, parece confirmar que el horror se está volviendo rutina.

No se trata de un escenario nuevo ni inédito. En el edén, los hechos de sangre comenzaron en estampida desde finales del gobierno de Manuel Andrade Díaz, cuyo secretario de Seguridad Pública fue detenido, al inicio de la siguiente administración, bajo señalamientos de estar relacionado con la delincuencia organizada.

En términos estrictos, lo que está pasando en Tabasco es consecuencia de lo que ocurre en el país: la herencia maldita de seguridad de un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que permitió que los grupos criminales cohabitaran con las autoridades, creando un caldo de cultivo para los frutos amargos.

Masacres como la ocurrida hace unos días en Salamanca, Guanajuato, con saldo de 12 víctimas mortales producto de un ajuste de cuentas entre cárteles, recuerdan al Tabasco de 2024, cuando en bares y centros nocturnos se oyó el tableteo de las ametralladoras.

Gobernadores priístas de triste memoria solían decir que los tabasqueños que no tenían “nada qué ver” con el mundo criminal estaban a salvo de la violencia. Ese argumento descarado bien podría reciclarse hoy, cuando es evidente que las bajas mortales se están dando, en su mayoría, entre los bandos en pugna.

Sí, lo deseable sería que ya no hubiera muertes, ni siquiera entre quienes pertenecen al negocio del crimen institucionalizado.

Pero el verdadero problema no es ese, sino que la sociedad empieza a asumir que las nubes grises también forman parte del paisaje.

Y cuando matar deja de escandalizar, el crimen no solo gana terreno, sino que se metaboliza con la vida misma. Esa es la señal más preocupante: no solo la expansión de la inseguridad, sino su normalización social.

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El cargo Tabasco y la herencia de un gobierno que cohabitó con el crimen apareció primero en El Tabasqueño.

La lectura no fue defensiva ni automática: reconoció la legitimidad del resultado electoral chileno, pero subrayó que cada proceso responde a contextos distintos.

“En el caso de Chile fue una votación democrática, eligió el pueblo de Chile quién quiere que lo gobierne”, sostuvo Sheinbaum al ser consultada por el triunfo de la ultraderecha. Aclaró, sin embargo, que en México existen condiciones políticas y sociales diferentes.

“Aquí no se va a dar un viraje a la derecha porque hay apoyo popular, porque estamos cumpliendo y no hemos traicionado lo que prometimos”, afirmó, señalando la cohesión interna, la honestidad y los resultados concretos como anclas del respaldo ciudadano.

El contraste sirve de marco para entender la magnitud de lo ocurrido en Chile. Kast se impuso con 58.1 por ciento de los votos, una diferencia de 16 puntos sobre la candidata de centroizquierda Jeannette Jara, quien obtuvo 41.8 por ciento, en una elección con participación histórica del 85 por ciento del padrón.

El resultado quedó definido desde las primeras horas del conteo y nunca hubo un momento real de incertidumbre.

El líder del Partido Republicano, abogado de 56 años y referente del conservadurismo católico, obtuvo 7.2 millones de sufragios y ganó en todas las regiones del país. Asumirá la presidencia el 11 de marzo de 2026 por un período de cuatro años.

En un gesto que reforzó la institucionalidad chilena, Jara lo felicitó telefónicamente y más tarde acudió en persona a saludarlo. El presidente Gabriel Boric hizo lo propio y acordó iniciar de inmediato un traspaso de mando ordenado y ejemplar.

EL DISCURSO

Desde su primer mensaje como presidente electo, Kast dejó claro el eje de su mandato. Ante una multitud, invocó su fe —“nada sería posible si no tuviéramos a Dios”— y prometió restablecer el orden como prioridad central de su gobierno.

Habló de ley sin privilegios, de sanciones duras contra el vandalismo, de un registro único de infractores y de responsabilidad parental frente a delitos cometidos por menores.

“El orden no es un capricho, es justicia”, dijo. Y fue más allá: quien viole la ley “va a sufrir todo el peso de ella”. Kast advirtió que no habrá beneficios estatales para quienes destruyan bienes públicos y que los padres deberán responder por los daños causados por sus hijos.

Al mismo tiempo, moderó expectativas. Reconoció que la inmigración ilegal, el crimen organizado y la delincuencia son problemas complejos que no se resolverán de inmediato y que exigirán reformas legales y respaldo institucional sostenido.

El mensaje conectó con un clima social marcado por el miedo, la percepción de inseguridad y el desgaste de las promesas progresistas. Chile, históricamente uno de los países más seguros de América Latina, vive desde hace algunos años un cambio profundo en la forma en que sus ciudadanos experimentan la violencia.

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VOTO DURO

Desde pueblos andinos como Cariquima, donde agricultores indígenas instalaron cerraduras por primera vez en sus casas, hasta barrios de Santiago y ciudades del extremo sur, la sensación de vulnerabilidad se expandió como un fenómeno transversal.

El aumento de los delitos violentos, impulsado en parte por la expansión de redes criminales internacionales, se convirtió en el tema político dominante de la campaña.

Las cifras son elocuentes. Los homicidios alcanzaron un récord de 1,322 en 2022; aunque descendieron a 1,207 en 2024, siguen siendo 43 por ciento más altos que en 2018. Menos del 40 por ciento de los chilenos se siente seguro al caminar de noche, según Gallup.

La percepción, más que la estadística comparada, terminó de inclinar el voto. En ese terreno, el discurso de orden y castigo resultó más eficaz que los llamados a la prudencia o a la complejidad del fenómeno criminal.

Este fenómeno no es exclusivo de Chile. En América Latina, la seguridad es hoy la principal preocupación electoral en al menos ocho países, lo que ha ampliado la tolerancia social hacia políticas de mano dura y discursos de control.

FRONTERA NORTE

La crisis tuvo un epicentro claro: el norte de Chile. Desde 2020, decenas de miles de migrantes —en su mayoría venezolanos— cruzaron el desierto de Atacama hacia Iquique, desbordando la capacidad local para atender una emergencia humanitaria y sanitaria sin precedentes.

Aunque los delitos son cometidos por una minoría, fiscales y autoridades confirmaron la presencia de pandillas criminales, cuyas víctimas suelen ser otros migrantes. El impacto social derivó en episodios de xenofobia, protestas violentas y un deterioro acelerado del tejido social.

Kast capitalizó ese malestar desde las elecciones de 2021, cuando prometió zanjas fronterizas y controles estrictos. Entonces perdió frente a Boric; hoy, con la seguridad como prioridad absoluta, ganó con amplitud.

Si bien el gobierno desplegó al Ejército en la frontera en 2023 y logró reducir los flujos migratorios y los homicidios en Tarapacá, el miedo ya estaba instalado. La percepción terminó eclipsando cualquier mejora estadística.

LECTURA REGIONAL

Desde México, Claudia Sheinbaum leyó el resultado chileno como una advertencia, pero no como un destino inevitable. Insistió en que la clave para evitar un viraje similar es no romper el vínculo con la base social ni abandonar los compromisos adquiridos.

“Hay resultados: disminución de la pobreza y de las desigualdades”, sostuvo. “La mayoría de las y los mexicanos está de acuerdo con la transformación que vive el país”, afirmó, subrayando que su gobierno se sostiene en resultados verificables y unidad política.

La comparación es inevitable. Mientras Chile giró hacia una promesa de orden frente al miedo, México apuesta a sostener su proyecto en legitimidad social y cumplimiento de compromisos.

El triunfo de Kast no sólo redefine el rumbo de Chile. También obliga a la izquierda latinoamericana a revisar sus prioridades y su capacidad de responder a una ciudadanía que, cuando siente que el Estado no la protege, está dispuesta a votar por alternativas más duras.

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El cargo Sheinbaum toma distancia del giro chileno y llama a revisar al progresismo apareció primero en El Tabasqueño.

El miércoles por la noche, personal de la Secretaría de Gobernación estatal y elementos federales colocaron sellos de clausura en la fachada del centro de apuestas ubicado sobre el periférico Carlos Pellicer Cámara, uno de los puntos de mayor tránsito de la capital tabasqueña.

El local había sido incluido en la lista negra del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que lo identifica como una de las piezas del engranaje financiero del Cártel de Sinaloa.

Fuentes cercanas al operativo relataron que el Skampa Villahermosa operaba con altos volúmenes de efectivo y sin aceptar pagos con tarjeta, una práctica ideal para lavar recursos sin dejar rastros electrónicos.

“El flujo diario era inusual: apostadores que llegaban con fajos de billetes, sin controles, sin límites. Ese dinero cambiaba de color cada noche”, dijo un agente financiero que participó en las diligencias.

UN OPERATIVO BINACIONAL

El golpe no fue local ni improvisado. Formó parte de una investigación conjunta entre la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana, que desde 2022 rastreaban los movimientos de 27 personas y empresas vinculadas al clan Hysa, una red de origen albanés utilizada por el Cártel de Sinaloa para lavar más de mil millones de pesos en México, Canadá y Europa.

De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), los casinos investigados —entre ellos los Skampa de Ensenada y Villahermosa— “enviaban pagos ilícitos a miembros de alto rango del cártel y recibían instrucciones detalladas sobre cómo mezclar dinero legal con ilícito”. El informe describe un esquema en el que las fichas de juego y los premios se convertían en facturas y ganancias aparentes.

La operación incluyó además a establecimientos en Sonora, Sinaloa, Baja California y Nuevo León, y se ejecutó en espejo con la UIF, que bloqueó cuentas bancarias, denunció ante la FGR y notificó a la Procuraduría Fiscal. “Es una red empresarial fachada que usaba la industria del entretenimiento como vehículo financiero. Lo relevante es que Villahermosa apareció en el radar, y eso no había ocurrido antes”, reconoció un alto funcionario de Hacienda.

CLAVES DEL CASO | POR QUÉ IMPORTA

• El casino Skampa Villahermosa fue incluido en la lista negra del Tesoro de EE. UU.
• El golpe financiero se extendió del norte al sureste mexicano.
• Es el primer caso de clausura en Tabasco por vínculos directos con redes internacionales.
• Marca el tránsito de la estrategia armada a la estrategia financiera contra el crimen.

EL SUR EN LA MIRA

Durante años, el lavado de dinero se concentró en el norte: Tijuana, Culiacán, Nogales, Hermosillo. Pero la clausura del casino en Villahermosa rompe esa geografía criminal. La red detectada por la UIF demuestra que el sur también se volvió un corredor para el capital ilícito.

Tabasco, con su alta circulación de efectivo por la industria petrolera, su frontera fluvial y su turismo creciente, ofrecía un terreno fértil para el camuflaje financiero.

“Ya no se trata de maletas de dinero cruzando carreteras, sino de fichas, transferencias, apuestas y premios que viajan sin pasar por un solo banco”, explica un investigador federal. “Villahermosa es la nueva frontera del lavado discreto.”

De acuerdo con fuentes del gabinete estatal, el Gobierno de Tabasco fue notificado del operativo y respaldó las acciones emprendidas por la UIF y la FGR, en línea con la política del gobernador Javier May Rodríguez de fortalecer la cooperación con instancias federales en materia de seguridad y finanzas públicas.

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GOLPE FINANCIERO Y MENSAJE POLÍTICO

En términos prácticos, la clausura del Skampa desmantela una válvula local del flujo financiero del Cártel de Sinaloa. Pero en términos políticos, es un mensaje: la inteligencia financiera ha sustituido a la guerra frontal como estrategia prioritaria del Estado. Ya no se trata solo de decomisar cargamentos o detener jefes, sino de estrangular sus finanzas, las que sostienen la violencia.

El Departamento del Tesoro de EE. UU. subrayó que “estas sanciones son el resultado de una cooperación estrecha con el Gobierno de México para proteger la integridad de ambos sistemas financieros”. Por su parte, la UIF mexicana adelantó que las denuncias ante la FGR permitirán rastrear los flujos que salieron de Tabasco hacia Panamá, Belice, Rumania y Albania.

En la práctica, el golpe a los casinos no solo afecta al Cártel de Sinaloa. Envía una advertencia al resto de las organizaciones criminales que han encontrado en el juego y la tecnología el disfraz perfecto para el dinero sucio.

VILLAHERMOSA: EL CIERRE DEL CÍRCULO

El operativo de Villahermosa cerró el mapa del golpe financiero. De norte a sur, los sellos de clausura colocados en Ensenada, Los Mochis, Mazatlán y Rosarito encontraron su eco final en Tabasco, donde por primera vez un centro de apuestas fue clausurado por vínculos directos con una red internacional de lavado.

En términos técnicos, el cierre de Skampa simboliza el fin de una ruta del dinero; en términos simbólicos, representa el inicio de otra etapa: la del control financiero como arma de Estado.

El golpe al dinero sucio empezó en los casinos y terminó en Villahermosa. Pero su verdadero alcance apenas comienza a medirse.

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El cargo Villahermosa se suma al golpe contra el dinero sucio en casinos apareció primero en El Tabasqueño.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) clausuró y bloqueó 13 casinos ubicados en ocho estados del país, tras detectar operaciones financieras millonarias vinculadas con lavado de dinero y presunta colaboración con grupos criminales.

Entre ellos se encuentran dos establecimientos pertenecientes a filiales de Grupo Salinas, lo que elevó la tensión política y mediática del caso.

OPERACIÓN FINANCIERA

El operativo, encabezado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación, representa uno de los movimientos más firmes en lo que va del sexenio para cerrar el paso al capital ilícito en el sector de entretenimiento y apuestas.

Según información confirmada por Hacienda, los casinos detectados realizaron transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, además de operaciones en efectivo a gran escala mediante plataformas digitales no reguladas, usadas para ocultar la procedencia del dinero.

El diagnóstico fue claro: los establecimientos servían como mecanismo de dispersión, ocultamiento y reinserción de recursos ilegales al sistema financiero.

En varios de ellos, se identificaron personas físicas —amas de casa, jubilados, estudiantes— que actuaban como prestanombres para mover fondos a cuentas en el extranjero. A cambio de una comisión, transferían todo el dinero a los verdaderos beneficiarios, lo que aparentaba ingresos legítimos procedentes de apuestas.

“El objetivo es evitar que los casinos se conviertan en lavadoras del crimen”, dijo un funcionario del gabinete de seguridad.

La investigación tomó meses. El rastreo de los flujos financieros involucró a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (CENAPI) y la Unidad de Inteligencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN).

En conjunto, se aplicó la figura de bloqueo financiero inmediato para impedir movimientos y congelar cuentas. La medida fue acompañada por la Secretaría de Gobernación, que ordenó la suspensión inmediata de los establecimientos.

POLÉMICA CORPORATIVA

El caso cobró fuerza cuando se confirmó que entre los casinos bloqueados estaban Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganador TV Azteca SAPI de CV, filiales del consorcio de Ricardo Salinas Pliego.

El grupo empresarial reconoció haber sido notificado por la Procuraduría Fiscal y la UIF, pero denunció “acoso y persecución sistemática del Estado”, asegurando que sus empresas cumplen con los más altos estándares internacionales contra el lavado de dinero.

La respuesta encendió una nueva polémica entre la autoridad hacendaria y el grupo mediático, que ya mantiene litigios con el fisco federal por adeudos superiores a los 25 mil millones de pesos.

Para analistas del sector financiero, la investigación marca un cambio en la estrategia del gobierno: el enfoque ya no está solo en las rutas del narcotráfico, sino en los circuitos financieros que lo sostienen.

En palabras de un alto funcionario consultado, “no se trata solo de cerrar un casino, sino de cortar una vía de legitimación del dinero del crimen organizado”. La acción también fortalece la cooperación con organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que ha exigido a México mayor vigilancia sobre sectores vulnerables.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que la revisión de los casinos continuará “desde las perspectivas financiera, de seguridad y de cumplimiento legal”. En su equipo reconocen que la operación busca evitar lo que en sexenios anteriores ocurrió con los permisos otorgados en masa bajo la administración de Enrique Peña Nieto, cuando los juegos de azar se expandieron sin regulación estricta ni mecanismos de control efectivos.

MENSAJE AL PODER

A diferencia de otras investigaciones que se diluyen en la burocracia, esta vez los pasos son visibles. Las cuentas fueron congeladas, las actividades suspendidas y las denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) están en curso.

Además, Hacienda confirmó que se dará vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) para rastrear posibles delitos fiscales y asociación delictuosa.

El golpe tiene un sentido simbólico: después de los escándalos de corrupción y evasión, el gobierno envía un mensaje a los grandes capitales. Nadie está por encima del radar financiero.

En esta partida, el Estado no apuesta, regula. Y si el mensaje se sostiene con investigación sólida y debido proceso, el resultado podría significar un punto de inflexión en la forma de combatir la economía criminal.

CAJA DE DATOS | PUNTO POR PUNTO

Nota: La investigación incluye plataformas digitales no reguladas y operaciones internacionales.
Fuente: Secretaría de Hacienda, UIF y Procuraduría Fiscal, corte octubre 2025.

El cargo Golpe al azar: desmantelan red transnacional de lavado en casinos apareció primero en El Tabasqueño.