La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) puso cifras al temblor. Entre el domingo 22 y el martes 24 de febrero, se robaron 396 vehículos en Jalisco. “En un día ordinario, el promedio diario podría ser de 12; entre domingo y martes se robaron 396 unidades en el estado, de un total de 631 robos adicionales en todo el país”, dijo Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS.

En Michoacán se reportaron 101 unidades y en Nayarit 80. Tres entidades concentraron 577 vehículos, 92 por ciento del total. La geografía no es azar: son corredores donde el CJNG ha perfeccionado la técnica del bloqueo, la quema y la retirada. El repunte de robo de vehículos tras la muerte de El Mencho no fue espontáneo; tuvo lógica territorial.

El mensaje detrás del fuego

En clave de control territorial, el mensaje fue doble. Hacia afuera: capacidad de daño inmediato tras el abatimiento de El Mencho. Hacia adentro: disciplina y músculo para los cuadros que disputan la sucesión dentro del CJNG. Los narcobloqueos en Jalisco y estados vecinos no son sólo fuego; son señalización. Cuando el mando cae, las células prueban lealtades y exhiben presencia. El robo masivo de vehículos —muchos para ser incendiados— funciona como logística y propaganda criminal.

Las aseguradoras activaron el manual. “Prácticamente, les puedo decir que los vehículos que fueron robados con violencia sí van a ser cubiertos”, garantizó Rosas. La clasificación importa: es robo con violencia, no terrorismo —esa etiqueta sólo la declara el Ejecutivo federal— y eso abre la cobertura del seguro de auto.

Pero la protección es desigual. Apenas 30 por ciento del parque vehicular en México tiene seguro, según la AMIS. Y de ese universo, pocos cuentan con cobertura amplia, la única que absorbe la quema posterior al despojo durante narcobloqueos. El país descubrió que la violencia también distingue entre quienes tienen red financiera y quienes caen sin ella.

La letra chica y el laberinto

El agente Wylie Vielma Delgadillo, especialista en Daños, lo explicó sin rodeos: “Ellos fueron sujetos del delito de robo con violencia. Lo que hayan hecho estos tipos minutos después de haber robado el auto, que lo quemaron, eso ya es posterior al siniestro que detonó la situación”. Para cobrar el seguro por robo total, la ruta es burocrática: denuncia ante la Fiscalía, factura original, refrendos al día, baja de placas, copias certificadas.

La ley obliga a la aseguradora a pagar en un máximo de 30 días tras integrar el expediente completo. Las demoras, admite, suelen estar en la autoridad: “Están rebasados en muchas áreas; son personas como nosotros atendiendo a personas que necesitan estos documentos”.

Quien no tiene seguro de auto enfrenta un horizonte sombrío. Demandar al Estado por daños derivados de los narcobloqueos es una carrera cuesta arriba: instancias que se reparten responsabilidades y procesos que se diluyen. Vielma lo resume con crudeza: “Por muy costoso que salga el seguro, es mucho más barato que perder todo el auto”.

Del dato frío al rostro humano

En la Sierra Occidental de Jalisco, la estadística tuvo nombre propio. Carlos Ruiz, 61 años, transportista de turismo, perdió su camión —su única fuente de ingresos— cuando hombres armados lo encañonaron, lo obligaron a mover la unidad y la incendiaron tras el operativo contra El Mencho. Su hija relata que el seguro cubrirá apenas 59 mil pesos por robo, frente a un vehículo que supera el millón.

La familia abrió una campaña para reunir al menos 600 mil pesos y dar el enganche de otra unidad. “Lo más fuerte no son sólo los golpes, es la sensación de haberlo perdido todo en minutos”.

¿A quién beneficia la sacudida tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes? A los mandos que prueban fuerza en el relevo dentro del CJNG y negocian desde la demostración de capacidad de daño. ¿A quién debilita? A la narrativa de control inmediato y a miles de ciudadanos que, sin seguro contra robo, cargan el costo.

Lo que viene es una disputa silenciosa por rutas y plazas estratégicas en Jalisco, Michoacán y Nayarit, y una presencia federal que deberá sostenerse más allá del golpe quirúrgico. El poder no desaparece con una ráfaga; cambia de manos. Y en esa transición, el país paga la prima más alta: la del miedo.

La batalla en tribunales

Mientras el asfalto aún humeaba, el Estado abrió otro frente: el judicial. En Guanajuato, el Grupo de Inteligencia Operativa (GIO) —integrado por dependencias estatales y federales— informó que 26 de las 48 personas detenidas por la quema de tiendas y vehículos fueron judicializadas, y cuatro más fueron vinculadas a proceso por terrorismo, delito previsto en el artículo 245 del Código Penal estatal.

El dato pesa. El 22 de enero fueron incendiadas 74 tiendas y vehículos en 23 municipios, y se aseguraron mil 46 objetos: armas de fuego, cartuchos útiles, motocicletas, teléfonos celulares, bombas molotov, droga, bidones con gasolina e instrumentos utilizados para cometer los hechos. No fue desorden espontáneo; fue acción coordinada.

El artículo 245 define terrorismo como actos que produzcan “alarma, temor o terror en la población (…) para perturbar la paz pública, menoscabar la autoridad del Estado o presionar a la autoridad para que tome una determinación”. La imputación modifica el terreno político. En Jalisco, el encuadre dominante fue robo con violencia; en Guanajuato, la acusación escala a terrorismo. Dos lecturas legales frente a una misma estrategia de intimidación.

El GIO precisó que 18 personas quedaron en libertad bajo reservas de ley por falta de elementos suficientes. Ahí está la otra prueba: detener es una cosa; sostener la acusación ante un juez es otra. La contundencia mediática no siempre resiste el filtro probatorio.

En Jalisco, 13 hombres fueron vinculados a proceso por tentativa de homicidio agravado, delitos contra representantes de la autoridad, ataque a las vías de comunicación, daño en las cosas, portación de arma de fuego y asociación delictuosa. También 24 de las 35 personas detenidas por rapiña fueron procesadas. Y en las últimas horas se reportaron ocho arrestos más en Jalisco, Quintana Roo y Guerrero por su presunta participación en los hechos violentos del fin de semana.

El mensaje estatal intenta ser simétrico al criminal: si la quema fue demostración de fuerza, la judicialización busca ser demostración de autoridad. El reto es la consistencia. Cuando una entidad acusa terrorismo y otra no, la señal cambia. Y en esa diferencia se mide algo más que técnica jurídica: se mide voluntad política.

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El cargo Cuando cae el capo, arde el asfalto: 631 autos robados, la prueba de poder tras muerte de El Mencho apareció primero en El Tabasqueño.