La eliminación de El Mencho no cayó bien en el entorno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto pudo verse con nitidez en Tabasco, donde priístas identificados con el senador Adán Augusto López Hernández “tomaron” las armas digitales para atizar el caos contra la administración de Claudia Sheinbaum Pardo ante el manotazo en materia de seguridad pública que rompe con la política de abrazos, no balazos de su antecesor en Palacio Nacional.

El operativo del domingo en Tapalpa, Jalisco, que acabó con el narcotraficante más peligroso del país, Nemesio Oseguera Cervantes, fractura la narrativa de contención que predominó en el sexenio pasado y abre la puerta a una estrategia distinta frente al crimen organizado.

Con ese lance, Sheinbaum asume costos políticos y de seguridad que antes evitaba el régimen, lo cual incomoda a quienes defendían la línea gubernamental del pasado reciente; el episodio que mantuvo al país en vilo durante 24 horas también se percibe como gesto de autonomía presidencial.

La ofensiva contra el jefe del CJNG exhibe tensiones dentro de la esfera oficial y perfila un cambio de estilo en el ejercicio del poder, con repercusiones que podrían sentirse en la política nacional y en la relación con Estados Unidos.

En la cuna del poeta Carlos Pellicer Cámara, la corriente del oriundo de Macuspana mantiene presencia dominante desde 2012, cuando ganó la gubernatura, y sigue considerándose bastión del lopezobradorismo. Dentro de ese grupo es figura destacada el senador López Hernández, quien, pese al menoscabo en imagen tras revelarse que su ex secretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena dirigía La Barredora, conserva influencia en el vinotinto.

En 2023, cuando buscó la candidatura presidencial de Morena, al ex secretario de Gobernación lo respaldó parte de la vieja clase priísta, de manera destacada el ex gobernador Manuel Andrade Díaz, cuya campaña por la gubernatura en 2000 coordinó el propio López Hernández.

Pese a la cercanía con Adán, el ex mandatario es furibundo antilopezobradorista y ha mantenido una ráfaga constante contra Sheinbaum, cuyo golpeteo arreció cuando competía con su paisano “el otro López”. En los hechos, Andrade ayudaba a la causa de su coterráneo pegándole a la mujer que luego se convirtió en la primera presidenta de México.

Este domingo, mientras la nación seguía con angustia la cacería de El Mencho, el priísta difundía en redes sociales noticias falsas que atizaban el pánico ciudadano, como la supuesta ocupación del aeropuerto internacional de Guadalajara por criminales o presuntos incendios en oficinas del Banco del Bienestar en Tabasco.

Incluso divulgó llamados apócrifos atribuidos a la UJAT, generando confusión entre la comunidad estudiantil y alimentando el caos en el ecosistema tabasqueño. Aun advertido de la falsedad, no retiró los mensajes, convirtiéndose en gatillero digital de las voces que se alzaron contra Sheinbaum por descabezar al CJNG.

Para su información…

El ex gobernador Andrade fue uno de los primeros políticos tabasqueños en salir a defender a Hernán Bermúdez, señalado por autoridades como jefe criminal. Cuando detonó el escándalo del presunto cabecilla de La Barredora, sostuvo que el caso no obedecía a la búsqueda de justicia del gobierno de Javier May Rodríguez, sino a una intención de afectar al senador López Hernández.

El llamado Comandante H fue subsecretario de Gobierno en la administración de Andrade y fue arraigado por la SIEDO tras ser vinculado al homicidio del veracruzano Ponciano Vázquez Lagunes, señalado en su momento por pertenecer a la delincuencia organizada. Ni Andrade ni Adán López, según su versión, se enteraron de esos vínculos. Ha trascendido que el ex funcionario tabasqueño habría sido requerido por autoridades del gobierno de Donald Trump.

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El cargo Tabasco: Caída de El Mencho incomoda a gente de Adán López apareció primero en El Tabasqueño.

El hallazgo de una fosa clandestina en Paraíso, con al menos seis cuerpos enterrados desde hace años, agitó la conversación pública en Tabasco y alimentó la tirria contra el gobernador Javier May Rodríguez.

La noticia pronto adquirió cariz político. Tras el anuncio de la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET), algunas voces bien identificadas tronaron para desacreditar la actual estrategia de seguridad.

“¿No que ya estamos mejor?”, le escribió al reportero un actor político al comparar la gestión de May con la de Adán Augusto López Hernández.

La discusión, empero, no rebasa la frontera de la memoria: los restos tienen entre tres y cinco años de antigüedad, por lo que corresponden al periodo previo. Esa laguna selectiva permite entender que la violencia en Tabasco que hoy corroe se incubó años atrás.

El descubrimiento en Paraíso exhibe la resaca de una borrachera criminal tolerada en el pasado por las propias autoridades. En el edén, durante años el Estado convivió con bandas que penetraron corporaciones, contaminaron instituciones y sembraron miedo. El panteón clandestino del municipio costero es evidencia de ese deterioro acumulado.

Sobre esa infiltración, el propio gobierno estatal ha presumido capturas que apuntan hacia atrás. El 28 de abril de 2025 se informó la detención del subdirector de Seguridad Pública de Paraíso, Rubicel Chablé, señalado como “generador de violencia” y presunto mando de La Barredora.

El titular de Seguridad estatal, Serafín Tadeo Lazcano, dijo entonces que la captura derivó de trabajos de inteligencia coordinados con fuerzas federales.

También mandos militares indicaron en esa conferencia que el detenido estaría relacionado con el ataque a policías municipales en marzo de ese año, cuando dos agentes fueron asesinados tras concluir su turno. La principal línea de investigación apuntaba a una red con protección institucional.

Por eso la indignación social es legítima: son seis cuerpos enterrados clandestinamente. Pero no debería usarse ese hallazgo como bandera política sin considerar el contexto.

El caso Paraíso recuerda el costo de la impunidad. La Fiscalía aún no confirma si los restos se vinculan con investigaciones a funcionarios municipales relacionados con bandas criminales; cuando lo haga, sabremos si esta fosa es otra pieza del engranaje del México real o la prueba de que en Tabasco la impunidad tuvo padrinos.

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El cargo La pólvora mojada de la fosa de Paraíso apareció primero en El Tabasqueño.

La versión de que Andrés Manuel López Beltrán, Andy, participará en las elecciones intermedias en Tabasco 2027 para buscar una diputación local comenzó a circular desde la capital del país y, en la tierra del ex presidente AMLO, le ha dado carta de naturalización el grupo del senador Adán Augusto López Hernández, a quien se le atribuye una supuesta alianza con el aún secretario general del comité nacional de Morena.

Fue el columnista Mario Maldonado, de El Universal, quien dio a conocer el año pasado la especie de que Andy vendría a su tierra natal a hacer carrera política por instrucciones de su padre. La información se había mantenido en espacios digitales: el único político tabasqueño que se refirió al tema fue el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, Jorge Bracamonte Hernández, quien aseguró que López Beltrán aún no había manifestado interés de contender por un distrito de Tabasco.

La revelación ha cobrado actualidad ahora que, a finales del mes pasado, Adán Augusto López renunció a la coordinación en la Cámara Alta, en un movimiento anticipado por Maldonado, quien también ha publicado recientemente que Andy y el senador López habrían hecho alianza.

El dato, que por supuesto no ha sido —ni podría ser— confirmado, ha adquirido fuerza al ser validado, de alguna manera, por allegados a López Hernández. La columna titulada Adán Augusto y Andy unen fuerzas, publicada el 10 de febrero en El Universal, ha sido ampliamente difundida por cercanos al ex coordinador del Senado.

El texto es presentado como prueba de que el también ex gobernador tabasqueño sigue en los primeros planos de la política nacional y dentro del círculo lopezobradorista.

Adán López está enfrentado al mandatario Javier May Rodríguez por el tema de La Barredora, organización criminal ligada al CJNG y cuyo liderato se atribuye al ex secretario de Seguridad Hernán Bermúdez Requena, aunque el diferendo entre ambos tiene raíces de décadas.

En 2024, en la tierra del ex mandatario mexicano, la corriente de Los Puros —conocida localmente como Los Fundadores— apoyó a Claudia Sheinbaum Pardo y confrontó a López Hernández, en una estrategia cuyo vocero era José Ramiro López Obrador, entonces coordinador de campaña de May y hoy secretario de Gobierno.

En el escenario de una eventual alianza Andy-Adán, faltaría ver en qué posición queda Javier May, cuyo gobierno asignó la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a Daniel Casasús Ruz, amigo de Andy desde la infancia.

Un punto poco analizado es si López Beltrán tiene números suficientes para entrar a una competencia electoral en Tabasco, toda vez que, aunque el ex presidente conserva partidarios en su tierra, la llamada Cuarta Transformación enfrenta un desgaste producto de sus choques internos.

El caso de La Barredora sigue presente en el imaginario colectivo y se desconoce el alcance que tendrá en las próximas elecciones. En redes sociales persiste la percepción de que el verdadero responsable del grupo criminal sería, presuntamente, el senador López Hernández, mientras que se reconoce al gobernador May como quien impulsó la estrategia para desmantelar esa estructura que operaba desde las entrañas de la SSyPC.

Además, una alianza política entre López Hernández y López Beltrán fortalecería al primero, escenario poco favorable para May Rodríguez, quien pese a los equilibrios internos mantiene presión sobre su adversario político, figura polémica que aún conserva redes económicas y políticas activas.

Una cosa parece cierta: el controvertido senador difícilmente podría regresar a hacer campaña en Tabasco sin enfrentar cuestionamientos por haber nombrado a Hernán Bermúdez como jefe policiaco.

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El cargo ¿Hará Andy López carrera en Tabasco ‘de la mano’ de Adán? apareció primero en El Tabasqueño.

La forma en que la sociedad está procesando el ruido ensordecedor de la violencia en Tabasco, pese al altavoz en que se han convertido las redes sociales, hace suponer que la ciudadanía ya ve como normal las ejecuciones diarias. La reacción pública, cada vez más tenue, parece confirmar que el horror se está volviendo rutina.

No se trata de un escenario nuevo ni inédito. En el edén, los hechos de sangre comenzaron en estampida desde finales del gobierno de Manuel Andrade Díaz, cuyo secretario de Seguridad Pública fue detenido, al inicio de la siguiente administración, bajo señalamientos de estar relacionado con la delincuencia organizada.

En términos estrictos, lo que está pasando en Tabasco es consecuencia de lo que ocurre en el país: la herencia maldita de seguridad de un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que permitió que los grupos criminales cohabitaran con las autoridades, creando un caldo de cultivo para los frutos amargos.

Masacres como la ocurrida hace unos días en Salamanca, Guanajuato, con saldo de 12 víctimas mortales producto de un ajuste de cuentas entre cárteles, recuerdan al Tabasco de 2024, cuando en bares y centros nocturnos se oyó el tableteo de las ametralladoras.

Gobernadores priístas de triste memoria solían decir que los tabasqueños que no tenían “nada qué ver” con el mundo criminal estaban a salvo de la violencia. Ese argumento descarado bien podría reciclarse hoy, cuando es evidente que las bajas mortales se están dando, en su mayoría, entre los bandos en pugna.

Sí, lo deseable sería que ya no hubiera muertes, ni siquiera entre quienes pertenecen al negocio del crimen institucionalizado.

Pero el verdadero problema no es ese, sino que la sociedad empieza a asumir que las nubes grises también forman parte del paisaje.

Y cuando matar deja de escandalizar, el crimen no solo gana terreno, sino que se metaboliza con la vida misma. Esa es la señal más preocupante: no solo la expansión de la inseguridad, sino su normalización social.

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El cargo Tabasco y la herencia de un gobierno que cohabitó con el crimen apareció primero en El Tabasqueño.

Más de 14 meses después, el caso ya no es Hernán Bermúdez Requena, sino el sistema político que lo protegió. Desde que Javier May Rodríguez acusó que era líder de La Barredora y pidió explicaciones a Adán Augusto López Hernández y Carlos Merino Campos, el poder ha hecho exactamente lo que mejor sabe hacer cuando se mira al espejo: cerrar filas, administrar el silencio y diluir responsabilidades.

El señalamiento del 13 de noviembre de 2024 no fue menor: provenía del propio gobernador de Tabasco, apenas mes y medio después de iniciar su gestión, y apuntaba al exsecretario de Seguridad Pública que sirvió a dos administraciones estatales. No era una filtración ni un rumor: era una acusación directa por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Pero este expediente tiene un antecedente que puede explicar todo. El 17 de octubre de 2022, cuando Andrés Manuel López Obrador era presidente, salió a defender desde Palacio Nacional a su paisano Adán López, entonces secretario de Gobernación, ante cuestionamientos que vinculaban a Bermúdez con La Barredora.

En su mañanera lo calificó de “hombre honesto”. Desde entonces quedó claro que el caso no caminaría como un asunto ordinario de justicia penal, sino como un problema de lealtades políticas.

Con el paso del tiempo, la ruta ha sido precisa. Bermúdez Requena fue detenido, procesado y exhibido como jefe criminal. La justicia avanzó contra el subordinado. Pero cuando tocó mirar hacia arriba, el proceso se congeló. Los gobernadores que lo nombraron y lo sostuvieron quedaron fuera de cualquier radar judicial.

Por esos días, el senador López Hernández lanzó un desafío público: dijo estar a disposición de cualquier autoridad. Retador. Pero la escena decisiva no fue su declaración, sino el silencio posterior: ninguna Fiscalía lo ha citado, ni siquiera para un trámite administrativo.

Hoy el contraste es revelador. Hay detenidos, procesos penales y cuentas congeladas. Lo único que no hay son explicaciones del poder. Nadie ha dicho cómo un presunto capo llegó, permaneció y ascendió dentro de la estructura de seguridad del estado sin que sus superiores lo notaran.

Más de 14 meses después, el expediente ya no habla solo de delincuencia organizada. Habla de algo más profundo: un sistema político que se protege a sí mismo, que blinda a los suyos y deja que el tiempo absuelva lo que las instituciones se negaron a investigar.

El reloj institucional sigue corriendo. El próximo 24 de marzo, la Fiscalía General del Estado de Tabasco (FGET) debe cerrar la investigación complementaria y decidir si el caso se limita a castigar al ejecutor o si, por primera vez, se atreve a preguntar quién lo puso ahí, quién lo sostuvo y quién miró hacia otro lado.

No es un trámite menor: es el momento procesal que define si habrá nuevas líneas de investigación o si el expediente quedará encapsulado para siempre.

Y entonces el mensaje será claro: en Tabasco, la justicia puede escalar hasta los criminales visibles, pero se detiene exactamente donde empiezan los nombres incómodos.

Las apuestas en el edén de AMLO son que ni siquiera se llegará al ex mandatario interino Merino Campos. Pensar que será indiciado el actual senador al que López Obrador llamaba “hermano” parece, hoy, una hipótesis remota.

En Tabasco, la sensación es amarga: la justicia persigue a los de abajo y se frena frente a los de arriba. Y esa, más que una falla jurídica, es una decisión política.

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La violencia en Tabasco que hoy sacude al estado no es un fenómeno repentino, sino una crisis de seguridad pública que viene de atrás, una herencia pesada que comenzó a gestarse cuando el gobierno empezó a mostrar signos evidentes de penetración criminal y desde el poder se prefirió minimizar el problema, administrar estadísticas y vender tranquilidad. Ese es el origen.

La jornada delictiva del miércoles y su continuidad de este jueves no son episodios aislados. Son la expresión de un problema incubado durante años, cuando desde Plaza de Armas se miraba hacia otro lado mientras el crimen organizado ganaba territorio.

Hoy ese escenario estalla en manos del gobierno de Javier May Rodríguez, quien no diseñó este paisaje. Se lo dejaron.

May recibió un estado con focos rojos encendidos, corporaciones policiales debilitadas y regiones ya contaminadas por estructuras criminales. Una entidad donde durante demasiado tiempo se creyó que bastaba con discursos optimistas para contener una realidad que ya avanzaba por debajo de la mesa.

Eso no exonera al actual gobierno, pero sí coloca el debate donde debe estar: esta gestión enfrenta una crisis heredada de violencia que no provocó, pero que hoy tiene la obligación de desmontar.

Y no es menor, ya que si algo distingue a la actual administración es que, por primera vez en años, reconoció sin maquillaje la gravedad del problema e intenta reconstruir desde los escombros con depuración policial, coordinación federal, presencia territorial y reordenamiento institucional.

Es, en los hechos, una tarea de reconstrucción de la seguridad, no de simple mantenimiento. La violencia, sin embargo, no logra detenerse.

Si el miércoles dejó ejecuciones, enfrentamientos armados y alertas, este jueves confirmó algo todavía más preocupante: en Tabasco, la criminalidad ya no es un episodio excepcional, sino un fenómeno en expansión.

Y cuando la violencia se vuelve rutina, la sociedad empieza a anestesiarse. Y eso es lo que busca la delincuencia: normalizar el horror.

Pero hay otro riesgo igual de grave. Y este es que algunos actores del pasado, los mismos que incubaron el problema, hoy pretendan capitalizar políticamente la inseguridad, cada muerte, cada ejecución, cada jornada sangrienta, como si no tuvieran responsabilidad alguna en el deterioro que hoy se padece.

El dolor ajeno convertido en consigna. La tragedia usada como munición. Eso no ayuda. Eso lastima más.

Frente a este escenario, Tabasco no puede seguir reaccionando de manera fragmentada. Ni el gobierno puede solo, ni la ciudadanía puede refugiarse en el silencio.

La delincuencia organizada no se combate únicamente con operativos. Se enfrenta con unidad social, coordinación institucional y decisión política sostenida.

Hoy Tabasco necesita un frente común donde estén el gobierno, los empresarios, las iglesias, las universidades, los medios y, sobre todo, la ciudadanía.

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En Tabasco, la violencia no sólo mata: también se recicla políticamente. Cada jornada sangrienta activa de inmediato a una fauna política que no pierde tiempo en contabilizar cadáveres para convertirlos en munición discursiva.

Este miércoles no fue la excepción. Apenas comenzaron a circular en redes los reportes de ataques armados, homicidios y hechos de inseguridad en distintos municipios, cuando el ex gobernador priísta Manuel Andrade Díaz apareció, puntual como reloj de tragedias, con su diagnóstico lapidario: “la falacia, la mentira de que la seguridad ha mejorado en Tabasco”.

La frase venía acompañada de un recurso infalible: “todo esto pasó hoy y apenas son las nueve de la noche”. No es una observación. Es un método. Porque a Andrade no le interesa explicar la crisis de seguridad, ni entenderla, ni mucho menos proponer algo frente a ella. Le interesa explotarla.

Convertir cada asesinato en prueba de cargo, cada ejecución en eslogan político, cada cadáver en argumento para su cruzada personal contra el gobierno estatal

Lo paradójico es que el autor de estas denuncias incendiarias no es precisamente un ciudadano recién llegado al debate público. Es un ex gobernador de Tabasco. Uno que, cuando tuvo el control de la policía, del Ministerio Público y de todo el aparato de seguridad pública, tampoco dejó un legado digno de manual de buenas prácticas.

Pero esa parte de la historia suele borrarse con sorprendente facilidad.

Hoy Andrade habla como si hubiera gobernado un paraíso nórdico y no el Tabasco de los ajustes de cuentas, los expedientes extraviados y las complicidades nunca aclaradas. Critica desde la comodidad del olvido selectivo, como si la inseguridad fuera un fenómeno que apareció apenas con sus adversarios políticos.

La crítica es legítima. Nadie discute eso. Lo que resulta inquietante es la forma.

Andrade no denuncia para que se investigue; exhibe para que se consuma. No busca esclarecer; busca impactar. No pretende mejorar nada; pretende recordarnos que sigue vivo políticamente. Y lo hace con una ligereza que raya en el cinismo.

Porque reducir una jornada compleja, con hechos aún sin confirmar oficialmente, a la consigna de “la mentira de la seguridad” no sólo es simplista: es irresponsable.

La violencia en Tabasco es real, sí. Pero también lo es la obligación de no manipularla. Más grave todavía: Andrade convierte las muertes en marcador político. No hay víctimas, hay cifras. No hay familias, hay estadísticas. No hay tragedias humanas, hay insumos para su narrativa.

En ese juego, el muerto deja de ser persona y se vuelve argumento.

El contraste es brutal: mientras autoridades aún no emiten información oficial, mientras las fiscalías procesan escenas y recaban datos, mientras las familias comienzan el duelo, el ex gobernador ya está dictando sentencia desde Facebook, sin matices, sin contexto y —por supuesto— sin una sola autocrítica sobre su propio pasado.

No es nuevo. Andrade lleva años instalado en la política de la descalificación permanente. Pero ahora ha dado un paso más: ha cruzado la frontera entre la crítica política y el aprovechamiento sistemático del horror.

Y eso, en cualquier código ético mínimo, debería incomodar.

Porque si de verdad le preocupara la seguridad pública de Tabasco, hablaría de estrategias, exigiría planes, pediría indicadores, preguntaría por capacidades institucionales. Pero no. Prefiere la frase incendiaria, el post viral, el golpe inmediato.

La violencia como escenografía. La muerte como utilería. El dolor como combustible político.

Paradójicamente, ese discurso termina por trivializar lo que dice combatir. Si todo es catástrofe, nada lo es. Si cada noche es “prueba definitiva”, ninguna lo será mañana. La exageración constante vacía de sentido incluso a las tragedias reales.

Tabasco tiene un problema serio de inseguridad, sí. Pero también tiene otro problema igual de delicado: políticos que descubrieron que la sangre rinde electoralmente.

Y cuando un ex gobernador hace de los muertos su principal capital político, el deterioro ya no es sólo de seguridad. Es moral.

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Está probado que uno de los principales parámetros con los que la ciudadanía evalúa a sus autoridades es la seguridad pública. No es un asunto menor ni abstracto: cuando los delitos aumentan, la aprobación de presidentes y gobernadores suele desplomarse; cuando disminuyen —o al menos así se percibe—, el respaldo popular se mantiene o crece.

Bajo esa lógica se entiende que, al inicio de 2026, el gobernador Javier May Rodríguez conserve una alta aprobación ciudadana, al grado de ubicarse entre los mandatarios mejor evaluados del país.

De acuerdo con la encuestadora Rubrum, el tabasqueño ocupa el sexto lugar nacional, con una calificación de 6.64 en una escala donde 1 es la más baja y 9 la más alta.

El dato cobra relevancia si se observa el rubro específico que explica ese posicionamiento. En la medición nacional, May Rodríguez aparece especialmente bien evaluado y se ubica en el tercer lugar. En el listado general sólo figura por debajo de los gobernadores de Coahuila, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas y Querétaro, entidades que en los últimos años han logrado construir una narrativa de control delictivo, independientemente de que la realidad no sea uniforme en todo su territorio.

Los sondeos se levantaron entre el 3 y el 6 de enero, un momento clave, cuando la percepción ciudadana todavía tiene frescos los datos oficiales del cierre de año. Y es ahí donde las cifras juegan a favor del gobierno estatal.

El primer día hábil de 2026, el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESESP), Francisco Javier Zúñiga Hernández, dio a conocer que durante 2025 los homicidios dolosos registraron una disminución acumulada del 63% en Tabasco, en comparación con el año inmediato anterior.

Detalló que la reducción fue aún más marcada en el municipio de Centro, históricamente el principal foco rojo, donde la baja alcanzó el 71% respecto de 2024.

Los números ayudan a explicar el impacto en la percepción social. Mientras en diciembre de 2024 el estado promedió 2.3 homicidios dolosos diarios, en diciembre de 2025 la media fue de apenas 0.8.

Así, el contraste es contundente: de 73 homicidios dolosos en diciembre de 2024 se pasó a 27 en diciembre de 2025.

En el caso de Centro, la reducción fue de 38 a 11 asesinatos en el mismo periodo comparado.

Desde luego, la estadística no agota el debate ni cancela la preocupación ciudadana por otros delitos, pero en política la percepción pesa tanto como los datos duros.

Y hoy, al menos en el indicador más sensible —los homicidios—, el gobierno de Javier May ha logrado construir un escenario que se traduce en respaldo ciudadano y reconocimiento nacional.

La interrogante de fondo es si esta tendencia podrá sostenerse en el tiempo o si se trata de una mejora coyuntural, como ocurrió en otros sexenios.

Por ahora, las cifras y la percepción juegan a favor del gobernador. El desafío será que no se quede solo en el buen arranque de año que tuvo.

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En el paisaje político y de seguridad del país, los fantasmas se levantan con mayor fuerza cuando convergen los intereses mexicanos con asuntos internacionales. Esto le está ocurriendo a Hernán Bermúdez Requena, El Comandante H, ex secretario de Seguridad de Tabasco y presunto líder de la célula criminal La Barredora, brazo del CJNG en el sureste del país.

Cuando parecía que el tema había quedado diluido, reapareció con fuerza justo en el momento en que escaló de tono la presión del gobierno de Donald Trump sobre la administración de Claudia Sheinbaum Pardo por la supuesta complacencia con el narcotráfico. Ese cruce de señales diplomáticas y de seguridad reconfigura no solo el caso jurídico de Bermúdez, sino la narrativa política que lo rodea.

Fue el pasado 9 de enero cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó en la conferencia mañanera de Palacio Nacional que existen nuevas pruebas e incluso un componente internacional en la investigación contra Bermúdez y La Barredora. Esa intervención oficial significó el retorno del caso a la agenda pública después de meses de silencio institucional, a raíz de la renuncia de Alejandro Gertz Manero a la Fiscalía General de la República (FGR), el 27 de noviembre pasado.

Un día antes, en la cuenta @avieu de X se viralizó un mensaje que resumía la percepción de opacidad: “Se cumplen 112 días sin una sola actualización oficial sobre el caso Bermúdez Requena, El Comandante H. Y 1,183 días desde que se revelaron los vínculos de Adán Augusto con La Barredora”. Aunque esta cifra acumulada no tiene respaldo público documentado, refleja el ambiente de estancamiento que se instaló mientras la investigación parecía reposar en un cajón.

La controversia no es nueva. Bermúdez, quien ocupó el principal cargo de seguridad en Tabasco durante la gestión del hoy senador Adán Augusto López Hernández, con quien había colaborado desde hace más de 30 años, es objeto de una carpeta de investigación iniciada por la Fiscalía General del Estado en noviembre de 2024 por presuntos delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro exprés, que derivó en una orden de aprehensión el 14 de febrero del año pasado.

Tras huir del país, Bermúdez fue localizado y detenido en Paraguay, el 12 de septiembre de 2025, en una lujosa residencia en las afueras de Asunción. Cinco días después —el 17— fue expulsado a México y recluido en el penal federal del Altiplano en el Estado de México.

A finales de diciembre, un juez federal ratificó la prisión preventiva y reclasificó como agravados los delitos locales de secuestro y extorsión, mientras mantuvo vigente el de asociación delictuosa. También otorgó tres meses adicionales para el cierre de la investigación complementaria, plazo que vence el 24 de marzo próximo.

La narrativa oficial de aparente inacción fue interpretada por sectores políticos como un intento de proteger a López Hernández, hoy figura dominante en el morenismo nacional. En Tabasco, ese fantasma ha alimentado todo tipo de especulaciones: desde la idea de que Bermúdez no será castigado, hasta la percepción de que su caso se ha manejado con prudencia extrema para evitar que se convierta en el García Luna de la 4T.

Pero este guion cambió cuando la atención internacional volvió a poner el foco sobre la relación entre el crimen organizado y las estructuras de poder mexicanas. El caso Bermúdez dejó de ser un simple expediente judicial y se volvió un símbolo de tensión diplomática entre las prioridades internas de seguridad y las presiones del gobierno estadounidense.

Hoy el horizonte del Comandante H se bifurca: seguir enfrentando un proceso que podría llevarlo a décadas de prisión, o convertirse en testigo colaborador de la FGR a cambio de información que comprometa a actores de mayor nivel en la estructura criminal que presuntamente encabezó.

Y en ese cruce de caminos —político, judicial y diplomático— se decide no solo su destino, sino el relato que acompañará a un país que sigue negociando con su propia sombra.

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El cargo Tabasco: Trump se interpone en el camino del Comandante H apareció primero en El Tabasqueño.

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El cargo Tabasco: La piel rojinaranja de Morena apareció primero en El Tabasqueño.

]]> DE PRIMERA MANO / POR RODULFO REYES

La elección de gobernador de 2024 dejó una clave que muchos prefirieron pasar por alto: Morena no compitió solo contra la oposición, sino contra una fracción de sí mismo. Javier May Rodríguez consiguió la mayor votación del movimiento desde 2012, cuando Andrés Manuel López Obrador le arrebató Plaza de Armas al PRI hegemónico; aun así, cedió seis ayuntamientos, más de un tercio del mapa municipal.

No fue una anomalía electoral ni un desliz táctico. Fue una operación política deliberada. Las tres alcaldías ganadas por Movimiento Ciudadano y las tres del Partido del Trabajo no emergieron de cuadros propios, sino de trasfugas del vinotinto, en un ensayo que apunta a institucionalizarse rumbo a las intermedias de 2027.

Esas comunas quedaron en manos de la corriente neomorenista, hoy la antagonista real del grupo fundador donde milita el jefe del Ejecutivo estatal. La disputa no es doctrinaria, sino territorial, presupuestal y sucesoria. Morena avanza hacia un esquema que opera más como federación de facciones que como partido cohesionado.

Tabasco: la violencia a la baja y el peso de la memoria

MC gobierna Emiliano Zapata, Paraíso y Tacotalpa; el PT manda en Jalapa, Nacajuca y Tenosique. En los hechos, no son administraciones naranjas ni petistas, sino gobiernos morenistas con otra camiseta, útiles para competir sin romper formalmente con la marca dominante. La oposición clásica quedó desplazada; el conflicto real se replegó al interior del movimiento.

Sondeos recientes, levantados desde una dependencia del propio gobierno estatal, anticipan que esas seis plazas serían retenidas. El dato confirma que el fenómeno no es coyuntural, sino estructural: el poder local se disputa dentro de Morena usando vehículos partidistas alternos para procesar diferencias que ya no caben bajo una sola sigla.

El riesgo se amplifica porque, en cinco de los 11 municipios hoy en manos del partido gobernante, la corriente vinculada al senador Adán Augusto López Hernández evalúa impulsar candidaturas por MC o PT. De prosperar esa estrategia, los fundadores enfrentarían una oposición parida en casa, con control territorial, conocimiento de las estructuras y capacidad de disputa real.

Morena conserva la gubernatura y la mayoría del poder institucional, pero ha dejado de ser un bloque compacto.

En Tabasco, la competencia ya no se da entre proyectos distintos, sino entre corrientes del mismo movimiento que utilizan siglas ajenas para dirimir disputas internas.

El oficialismo sigue ganando elecciones, pero lo hace fragmentado, administrando sus propias tensiones.

Hacia 2027, el verdadero desafío para Morena no será la oposición tradicional, sino cómo procesa sus desencuentros sin perder el control del territorio.

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El cargo Tabasco: La piel rojinaranja de Morena apareció primero en El Tabasqueño.

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