Una resolución que revela, con toda su crudeza, la tensión latente entre el poder político y el poder judicial en México, y que al mismo tiempo, inscribe a Tabasco en la lista de los 24 estados que han transitado hacia el reconocimiento formal del derecho a decidir.

Lo ocurrido este miércoles 14 de mayo en Villahermosa no es menor: la LXV Legislatura, por mayoría abrumadora —33 votos a favor, uno en contra y una abstención— derogó diversos artículos del Código Penal estatal que criminalizaban el aborto autoprocurado y consentido.

Lo hizo a regañadientes, en cumplimiento con la resolución del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito y bajo la presión de tres requerimientos previos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Este episodio encierra una lectura dual, profundamente política: por un lado, exhibe la fragilidad de las convicciones progresistas en el poder legislativo local; por otro, permite reconocer que el sistema de pesos y contrapesos en México, con todos sus altibajos, puede aún operar a favor de la ampliación de derechos. Y más allá del desencanto, el saldo es institucionalmente positivo.

EL DILEMA DE LA OBEDIENCIA LEGISLATIVA

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Marcos Rosendo Medina Filigrana, dejó en claro su incomodidad con la injerencia judicial: “El Poder Judicial pretende legislar”, dijo, subrayando que era competencia exclusiva de los diputados definir el marco legal del estado. No obstante, acataron.

Lo que se aprobó en Tabasco no fue una iniciativa de avanzada ni un gesto audaz desde el Congreso. Fue una respuesta legal al Amparo en Revisión 153/2023, promovido por el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el cual se declaró inconstitucional la criminalización total del aborto voluntario.

Así, se modificaron los artículos 132, 133, 134 y se agregó un nuevo artículo 136 que establece causales excluyentes de responsabilidad penal.

Aunque desde 2021 la SCJN había declarado inconstitucional penalizar el aborto de forma absoluta, la mayoría de los congresos estatales permanecieron omisos, postergando la adecuación de sus leyes.

En Tabasco, esto ocurrió por temor al costo político electoral, como reconocen discretamente algunos legisladores. En el fondo, la reforma no surgió del debate público ni de la deliberación política honesta, sino del miedo a la sanción judicial y al desgaste electoral.

CUANDO LA OMISIÓN SE CONVIERTE EN DELITO

La intervención de la SCJN no es gratuita ni novedosa. En múltiples ocasiones ha tenido que corregir la parálisis legislativa local. El caso de Tabasco no fue la excepción. Lo interesante es que la Corte otorgó un plazo límite: la conclusión del actual periodo de sesiones. El mensaje fue claro: legislen o lo haremos por ustedes.

Este precedente es clave para el federalismo mexicano: los congresos estatales no pueden escudarse en resistencias ideológicas o cálculos electorales para incumplir los derechos fundamentales reconocidos a nivel nacional. Si bien se puede debatir el método, lo cierto es que el fallo judicial obligó a romper con años de simulación en torno al tema del aborto.

En este sentido, la decisión legislativa tiene un valor institucional: reconoce, aunque de manera tardía y forzada, la supremacía constitucional y el papel de la Corte como garante de derechos. En una entidad históricamente conservadora como Tabasco, el paso no es menor.

TABASCO Y LA POLÍTICA DE LO INEVITABLE

El discurso del coordinador de la bancada de Morena, Jorge Bracamonte, deja entrever una tensión profunda: “No es un tema fácil para ningún diputado”, admitió. Hubo incluso la idea de someter el tema a consulta ciudadana, una salida común para posponer decisiones incómodas. Pero la SCJN no dejó margen para evasivas.

La política de lo inevitable se impuso. El Congreso no podía permitir que la Corte emitiese una declaratoria general de inconstitucionalidad como ocurrió en Chihuahua, lo que abriría la puerta a la despenalización total en todo el estado sin acotación de semanas. Con esa espada sobre la cabeza, Tabasco eligió legislar antes que quedar anulado como legislador.

JURÍDICAMENTE RESUELTO, SOCIALMENTE PENDIENTE

Aunque la reforma coloca a Tabasco en la ruta de la armonización nacional, no disipa la polarización social ni la incertidumbre jurídica. El Colegio de Abogados Tabasqueños advirtió una posible contradicción entre el nuevo Código Penal y el Código Civil, lo cual podría derivar en judicialización.

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Esta ambigüedad es el precio de la legislación a contrarreloj y sin debate profundo. En Tabasco, como en otros estados, la despenalización del aborto avanza más por imposición legal que por convicción social o madurez institucional. Eso no invalida su legitimidad, pero revela la deuda pendiente en términos de diálogo público e información ciudadana.

HACIA UNA POLÍTICA DE DERECHOS, NO DE CONCESIONES

El caso de Tabasco refuerza una tendencia nacional irreversible: el reconocimiento progresivo de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Aunque el proceso sea lento, accidentado y judicializado, el punto de no retorno está cada vez más cerca.

Como lo expresó el Instituto Estatal de las Mujeres: “Es un avance histórico”. Y como recordó la presidenta de la Agenda LGBT en Tabasco, Dayana Arias, aún hay camino por recorrer: organismos internacionales recomiendan extender la legalidad hasta la semana 24, no solo la 12.

Más allá del ruido mediático y los discursos ideologizados, el verdadero debate es este: ¿seguirá la política esperando ser obligada o asumirá el liderazgo en la defensa de derechos?

Por lo pronto, Tabasco ha avanzado, aunque sea empujado.

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El cargo Entre miedo electoral y presión judicial: Tabasco legaliza aborto hasta la semana 12 apareció primero en El Tabasqueño.